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| La Secretaría de Economía entregó un informe al Senado sobre el USMCA. Foto: Archivo |
Claudia Guerrero
Cd. de México
El nuevo acuerdo comercial que México firmará con Estados Unidos y Canadá eleva a nivel de tratado las obligaciones relacionadas con el combate al cohecho o peculado, sobornos de empresas a funcionarios, integridad de servidores públicos y protección a denunciantes.
Así lo aseguró la Secretaría de Economía en un informe enviado hoy al Senado de la República.
En el documento se advierte que los tres países quedan obligados a establecer en sus marcos jurídicos medidas para perseguir delitos como el soborno, el cohecho internacional y el peculado cometido por empresas y autoridades de las tres naciones.
Refiere que en el capítulo de Anticorrupción se establecen elementos adicionales para refrendar el compromiso de la región en el combate a este fenómeno.
La dependencia confirma que, en el caso de la protección a denunciantes, se incorporó la obligación para que cada parte establezca medidas que permitan salvaguardar su integridad.
Señala que, en el caso de México, esas acciones también deberán reflejarse a nivel estatal y hasta municipal.
Sobre la integridad de los servidores públicos, se incorporó la obligación de poner en marcha medidas encaminadas a asegurar la responsabilidad, honestidad e integridad de la actuación de los funcionarios.
Esto incluye códigos de conducta, procedimientos para la selección y capacitación, declaraciones de conflicto de interés y procedimientos para la remoción de funcionarios.
Por otro lado, también se incluyó en el catálogo de delitos la malversación o peculado, apropiación indebida y otras formas de desviación de bienes por un funcionario público.
"Esta fue una propuesta de México con objeto de atender a nivel de tratado conductas que afectan la atracción de inversión", sostiene.
Otro tema contemplado en el capítulo Anticorrupción del acuerdo comercial son los llamados "pagos de facilitación".
En este caso se establece un compromiso trilateral para incentivar a las empresas a que prohíban el ofrecimiento de este tipo de pagos y hacer conciencia entre los servidores públicos para que no los soliciten ni los acepten.
"Los pagos de facilitación son aquellos que una empresa puede ofrecer a un funcionario público o bien un funcionario público solicitar a fin de acelerar ciertos trámites", indica.
"En México, los pagos de facilitación son considerados un soborno, al igual que en Canadá. En Estados Unidos estos pagos son regulados cuando se ofrecen a servidores públicos extranjeros".
Según la Secretaría de Economía, esta también fue una propuesta de México con la que se pretende enviar un mensaje importante en la región sobre el efecto dañino que tiene ofrecer este tipo de ofrecimientos.
"Las autoridades de la Secretaría de la Función Pública lo consideran una parte importante en implementación y fortalecimiento del sistema nacional anticorrupción", afirma.
Por otro lado, se contempla la obligación de las partes a incentivar a sus empresas que adopten programas de cumplimiento o políticas de integridad con el propósito de prevenir y detectar los delitos de cohecho, malversación, peculado o faltas fiscales.
La dependencia asegura que esta también fue una propuesta mexicana, especialmente de la Iniciativa Privada.
"En México, estas políticas de integridad pueden incluir que las empresas cuenten con códigos de conducta, sistemas adecuados para facilitar denuncias o manuales de procedimientos, entre otros", agrega.
En materia de cooperación se estableció un artículo general en el que se reconoce la importancia de que las autoridades puedan compartir buenas prácticas y acordar actividades de asistencia técnica.
"Esa propuesta fue de México, ya que la creación del sistema nacional anticorrupción con sus diferentes entes requerirá en un futuro que autoridades diferentes a la PGR empiecen a tender puentes con autoridades extranjeras", refiere.
Reforma
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