Buscan someter el PJF al Ejecutivo, acusan jueces.

Advierten que las reformas de Morena también pretenden controlar la intimidad de los juzgadores. 

El recurso cuestiona las razones de los cambios legislativos propuestos. (Especial)

Rubén Mosso

Ciudad de México

A partir de las recientes elecciones, y especialmente desde la rendición de protesta del nuevo Congreso, se ha buscado debilitar al Poder Judicial de la Federación, mediante ataques a su independencia para someterlo ante el Ejecutivo, señala el “amparo modelo” que utilizarán magistrados y jueces federales para combatir las recientes reformas impulsadas por Morena.

“Esos ataques no se limitan exclusivamente a los actos y normas reclamadas en este amparo, sino también a declaraciones que se enmarcan en un contexto de ataques sistemáticos, que lo que denotan es otra intención: la cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo para disminuir controles a la concentración del poder que se evidencia por medio de la actual conformación del Congreso, así como de muchas medidas y leyes ya anunciadas”, indica el documento.

MILENIO tuvo acceso al amparo de 268 cuartillas elaborado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, en el que se menciona que se han presentado también mociones para debilitar la composición del Consejo de la Judicatura Federal para controlar la intimidad de los juzgadores.

Entre ellas, la propuesta que reforma los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del PJF, que sujeta el ingreso y la promoción en la carrera judicial a la aprobación de controles de confianza, que incluyen exámenes patrimonial y de entorno social, médico, psicométrico y psicológico, poligráfico y toxicológico, entre otros.

“¿Estas propuestas responden a los intereses del poder político? ¿Es posible que se use el descontento popular y su percepción de la corrupción para la emisión de normas que socaven la independencia judicial? Si bien, estas propuestas aún se encuentran en fase de debate legislativo, los firmantes alegamos que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores (que establece que nadie puede ganar más que el Presidente) y el artículo 127 Constitucional son contrarios al orden constitucional y deben ser analizados desde la perspectiva del contexto actual.

“Lo que queremos aclarar es que la existencia de casos de corrupción no implica automáticamente que la corrupción pueda ser trasladada o atribuida a la totalidad de la institución”, se detalla en el amparo.

Los magistrados y jueces federales reconocieron que no se puede negar que el Poder Judicial afronta algunos problemas “destacables y de imagen” que no pueden ser ocultados, pero aclararon que esto no representa un problema sistemático ni generalizado para justificar la campaña negativa sostenida que se ha desatado desde el podio de algunos senadores ni del gobierno entrante.

Milenio