Escala pleito entre Poderes; inédito: protestan jueces de todo el país
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| Integrantes del Poder Judicial de la Federación se manifestaron ayer en las escalinatas de la sede de San Lázaro, en protesta por la reducción a sus salarios y lo que consideran una serie de atentados a su autonomía. |
Tania Rosas, Leticia Robles de la Rosa y Juan Pablo Reyes
CIUDAD DE MÉXICO.
Legisladores federales de Morena y sus aliados realizan una estrategia jurídica contra las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Ante estas acciones, en una protesta inédita, jueces y magistrados del país salieron a reclamar por lo que llamaron una intromisión contra el Poder Judicial.
En la Cámara de Diputados, los morenistas advirtieron que harán valer el tercero transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional, que entró en vigor el 25 de agosto de 2009, y establece que ningún servidor público podrá recibir mayor remuneración que el jefe del Ejecutivo federal.
Solamente los sueldos de los ministros Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco González, quienes asumieron sus cargos en 2004 y 2006, estarán protegidos ante esa reforma que aplicará en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.
Senadores de Morena impugnaron, ante la misma Corte, la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de suspender la aplicación de la ley de salarios máximos.
El recurso solicita “resolver con extrema urgencia (…) para evitar daños irreparables a la economía nacional, el orden público y el interés social, considerando que esta suspensión interfiere en el proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2019”.
Cerca de mil 410 jueces y magistrados de todo el país realizaron ayer una protesta inédita y acusaron intromisión contra el Poder Judicial.
La Corte también defendió, a través de redes sociales, la independencia judicial. Difundió que ningún funcionario del Poder Judicial gana “ni remotamente” 600 mil pesos mensuales, como lo declaró el presidente López Obrador.
“Constitución fija tope a salarios”
Ministros, jueces, magistrados y consejeros que asumieron después de la reforma de 2009 no pueden ganar más que el Presidente, aseguran diputados de Morena.
Los diputados de Morena Mario Delgado y Pablo Gómez anunciaron que ganarán menos que el Presidente de la República aquellos ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal, consejeros del INE, así como magistrados y jueces del Poder Judicial estatal que hayan asumido el cargo a partir del 25 de agosto de 2009.
Recalcaron que harán valer la reforma al artículo 127 constitucional que entró en vigor en esa fecha y que establece que ningún servidor público podrá recibir mayor remuneración que el primer mandatario.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados y jueces del poder judicial estatal que estaban en funciones al momento que entró en vigor la reforma son los únicos que tienen blindadas sus percepciones mientras dure su encargo.
Desde 2010 se les tuvo que respetar su remuneración, pese a ser superior a la del Presidente de la República, pues así lo establece el artículo tercero transitorio de la reforma al 127 constitucional.
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, aseguró que este precepto constitucional se aplicará por primera vez en nueve años y así se reflejará el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Con esto, le harán frente a la decisión del ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, quien congeló la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la primera que avaló Morena en esta legislatura con el objetivo de que nadie pueda percibir más de 108 mil pesos netos mensuales, los que ganará el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Delgado enfatizó que no hay necesidad de que Pérez Dayán le exija a los diputados que apliquen al pie de la letra la Constitución, pues así lo harán, así que los integrantes de la SCJN se deberán atener al artículo tercero transitorio.
Por su parte, Pablo Gómez leyó un comunicado a nombre de los diputados de Morena. Dijo que la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones carece de motivación y fundamento, pues no menciona el contenido de la ley que se suspende ni los posibles daños irreparables que pudiera tener en su aplicación.
Añadió que la suspensión judicial no altera el proceso de discusión, aprobación y expedición del decreto de Presupuesto de Egresos para 2019.
Pese a este posicionamiento, Delgado Carrillo comentó que no hay disputa entre Morena y la SCJN, pero sí hay un enfrentamiento con el PRI, PAN, PRD y MC por haber controvertido la Ley Federal de Remuneraciones.
“Ellos están por la defensa de los excesos, de los privilegios, del despilfarro, de la alta burocracia, de los salarios millonarios”, declaró.
Luego de la protesta de magistrados y jueces a raíz de la Ley de Remuneraciones, Delgado Carrillo opinó que los altos salarios en el Poder Judicial no garantizan la imparcialidad.
“Yo creo que el sábado tuvimos una prueba de que los altísimos salarios no garantizan justicia. Nada más hay que ver el caso de Puebla, uno de los fraudes más grotescos que hemos visto en nuestro país... cuatro integrantes del Tribunal Electoral avalaron esas prácticas”, expresó.
Carta Magna
La Constitución señala que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, pero también protege los salarios de integrantes del Poder Judicial.
La fracción II del artículo 127 constitucional establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.
El artículo tercero transitorio de la reforma de 2009 al 127 constitucional indica que a la entrada del decreto (2010), las percepciones de los ministros de la SCJN, magistrados del TEPJF, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del INE y los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales que estuvieran en funciones se mantendrían durante el tiempo que dure su encargo.
El artículo 94 dice que la remuneración que perciban estos por sus servicios no podrá ser disminuida durante su encargo.
Juzgadores de todo el país acusan intromisión del Ejecutivo
Denuncian campaña de desprestigio en su contra; exigen respeto a la división de Poderes.
Jueces y magistrados federales, en un inédito acto de protesta, acusaron que se busca facilitar una intromisión indebida en contra del Poder Judicial, mediante una serie de iniciativas legislativas que se han emprendido en los últimos meses, lo que es injustificable a la luz del principio de división de poderes.
Al leer un pronunciamiento, el magistrado Luis Vega Ramírez expuso que los intentos por condicionar a los juzgadores han sido puestos ante la sociedad como ejercicios modernizadores que en el fondo esconden su verdadera intención que, dijo, es vulnerar el Estado de derecho y debilitar el sistema de pesos y contrapesos.
“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos, que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, sostuvo.
Tras destacar que no caben los jueces dóciles al servicio de nadie y que lo que se requiere no es el enfrentamiento, Vega Ramírez señaló que el riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores es el debilitamiento de la confianza ciudadana, no sólo en las instituciones de impartición de justicia.
Los juzgadores expusieron que “como nunca antes en la historia del país” se presentan públicamente para defender ante todo los compromisos adquiridos de proteger los derechos humanos garantizados en la Constitución.
La manifestación organizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito se realizó de forma simultánea, a las 8:45 horas, en cada edificio sede del Poder Judicial Federal de los estados del país y contó con la participación de mil 410 juzgadores.
En Oaxaca, se manifestaron afuera de la sede de los juzgados federales, en el municipio de San Bartolo Coyotepec, al sur de la capital.
En Pachuca, Hidalgo, personal sindicalizado del Vigésimo Noveno Tribunal Colegiado de Circuito se sumó a la protesta.
“Reducción es un tema complicado”
La secretaria Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la disminución de los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tema difícil, que amerita platicarlo con ellos.
Entrevistada en Palacio Nacional, antes de su participación en la ceremonia en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 al doctor en derecho Héctor Fix-Zamudio, Sánchez Cordero recordó que existe una norma constitucional que protege los sueldos de los ministros y otros servidores públicos del Poder Judicial, por lo que el tema no puede ser decidido rápidamente.
La encargada de la política interior del país confió en que a través del diálogo se puedan construir acuerdos en ése y otros temas de la vida nacional.
Dos ministros podrán ganar más que el jefe del Ejecutivo
Sólo dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrán ganar más que el Presidente de la República, si Morena en la Cámara de Diputados exige que se acate el tercer transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional.
Los sueldos y salarios de los ministros Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco González estarían blindados ante el criterio que Morena aplicará en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así que podrían conservar su sueldo neto mensual de 269 mil 215 pesos.
Al menos a nivel federal ningún otro funcionario podría conservar una percepción superior a la del primer mandatario, tampoco ninguno de los seis consejeros de la Judicatura Federal, siete si se cuenta al presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar.
En la misma circunstancia estarían los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), pues todos asumieron el cargo después del 25 de agosto de 2009.
SCJN defiende en redes independencia judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó el fin de semana una campaña de videos en Twitter con el objetivo de defender la independencia judicial y su autonomía, tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y legisladores ante la suspensión de la aplicación de la Ley de Remuneraciones.
Se trata de una serie de grabaciones en las que se defiende al máximo tribunal del país en la voz de personajes como el académico José Woldenberg y Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la Independencia Judicial.
Los especialistas coinciden en que para evitar las concentraciones del poder que ponen en riesgo a la democracia, es imperativa la existencia de contrapesos firmes como lo es el Poder Judicial de la Federación.
Ayer, la SCJN también aclaró, a través de las redes sociales, que ningún funcionario del Poder Judicial de la Federación gana, “ni remotamente” 600 mil pesos mensuales.
En Twitter, la Corte difundió un mensaje al respecto y compartió una liga al portal del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se puede apreciar el tabulador de las remuneraciones de los servidores del Poder Judicial. El sueldo neto más elevado es el del ministro, con un monto máximo de 269 mil 215 pesos.
Tabulador
De acuerdo con el manual de remuneraciones del Poder Judicial de la Federación, los ministros de la SCJN perciben un sueldo neto máximo de 269 mil 215 pesos al mes.
Además, reciben 444 mil 380 pesos anuales de aguinaldo y prima vacacional y 554 mil 595 pesos al año de pago por riesgo.
Cuentan además con seguros de vida, institucional y de retiro, entre otros.
Respetaré amparos: Presidente
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará los fallos de los jueces y magistrados sobre los amparos que han promovido servidores públicos e integrantes del Poder Judicial para evitar la reducción de sus salarios, pero aclaró que el Poder Legislativo es el que tendrá la última palabra.
Afirmó que su gobierno decidió promover la reducción de los sueldos de los altos funcionarios porque “son exagerados, ofensivos”, de manera particular, los sueldos que se ganan en el Poder Judicial, que llegan a los 300 mil y hasta 600 mil pesos mensuales.
La Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos ya fue aprobada por el Poder Legislativo; sin embargo, dijo el presidente López Obrador, los inconformes “están en su derecho” de recurrir a los amparos para evitar la reducción salarial, y él respetará la decisión de magistrados y jueces, porque cree y quiere que exista en el país un Estado de derecho.
IP: Sin consejo promotor, turismo en nivel de 2008
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| Afluencia extranjera. |
Con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) existe el riesgo de que la tasa de crecimiento en la llegada de turistas extranjeros caiga del actual 10.5 a 2.5 por ciento, lo que afectará al sector, advirtieron miembros de la iniciativa privada.
En un comunicado, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) señaló que de concretarse dicho escenario se volverá a los niveles de 2008-2012, cuando la tasa era de aproximadamente 2.1 por ciento.
El CNET indicó que reemplazar el trabajo del CPTM con esfuerzos de las embajadas de México es insuficiente, ya que se requiere de profesionales especializados de marketing en el exterior y de campañas de medios para estar en posibilidad de competir con otros destinos.
El jueves pasado la Secretaría de Turismo anunció la desaparición del consejo turístico para entrar en una fase de liquidación, ya que los recursos que lo financiaban (el cobro de Derecho de No Migrante) se utilizarán para la construcción del Tren Maya.
El CNET propuso evitar la eliminación del CPTM y pasar a una fase de reducir su plantilla burocrática, al tiempo de aumentar la participación de la IP y gobiernos estatales en inversiones para la promoción.
El turismo aporta 8.7 por ciento del producto interno bruto, genera 3.7 millones de empleos y aporta 11 mil millones de dólares netos anuales a la balanza de pagos.
Asimismo, el CNET indicó que en los últimos seis años las empresas del sector han invertido 40 mil millones de dólares, ayudando a combatir la pobreza, ya que en Quintana Roo el nivel de población que se encuentra en esta situación es de 28 por ciento, mientras que en el resto del país es 43 por ciento.
Agregó que utilizar los recursos del Derecho de No Migrante para otros proyectos pone en riesgo estos mismos.
El impuesto guarda fuerte relación con el flujo de turistas hacia el país, ya que a cada persona que ingresa se le cobra una cuota de 533 pesos, por lo que en la medida que la ausencia de promoción se traduzca en menores llegadas, la recaudación del derecho se reducirá.
“La promoción en mercados internacionales es altamente eficiente. Por ejemplo, en la temporada invernal 2017-2018, de una población objetivo de 7.8 millones de viajeros aéreos que viajaron fuera de EU, 61 por ciento consideró a México entre sus opciones, y de ellos, 39 por ciento había visto las campañas del país y 21 por ciento no”, enfatizó.
Menor crecimiento en 7 años
Factores como los problemas de inseguridad y las alertas de viaje de EU han ocasionado que en arribo de turistas extranjeros y divisas el sector tengan su menor crecimiento en siete años.
Según Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de enero a octubre la derrama económica en esta industria fue de 18 mil 257 millones de dólares, un crecimiento de 5.1 por ciento, el menor desde la caída de 2.4 por ciento en 2011.
La Universidad Anáhuac y el Consejo Nacional Empresarial Turístico han señalado que la desaceleración en el sector comenzó a sentir por el recrudecimiento de la violencia en diversos estados del país.
Agregaron que las alertas de viaje de EU para que sus ciudadanos no viajen a diversas entidades del país, ocasionó una menor demanda de viajes de incentivos de empresas y grupos.
Crecimiento
Durante el periodo 2008-2012 la llegada de turistas extranjeros a México tuvo un crecimiento de 2.1 por ciento; sin embargo, gracias a varias acciones de gobierno y empresas ha llegado a 10.5 por ciento.
Contribución
El turismo es uno de los sectores más importantes del país, toda vez que aporta 8.7 por ciento del PIB, además de que genera de manera directa aproximadamente 3.7 millones de empleos.
'Choque' de poderes por Ley salarial
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Jueces y magistrados se posicionaron a favor de la autonomía del Poder Judicial.Fuente: Cuartoscuro |
Eduardo Ortega - Víctor Chávez
.Mil 410 jueces de Distrito y magistrados de Circuito del país –91 por ciento de la plantilla total–, en las 30 sedes del Poder Judicial de la Federación en todo el país, se manifestaron para defender su salario –en un hecho inédito–, que, aseguran, es un elemento de su autonomía e independencia.
Al respecto, juristas y abogados constitucionalistas coincidieron en que, con la suspensión de la nueva Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos y la inoperancia del 127 constitucional, la legislación para reducir salarios en el gobierno federal “está muerta”.
El presidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, explicó a El Financiero que ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH y por senadores, “no puede aplicarse la Ley de Remuneraciones y tampoco lo que establece el artículo 127 de la Constitución”.
Precisó que “la ley no se puede hacer valer hasta que la Corte resuelva y determine si existen o no violaciones a los derechos humanos, y el 127, para ejercerlo, necesita de una ley reglamentaria para que te indique cómo se va a ejecutar”.
Señaló que “si bien no es nuevo el contenido del 127 de la Constitución, no se ha ejercido porque carece de una ley reglamentaria; de no tenerla es muy difícil hacerlo. Es muy complejo. En principio creo que es imposible que se pueda aplicar este artículo. Es muy aventurado decir que van a bajar los salarios. Sin una ley reglamentaria, esta legislación está muerta”, remarcó.
Sostuvo que “no hay rechazo a que bajen salarios y prestaciones de privilegio, sino a la forma en que se está haciendo y que genere un conflicto entre Poderes, con descalificaciones y demagogia. Es grave y delicado decir que un alto salario es sinónimo de corrupción”.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, indicó, en entrevista con este diario, que “en principio la Ley de Remuneraciones se aprobó con algunas irregularidades en el Congreso, y hay mucha premura en las interpretaciones, que los propios legisladores pueden corregir y precisar en los términos de la ley para blindar su constitucionalidad y hacerla operante”.
En segundo lugar, “la aplicación del 127 de la Constitución es complejo, debido a que sus alcances son también toda una discusión, porque, en principio, la directriz que emana del Poder Ejecutivo debería alcanzar exclusivamente a la administración pública federal, a las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo, en el sentido centralizado y en el descentralizado”, explicó.
Además –detalló– “también debe quedar claro que la ley establece que no se les puede reducir los salarios a ninguno de los empleados que ya están en funciones. El tope aplicaría para los que se contraten a partir del nuevo gobierno. Pero hay que esperar el resultado de los amparos”.
Además, “la ley no contemplaría órganos constitucionales autónomos, porque tienen un estatuto especial, y en algunos incluye la autonomía financiera, que significa el manejo de los recursos con los que cuentan y no forman parte de la administración pública federal”.
El también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo, alertó, en entrevista, que si se busca someter, avasallar, debilitar y doblar ante el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, perdería su función democrática y de contrapeso, lo cual llevaría al país a una crisis constitucional.
El TEPJF se integró en el viejo régimen, entre faramalla y vinos: AMLO
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Daniel Blancas
El actual Tribunal Electoral, que el pasado fin de semana validó la elección en Puebla, fue integrado entre faramallas y en la mesa de un buen restaurante, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador:
“El Tribunal se integró en lo que yo llamo el viejo régimen, con las prácticas que se llevaban a cabo. ¿Saben cómo? Se ponían de acuerdo en el Congreso. Es la típica maniobra antidemocrática de respetar la Constitución y las leyes en la forma, para violarlas en el fondo”.
“Hacían una faramalla de convocar a posibles magistrados, iban ahí muchos, hasta de buena fe, a entregar su currículum, y como son sueldos de 300, 400 o 500 mil pesos mensuales, se acumulaban muchos expedientes. Luego, en un buen restaurante, con una buena comida, con buenos vinos, se sentaban los jefes de los partidos y ahí se dividían los cargos: tres para ti, tres para mí y uno para los restantes. Empezaban a descalificar a todos, venía la votación, la línea y salía exacto”.
Un día previo a la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recordó, vaticinó en su Facebook quiénes lo constituirían: “Va a quedar 3-3-1, dije, y dicho y hecho”.
“Hay que desterrar esas prácticas antidemocráticas, porque generan mucho daño a las instituciones”, añadió el Presidente.
El sábado, por cuatro votos a tres, los magistrados confirmaron el triunfo en la gubernatura poblana de Martha Érika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. “Ya basta de formalismos hipócritas, fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir, porque vengo de un movimiento donde siempre enfrentamos fraudes electorales”, expresó López Obrador.
ALONSO, DE LEJITOS. El Presidente no asistirá a la toma de protesta de Érika Alonso el jueves: “Se vaya a malinterpretar. No sería prudente. No es recomendable que me acompañe o yo la acompañe”.
El Ejecutivo federal externó admiración por Miguel Barbosa, el candidato morenista perdedor, “porque ha hecho un gran esfuerzo, a pesar de su estado de salud (padece diabetes)”, y en los próximos días lo invitará a sumarse a su administración, aunque aún se desconoce el encargo que se le ofrecerá.
Poder Judicial en pie de lucha
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A nivel nacional, los juzgadores negaron que ganen 600 mil pesos, como se ha señaladoAyer, los juzgadores leyeron un posicionamiento conjunto. Foto: Nayeli Cruz / El Heraldo de México. |
POR DIANA MARTÍNEZ
Integrantes del Poder Judicial de la Federación protestaron por la supuesta campaña de desprestigio en su contra, pues consideraron que los quieren hacer ver como oportunistas y que sólo velan por su beneficio personal.
Encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Luis Vega, negaron que sus salarios sean de más de 600 mil pesos como se ha señalado.
“Nada más falso”, sostuvo al dar un mensaje a manera de protesta afuera del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, en la Ciudad de México.
El también magistrado afirmó que en un régimen democrático donde haya una auténtica división de poderes no se permiten jueces dóciles ni al servicio de nadie. Esto luego de que el viernes se suspendiera la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La protesta, convocada por la asociación, se replicó en varias sedes judiciales a lo largo del país, donde jueces y magistrados dieron un posicionamiento para alertar del riesgo que implica lo que consideraron una intromisión por parte del poder ejecutivo y legislativo.
En total, mil 410 juzgadores participaron en la lectura del posicionamiento a manera de protesta en 30 edificios del Poder Judicial a nivel nacional.
Luis Vega consideró que las propuestas que se han presentado para reformar al Poder Judicial de la Federación, son un intento de intromisión indebida por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
“El conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluyen rotación constancia de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión”, aseguró.
Hasta el cierre de esta edición, ya se habían presentado mil 56 demandas de amparo contra esta ley por parte de 4 mil 676 personas.
Entre los presuntos agraviado se encuentran 354 jueces, 386 magistrados, mil 579 secretarios, 353 actuarios, 872 oficiales.
El resto de los demandantes que buscan amparo en contra de la normativa que regula los salarios corresponden a integrantes de paraestatales y dependencias federales.
Se incluyen funcionarios de Petróleos mexicanos, la Procuraduría General de la República, la Comisión Federal de Competencia Económica, el IPN, el Cisen, el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Gobernación, entre otras instituciones.
Se confrontan CNDH y jueces con Gobierno por recorte de salarios
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| Magistrados y jueces realizan protestas en 30 sedes del Poder Judicial de todo el país por la reducción de sueldos. Foto: Cuartoscuro |
Antonio López Cruz
El Poder Judicial de la Federación inició una inédita defensa de lo que considera su autonomía ante la intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó en su cuenta de Twitter que algún funcionario del órgano gane 600 mil pesos mensuales como lo manifestó el Presidente.
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Además de su salario neto, reciben prestaciones como seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado; ayuda de gastos funerarios y por incapacidad médica; estímulos por antigüedad y jubilación; licencia prejubilatoria, prima quinquenal y pago por riesgo, entre otros.
Por separado, jueces y magistrados realizaron protestas en las 30 sedes del PJF del país, durante las cuales llamaron a respetar la división de poderes.
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Suprema Corte de Justicia
Mensaje en Twitter
En la Ciudad de México, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, Luis Vega Ramírez, aseguró que el conflicto por la Ley Federal de Remuneraciones no es sólo un tema de reducción salarial, sino “una afrenta directa a la independencia judicial”.
Tras encabezar una protesta frente al Palacio de Justicia de San Lázaro en la que participaron integrantes del sindicato del PJF (en total, más de mil 400 personas), aseguró que los poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden una intromisión indebida en la justicia federal, disfrazando de ejercicios modernizadores, como el recorte salarial a juzgadores.
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Bonistas del NAIM no aceptan condiciones del gobierno
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En caso de no llegar a un acuerdo, comenzarían los procesos jurídicos para obtener su dinero.
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El grupo ad hoc de tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), representado por el despacho Hogan Lovells, informó que no acepta las condiciones del gobierno federal para el intercambio de los instrumentos que se emitieron por 6,000 millones de dólares.
El fideicomiso del NAIM emitió en 2016 y 2017, bonos verdes a 10 y 30 años por 6,000 millones de dólares, para financiar la construcción de la nueva terminal de aeropuerto de Texcoco. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador canceló la obra.
Ayer, el despacho de abogados es informó que los tenedores de bonos, sin determinar montos y número de participantes, representan al menos 50% de los tomadores de una de las cuatro series de los bonos Mexcat y 50% del principal de los 6,000 millones de dólares emitidos.
Indican que el grupo tomador de los bonos, que consiste en un largo grupo de inversionistas institucionales, no puede aceptar la oferta del gobierno federal.
El pasado 4 de diciembre, la administración entrante ofreció adquirir bonos por 1,800 millones de dólares a través de una subasta.
Quedarían 4,200 millones de dólares que tendrían otras condiciones a las actuales.
De acuerdo con la información existente, los bonos se pagarían con lo recaudado de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del actual aeropuerto Benito Juárez.
Los abogados destacaron los tomadores de papel, entre los que se encuentran grandes fondos de inversión, alrededor de 85 grandes inversionistas, visitados en Nueva York, Londres, Singapur, entre otras ciudades. Al parecer los tenedores de los bonos esperan una negociación con el gobierno federal, sin embargo, de no llegarse a un acuerdo, comenzarían los proceso jurídicos para recibir su dinero.
En tanto, el gobierno federal informó que no se detenía la construcción de la terminal aérea de Texcoco.
También los bonistas deben revisar los instrumentos en sus consejos de administración, ya que los instrumentos que adquirieron eran bonos verdes.
De acuerdo con el prospecto de colocación, el fideicomiso del aeropuerto puede cancelar los bonos pero se pagará el 100% del monto del principal, una prima de compensación y los intereses devengados.
Los instrumentos no fueron registrados en México, ni en Estados Unidos, sino en Holanda y Singapur, pero podían ser vendidos en la Unión Americana a compradores institucionales calificados.
Las calificadoras Standard & Poor´s y Moody´s pusieron en revisión negativa las calificaciones del fideicomiso que respalda la construcción del aeropuerto en Texcoco y destacan que el incumplimiento en el pago podría repercutir en la baja del grado de los instrumentos emitidos por 6,000 millones de dólares.
Emisión de bonos verdes por 6,000 millones de dólares
- 750 inversionistas de Asia, Europa y EU participaron. Sura es la única afore mexicana que participó
- 85 inversionistas institucionales participaron. Prudential, MetLife y Blackrock, entre otros
- Tasa a 10 años del 2016 en 4.25%
- Tasa bono 30 años del 2016 en 5.50%
- Bono a 10 años del 2017 en 3.87%
- Bono a 30 años del 2017 en 5.50%
(tasa fija)
Avalan 164 países pacto para migración ordenada
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| Una protesta en playa Imperial, San Diego, a favor de la migración dejó varios activistas detenidos.Foto Jair Cabrera |
Ap, Afp, Reuters
Marrakech. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue aprobado formalmente en la Conferencia Intergubernamental, la cual reunió a más de 160 países. Estados Unidos, Austria, Hungría, Australia, Italia, Israel no firmaron el acuerdo, que será ratificado el 19 de diciembre por la Asamblea General de la ONU; en total, 164 de los 193 estados afiliados avalaron el acuerdo.
Este es el primer tratado intergubernamental jamás negociado para cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de manera completa y holística, y aunque la mayoría de los países del mundo están firmemente comprometidos con el acuerdo, más de una docena decidió no firmarlo o bien analizan hacerlo.
Con el ejemplo de Estados Unidos, varios gobiernos se negaron a asistir a la cumbre y a adoptar el acuerdo: Austria, Hungría, Chile, República Dominicana, Polonia y Eslovaquia, por separado; Bulgaria, Estonia, Italia, Israel, Eslovenia y Suiza no especificaron si aceptarán el pacto global.
En su discurso de apertura, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó los esfuerzos para el acuerdo al hacer un llamado a la comunidad internacional a no sucumbir al miedo a la migración y tras subrayar que el pacto respeta la soberanía de los estados.
Guterres habló sobre las numerosas mentiras que lanzaron los críticos nacionalistas y partidarios del cierre de fronteras en varios países: La migración no regulada tiene un costo humano terrible: vidas perdidas en peligrosas travesías por desiertos, océanos y ríos; un costo en vidas arruinadas por contrabandistas, empleadores inescrupulosos y otros depredadores. Más de 60 mil migrantes murieron desde el año 2000. Esto es una fuente de vergüenza colectiva.
El debate sobre al pacto internacional es una prueba crucial para los esfuerzos encabezados por la ONU para detener los desplazamientos peligrosos e ilegales a través de las fronteras mundiales que hicieron del tráfico de personas una próspera industria.
La jurista canadiense Louise Arbour, ex comisionada de la ONU para derechos humanos, explicó que el tema está empantanado en los debates parlamentarios en Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Italia, Israel y Suiza, aunque algunos de esos países sí participaron en la elaboración del acuerdo.
La canciller alemana, Angela Merkel, también favorable al texto, estaba presente en Marruecos, igual que los jefes de gobierno de España, Pedro Sánchez; Grecia, Alexis Tsipras o el belga Charles Michel.
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