En puerta, la reforma proindígena; entrevista con Adelfo Regino
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| Las causas del levantamiento armado por parte del EZLN ahí están, siguen siendo causas muy dolorosas pero vigentes, reconoció el gobierno federal. Foto: Cuartoscuro/Archivo |
Andrés Becerril
CIUDAD DE MÉXICO.
Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reveló que el gobierno trabaja en una reforma constitucional para reconocer que las comunidades originarias son sujetos de derecho público, con libre determinación y autonomía plena.
Esperamos que, así como ahora hay voluntad del Ejecutivo (para la reforma), también haya la sensibilidad de parte de nuestros legisladores. Que todos estemos a la altura de las circunstancias porque el tema no es de un partido, grupo o sector: es una causa que compartimos millones de mexicanos”, señaló.
En entrevista con Excélsior, en el marco del 25 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el abogado, de origen mixe, reconoció que la pobreza y marginación, causas que dieron origen a la declaración de guerra del 1 de enero de 1994, aún son dolorosas y vigentes.
El titular del recién creado INPI consideró que los acuerdos de San Andrés son válidos porque las problemáticas y alternativas ahí planteadas no han sido resueltas.
Regino Montes, quien en 1995 fue invitado por los zapatistas a una mesa como funcionario federal, atribuye al levantamiento indígena que López Obrador haya logrado llegar a la Presidencia.
Buscan autonomía indígena
Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reveló a Excélsior que el gobierno del presidente López Obrador trabaja en una reforma constitucional en la que se reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, su libre determinación y autonomía plena.
En el marco de la conmemoración del 25 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Regino Montes, quien en 1995 fue invitado de los zapatistas en la mesa de Derechos y Cultura Indígena, como funcionario federal, ahora, atribuye al levantamiento indígena que López Obrador haya podido llegar a la Presidencia de México.
El abogado de origen mixe reconoció en entrevista que las causas que dieron origen a la declaración de guerra del EZLN el 1 de enero de 1994 siguen siendo causas muy dolorosas pero vigentes.
El titular del recién creado INPI, dijo que el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, que presentó López Obrador el pasado 21 de diciembre en Oaxaca, es una hoja de ruta para poner en marcha las políticas públicas. Y reconoció que los acuerdos de San Andrés siguen teniendo vigencia en la medida en que las problemáticas y alternativas ahí planteadas aún no han sido resueltas.
— ¿Sirvió para algo el levantamiento armado del EZLN ocurrido hace 25 años, les sirvió de algo a los pueblos indígenas?
—Considero que el aporte del movimiento zapatista hacia nuestros pueblos, hacia nuestras comunidades indígenas, ha sido muy importante, especialmente por esta visibilidad que han tenido nuestros pueblos y comunidades en las últimas décadas. Eso ha sido fundamental para la vida de nuestro país y, en términos más amplios, creo que este movimiento y otros han contribuido para que se hayan dado algunos cambios, transformaciones en el contexto nacional.
Lo que hoy vivimos en este país con este nuevo gobierno que ha iniciado el primero de diciembre, con el nuevo Presidente de nuestra país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y este fenómeno ocurrido el 1 de julio, este voto masivo de millones de mexicanos, a favor del proyecto del licenciado López Obrador, pues no se podía entender sin el movimiento zapatista y, repito, otros movimientos que han luchado por la transformación democrática del país. En ese sentido, la contribución del movimiento zapatista en esta doble vertiente ha sido fundamental”.
— ¿La legitimidad que obtuvo el presidente López Obrador le arrebata las bandera de lucha al EZLN y a otros grupos en México?
—Creo que las causas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades son causas comunes en muchos aspectos, creo que en ese sentido el licenciado López Obrador tiene conocimiento cercano de la realidad indígena; ha recorrido el país, conoce la realidad tan compleja y dolorosa de los pueblos, como son la pobreza, la exclusión, la marginación, la discriminación que pesan sobre nuestros pueblos. Esta causa de nuestros pueblos, esta realidad, diría que es una causa común, compartida en la que tenemos que sumar nuestras ideas, capacidades y esfuerzos para poder crear las condiciones, de modo que algún día, como lo decía el doctor (Rodolfo) Stavenhagen, podamos superar estas causas estructurales de la pobreza y la marginación en que viven las comunidades indígenas.
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| Autoridades del gobierno federal dijeron que el movimiento zapatistas dio visibilidad a las carencias y demandas de los pueblos originarios. Foto: Archivo Excélsior |
—¿El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas presentado en Oaxaca a qué apunta, intentar acabar con esa pobreza estructural en que viven los indígenas?
—Es una hoja de ruta. Este programa 2018-2024 es una hoja de ruta que establece el marco programático, institucional sobre la base de la cual el Estado mexicano estará implementando las políticas públicas con relación a nuestros pueblos, bajo una premisa fundamental: ahora partimos de que nuestros pueblos son considerados como sujetos de derecho público, es decir, queremos dejar atrás la vieja tesis en donde nuestros pueblos son objeto de políticas públicas o, en el mejor de los casos, sujetos pasivos de la atención institucional. Pensamos que esto debe de quedar atrás y tenemos que inaugurar una nueva etapa en donde nuestros pueblos y comunidades indígenas sean considerados sujetos de derecho público y que a partir de este reconocimiento podamos, en un marco de diálogo respetuoso, constructivo, en una relación horizontal entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, construir las nuevas políticas públicas, en particular esto que ha llamado el licenciado López Obrador los planes integrales de desarrollo regional, pero que estos planes partan de la propia concepción de la visión de nuestra gente, de nuestras instituciones representativas sobre qué es el desarrollo y cómo debe ser este desarrollo.
— ¿Para poder guiar todo esto, es suficiente el presupuesto asignado, se conoce que tuvo una reducción?
—Es un tema que nos preocupa, porque hay una nueva ley que crea el instituto y el presupuesto es un componente fundamental, en el anexo 10, erogaciones para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, se habla de un presupuesto de 88 mil millones; hay un crecimiento del presupuesto transversal respecto a 2018, sin embargo se aprecia con preocupación que en el caso del presupuesto para el
INPI nos han asignado para 2019, 6 mil millones 574 mil 613, con una disminución de más de 88 millones, comparado con el presupuesto de 2018. Hay una diminución de 1.5 por ciento. Esto a nosotros nos preocupa, es un tema que platicamos con Hacienda, es algo que estaremos revisando, para ver cómo se ajusta en el marco de la austeridad republicana. Esperamos que en el futuro haya mayor sensibilidad al presupuesto de los pueblos indígenas.
—¿Qué parte del espíritu de los Acuerdos de San Andrés tiene el Programa Nacional; hay necesidad de una nueva reforma constitucional en materia indígena?
—Es importante decirlo: muchos de los problemas, de las reivindicaciones que tienen nuestros pueblos siguen siendo vigentes. Las causas estructurales de la pobreza, de la marginación, la exclusión, la discriminación, siguen estando presentes. De modo que, cuando uno dialoga con las autoridades indígenas, lo que se dijo hace 23 años en muchos sentidos sigue teniendo vigencia el día de hoy y en muchos aspectos los acuerdos de San Andrés siguen teniendo una vigencia en la medida en que las problemáticas y alternativas ahí planteadas pues aún no han sido resueltas. Esto es lo que en muchos sentidos nos ha motivado a seguir participando, ahora en otras esferas, en otras circunstancias, pero seguimos trayendo las mismas banderas, las mismas causas, las mismas reivindicaciones. Y por eso creo que una de las definiciones que vamos a tomar y que está planteado en este programa es uno de los objetivos específicos es promover el reconocimiento constitucional y legal de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos de manera especial en su carácter de sujetos de derecho público.
Estamos totalmente claros que en el 2001, con la reforma que se hizo entonces, no dejó satisfecho a nadie, menos a nuestros pueblos indígenas; por eso yo sí creo que uno de los temas que estaremos trabajando en las próxima semanas, en los próximos meses, es abrir un proceso de dialogo y consulta para que sobre la base del planteamiento de las exigencia de nuestros pueblos y comunidades podamos realizar esta reforma constitucional en materia indígena que está pendiente. Es una de las asignaturas más importantes que tiene nuestro país. La reforma indígena es uno de los componentes de este nuevo proyecto que hoy encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y nosotros esperamos que así como hay ahora la voluntad del Poder Ejecutivo, también haya la sensibilidad de parte de nuestros legisladores, que todos estemos a la altura de las circunstancias, porque el tema indígena no es el tema de un partido, no es el tema de un grupo, de un sector, es una causa que yo creo que compartimos millones de mexicanos. La causa indígena no es un tema de riqueza o pobreza, porque a menudo se evoca así, incluso lo ven así como una cuestión folclórica o cultural.
El tema hondo es la cuestión del reconocimiento, esto que (Guillermo) Bonfil Batalla, que describía como el México profundo. Cómo aprendemos a mirar este México profundo que está ahí en nuestras raíces, en nuestra forma de hacer política y que nos resistimos a verlo y reconocerlo.
Esto lo tenemos que hacer en la Carta Magna. Se habla de la Cuarta Transformación y que es lo que han dicho nuestros pueblos: queremos que en esta Cuarta Transformación se nos reconozca como sujetos de derecho, libre determinación y autonomía, cosa que no ocurrió en la Independencia, la Reforma y la Revolución.
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Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Foto: Héctor López Ramírez/Archivo |
—¿Cuál será la política del gobierno federal, respecto hacia el EZLN, con una declaración de guerra vigente, con un diálogo detenido desde 1996 y un acuerdo parcial?
—En efecto, las causas ahí están, las que originaron este levantamiento armado siguen siendo causas muy dolorosas pero vigentes. De parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, nuestra actitud ha sido y será de respeto, de reconocimiento, respetamos los procesos de autonomía de organización que ellos con esfuerzo y valentía han construido. Hacia el proceso que trae el movimiento zapatista tenemos que ser respetuosos y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, en particular en derecho a la libre determinación.
Lucha anticorrupción va… con menos dinero
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| El combate a la corrupción se verá mermado institucionalmente en cuanto a la disponibilidad de recursos. |
Rafael López
Pese a que fue la principal propuesta de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y una de las razones primordiales por las que la mayoría de los mexicanos le dieron su voto —de acuerdo con todas las encuestas poselectorales—, el combate a la corrupción se verá mermado institucionalmente en cuanto a la disponibilidad de recursos.
La Cámara de Diputados, donde el grupo en el poder (Morena) tiene mayoría, aprobó una partida de 6 mil 971.4 millones de pesos para combatir esta problemática en el país durante 2019, cifra 9.7 por ciento menor que la avalada el año pasado, cuando se destinaron 7 mil 720 millones a ese rubro, según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del periodo que está por comenzar.
En el primer año de gobierno del tabasqueño, los entes y las dependencias encargados de investigar, denunciar y castigar actos de corrupción tendrán en conjunto el presupuesto más bajo de los últimos cuatro años: desde 2014 no se destinaban menos recursos para esta lucha.
En ese entonces, los legisladores aprobaron 6 mil 352 millones de pesos en conjunto para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad Anticorrupción de la Procuraduría General de la República (PGR), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en ese momento todavía no se creaba el Sistema Nacional Anticorrupción).
El domingo antepasado, la Cámara de Diputados aprobó una partida de 2 mil 304 millones de pesos para la ASF, lo que significa un incremento de 3.3 por ciento respecto a lo que recibió en 2018. Los demás entes encargados del combate a la corrupción sufrieron una reducción de sus recursos respecto a este año, siendo la SFP la más afectada, al pasar de mil 191 millones de pesos a tan solo 901.8 millones para 2019.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa manejará 2 mil 695 millones de pesos, equivalentes a un decremento de 1.9 por ciento respecto a 2018; el INAI tendrá una partida de 900.1 millones de pesos que significan una reducción de 14.7 por ciento.
Por si estas reducciones de recursos no fueran suficientes, el combate institucional contra la corrupción tiene otras adversidades por resolver: en primer lugar, el recorte presupuestal de 23.2 por ciento que padecerá el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y los nombramientos pendientes del fiscal anticorrupción y de los magistrados especializados que juzgarán los delitos por corrupción.
De acuerdo con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el fiscal anticorrupción será nombrado por el titular de esta dependencia, mientras que la designación de los magistrados se encuentra estancada en el Senado.
La buena operación del SNA sigue pendiente desde su creación en mayo de 2015, cuando el Congreso aprobó diversas reformas a la Constitución para que dichas instituciones pudieran trabajar eficazmente en la prevención, investigació́n, detección y sanción de las faltas administrativas o los delitos relacionados con hechos de corrupción, así como en la vigilancia y el control de la forma en que las demás instituciones del gobierno ejercen los recursos públicos que se les asignan.
El principal órgano del SNA es el Comité Coordinador, que está integrado por los titulares de la ASF, SFP, TFJA, INAI, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
Ranking a la baja
Las mediciones de Transparencia Internacional reflejan año con año un retroceso del país en la clasificación mundial: en 2008, México ocupaba el lugar 72 en materia de corrupción; 10 años después, nuestro país retrocedió hasta la posición 135 de 180 naciones.
La última encuesta nacional en vivienda sobre corrupción, realizada por Parametría, muestra el deseo y optimismo de la población para que la corrupción disminuya con la llegada del nuevo gobierno:
Un 68 por ciento de los mexicanos cree que los actos de corrupción aumentaron en los últimos 12 meses, pero hacia los 12 meses siguientes solo 19 por ciento de los encuestados declaró que los actos ilegales de servidores públicos aumentarán, mientras que 30 por ciento piensa que
disminuirán.
El presidente López Obrador ha señalado que no perseguirá los actos de corrupción de gobiernos anteriores, salvo cuando haya investigaciones en curso, pero ha vuelto a prometer en días recientes que acabará con la impunidad a partir de su administración, por ejemplo, en el caso del robo de hidrocarburos, conocido como huachicoleo.
Durante la campaña electoral, el ahora mandatario nunca reveló cuál sería su estrategia institucional para erradicar los sobornos y conflictos de interés en el gobierno federal, tampoco habló de fortalecer financieramente y con recursos humanos las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, solo se limitó a declarar que esta problemática se iba a acabar con el ejemplo, con su ejemplo.
“Eso de acabar con la corrupción se va a resolver porque el presidente no va a ser corrupto, porque la corrupción se da de arriba hacia abajo”, dijo en un mitin en Nuevo León el 29 de abril pasado.
Decreto de estímulos fiscales para frontera norte pone ‘candados’ para evitar abusos
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| Fuente: Especial |
Los contribuyentes que busquen aplicar a los estímulos fiscales para los 43 municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte, dentro de los cuales se contempla una reducción del IVA de 16, al 8 por ciento, una disminución del ISR de 30, al 20 por ciento, y homologar los precios de las gasolinas al otro lado de la frontera, solo serán autorizados si por lo menos el 90 por ciento de sus ingresos totales se genera en dicha región.
El sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en Monterrey, Nuevo León, el Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Frontera Norte, que entra en vigor este 1 de enero. “Se considera que se perciben ingresos exclusivamente en la referida región fronteriza del norte, cuando los ingresos obtenidos en esa región representen al menos 90 por ciento del total de los ingresos del contribuyente del ejercicio inmediato anterior”, dice el documento.
El decreto detalla también que dichos contribuyentes deberán acreditar un domicilio fiscal en la región en los 18 meses previos a su inscripción al “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”.
Entre los municipios beneficiados están: Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali, en Baja California; San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, entre otros, en Sonora; Guadalupe y Ojinaga, entre otros, en Chihuahua; así como Acuña, Piedras Negras, en Coahuila; Anáhuac, en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Mier, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, en Tamaulipas.
Para ser parte de dicho padrón, los contribuyentes deben comprobar que, para sus actividades, usan bienes nuevos de activo fijo.
Tanto las personas físicas o morales que residen en México, como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México podrán aplicar a los nuevos beneficios.
“En una franja de 25 kilómetros de la línea divisoria tierra adentro de nuestro territorio, toda esa franja va a ser la zona libre más grande del mundo, en toda la franja va a bajar el ISR al 20 por ciento, el IVA del 16 al 8 por ciento, se van a homologar los precios de los energéticos y va aumentar el salario mínimo al doble”, mencionó el presidente durante la firma.
Para Juan Manuel Chaparro, presidente de fomento industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), estos estímulos atraerán inversiones e incrementarán el consumo en la región, sin embargo, consideró que se tendrían que contemplar mecanismos de ataque a la informalidad en dicha franja.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la política de desarrollo regional del nuevo gobierno es “acertada y disruptiva”, sin embargo, mencionó que las devoluciones de IVA en la frontera norte tendrían que acelerarse.
Ancianos para cargar mobiliario y despojos en Cámara de Diputados
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Adultos mayores para cargar los muebles que los diputados no quieren en sus oficinas y hasta varillas y rieles metálicos que van y vienen por San Lázaro en los días iniciales de la legislatura. Son cerca de 200 hombres y mujeres de la tercera edad, parte del sector que ha sido prioridad y base social fundamental de Andrés Manuel López Obrador; están en el Congreso de la Unión, en San Lázaro, para cargar, aunque fueron contratados para labores de limpieza básica.
Estas personas son parte de los 468 empleados a través de una empresa para trabajar en la Cámara de Diputados. Ganan 140 pesos al día y también deben transportar lockers y escritorios, tarea que muchos de ellos han realizado varios años, aparte de limpieza de baños, edificios, Cendis, calzadas interiores, biblioteca, escaleras, esculturas y mobiliario asociado.
Como es de esperarse en una población mayor, en ese universo de 200 empleados de edad avanzada hay quienes padecen problemas auditivos, visuales o reumas…
Son personas que ya habían cumplido con un ciclo laboral, pero el abandono familiar o la obligación de seguir aportando un ingreso a la casa, los hace reintegrarse en la nómina de una de las pocas empresas que los contrata a esa edad. La Ley de Adultos Mayores vigente habla de evitar la explotación o el acorralamiento económico de estas personas que viven el ciclo final de la vida.
María del Carmen es una de las trabajadoras que lleva rieles metálicos y tiene 60 años (la edad contemplada en la ley para ser considerado como parte del sector de adultos mayores); llegó a la Cámara de Diputados de 48, al ingresar como trabajadora de limpia por sugerencia de un conocido que sabía que ahí se necesitaba personal en el área de limpieza. Y aquí se convirtió en sexagenaria. Señala a Crónica que estos años ha sido testigo de algunos malos tratos. “A nadie nos gusta que nos griten y menos delante de los demás. Yo, y mis muchos compañeros los hemos vivido”, dice, la entrevistada una señora afable y tierna.
En un recorrido de este diario por el recinto, en los días en que se discutía y se aprobaba el Presupuesto de Egresos, se pudo platicar con trabajadores ancianos. Se abordó a quien llamaremos Jacinto; mientras cargaba despojos en el interior del recinto legislativo en un diablo. Cuando se le trata de ayudar, rechaza el apoyo y dice que si lo ven sus jefes lo pueden regañar. Su edad: 68 años. Es el primer indicio de lo que, según los testimonios recabados, pasa cotidianamente en San Lázaro.
María del Carmen, Jacinto, Gloria, Luz María expusieron que se agradece la oportunidad de contar con un salario, pero no sin dejar de señalar que las labores de limpia son distintas a cargar muebles y varillas, “muchos ya no estamos para esto”.
Entre ellos hay molestia este día porque su trabajo extra generó una gratificación que al final no llegó a sus manos.
Tuvieron aumento de sueldo, “lo que percibíamos eran 130 pesos diarios, pero ahora con 10 pesos a ver si no nos va peor”, expresa una de las trabajadora.
“Hay mucha gente de limpia que no es feliz, se les ve triste. Entre compañeros tenemos que levantarnos el ánimo”.
Otros trabajadores que aceptan platicar con este diario también piden que no se les identifique.
“Hace poco una señora se tuvo que subir al techo del Cendi a limpiar la azotea. La mujer se accidentó y aunque se le dio atención médica… Lo que quiero decir es que no estamos para hacer esas labores. Ella tendrá 68 años”.
Y otra situación. Si en el servicio del ISSSTE o IMSS, que nos tiene por jubilados, nos preguntan qué nos pasó, no podemos decir que fue por un accidente de trabajo. Así, nos dejan a nuestra suerte”.
El pasado viernes se dio a conocer que la licitación para prestar los servicios de limpia fue adjudicada a una de las 17 que participaron para obtener la concesión. Implica un contrato por más de 57 millones de pesos.
Los trabajadores de la tercera edad que llegan al servicio de limpia de la Cámara son enganchados por quienes ya trabajan allí; son pocas las empresas que los aceptan a esa edad.
Francisco Nieto
Aunque en algunos casos se revisará que no se hayan violado derechos laborales, la “reorganización interna” del Sistema de Administración Tributaria (SAT) atiende al “clamor popular” de implementar un gobierno austero, explicó la jefa de ese sistema tributario, Margarita Ríos Farjat.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador, en campaña, prometió un gobierno más austero y más eficiente, y la elección de julio refrenda la decisión popular de ese tipo de políticas”, expuso.
En entrevista, la funcionaria regiomontana agregó que, ante la promesa de campaña de López Obrador, se requería necesariamente una reorganización interna y esto “nunca es un proceso fácil, ni terso… siempre son difíciles”.
Sin embargo, continuó, hay un clamor popular que implicaba una reorganización del propio gobierno y en el caso particular del SAT hubo distintas condicionantes y factores.
Una de las principales condicionantes, de acuerdo con la jefa del SAT, fue el Presupuesto de Egresos 2019, donde se tiene un techo presupuestal reducido, específicamente en el ramos de nóminas.
Otra condicionante fue que la reestructura debía pasar por compactar, para eficientar al SAT, oficinas de las máximas autoridades, aunque aseguró que los recortes se dieron principalmente en mandos superiores.
En ese sentido, aseguró que “siempre duele” tomar decisiones de este tipo, pues son ajustes que buscan la implementar un programa de austeridad que los mexicanos votaron en las pasadas elecciones: “Se necesita hacer más, con menos”.
El sábado, en Monterrey, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, anunció al sector empresarial de esa entidad que en 2019 habrá una reducción presupuestal en varias dependencias federales.
La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, tendrá un presupuesto a la baja equivalente al 17.4 por ciento y porcentajes similares de reducción habrá en otras secretarías de Estado.
Según el funcionario federal, estas reducciones en los techos presupuestales tienen como objetivo ayudar financiar los programas sociales del nuevo gobierno, así como compactar estructuras burocráticas.
Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, comunicó a las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal los ajustes a las remuneraciones de los servidores públicos de mando y enlace, los cuales deberán aplicarse a partir del 1 de enero de 2019.
Los cambios a las remuneraciones que se reflejan en el nuevo tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos son el resultado de la política de austeridad republicana que permitirá, junto con otras acciones, generar ahorros para que los recursos de todos se destinen a los programas prioritarios para el desarrollo y el beneficio de la nación.
El tabulador fue enviado el 27 de diciembre a las instituciones de la Administración Pública.
Sergio Ramírez -
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) recibió en el Presupuesto de Egresos (PEF 2019) un incremento del 63 por ciento en sus recursos federales al pasar de mil 300 millones de pesos que recibió en 2018 a dos mil 130 millones que tendrá el próximo año.
En cambio, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN), a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y al Colegio de México (Colmex) no les aumentaron prácticamente nada, sino que, por el contrario, tuvieron que pelear para que no les hicieran recortes.
Al respecto, la diputada del PRI y secretaria de la Comisión de Educación, Cynthia López, mencionó que a la “UNAM, IPN, UAM, UPN y al Colmex no les aumentaron realmente ni un peso debido a que el mínimo que les repusieron equivale al gasto actualizado de operaciones que se derivan de la inflación”.
La legisladora criticó que mientras a la UACM, creada en 2001 durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, se le asignó un incremento de 63 por ciento, las universidades más grandes del país y las estatales tuvieron que pelear para que les repusieran en conjunto los cerca de cuatro mil millones de pesos que les pretendían recortar en el PEF 2019.
“El mismo castigo presupuestal recibieron todas las escuelas públicas de educación superior del país, menos la UACM”, señaló la secretaria de la Comisión de Educación.
En la propuesta original del PEF 2019, el Ejecutivo federal planteó un presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México por 37 mil 277 millones de pesos. Tras la polémica por el recorte en general a las universidades públicas, la máxima casa de estudios logró una reasignación de dos mil 501 millones de pesos.
El dato: La matrícula de nuevo ingreso en la UACM creció de tres mil 138 estudiantes
en 2007 a cuatro mil 779 para este año.
El Instituto Politécnico Nacional, al que se le habían asignado inicialmente 801 mil millones de pesos, recuperó 798 millones 815 mil pesos.
Por su parte la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo 560 millones 966 mil pesos más de los seis mil 738 millones de pesos que le había asignó el Ejecutivo en la propuesta inicial que llegó el 15 de diciembre a la Cámara de Diputados.
A su vez, la Universidad Pedagógica Nacional recuperó 56 millones 596 mil pesos y el Colegio de México 50 millones 578 mil pesos.
Al respeto, la diputada señaló que “no es posible que se castigue con la asignación de recursos a universidades que internacionalmente han sido reconocidas, como la Universidad de Colima, que en temas de tecnología ha sido distinguida mundialmente”.
Estas personas son parte de los 468 empleados a través de una empresa para trabajar en la Cámara de Diputados. Ganan 140 pesos al día y también deben transportar lockers y escritorios, tarea que muchos de ellos han realizado varios años, aparte de limpieza de baños, edificios, Cendis, calzadas interiores, biblioteca, escaleras, esculturas y mobiliario asociado.
Como es de esperarse en una población mayor, en ese universo de 200 empleados de edad avanzada hay quienes padecen problemas auditivos, visuales o reumas…
Son personas que ya habían cumplido con un ciclo laboral, pero el abandono familiar o la obligación de seguir aportando un ingreso a la casa, los hace reintegrarse en la nómina de una de las pocas empresas que los contrata a esa edad. La Ley de Adultos Mayores vigente habla de evitar la explotación o el acorralamiento económico de estas personas que viven el ciclo final de la vida.
María del Carmen es una de las trabajadoras que lleva rieles metálicos y tiene 60 años (la edad contemplada en la ley para ser considerado como parte del sector de adultos mayores); llegó a la Cámara de Diputados de 48, al ingresar como trabajadora de limpia por sugerencia de un conocido que sabía que ahí se necesitaba personal en el área de limpieza. Y aquí se convirtió en sexagenaria. Señala a Crónica que estos años ha sido testigo de algunos malos tratos. “A nadie nos gusta que nos griten y menos delante de los demás. Yo, y mis muchos compañeros los hemos vivido”, dice, la entrevistada una señora afable y tierna.
En un recorrido de este diario por el recinto, en los días en que se discutía y se aprobaba el Presupuesto de Egresos, se pudo platicar con trabajadores ancianos. Se abordó a quien llamaremos Jacinto; mientras cargaba despojos en el interior del recinto legislativo en un diablo. Cuando se le trata de ayudar, rechaza el apoyo y dice que si lo ven sus jefes lo pueden regañar. Su edad: 68 años. Es el primer indicio de lo que, según los testimonios recabados, pasa cotidianamente en San Lázaro.
María del Carmen, Jacinto, Gloria, Luz María expusieron que se agradece la oportunidad de contar con un salario, pero no sin dejar de señalar que las labores de limpia son distintas a cargar muebles y varillas, “muchos ya no estamos para esto”.
Entre ellos hay molestia este día porque su trabajo extra generó una gratificación que al final no llegó a sus manos.
Tuvieron aumento de sueldo, “lo que percibíamos eran 130 pesos diarios, pero ahora con 10 pesos a ver si no nos va peor”, expresa una de las trabajadora.
“Hay mucha gente de limpia que no es feliz, se les ve triste. Entre compañeros tenemos que levantarnos el ánimo”.
Otros trabajadores que aceptan platicar con este diario también piden que no se les identifique.
“Hace poco una señora se tuvo que subir al techo del Cendi a limpiar la azotea. La mujer se accidentó y aunque se le dio atención médica… Lo que quiero decir es que no estamos para hacer esas labores. Ella tendrá 68 años”.
Y otra situación. Si en el servicio del ISSSTE o IMSS, que nos tiene por jubilados, nos preguntan qué nos pasó, no podemos decir que fue por un accidente de trabajo. Así, nos dejan a nuestra suerte”.
El pasado viernes se dio a conocer que la licitación para prestar los servicios de limpia fue adjudicada a una de las 17 que participaron para obtener la concesión. Implica un contrato por más de 57 millones de pesos.
Los trabajadores de la tercera edad que llegan al servicio de limpia de la Cámara son enganchados por quienes ya trabajan allí; son pocas las empresas que los aceptan a esa edad.
“Por clamor” ciudadano, ceses en SAT
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| Margarita Ríos Farjat, titular de la instancia, asegura que despidos de personal fueron muy difíciles pero necesariosCIUDAD DE MÉXICO, 13DICIEMBRE2018.- Ana Margarita Ríos Farjat, propuesta para ocupar el cargo de Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comaparece ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM |
Aunque en algunos casos se revisará que no se hayan violado derechos laborales, la “reorganización interna” del Sistema de Administración Tributaria (SAT) atiende al “clamor popular” de implementar un gobierno austero, explicó la jefa de ese sistema tributario, Margarita Ríos Farjat.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador, en campaña, prometió un gobierno más austero y más eficiente, y la elección de julio refrenda la decisión popular de ese tipo de políticas”, expuso.
En entrevista, la funcionaria regiomontana agregó que, ante la promesa de campaña de López Obrador, se requería necesariamente una reorganización interna y esto “nunca es un proceso fácil, ni terso… siempre son difíciles”.
Sin embargo, continuó, hay un clamor popular que implicaba una reorganización del propio gobierno y en el caso particular del SAT hubo distintas condicionantes y factores.
Una de las principales condicionantes, de acuerdo con la jefa del SAT, fue el Presupuesto de Egresos 2019, donde se tiene un techo presupuestal reducido, específicamente en el ramos de nóminas.
Otra condicionante fue que la reestructura debía pasar por compactar, para eficientar al SAT, oficinas de las máximas autoridades, aunque aseguró que los recortes se dieron principalmente en mandos superiores.
En ese sentido, aseguró que “siempre duele” tomar decisiones de este tipo, pues son ajustes que buscan la implementar un programa de austeridad que los mexicanos votaron en las pasadas elecciones: “Se necesita hacer más, con menos”.
El sábado, en Monterrey, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, anunció al sector empresarial de esa entidad que en 2019 habrá una reducción presupuestal en varias dependencias federales.
La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, tendrá un presupuesto a la baja equivalente al 17.4 por ciento y porcentajes similares de reducción habrá en otras secretarías de Estado.
Según el funcionario federal, estas reducciones en los techos presupuestales tienen como objetivo ayudar financiar los programas sociales del nuevo gobierno, así como compactar estructuras burocráticas.
Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, comunicó a las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal los ajustes a las remuneraciones de los servidores públicos de mando y enlace, los cuales deberán aplicarse a partir del 1 de enero de 2019.
Los cambios a las remuneraciones que se reflejan en el nuevo tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos son el resultado de la política de austeridad republicana que permitirá, junto con otras acciones, generar ahorros para que los recursos de todos se destinen a los programas prioritarios para el desarrollo y el beneficio de la nación.
El tabulador fue enviado el 27 de diciembre a las instituciones de la Administración Pública.
UACM gana 63% en gasto; a IPN, UNAM y UAM al final no les quitan
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La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) recibió en el Presupuesto de Egresos (PEF 2019) un incremento del 63 por ciento en sus recursos federales al pasar de mil 300 millones de pesos que recibió en 2018 a dos mil 130 millones que tendrá el próximo año.
En cambio, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN), a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y al Colegio de México (Colmex) no les aumentaron prácticamente nada, sino que, por el contrario, tuvieron que pelear para que no les hicieran recortes.
Al respecto, la diputada del PRI y secretaria de la Comisión de Educación, Cynthia López, mencionó que a la “UNAM, IPN, UAM, UPN y al Colmex no les aumentaron realmente ni un peso debido a que el mínimo que les repusieron equivale al gasto actualizado de operaciones que se derivan de la inflación”.
La legisladora criticó que mientras a la UACM, creada en 2001 durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, se le asignó un incremento de 63 por ciento, las universidades más grandes del país y las estatales tuvieron que pelear para que les repusieran en conjunto los cerca de cuatro mil millones de pesos que les pretendían recortar en el PEF 2019.
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“El mismo castigo presupuestal recibieron todas las escuelas públicas de educación superior del país, menos la UACM”, señaló la secretaria de la Comisión de Educación.
En la propuesta original del PEF 2019, el Ejecutivo federal planteó un presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México por 37 mil 277 millones de pesos. Tras la polémica por el recorte en general a las universidades públicas, la máxima casa de estudios logró una reasignación de dos mil 501 millones de pesos.
El dato: La matrícula de nuevo ingreso en la UACM creció de tres mil 138 estudiantes
en 2007 a cuatro mil 779 para este año.
El Instituto Politécnico Nacional, al que se le habían asignado inicialmente 801 mil millones de pesos, recuperó 798 millones 815 mil pesos.
Por su parte la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo 560 millones 966 mil pesos más de los seis mil 738 millones de pesos que le había asignó el Ejecutivo en la propuesta inicial que llegó el 15 de diciembre a la Cámara de Diputados.
A su vez, la Universidad Pedagógica Nacional recuperó 56 millones 596 mil pesos y el Colegio de México 50 millones 578 mil pesos.
Al respeto, la diputada señaló que “no es posible que se castigue con la asignación de recursos a universidades que internacionalmente han sido reconocidas, como la Universidad de Colima, que en temas de tecnología ha sido distinguida mundialmente”.
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Adicionalmente, la diputada federal del Revolucionario Institucional criticó la intención del Presidente de la República de construir 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, las cuales tendrán una partida de mil millones de pesos.
“Se pretende ahora crear otras 100 universidades en lugar de fortalecer a las que ya tenemos en todo el país, y cuyos resultados están demostrados a lo largo de décadas; esto es sin duda un duro golpe a la educación superior de nuestro país y sin duda un duro golpe contra nuestros estudiantes universitarios”, recriminó.
Además, calificó como una “política clientelar” las becas de tres mil pesos que se otorgarán a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro e indicó que en países desarrollados como Suiza y Alemania a los jóvenes no se les da dinero, sino que se les enseña a trabajar y a estudiar.
“Se desalentará a nuestros jóvenes para seguir estudiando, eso ocurrirá con los tres mil pesos mensuales que les dará el Gobierno federal por no hacer nada; en lugar de enseñarles a pescar, se les está dando el pescado”, criticó.
Baja California, el estado más beneficiado por zona libre en la frontera norte
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Además de los incentivos que habrá en la región, la entidad cuenta con dinamismo económico, con el instrumento IMMEX y con la consolidación de la economía binacional que está conformando con California.
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Baja California sería el estado más beneficiado por los incentivos fiscales que entrarán en vigor el primer día del 2019 en la frontera norte del país.
La reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8% y del Impuesto sobre la Renta (ISR) a 20%, el aumento al doble del salario mínimo (176.72 pesos diarios) y la homologación de los precios de los combustibles con Estados Unidos en 3,180 kilómetros de la franja fronteriza (el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el sábado pasado el Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Frontera Norte), complementarán la fortaleza que muestra el estado.
En primer lugar, de las entidades de la frontera norte, sólo Baja California se ubicó en el top 10 de crecimiento económico a nivel nacional durante el anterior sexenio, con una tasa promedio anual de 3.5%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Además, es el territorio de todo México que registra la mayor concentración de empresas del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con 18.1% del total.
Este programa, que es otro escenario fiscal, es un instrumento que puede ser utilizado por las empresas que importen mercancías de manera temporal y realicen un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación o prestación de servicios de exportación.
IMMEX difiriere el pago del impuesto general de importación, del IVA y, en su caso, de las cuotas compensatorias. Además, las empresas se pueden establecer dentro de un Recinto Fiscalizado Estratégico (que también ofrece incentivos fiscales).
Otra fortaleza de Baja California es la consolidación de la megarregión que está conformando con California —también resalta la economía binacional Sonora-Arizona—, que en conjunto representan un valor de producción estimado en 250,000 millones de dólares.
De hecho, las cámaras empresariales de ambos estados apuestan por el desarrollo de la infraestructura como uno de los puntos claves para detonar la economía en la región, como la construcción de un segundo puerto de cruce fronterizo en Tecate, unir la Vía Corta (del lado mexicano) con la Línea del Desierto (del lado estadounidense) o una tercera garita en Tijuana: Mesa Otay II.
El director de la firma TLC Asociados, Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que con el aumento al salario mínimo a partir del primero de enero del 2019 en los municipios de la frontera norte se busca alentar la competitividad frente Estados Unidos, por lo que diversos sectores productivos tendrán que estar preparados para realizar este ajuste histórico en la nueva política salarial del país.
Con este incremento, añadió, el gobierno federal busca evitar la migración de connacionales a la Unión Americana para que se queden en el país y contribuyan al desarrollo del territorio mexicano.
Destacó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California también se comprometió a continuar con el proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo a la par de que se impulsa la revisión de los salarios mínimos profesionales, además de incorporar en el corto plazo a las trabajadoras del hogar y a los jornaleros agrícolas entre las categorías ocupacionales.
Inseguridad
Para Tamaulipas, los incentivos fiscales representarían un “tanque de oxígeno”, ya que a nivel nacional se posicionó en el lugar 28 de crecimiento económico en el periodo que comprende del 2013 al segundo trimestre del 2018, con una tasa promedio anual de 0.9%, sólo por encima de Veracruz (0.5%), Chiapas (-0.2%), Tabasco (-2.8%) y Campeche (-5.2 por ciento).
Francisco García Fernández, investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, reconoció que no será fácil el camino, ya que hay un alto nivel de desempleo e informalidad.
“La inseguridad es la raíz del problema con Tamaulipas, tenemos problemas y la zona libre nos ayudará a mejorar, pero no será fácil. Muchos empresarios no invierten por ver que hay secuestros y asaltos en la entidad”, afirmó.
Manifestó que haciendo validar el Estado de Derecho, “las cosas mejorarán y será más fácil la llegada de inversión”.
Ganan todos
El Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Frontera Norte tendrá un incentivo económico con la disminución de impuestos para las empresas y para los trabajadores al duplicarse el salario mínimo, expuso Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“La región norte sale ganando por tener el incentivo económico de disminución en el ISR e IVA, es positivo para las empresas que se encuentran en esa zona y para los mismos trabajadores porque va acompañado del salario mínimo que tendrán que duplicar”, indicó.
Esto traerá un mayor poder adquisitivo en la zona y generaría una activación económica, sostuvo el especialista.
El objetivo, comentó Meléndez Aguilar, es que disminuya la migración hacia Estados Unidos, “es un problema que se ha dado, debido a que hay una disparidad importante entre los sueldos de México y de ese país”.
Según información del CIEP, las medidas de reducir el IVA en la zona fronteriza a 8% y el ISR a personas morales a 20% podrían resultar en una pérdida recaudatoria total que va desde 83,149 millones de pesos hasta 104,411 millones.
Alza a tasas eleva costo del rescate bancario
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El incremento a las tasas de interés este año provocó que el costo de la deuda asumida por el Estado para financiar el rescate de la banca, emprendido por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo después de la crisis de 1995, consuma en 2019 un presupuesto superior en prácticamente 30 por ciento al ejercido en 2018, de acuerdo con información del paquete económico que estará vigente a partir del primero de enero.
Llamado oficialmente Apoyo a ahorradores y deudores de la banca, la partida presupuestal destinada a financiar el rescate bancario tiene asignados para el año que comienza recursos por 51 mil 345.2 millones de pesos. Esa cantidad supera en 29.5 por ciento en términos reales –descontado el efecto de la inflación– a la canalizada para el mismo fin en 2018, que fue de 39 mil 641.7 millones de pesos, de acuerdo con el documento, publicado este fin de semana en el Diario Oficial de la Federación.
Una de las principales razones del crecimiento de esa partida presupuestal tiene que ver con el incremento a las tasas de interés durante 2018, dado que los instrumentos emitidos por el gobierno del entonces presidente Zedillo para respaldar la decisión de rescatar a los bancos tras la crisis de 1994-1995 fueron emitidos en el mercado local de deuda y fueron conocidos como Pagarés Fobrapoa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), hoy llamados Pagarés IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario).
En 2018 el Banco de México elevó cuatro veces la tasa de interés de referencia –la que mueve las tasas de los instrumentos en el mercado interno de deuda–, que pasó de 7.25 por ciento al inicio del ejercicio a 8.25 por ciento actual.
En particular, para los recursos que administra el IPAB, entidad encargada de gestionar los pagarés emitidos por el rescate bancario, el presupuesto se incrementó de 38 mil 168 millones de pesos a 45 mil 431 millones. Además, este año se suma el subsidio del valor de la restructura valuada en unidades de inversión, instrumento cuyo valor se mueve con la inflación, en el cual se enmarca el rescate a empresas, también durante la crisis de 1995, que asciende a 5 mil 913 millones 500 mil 800 pesos, según datos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Los pasivos que administra el IPAB, de acuerdo con números del 30 de septiembre pasado, ascienden a 43 mil 834 millones de pesos del fondo IPAB y a 987 mil 957 millones de los asumidos por el hoy extinto Fobaproa. Esta suma es más de ocho veces los 6 mil millones de dólares que conforman el Fideicomiso para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Para el ejercicio fiscal del año que se inicia este martes, los recursos solicitados por el Ejecutivo para continuar financiando el rescate bancario, 51 mil 300 millones de pesos, equivalen a 0.2 por ciento como proporción del producto interno bruto, porcentaje similar al de 2018, de acuerdo con la información oficial.
El propio refinanciamiento de la deuda queda en manos de las instituciones bancarias, debido a que éstas son las principales tenedoras de los bonos emitidos para el rescate y, por tanto, son las que reciben los intereses.
En 2004 se canjearon los Pagarés del Fobaproa por los Bonos de Protección al Ahorro o Bonos IPAB, que son emisiones de deuda pública.
De acuerdo con Mario Di Costanzo, ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), este es un doble negocio para los bancos, porque quienes tienen esos bonos son ellos mismos.
BBVA Bancomer, Citibanamex, Banorte y HSBC son las instituciones bancarias que, algunas con nombres distintos, sobreviven tras el rescate, y de comprar los bonos que emite el IPAB reciben los rendimientos de éste. En ese sentido, Di Costanzo considera que si bien el rescate fue un robo a los contribuyentes, es tarde para una reingeniería de esa deuda.
“Lo prudente sería abrir el mercado de esos instrumentos para que no quede en el monopolio de los bancos y se lleven a un esquema similar a lo que sucede con los Certificados de la Tesorería de la Federación, que pueden ser adquiridos –sin importar el monto– por todo tipo de empresas y particulares, incluso en montos mínimos a partir de 100 pesos.
Creo que (el rescate bancario) fue un robo a los contribuyentes, pero lo cierto es que ahorita ya no hay mucho margen de acción. Lo más sensato sería que esos bonos de refinanciamiento se pagaran a una tasa menor a la del mercado, porque la deuda IPAB es pública, garantizada por el gobierno. Entonces, son instrumentos muy seguros. Una forma de devolver a la gente parte del costo del rescate bancario sería que se permitiera a las personas físicas tener bonos de ese tipo, subrayó.
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