Amplían a 60 años concesión de Higa
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| Foto: REFORMA |
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| La autopista Naucalpan-Toluca, adjudicada hace 11 años y valuada en 7 mil 400 millones de pesos, debió construirse en dos años, según el fallo de la licitación. Foto: Tomada de http://saascaem.edomex.gob.mx |
Azucena Vásquez
Cd. de México
El Gobierno del Estado de México amplió a 60 años el plazo de la concesión de la autopista Toluca-Naucalpan, aunque su construcción sigue sin concluirse desde hace 11 años.
El plazo original de la concesión era de 30 años; sin embargo, en la segunda mitad de este año, las autoridades aprobaron una ampliación por plazo similar, confirmó una fuente involucrada en el proceso.
Además, no hay información pública sobre este proceso, pues ésta fue reservada en 2015 por la Administración por un periodo de 9 años.
Esta autopista fue concesionada por mil 449 millones de pesos en 2007 a Autopistas de Vanguardia, filial de Constructora Teya, cuando Enrique Peña era Gobernador del Estado de México.
Constructora Teya pertenece Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, quien fue exhibido en el escándalo de la Casa Blanca por su cercanía con el actual Presidente.
Paulo Díez, abogado y representante legal de Infraiber, confirmó que el plazo de la concesión fue ampliado, con lo que quedarían 49 años de vigencia.
Además, informó que ocurrió lo mismo con la tarifa que se cobrará a los usuarios, aunque se desconoce a cuánto subió la cuota.
Este incremento afectará a los futuros usuarios de esta autopista, porque pagarán más del estimado inicial por utilizarla, enfatizó.
El abogado resaltó que estas modificaciones no se justifican, aun cuando ni siquiera está concluida la obra y mucho menos en operación.
"Es un caso típico de la corrupción del Estado de México y, más que otra cosa, lo que está viendo (Hinojosa) es que el próximo sexenio será complicado para él y está tratando de hacer líquidos sus activos", sostuvo el abogado.
Díez destacó que la falta de financiamiento ha sido uno de los factores que ha provocado el retraso de la construcción de esta obra.
Aseveró que Hinojosa no obtuvo recursos para ello y fue Banobras quien en octubre de 2012 le aprobó un crédito por 2 mil 775 millones de pesos, el cual fue anunciado hasta febrero de 2013, cuando era director del banco Alfredo del Mazo, actual Gobernador del Estado de México.
La obra, adjudicada hace 11 años y valuada ya en 7 mil 400 millones de pesos, debió construirse en dos años, según el fallo de la licitación.
Futuro del NAIM, en una pregunta; consulta popular
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| Los participantes en la consulta serán atendidos por dos mil o tres mil voluntarios que harán las veces de funcionarios de casilla. En la imagen se aprecia la pregunta que se aplicará. Foto: Quetzalli González |
Jorge Ramos
CIUDAD DE MÉXICO.
Con una sola pregunta y dos opciones de respuesta, el gobierno electo hará la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto.
Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?”, es el cuestionamiento presentado por el próximo vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.
Las opciones de respuesta son: A) Reacondicionar el actual aeropuerto y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía, y B) Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de utilizar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El proceso se hará del 25 al 28 de octubre, en 538 municipios. Los resultados se publicarán el 29 y tendrán un efecto vinculante. Ramírez Cuevas reveló que la consulta costará aproximadamente 1.5 millones de pesos y aseguró que sería financiada con aportaciones de legisladores, principalmente de Morena.
Para la realización de la consulta se instalarán mil 73 mesas de participación que serán atendidas por voluntarios.
“Morena pagará consulta”
La consulta pública para que el pueblo decida si continúa el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco o se opta por el actual, Santa Lucía y Toluca, se realizará del 25 al 28 de octubre en 538 municipios de las 32 entidades federativas del país, incluidas las ciudades capitales, donde se estima un universo de 82% del total nacional de electores y en cuyas plazas públicas de mayor afluencia se instalarán al menos mil 73 mesas de participación, para que los interesados respondan una sola pregunta con dos opciones:
Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para el país?
A. Reacondicionar el actual aeropuerto y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa lucia.
B. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de utilizar el actual aeropuerto internacional de la ciudad de México”.
Así lo informó el propuesto para vocero de la Presidencia de la República en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, en una conferencia de prensa en la que también dio a conocer que en el anverso de las boletas se publicará información con un resumen de los pros y contras de ambas opciones, para que los ciudadanos que participen en el ejercicio tengan más elementos para tomar una decisión.
Reveló que la consulta costará aproximadamente 1.5 millones de pesos que serán donados por legisladores Morena, principalmente, y de otros partidos, y anunció que se informará con transparencia sobre el origen y el destino de dichos recursos.
En la sesión de preguntas y respuestas detalló que las mesas serán atendidas por dos mil o tres mil voluntarios que harán las veces de funcionarios de casilla y explicó que los electores sólo podrán participar con credencial de elector vigente.
Los funcionarios utilizarán una aplicación para registrar la participación de cada elector y evitar doble votación.
RESULTADOS
Los resultados se darán a conocer el 29 de octubre y tendrán un efecto vinculante para la toma de decisiones.
Carlos Calderón Alzati, presidente de la Fundación Rosenblueth, la cual se hará cargo de procesar la información y dar a conocer resultados; dijo que la consulta es un hecho inédito que cambiará la forma de gobernar al país, ya que, a diferencia de otras administraciones, como la de Zedillo, que nos impuso el Fobaproa; la de Calderón, que nos impuso la guerra contra el narco; y la de Peña, que nos impuso reformas estructurales; la de López Obrador consultará al pueblo y hará lo que éste decida.
Reconoció que por tratarse del primer ejercicio de esta naturaleza, habrá cuestionamientos.
Y queremos decir desde ahora que va a haber muchas críticas porque hay intereses que están en contra y también porque hay posiciones de ultras de un lado y de otro, pero aquí, de lo que se trata es de que sea la opinión del pueblo”, externó.
El historiador Enrique Semo, explicó que se trata de una nueva forma de hacer las cosas, de avanzar de una democracia impositiva hacia una democracia participativa.
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El coordinador de los senadores de Morena aseguró que no harán aportaciones de su dieta para financiar la encuesta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Nosotros no vamos a financiar nada, primero porque estamos en un proceso de austeridad, sólo disponemos de nuestra dieta; y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el presidente electo y su equipo, y de ninguna manera nos han planteado alguna situación económica adicional a la que están viendo ellos”, aseguró.
En conferencia de prensa, Ricardo Monreal explicó que los senadores de Morena sí participarán en el ejercicio democrático de la consulta, pero no como patrocinadores.
No estamos financiando ningún legislador ninguna de estas consultas, ni tampoco ningún procedimiento de comunicación directa con la población”, respondió a pregunta expresa.
Vamos a participar como ciudadanos de manera individual en los municipios que nos correspondan. Vamos a ejercer nuestro derecho individual a opinar sobre lo que consideramos pertinente en este momento tan importante.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que los legisladores de Morena no financiarán la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
—¿Usted como diputado va a poner una parte de dinero para poder financiar la consulta?, se le preguntó a Muñoz Ledo en entrevista telefónica.
—No, nadie.
Y recalcó: “Y no obedecemos a ninguna instrucción (…) Nadie lo ha planteado y no estamos obligados, son rumores”, comentó.
Evidentemente, los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente. Pasó el tiempo en que los diputados de Morena o antes del PRD, enviaban recursos para la campaña del presidente electo. Ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido”, insistió.
En Colima, por su parte, el coordinador de los diputados, Mario Delgado, aseveró que la aportación será voluntaria.
Manifestó que son donaciones directas a quienes van a organizar la consulta y que Muñoz Ledo no estaba enterado de las aportaciones que se harían.
- Leticia Robles de la Rosa y Tania Rosas
Responden expertos a ejercicio
Encuestadores dieron a conocer su opinión sobre la pregunta que se hará para el aeropuerto, donde algunos dijeron que estuvo mal formulada, pero otros consideraron que sí está balanceada y en algunos casos se dijeron sorprendidos por incluir en la ecuación a Toluca.
Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva, pidió una respuesta a siete encuestadores, sobre la pregunta de la consulta.
No se aprecia un sesgo obvio en las preguntas, pero lo que sí es claro es que en la primera sólo hay positivos.” Ulises Beltrán, Director de BGC.
Lo que se esperaba como un mano a mano entre Texcoco y Santa Lucía, (ahora) será un triple combo.” Alejandro Moreno, El Financiero.
Las preguntas se han planteado de manera compleja, es decir, se requiere tener información previa para entenderlas.” Federico Berrueto, Director de Gabinete.
La pregunta está bien planteada y no veo sesgo para ninguna de las opciones, pero creo no se ha validado Santa Lucía.” Roy Campos, Consulta Mitofsky.
Las opciones parecen balanceadas, pero se centran en lo que pasaría con el actual aeropuerto.” Luis Estrada, Director de Spin.
Una pregunta bien redactada, equilibrada. No induce en forma alguna la respuesta.” Ricardo de la Peña, Presidente Ejecutivo de ISA.
La pregunta está sesgada y mal formulada. No veo un rigor técnico en el uso del lenguaje para plantearla.” Heidi Osuna, Directora de Enkoll
‘Se le pierden’ 16 mil mdp al Seguro Popular: ASF
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Era la madrugada del 4 de junio cuando el corazón de don Catarino Escobar dejó de latir. Un tercer infarto lo fulminó, mientras que su familia buscaba desesperadamente cómo trasladarlo del Hospital General en Dolores Hidalgo, Guanajuato, a otro centro hospitalario.
En la mente de su hijo Antonio quedaron marcadas las palabras del médico que lo atendía: “Llévate a tu papá, aquí no tenemos el medicamento ni el catéter que necesita”.
Don Catarino se mantuvo durante días solo con los anticoagulantes que le suministraban para que no se le taparan las arterias. Él tenía 65 años y era un mexicano como muchos, sin un trabajo formal que le diera acceso a otro sistema de salud.
Mientras en los hospitales del sector salud que atienden a los beneficiarios del Seguro Popular en el país suceden historias como la de don Catarino, los gobiernos estatales no han podido aclarar el buen uso y destino de 16 mil 13 millones de pesos transferidos por la Federación para ese programa durante el periodo 2013-2017.
Una revisión de MILENIO a las auditorías que se han hecho a los recursos federales entregados a los estados para el funcionamiento del Seguro Popular durante este sexenio revela las huellas del desorden: operaciones inadecuadas, contrataciones irregulares, sobreprecio de medicamentos, pago a servidores públicos que no cumplían con la preparación académica requerida, transferencia de recursos a fines no autorizados y pagos sin documentación probatoria.
El Seguro Popular se creó en el gobierno del presidente Vicente Fox en 2004, con el propósito de dar servicios médicos a la población que no cuenta con alguna cobertura de salud.
En los cinco años fiscales revisados (2013-2017), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 174 indagatorias al Seguro Popular en todo el país. Seis de ellas, en cuatro estados, concentran 53.3 por ciento de los recursos que no se han podido aclarar. Esas auditorías corresponden a los estados de Veracruz (4 mil 73 millones de pesos), Michoacán (mil 587 mdp), Jalisco (mil 138 mdp) y Oaxaca (914 mdp).
De acuerdo con la Auditoría, las autoridades no han podido resarcir 3 mil 222.8 millones de pesos que corresponden a la cuenta pública de 2013.
En 2014 el monto fue de 5 mil 654.8 millones de pesos, la cifra más alta en el periodo 2013-2017.
En los años siguientes los montos del dinero desviado quedaron así: en 2015 fueron 2 mil 453.7 millones de pesos, en 2016, 4 mil 106.4 millones y para 2017 el dinero sin resarcir ascendió a 575.6 mdp.
La ASF reporta que de los 16 mil 13 millones de pesos por aclarar en esos años, solo 3 mil 44 se encuentran en procedimiento resarcitorio, lo que significa que ya se tiene localizadas a las personas responsables del posible uso indebido del dinero público, y en qué sitios trabajaban, pero que por cuestiones legales o administrativas no han resarcido el daño al erario desde 2013.
Del resto, de más de 12 mil millones pesos, no.
Hasta ahora, en este sexenio, independientemente de los 16 mil 13 millones que todavía están por aclarar, se han recuperado 782.4 millones de pesos de los recursos del Seguro Popular y se han aclarado 5 mil 212 mdp.
La dimensión del ilícito
Para darle proporción al problema, los 16 mil millones de pesos que no han sido aclarados entre 2013 y 2017 casi triplican la deuda que tienen diferentes instituciones de salud federales y estatales, pues de acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), el adeudo asciende a 6 mil 172 millones de pesos por la compra de medicinas en 2018 y por pasivos de 2016 y 2017.
En enero pasado IMSS e ISSSTE anunciaron que en los últimos cinco años el esquema de licitaciones para la compra de medicamentos generó un ahorro para las arcas públicas de 17 mil 400 millones de pesos, cifra similar al dinero que no se ha podido comprobar en fondos del Seguro Popular.
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Veracruz. En la auditoría 864, la ASF detectó que en 2013 el gobierno del estado “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, ni apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
Desde hace cinco años el gobierno estatal no ha subsanado la irregularidad por mil 29 millones de pesos de ese ejercicio fiscal. A esa suma millonaria se adicionan los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta la fecha.
La Secretaría de Finanzas y Planeación del estado transfirió los recursos destinados para la salud de los beneficiarios del Seguro Popular a favor de cuentas bancarias a nombre del gobierno del estado de Veracruz.
Resultado de esta auditoria, la ASF presentó denuncia de hechos ante la PGR.
En ese mismo año, la ASF detectó que Veracruz compró medicamentos a un precio superior al de referencia, pero gastó menos dinero del que tenía destinado a ese rubro, lo que generó desabasto de medicamentos, reflejado en el surtimiento incompleto de recetas médicas.
“Se destinó 4.9% de los recursos para la compra de medicamentos, material de curación y otros insumos, cuando la normativa establece para este rubro hasta 30% de dichos recursos”, señala la ASF.
Ese año, entre las quejas más recurrentes estuvieron la atención médica deficiente, la falta de medicamento, el maltrato del gestor social y el cobro de medicamentos y estudios de laboratorio. El número promedio de médicos que ese año atendieron a pacientes en Veracruz fue de .5 doctores por cada mil derechohabientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que al menos se tengan 2.5 médicos por cada millar de solicitantes.
Y esa no es la única irregularidad.
En la administración del ex gobernador Javier Duarte, hoy sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero, la ASF también exige la aclaración o devolución de 2 mil 477 millones de pesos.
Resultado de la auditoría 1544, las autoridades interpusieron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República porque, una vez más, los recursos federales fueron transferidos a cuentas distintas por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que estaba encabezada en aquel entonces por Tarek Abdalá Saad, quien hasta el 31 de agosto pasado gozaba del fuero que le daba ser diputado federal del PRI.
La Fiscalía General de Veracruz (FGE) solicitó su desafuero en 2017, pero el PRI mandó el juicio de desafuero a la congeladora. Tarek Abdalá ha sido señalado como parte del mecanismo de Duarte para desviar miles de millones de pesos de fondos federales y estatales mediante el uso de empresas fantasma.
En la auditoría 1544 se documenta que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Veracruz destinó recursos por 163 mil 205 pesos para el pago de facturas de un proveedor fantasma, así como 254 millones 700 mil pesos que fueron transferidos de la cuenta bancaria donde estaban los recursos federales enviados para el Seguro Popular a las cuentas del gobierno del estado, sin evidencia de que se hayan empleado para el fin que tenían.
Tarek Abdalá fue inhabilitado en noviembre de 2016 por 10 años por la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE) para desempeñar un empleo, cargo o comisión del servicio público, a raíz de la investigación derivada de la denuncia de la ASF, pero el dinero para la salud de los veracruzanos no se ha devuelto.
Michoacán. Mientras que en 2013 los michoacanos usuarios del Seguro Popular se quejaban principalmente de la falta de medicamentos y el cobro de estos, el gobierno del estado hizo un uso opaco e irregular de los recursos, de acuerdo con la ASF. Desde hace cinco años no se han podido aclarar irregularidades por mil 277 millones de pesos. Además se le requieren a la entidad los rendimientos que en este lustro ha generado ese dinero.
La entidad gobernada entonces por el priista Fausto Vallejo transfirió recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2013 a una cuenta bancaria distinta a los objetivos del programa y no presentó evidencia del reintegro de dichos recursos a la cuenta bancaria específica del programa.
A la letra, en la auditoría 836 se pide al estado de Michoacán que acredite dónde está el dinero “con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable”.
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Entre las irregularidades detectadas se encuentra el pago de remuneraciones a cuatro servidores públicos comisionados al sindicato, los cuales no prestaron servicios de atención a los afiliados al Seguro Popular, y el pago a terceros por servicios de salud, sin presentar evidencia de que fueron otorgados a los beneficiarios del Seguro Popular.
A pesar de la escasez de medicamentos, material de curación y otros insumos, el Sistema de Salud de Michoacán no invirtió el dinero que normativamente le permite el Seguro Popular. Mientras que está indicado destinar 30% de los recursos a este fin, el estado solo invirtió 7.7%, es decir, 219 millones de pesos.
“El presupuesto ejercido es muy bajo para la atención de los beneficiarios respecto de su programa anual de adquisiciones, lo cual repercutió en el desabasto de medicamentos reflejado en el surtimiento incompleto de recetas médicas y en el indicador de quejas, en el cual fue el más recurrente”, señala la ASF.
Y no solo eso…
En la mala administración de los recursos se cuenta también la compra de medicamentos a un precio superior al de referencia por un millón 277 mil pesos y que el gasto per cápita en medicamento por afiliado del Seguro Popular a partir de los recursos fue de 61.7 pesos, mientras que en 2012 fue de 90.3 pesos, lo que implica un decremento real de 28.6 pesos.
Por cada mil afiliados al Seguro Popular en la entidad se tenían 1.3 médicos frente a paciente, con lo que tampoco cumplía con la recomendación de la OMS.
Mientras la población padecía carencia de medicamentos, el sistema de Salud de Michoacán, al 31 de diciembre de 2013, no había devengado 50% de los recursos transferidos por un importe de 14 mil 360 millones de pesos.
Las irregularidades en la administración de recursos del Seguro Popular en Michoacán siguieron en 2014. La auditoría 751 concluyó que el gobierno del estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos, apegada a la normativa que regula su ejercicio.
Desde 2014 a la fecha no ha podido aclarar o devolver mil 204.6 millones de pesos que le requieren las autoridades. Entre los señalamientos está que transfirieron recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal a una cuenta bancaria distinta a los objetivos del programa.
Entre las irregularidades señaladas por la ASF se encuentran: recursos de los que no hay evidencia que se hayan aplicado al Seguro Popular, nueve casos de personal que no contaba con la especialidad para la que fueron contratados y a quienes se pagó en exceso, y medicamentos adquiridos con sobreprecio.
Jalisco. Cuatro años no han sido suficientes para que el gobierno del panista Emilio González Márquez, quien estaba al frente del estado en 2014, pueda aclarar cómo se ejercieron mil 138.8 millones de pesos del Seguro Popular.
Al revisar la cuenta pública de aquel año, como parte de la auditoría 750, se detectó que dinero de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal se empleó para realizar pagos a dos proveedores. Hasta ahí nada irregular, pero al indagar, las autoridades descubrieron que no había documentos que comprobaran que la aplicación de esos recursos fue en favor de los beneficiarios del Seguro Popular. Además hicieron pagos a un proveedor sin suscribir el contrato.
Al 31 de diciembre de ese año no habían invertido la mitad de los recursos que les transfirió la Federación para atender a las personas enfermas que no cuentan con otro esquema de seguridad social. En la revisión de la Cuenta Pública 2013 la auditoría también detectó que no se emplearon la totalidad de los recursos.
Oaxaca. De las irregularidades detectadas en el uso del dinero para el Seguro Popular en el último año del gobernador de la coalición PRI, Convergencia y Movimiento Ciudadano, Gabino Cué, la ASF determinó que hay 914.8 millones de pesos que siguen sin aclararse o recuperarse.
En la auditoría 1273 para comprobar el buen uso de los recursos en la cuenta pública 2016 se señaló al gobierno de Oaxaca por defraudación fiscal, al haber retenido el impuesto sobre la renta de salarios del personal pagado con recursos del Seguro Popular, pero no haber entregado ese dinero a Hacienda.
Además el auditor encontró gastos que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Oaxaca no pudo comprobar.
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Don Caratino murió. Su familia piensa que si en el Seguro Popular hubiera habido los medicamentos necesarios, quizás él seguiría dando la batalla.
“Y aquí aplica esa frase ya antes dicha, de que la corrupción mata”, reflexiona su hijo Antonio…
Detallan consulta; arrecia polémica
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Mientras que Porfirio Muñoz Ledo y Ricardo Monreal afirmaron que los legisladores de Morena no financiarán la consulta sobre el nuevo aeropuerto.
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| Consulta para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.Fuente: Especial |
Anabel Clemente - Víctor Chávez
Un millón y medio será el costo aproximado de la consulta ciudadana para definir dónde se construirá el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y ese dinero saldrá de los donativos voluntarios de legisladores, informó Jesús Ramírez.
El vocero del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, también dio a conocer la única pregunta que aparecerá en las boletas para la consulta que se realizará del 25 al 28 de octubre.
“Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea la mejor para el país?”, será el cuestionamiento que tendrá dos opciones de respuesta:
A) Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea Santa Lucía, o B) Continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Para ese ejercicio democrático se instalarán mil 73 mesas de votación en 538 municipios, incluidas las cabeceras municipales, en las 32 entidades del país. En ellas habita el 79 por ciento de la ciudadanía.
Para participar, los ciudadanos deberán presentarse a las mesas de consulta, cuya ubicación podrán conocer a través de la página www.mexicodecide.com.mx, con su credencial de elector.
En las mesas se contará con información con los pros y contras de los dos proyectos y una aplicación especial, creada por ingenieros mexicanos –que no cobraron–, que recabará los votos y que será dada a conocer hasta el día de la consulta para evitar hackeos.
Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, que se hará cargo de la consulta, dijo que los resultados preliminares se tendrán dos horas después de la hora de cierre del domingo, es decir, a las 20:00.
A pesar de que Alzati organizó el plebiscito capitalino de 1993 para definir si el jefe de Gobierno era electo o designado por el presidente, aseguró que “están aprendiendo” en temas de consultas.
El consejo ciudadano está integrado por académicos e investigadores en disciplinas como economía, ecología, historia, sociología y filosofía, principalmente de la UNAM y la UAM, ninguno especialista en aeronáutica; así como representantes de organizaciones campesinas, como el Barzón Nacional, la Central Campesina Cardenista y la Unión Popular Revolucionaria.
Ese consejo estará encargado de organizar la consulta, desde los procesos para la instalación de las mesas hasta la elección de los voluntarios.
Calderón Alzati, quien es parte del consejo, explicó que éste se formó hace unas semanas y continúa adhiriendo “apoyos ciudadanos”.
“Yo diría que se ha estado formando en el mes de octubre. La primera reunión que tuvimos fue el 26 de septiembre. Dentro del comité hay gente que se encargó de plantear la pregunta que se va a hacer. Hay demasiadas cosas”, informó Calderón Alzati.
Entre otros académicos se encuentran Enrique Semo, Luis Arismendi, Consuelo Sánchez, Gian Carlo Delgado, Fernando Córdova, Rodrigo Medellín, Yolanda Massieu Trigo, Mauricio Gonzáles, Armando Bartra, Víctor Manuel Toledo y Elvira Concheiro. Y entre las organizaciones está el Patronato y Prodefensa de conservación del patrimonio cultural de Oaxaca, encabezado por Francisco Toledo.
'Nosotros no la vamos a pagar', revira Muñoz Ledo y Monreal
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, respondieron que los legisladores de ese partido no financiarán la consulta sobre el nuevo aeropuerto.
Luego de que durante el anuncio de los detalles de la encuesta, el vocero del equipo de transición, Jesús Ramírez, informó que el costo del sondeo se pagará con aportaciones voluntarias de los legisladores de Morena, Muñoz Ledo sostuvo: “no veo cómo podríamos los diputados financiar ni invertir en un proyecto así. Nadie lo ha dicho y no obedecemos a ninguna instrucción. No estamos obligados, nadie está obligado. Son rumores”, recalcó.
Indicó que “hasta ahora, a los diputados nadie nos ha pedido eso. Además, ya pasaron esos tiempos en que los diputados de Morena, o antes del PRD, podían enviar recursos a la campaña del presidente electo, ¡ya ganamos!”.
En entrevista, Muñoz Ledo explicó que la consulta “no es ilegal, pero no tiene validez; es más un compromiso personal del Presidente electo que una cuestión vinculante. No es vinculante, pero es indicativa y lo fundamental es que la gente opine”.
Precisó que “una consulta vinculante la debe hacer un órgano calificado, hay que pensar en cuál, como el INE, por ejemplo, de acuerdo a lo que marca la Constitución”.
-¿Usted estaría dispuesto a cooperar y aportar para pagar la encuesta?, se le preguntó.
-Nooo! Por qué, nadie lo ha dicho. Nadie está obligado, dijo.
Sobre los términos y alcances de la encuesta, Muñoz Ledo comentó: “esta consulta es distinta, es más bien como un plebiscito, una consulta antes de aprobar una norma administrativa”.
E insistió: “nadie está impedido para hacer una encuesta, cualquiera puede hacer la encuesta que quiera de todo tipo”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, el morenista Ricardo Monreal habló en el mismo sentido.
“Nosotros no vamos a financiar nada. Primero porque estamos en un proceso de austeridad. Sólo disponemos de nuestra dieta y segundo porque se está llevando a cabo esta consulta, el presidente electo y su equipo, y de ninguna manera nos han planteado alguna situación económica adicional”, dijo en rueda de prensa.
Aseguró además que la consulta sobre el nuevo aeropuerto no es manipulada: “No hay una decisión predeterminada, ni tampoco una consulta prefigurada”.
Con una sola pregunta se definiría el futuro del nuevo aeropuerto
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Las fechas para la consulta, de carácter vinculatorio, que decidirá el futuro del aeropuerto de México, serán los próximos 25, 26, 27 y 28 de octubre. En la boleta sólo habrá una pregunta: “Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para el país?”, informó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia electa.
Para responder la pregunta, habrá dos opciones:
1. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía; y
2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Para la consulta, informó Jesús Ramírez, acompañado de “parte del equipo de transición, otra parte que representa a ciudadanos que se han sumado a la iniciativa, junto con organizaciones sociales y campesinas”, se instalarán mil 073 mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades.
Ramírez Cuevas anunció que las mesas incluyen las capitales de cada uno de los estados de la República, y que al menos serán “mil 073 mesas de votación y participación en plazas públicas, las más identificadas y con circulación de la población en el país.
Estos 538 municipios significan un universo del 82 por ciento de los electores de nuestro país, informó.
“Todavía no hay un cálculo final del costo de la consulta, dado que estamos en el proceso de instalación de organización de logística. Pero bueno, se calcula que podría estar en alrededor de un millón y medio de pesos”, adelantó el vocero lopezobradorista.
“El financiamiento de este proceso democrático de participación, al que está convocando el equipo de transición del gobierno futuro de Andrés Manuel López Obrador, será financiado con aportaciones voluntarias de legisladores federales”, dijo.
“Los depósitos y la aportación personal de los diputados los van a dar a conocer en cuanto se realicen los gastos”, anunció Ramírez Cuevas.
“El sábado pasado, en la Universidad de Chapingo, se llevó a cabo un ejercicio de votación. Participaron entre 3 mil y 4 mil personas y en los próximos días se realizará el ejercicio en la UNAM, en la UAM y en la Universidad de la Ciudad de México”, difundió.
Las mesas estarán abiertas de las 8:00 a las 18:00 horas y se instalará en el 75 por ciento de los municipios una mesa en la plaza principal de las cabeceras municipales; para participar sólo hay que presentar la credencial de elector, indica el sitio http://mexicodecide.com.mx/, en donde se puede consultar toda la información referente.
¿Nosotros la pagamos? El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, rechazó que los diputados vayan a financiar la consulta y recalcó.“Nadie lo ha dicho y no obedecemos a ninguna instrucción. No estamos obligados, nadie está obligado. Son rumores”, recalcó.
“Los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente. Pasó el tiempo en que los diputados de Morena o antes del PRD, enviaban recursos para la campaña del Presidente electo. Ya ganamos, ya no tiene sentido”, reviró Muñoz Ledo.
Desata polémica costeo de consulta
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| AMLO pide cooperacha para la encuesta sobre el NAIM, que costará 1.5 millones de pesosJesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República reveló que la consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México costará 1.5 millones de pesos o más. NOTIMEX / FOTO / BERNARDO MONCADA |
E. MARTÍNEZ, N. CORTÉS, I. RAMÍREZ Y F. NIETO
Diputados y senadores de Morena desconocen el plan del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre que ellos financiarán la consulta del nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco y que se realizará del 25 al 28 de octubre, la cual tendrá un costo de 1.5 millones de pesos.
“Los diputados no vamos a financiar nada de eso”, señaló ayer en entrevista telefónica a El Heraldo de México, el diputado por Morena y presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.
Horas antes, el vocero AMLO, Jesús Ramírez Cuevas, informó en rueda de prensa que los legisladores de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Encuentro Social (PES) pagarán la consulta ciudadana para definir si continúa o no la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Dijo que las aportaciones de los legisladores serán “voluntarias” y que no habrá ningún conflicto de interés que pudiera surgir porque Morena es mayoría en el Congreso y se ha declarado en contra de la construcción del nuevo aeropuerto.
Acompañado de Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, entidad encargada de organizar el sondeo, dijo que se instalarán mil 73 mesas para recibir la votación en 538 municipios y se imprimirán entre 500 mil y un millón de boletas.
Consultado sobre el mismo tema, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, expuso que los legisladores no financiarán dicha consulta y recordó que se encuentran en un periodo de austeridad.
“Serán donaciones voluntarias de cada diputado y si Porfirio Muñoz Ledo no está enterado; es una cuestión de la fracción de Morena”, dijo el coordinador del mismo partido en San Lázaro, Mario Delgado.
En la consulta, los ciudadanos podrán pronunciarse a favor del NAIM en Texcoco o por el actual aeropuerto en operación conjunta con la Base Aérea de Santa Lucía.
“México demanda un aeropuerto moderno y con una visión de largo plazo”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, en visita de trabajo en Michoacán, y agregó que el NAIM fue pensado como un proyecto transexenal.
“Teníamos claro que no habríamos de concluirlo en una sola administración un gran proyecto aeroportuario”, dijo.
A unos kilómetros, pero en Colima, AMLO comentó que no se le debe temer a la decisión que tome el pueblo sobre el aeropuerto.
Ahora Canadá legaliza mariguana lúdica; aquí, 12 iniciativas atoradas
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| Es el primer país del g-7 en legalizar la mariguana por completo. Foto: Especial |
La Razón Online -
La legalización de la mariguana con fines recreativos en Canadá es un reconocimiento a la lucha internacional contra las políticas prohibicionistas en el mundo, que no han hecho más que fortalecer a las mafias de la droga y han dejado miles de muertos, consideró el especialista en geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Víctor Francisco Olguín.
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Agregó que la entrada en vigor de la Ley C-45, que cobija el marco jurídico del cannabis, refleja que también hay una demora en los países más desarrollados en cuanto a reconocer que perseguir su venta y consumo está fracasando.
A partir de este miércoles, Canadá se convierte en el primer Estado del G-7 en dar un vuelco a la política en materia de drogas, un paso que ya dieron Uruguay y Holanda.
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Para Olguín, a nivel regional, la nueva ley canadiense se coloca como antesala para una despenalización a gran escala entre los países integradores del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que heredó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que “si México legaliza la mariguana y EU lo hace a nivel federal (algunos estados ya lo avalan), el pacto tendría que incluir un esquema para regular el flujo de importaciones y exportaciones de productos cannábicos en la zona. Gráfico: La Razón de México
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El consumo y venta legal de la hierba en Canadá podría atraer a ciudadanos estadounidenses que deseen comprar el insumo, sobre todo entre la población que la usa con fines medicinales, pues aunque algunos estados de la Unión Americana ya lo aprueban, hay casos de personas que se han desplazado a los sitios donde es legal. Gráfico: La Razón de México
Pese a destacar que es necesario que el mundo replique el modelo canadiense, el académico puso el índice sobre los riesgos que la medida podría detonar.
“No podemos descartar inconvenientes: legalizar las drogas, no sólo la mariguana, implica arrebatarle el negocio al crimen organizado, al no tenerlo, comenzarían a incursionar en otras actividades ilícitas como el robo, secuestro o la trata”, observó.
Sin embargo, dijo, frente al evidente problema con la criminalidad, “los gobiernos deben comenzar a tratar el asunto como un problema de salud pública”. Además, consideró que la sociedad debe abandonar los estigmas para derribar los obstáculos que no permiten una solución práctica al consumo excesivo y venta ilegal.
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LEY CONTRARIA A EU. La despenalización de la mariguana en Canadá, un cambio de orden social prometido por el primer ministro Justin Trudeau para regular el mercado negro y cobrar impuestos, contrasta con la de su vecino EU, donde la venta con fines medicinales o incluso recreativos es legal en la mayoría de los estados, pero sigue siendo ilegal bajo las leyes federales. Gráfico: La Razón de México
El nuevo marco canadiense permite mover el dinero de la industria a través de los bancos, su transporte entre provincias, venta en línea, envíos e inversión en el sector.
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Las autoridades cobrarán 10 por ciento de impuesto con un mínimo de un dólar por gramo. El gobierno se quedará con una cuarta parte y el resto en las provincias.
En algunas provincias, las residencias o los hogares tendrán derecho de tener hasta cuatro plantas.
Actualmente hay 120 productores de mariguana que trabajan en Canadá de manera legal, incluidas operaciones grandes.
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Una luz para la liga de hockey
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“Comencé a notar algunos beneficios terapéuticos. Me ayudaba a dormir y con la ansiedad”.
Ahora, algunos años después de su retiro, es defensor del uso de cannabis como una alternativa a los fármacos más adictivos que los atletas utilizan frecuentemente.
Que Canadá legalice el uso de la mariguana con fines recreativos, significa que estará disponible en siete ciudades más que cuentan con equipos de la NHL.
Es un paso para los deportistas que luchan contra la estigmatización.
Futuro del NAIM se definirá con una pregunta
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Únicamente se le preguntará a los ciudadanos si debe continuarse con la construcción de la terminal aérea en Texcoco o reacondicionar los actuales AICM y aeropuerto de Toluca, y habilitar pistas en Santa Lucía.
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La consulta sobre el nuevo aeropuerto a la que convocó Andrés Manuel López Obrador se realizará del 25 al 28 de octubre; se instalan 1,073 mesas de recepción en 538 municipios del país, principalmente en las capitales. Se imprimirán entre 500,000 y 1 millón de papeletas, y el costo del ejercicio de participación requerirá de por lo menos 1.5 millones de pesos, que serán financiados por legisladores federales de Morena, informó Jesús Ramírez, vocero del equipo de transición.
“El financiamiento de la consulta, todavía no hay un cálculo final, dado que estamos en el proceso de organización, pero se calcula que podría ser 1 millón y medio, tal vez un poco más, el financiamiento a este ejercicio democrático al que está convocando el equipo de transición, serán financiado por aportaciones voluntarias de legisladores federales (de Morena). Se van a hacer públicas las aportaciones”, dijo.
En conferencia de prensa, Ramírez Cuevas presentó al comité organizador de la consulta que encabezará Enrique Calderón, presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, institución que estará encargada de organizar y escrutar los votos de la consulta. Jesús Ramírez dijo que las boletas plantearán una sola pregunta con dos posibles respuestas: “Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, y dejar de usar el actual aeropuerto de la Ciudad de México”.
Informó que los ciudadanos que decidan participar tendrán que presentar su credencial de elector; los receptores del voto utilizarán una aplicación de celular en donde “registrarán el número de la credencial de elector para que nadie pueda votar más de una vez”.
El vocero aseguró que el equipo de transición no cometerá ninguna ilegalidad por usar datos personales. “No vamos a utilizar los datos de los ciudadanos; van a portar como identificación su credencial de elector, por lo tanto, no se incurre en ninguna situación ilegal, es totalmente válido hacer este ejercicio ciudadano”, aseveró.
Jesús Ramírez mencionó que el criterio de ubicación de las casillas se hizo por mayor número de población. “Las mesas de consulta se van a instalar en plazas públicas, particularmente en donde hay mayor afluencia”. Destacó que los resultados de la consulta se darán a conocer el mismo 28 de octubre, y refirió que el resultado será vinculatorio. Confirmó que paralelamente el equipo de transición realizará también una encuesta, pero evitó dar detalles de la misma.
Consulta representativa: AMLO
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la consulta para decidir el futuro del nuevo aeropuerto, consultando únicamente a 500,000 personas, sí es representativa de todo el país. “Estadísticamente funciona”, dijo.
Afirmó que el resultado de la consulta será la decisión que adopte, es decir, continuar la construcción del aeropuerto de Texcoco, o bien, cancelarla para construir dos pistas en la base de Santa Lucía.
“Estadísticamente funciona una encuesta nacional de 1,200 cuestionarios para saber qué opinión tiene la gente, desde luego una consulta requiere más participación, pero eso lo va a decidir también la gente”, indicó.
Afirma Ricardo Monreal
Morenistas rechazan financiar consulta
“No. Ya dije que no. No financiamos nada. Absolutamente nada”, afirmó Ricardo Monreal Ávila.
El coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República aseguró que los senadores correligionarios de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, no aportarán un solo peso para financiar la consulta ciudadana sobre el lugar en que deberá construirse la nueva terminal internacional aérea de México.
“Nosotros no vamos a financiar nada. Primero, porque estamos en un proceso de austeridad; sólo disponemos de nuestra dieta. Y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el presidente electo y su equipo, y de ninguna manera nos han planteado alguna situación económica adicional a la que están viendo ellos’’.
Ningún senador de Morena, insistió, financiará ninguna consulta o procedimiento de comunicación directa con la población promovido por el próximo mandatario mexicano.
“Vamos a participar como ciudadanos de manera individual en los municipios que nos correspondan. Vamos a ejercer nuestro derecho individual a opinar sobre lo que consideramos pertinente en este momento tan importante”.
Negó que la decisión sobre dónde construir el nuevo aeropuerto ya esté tomada por López Obrador y que la consulta ciudadana sea una farsa.
“Es abierto, es libre. No hay manipulación y tampoco hay sesgo en lo que decida la gente”.
Desde la perspectiva del zacatecano, los mexicanos se tienen que acostumbrar a las consultas ciudadanas a que convoque López Obrador, ejercicios que calificó de inéditos y de buenas decisiones.
(Con información de Rolando Ramos)
Consulta ciudadana: ¿cuándo y cómo?
Se llevará a cabo del jueves 25 al domingo 28 de octubre en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Se instalarán 1,073 mesas de votación distribuidas en 538 municipios (principalmente en sus capitales).
La Fundación Arturo Rosenblueth será la institución encargada de organizar y escrutar los votos de la consulta, para la cual se imprimirán entre 500,000 y 1 millón de papeletas.
En el reverso de la boleta se podrá leer una lista de los pros y contras de cada alternativa (continuar con el NAIM o mantener el AICM en combinación con dos pistas en la base aérea de Santa Lucía y reacondicionar el aeropuerto de Toluca).
La Conagua aplaza 6 meses el trámite digital de concesiones
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| Integrantes de la organización Agua para Todos, realizaron ayer un mitin frente a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua, en Ciudad de México, para exigir que no se privatice el recurso.Foto María Luisa Severiano |
Angélica Enciso L.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó aplazar seis meses el trámite vía electrónica para obtener concesiones de aguas nacionales superficiales y subterráneas, con el argumento de que hay usuarios que no cuentan con la firma electrónica avanzada y deben obtenerla, pues es obligatoria para el procedimiento.
Lo anterior se decidió luego de que la semana anterior se conoció que a partir de ayer, por conducto de Conagu@ Digital se haría la entrega masiva de concesiones, lo cual discriminaba a pueblos y comunidades, debido a que carecen de la firma que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT). También se violaba la Ley de Aguas Nacionales, pues se omitían requisitos que define el artículo 23 y se haría en forma expedita, de acuerdo con la coalición Agua para Todos, así como expertos.
Con base en un acuerdo publicado el primero de octubre en el Diario Oficial, vía Internet, a partir del 15 de octubre comenzarían a tramitarse títulos de concesiones de aguas nacionales, permisos de descargas de aguas residuales y uso de zonas federales administradas por la Conagua, entre otros.
Ayer, después del mediodía, la dependencia informó en un comunicado –cuatro días después de que se le pidió su posición al respecto– que emitirá un acuerdo para aplazar el inicio de operaciones de la plataforma digital, lo cual en los hechos comenzaría en la próxima administración.
Por la mañana, integrantes de la coalición realizaron un mitin frente a la Conagua. Ahí manifestaron su rechazo a los trámites digitales, pues consideraron que se trata de una forma de acelerar la privatización del agua, pues las únicas que cuentan con la firma electrónica son las grandes empresas y las mineras.
En el acuerdo para los trámites electrónicos se indica que se concesionaría toda el agua, lo que se pudiera dar, hasta agotar existencias, no había un tope. También estaba abierta a dar concesiones de zonas federales, lechos del agua, barrancas, muchos terrenos disponibles ante la escasez hídrica y sujetos de especulación inmobiliaria, señaló Pedro Moctezuma, vocero de la coalición Agua para Todos.
Agregó que para evitar decisiones discrecionales la coalición propuso instaurar una contraloría ciudadana del agua, incluida en la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas. De ninguna manera vamos a bajar la guardia, por eso proponemos esta figura, para que haya vigilancia sobre el recurso y sea ciento por ciento de los ciudadanos, dijo en entrevista.
La Conagua explicó que el trámite significa digitalizar el proceso para dar mejor y más rápida respuesta a las solicitudes de los usuarios, fortalece la transparencia y lleva un mejor control de la disponibilidad del agua. Apuntó que no se reduce ni cambian los trámites fijados por ley, ni otorga en forma automática concesiones de aguas nacionales.
Precisó que mientras inicia operaciones la plataforma digital, los trámites para la recepción y resolución de las solicitudes que se presenten, se atenderán en las oficinas de la Conagua en todo el país.
Los trámites –que se realizarían vía la plataforma de Internet– por lo general se hacen en los Centros Integrales de Servicios o en ventanillas únicas que hay en los estados; se pide la credencial de elector, descargar los formatos por Internet, entregar la documentación que la legislación señala y acudir con un servidor público a las ventanillas de la localidad de que se trate. A diciembre de 2016 había 529 mil 786 títulos de concesión de aguas nacionales, sólo en las zonas de veda está prohibida su entrega.
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