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La Guardia Nacional, que asemejaría a fuerzas militares como en España y Francia, fue el punto medular que presentó el presidente electo en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el que busca la pacificación bajo ocho puntos: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación, y plan de seguridad pública.
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Aclaró que la Policía Federal fue creada para garantizar la seguridad, sin que intervenga la Marina y Ejército, pero actualmente no se ha consolidado esa corporación, “en la cual, con honrosas excepciones, hay falta de profesionalismo e integridad, lo mismo con las policías municipales, ministeriales y estatales”.
La Guardia Nacional, que se integrará a la Sedena, buscará resolver los vacíos legales para que las corporaciones armadas puedan tener funciones de vigilancia, así lo explicó Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, quien reconoció que “sería desastroso retirar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública”.
En su primera intervención en público, el futuro secretario de la Defensa Nacional, que estará a cargo de la Guardia Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló que esa instancia estará conformada por militares, miembros de la Policía Naval y de la Policía Federal, además se establece un plazo de tres años para que alcance el funcionamiento.
Derechos humanos. Entre las reformas que el nuevo gobierno propuso, en voz del próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, fue darle “dientes” a las comisiones de derechos humanos, para que sus recomendaciones no sean ignoradas por las autoridades hacia las cuales son emitidas.
“Se impulsará, por los medios legales disponibles, la liberación de quienes, sin haber cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivaciones políticas, así como la extinción de imputaciones y causas penales originadas por la participación de los acusados en actos de resistencia legal y pacífica”, dice el plan.
Legalizar las drogas. El proyecto también incluye la creación del Consejo para la Construcción de la Paz y alejar a la política de drogas del prevaleciente enfoque prohibicionista.
Según el documento presentado, la prohibición de estupefacientes por parte del poder público “es ya —desde cualquier punto de vista— insostenible”.
La estrategia presentada ayer señala que “la alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan”, y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico.
En suma, el nuevo enfoque de seguridad se centró, además de la participación militar, en desarrollo social, como el apoyo a los jóvenes con becas y trabajo que, de acuerdo con el presidente electo, atiende 80% de “las causas que originan la inseguridad y la violencia”.
El Universal
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