El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que respetará los resultados de la consulta. Foto: Especial |
Bloomberg
Nueva York, Estados Unidos
Una consulta sobre el futuro del aeropuerto parcialmente construido de la Ciudad de México esta semana se perfila como el primer enfrentamiento del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador con los inversionistas que han adoptado un enfoque de esperar y ver el nuevo gobierno.
Del 25 al 28 de octubre se le preguntará a la gente si quiere seguir adelante con el proyecto Texcoco de 13 mil millones de dólares o buscar una alternativa más barata, pero más lejos de la Ciudad de México.
Sin embargo, a medida que se acerca el referéndum, los inversionistas se ponen cada vez más nerviosos. El rendimiento de 6 mil millones de pesos de bonos vendidos para financiar el nuevo aeropuerto se disparó este mes, después de que AMLO, como se conoce al Presidente electo, dijo en un video de Facebook que "no podemos financiar este proyecto".
"Ha habido riesgos crecientes de que la consulta resulte en algo negativo" para el proyecto Texcoco, escribieron los analistas del Bank of America en una nota el lunes. Si eso sucede, "los inversionistas revisarán al alza la probabilidad de que AMLO adopte políticas menos favorables para el mercado que lo que su equipo económico ha puesto frente a los inversionistas".
Si bien la llamada consulta pública de esta semana no es legalmente vinculante, López Obrador se compromete a respetar el resultado, que se anunciará el domingo. El ejercicio no tendrá precedentes en México, ya que incluye el referéndum en más de 500 ciudades y una encuesta cara a cara.
Las inquietudes del mercado incluso han alcanzado el peso, que se debilitó un 0.59 por ciento el lunes, el peor desempeño entre los pares de mercados emergentes.
"Ha habido una señal mixta sobre la elección preferida de López Obrador, pero los comentarios de la semana pasada nos hacen más escépticos de que decidirá continuar la construcción", dijo Eurasia en una nota de investigación la semana pasada.
La cancelación del aeropuerto tendría un alto costo. El proyecto ya está terminado en un 32 por ciento, según la última estimación realizada por la administración de Enrique Peña Nieto en septiembre, y se ha recaudado gran parte del dinero para su finalización.
Además de los bonos, se recaudaron otros mil 600 millones de pesos a través de una oferta pública inicial de acciones de Fibra E, un híbrido entre una sociedad limitada por el maestro y un REIT.
Los Fibra E son un modelo relativamente nuevo en México y reducir uno es un proceso incierto sin precedentes.
Si fuera necesario pagar por adelantado la deuda actual relacionada con el proyecto (bonos, un crédito bancario y una tarifa de cancelación del 30 por ciento), el gobierno tendría que pagar 10 mil 480 millones de pesos, o el 0.88 por ciento del Producto Interno Bruto, escribió BBVA en una nota el lunes.
"El daño a la reputación de cancelar el proyecto podría ejercer presión sobre la calificación de México y, en consecuencia, los rendimientos consistentemente más altos para la próxima administración", escribió BBVA. "Entonces, si bien el daño a las finanzas públicas sería relativamente pequeño, la decisión podría ser otra restricción presupuestaria para el gobierno de AMLO".
Una organización sin fines de lucro de Estados Unidos, MITRE, y un brazo especial de las Naciones Unidas llamado organización de aviación civil internacional han evaluado el nuevo proyecto de aeropuerto.
MITRE emitió un comunicado en diciembre que decía que el plan alternativo "no es viable desde una perspectiva aeronáutica ni a corto ni a largo plazo", debido a las limitaciones del espacio aéreo y el flujo de tráfico desde el aeropuerto actual y Santa Lucía.
La cancelación del proyecto del aeropuerto y la construcción de la potencial expansión de Santa Lucía costaría un total de 20 mil 500 millones de pesos, según un estudio realizado por la sociedad mexicana de ingenieros civiles.
El sector privado mexicano se ha posicionado en contra del referéndum. La Cámara de Negocios de CCE emitió un comunicado el domingo criticando el proceso y reiterando que la construcción debe continuar.
"Consideramos que no existen las condiciones necesarias para que esta consulta se considere un ejercicio imparcial y objetivo", dijo. "La alternativa es clara: usar menos recursos ahora y gastar más muy pronto; o para hacer una inversión a largo plazo para nuestro desarrollo".
Reforma
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