La CNDH presentó ante comisionados de la CIDH un informe sobre la situación y atención que se ha brindado a las casi 10 mil personas que formaron parte del éxodo migratorio. Foto @CNDH |
Emir Olivares Alonso
Existe una alta probabilidad de que el fenómeno migratorio visto durante las masivas caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica vuelva a repetirse, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe prever un mecanismo de seguimiento y acción inmediata para trabajar de manera coordinada con las instituciones nacionales de defensa de las garantías fundamentales de los países involucrados.
Así lo consideró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al participar en las audiencias públicas por el 170 periodo de sesiones del organismo regional, que se celebraron en Washington. El quinto visitador de esa instancia nacional, Édgar Corzo Sosa, presentó ante los comisionados un informe sobre la situación y atención que se ha brindado a las casi 10 mil personas que formaron parte del éxodo migratorio.
El organismo nacional solicitó a la CIDH desarrollar un análisis que permita identificar y atender desde una óptica de derechos humanos los factores que producen la migración de amplios grupos de personas en sus países de origen, para ofrecer alternativas a la migración; realizar una visita de monitoreo a las fronteras de México con Estados Unidos (norte) y con Guatemala(sur) para identificar las condiciones de acceso y situación en general que prevalecen.
También, elaborar una guía, lineamientos o protocolo para regular el uso de la fuerza cuando sea requerido, guardando la proporcionalidad y atendiendo la vulnerabilidad de las personas migrantes; considerar la necesidad de acciones inmediatas de respuesta y atención ante eventuales sucesos de flujo intenso como el de una caravana y evaluar la adopción en esos momentos de medidas cautelares por la CIDH.
Otras de las solicitudes es que la instancia internacional emita lineamientos para proporcionar asistencia humanitaria y para que los agentes estatales actúen con responsabilidad; solicite que organismos internacionales colaboren en la atención de migrantes en estos contextos y consideren como buena práctica la vinculación entre empleo y regulación migratoria, e incentive a los países involucrados a fomentar la gestión de programas para incorporarlos a trabajos formales.
La CNDH detalló que de octubre (cuando salió de San Pedro Sula, Honduras, la primera caravana) a noviembre emitió 21 medidas cautelares, una de ellas verbal, dirigidas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para el respeto a la dignidad de quienes formaron parte del éxodo -donde hay personas altamente vulnerables como menores, mujeres embarazadas, miembros de la comunidad LGBTTTI, discapacitados y adultos mayores-, además que abrió 19 procedimientos de queja por presuntas violaciones a las garantías de éstos.
Agregó que estuvo en constante interacción tanto con instancias estatales de derechos humanos, como con las de los países emisores y de tránsito, con personal diplomático de esas naciones y organizaciones de la sociedad civil.
"Durante el trayecto de la frontera sur de México hasta la frontera norte con Estados Unidos se dio atención a casos específicos de personas que requirieron apoyo médico, acompañamiento a familiares de personas que sufrieron accidentes o perdieron la vida, asesoría a quienes se vieron involucrados en hechos delictivos o fueron imputados de delitos, además de orientación jurídica sobre el derecho que asiste a todas las personas para acceder a la condición de refugiado en nuestro país, así como la gestión ante autoridades de los tres niveles de gobierno para que se proporcionara a las personas en contexto de movilidad agua, alimentos y atención médica, y apoyo para quienes decidieron retornar a sus países de origen", informó la CNDH.
La Jornada.
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