Olvidan gobiernos a desplazados mexicanos.

CHIAPAS. Afectados por la violencia en los Altos se refugian en la cabecera del Municipio del Bosque y otros en las montañas en condiciones precarias. Foto: Especial

GUERRERO. Desde hace una semana, desplazados de la sierra están en una cancha de basquetbol en Chichihualco, Municipio de Leonardo Bravo. Foto: Especial

Jesús Guerrero y Mariana Morales

Cd. de México

Autoridades han dispuesto albergues, tiendas de campaña, alimentos y ayuda humanitaria para la caravana migrante que huye de la violencia y la pobreza en Centroamérica, mientras en el País el problema del desplazamiento forzado de miles de mexicanos está lejos de ser resuelto.

La mayoría no ha podido retornar a sus hogares, vive en condiciones precarias, sin servicios básicos, acceso a educación ni apoyo gubernamental y, en el peor de los casos, con el riesgo de volver a sufrir agresiones de los grupos de ocasionaron su desplazamiento, según activistas y defensores de derechos humanos.

Apenas este sábado, unas mil 800 personas que salieron huyendo de cinco pueblos de la sierra de Guerrero intentaron regresar a sus hogares en una caravana en la que iban funcionarios del Gobierno, personal de la CNDH y periodistas, pero fueron atacados a balazos.

Otro caso reciente es el de Chavabejal, en los Altos de Chiapas, donde mil 700 personas salieron huyendo el 7 de noviembre y no han podido regresar a su comunidad.

En 2017 se registraron 25 episodios de desplazamientos internos forzados masivos en México, afectando a 20 mil 390 personas, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).

De octubre de 2005 a noviembre de este año, 4 mil 231 personas han huido de sus hogares en Chiapas, de acuerdo con un recuento del Centro de Derechos Humanos Kuúntik, el Fray Bartolomé de las Casas, el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa y la activista Lilian León.

Ese desplazamiento se concentra en 10 comunidades de los Altos. Además en los episodios de desplazamientos se han registrado 23 muertes, 5 desapariciones y 2 detenciones. Esta cifra supera por mucho a la que el Gobierno del Estado reconoce.

De acuerdo con datos recabados, las personas desplazadas soon principalmente indígenas tzeltales y tzotziles.

La causa principal del fenómeno son la operación de grupos armados y en menor medida, conflictos religiosos y desastres por fenómenos naturales.

Los Municipios afectados son Ocosingo, Zinacantán, Chenhaló, El Bosque, Aldama, Chalchihuitán, Tenejapa, Huixtán, Huixtla y Tonalá.

La mayoría de afectados viven en bodegas, casas que rentan en grupos, en las montañas, parroquias, campamentos hechos con tiendas de plástico y galeras.

"Aun cuando esa cifra (4 mil 231) es mucho mayor a la que reconoce el Gobierno de Chiapas, hay muchas más personas desplazadas que el Gobierno no tiene claro, sólo se ha atendido con despensas y no se ha atacado el corazón del problema como desarmar a estos grupos, el problema es grande", dijo Arturo Lomelí González, profesor investigador del Centro de Estudios para Para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad de la Universidad Autónoma de Chiapas, experto en desplazamiento forzado.

El Consejo para la Atención de Desplazamiento Interno de Chiapas que preside el Gobernador Manuel Velasco, reconoce 352 familias desplazadas.

Guerrero, a la deriva

La violencia que existe en Guerrero ha originado el desplazamiento de cientos de personas quienes no han podido retornar a sus comunidades y en los lugares que viven están sin el apoyo de las autoridades.

De enero a diciembre del 2017, se registraron en el estado siete episodios de desplazamiento con un total de 5 mil 958 personas que vivían en 16 comunidades de siete municipios, según un informe de Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Además, en 2018, en Chilapa, el crimen organizado obligó a desplazarse a 3 mil 640 personas.

Los Municipios donde sufrieron desplazamientos derivado de las amenazas por parte de las organizaciones criminales son San Miguel Teloloapan, Chilpancingo, Chilapa de Álvarez, Zitlala, San Miguel Totolapan, Teloloapan y Heliodoro Castillo (Tlacotepec).

El informe de la Cmpddh establece que en Guerrero la mayor parte de las personas que han sido obligadas a salir de sus comunidades son de origen indígena.

En entrevista, el coordinador del Centro de Derechos Humanos "José María Morelos y Pavón", Manuel Olivares Hernández, dice que a pesar de que en Guerrero existe la Ley 487 de Prevención y Apoyo al Desplazamiento Interno, en los hechos esta disposición legal no se cumple.

"La Ley no está reglamentada y por eso ninguna autoridad pone atención a las familias que viven alejadas de sus lugares de origen, sin tierras, educación, casa y servicios básicos de salud y hasta de agua potable", afirmó.

La organización brinda atención a 140 personas desplazadas de manera forzada y que viven en distintos puntos de la entidad.

Olivares Hernández señaló que las familias que ellos apoyan se encuentran total estado de indefensión viviendo en lugares donde no tienen una vivienda, sin acceso a los servicios públicos más elementales como el agua.

Pero además viven con un miedo constante ante la amenaza de que los integrantes de la organización criminal que los obligó a salirse de sus pueblos los encuentren y los maten.

Olivares Contó la historia de 35 personas que desde el 2011 salieron desplazadas de su comunidad de Puerto las Ollas del municipio de Coyuca de Catalán y actualmente viven refugiadas en el pueblo de Tondonica, del municipio de Petatlán.

En abril de este año, un grupo armado masacró a seis policías estatales cuando regresaban de esa localidad tras ser relevados por otro grupo de agentes que le brindan seguridad a las familias desplazadas en Tondonica.

Tras el asesinato de los seis agentes el gobierno de Héctor Astudillo no ha enviado a otro grupo de policías para que les brinden protección a estas familias como parte de las medidas cautelares que dictó la Fiscalía General de Justicia del estado.

Olivares señala que incluso el propio presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno se ha negado a enviar un escrito a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal el restablecimiento de las medidas cautelares a estas familias amenazadas por un grupo de la delincuencia.

"Nosotros hacemos responsables al gobernador Astudillo y a Ramón Navarrete de lo que les pudiera ocurrir a estas familias", advirtió el activista.

 

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