Fracasó estrategia anticrimen.

Datos oficiales reportaron que la violencia se atomizó a Colima, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Morelos, Zacatecas, Oaxaca y Puebla. Foto: Archivo

Benito Jiménez

Cd. de México

 Al inicio de su sexenio el Presidente Enrique Peña Nieto recibió un país con una violencia focalizada en ocho entidades: Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas y Michoacán.

La zona de la Laguna, en Torreón, disputada por Los Zetas y el Cártel del Pacífico, también era una papa caliente.

Seis años después, el mapa del país luce más ensangrentado.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) establecieron que la violencia se atomizó a Colima, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Morelos, Zacatecas, Oaxaca y Puebla.

Hasta 2012 el Ejército, mantenía a unas desgastadas tropas en los operativos conjuntos "Michoacán", "Tijuana, "Guerrero", "Tamaulipas", "Chiapas-Campeche-Tabasco", "Monterrey", "San Luis Potosí Seguro", "De Atención Especial Veracruz", "La Laguna", "Cancún", "Aguascalientes", "Sierra Madre", "Culiacán", "Carretero Veracruz" y "Operación Coordinada Chihuahua".

Peña cambió la palabra "guerra" por "paz" y se enfocó en la detención de 121 objetivos prioritarios, generadores de violencia.

De los 52 mil 690 efectivos que en promedio mensual utilizó Felipe Calderón para hacer frente al crimen organizado, la Administración peñista redujo esa cifra de manera drástica en 2013 a 34 mil 529 elementos en promedio mensual.

El ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presumió que en el primer cuatrimestre de la Administración de Peña se contabilizaron 4 mil 249 homicidios dolosos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada.

La cifra, aseguró, fue 17 por ciento inferior a la registrada en el cuatrimestre anterior (agosto-noviembre) y 14 por ciento menor a la del mismo lapso, en el Gobierno del panista.

En 2017 el gabinete de seguridad colapsó tras romper el récord anual de homicidios 2011, el año más violento de Calderón.

En él se contabilizaron 22 mil 409 carpetas de investigación por homicidio doloso, y 2017 cerró con 25 mil 324 denuncias por el mismo delito.

Para 2018, ante la escalada de homicidios, la gestión peñista se vio obligada a sacar de los cuarteles a 54 mil 980 militares para intentar frenar la ola de homicidios en un mayor número de estados, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sólo la Policía Militar, que suplió paulatinamente a las unidades de Infantería en las operaciones de seguridad, mantenía vigentes hasta noviembre convenios de seguridad con Coahuila, Durango, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo.

Sobresalieron CJNG y huachicoleros

Los esfuerzos anticrimen del Gobierno federal que termina se centraron en perseguir a Joaquín "El Chapo" Guzmán, capturado en 2014 por la Marina en Mazatlán, fugado en 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano y recapturado nuevamente en enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

Esa merma al Cártel de Sinaloa rindió frutos a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se convirtió en el principal problema para la Administración federal.

Para 2014, en plena pugna interna de Los Caballeros Templarios en Michoacán, el CJNG penetró a esa entidad para extender la instalación de sus narcolaboratorios. Lo mismo pasó con Nayarit y Colima.

Ese mismo año el CJNG redireccionó su mercado de drogas no sólo a Estados Unidos, sino a otros países en el lejano Oriente, África y Europa, en una abierta competencia al Cártel de Sinaloa.

Datos ministeriales afirman que en México las redes de "El Mencho" se afianzaron desde 2016 en Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Otro delito que se disparó en el sexenio que termina fue el robo de combustible.

En 2013 Pemex reportó el hallazgo de 2 mil 612 tomas clandestinas en el país.

Para 2017 la empresa petrolera informó de la clausura de 10 mil 316 tomas ilegales de combustible, es decir, una alza del 294 por ciento.

Para Pemex 2016 y 2017 fueron los años más estratégicos en materia de seguridad para disminuir la ordeña de combustible en sus ductos.

Sin embargo, esos dos años reportaron los picos más altos en el hallazgo de tomas clandestinas en la red de ductos de gasolina y diesel, principalmente en Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, el Edomex y Veracruz.

 

Reforma.