miércoles, 17 de octubre de 2018

Deportará México a migrantes indocumentados.


Imagen tomada de redes sociales
Ana Langner

Ciudad de México. Ante ante la eventual llegada a la frontera sur de la caravana de migrantes hondureños, el gobierno de México estudiará los casos de solicitud de refugio de las personas que así lo consideren y permitirá el libre tránsito de aquellos que cuenten con los documentos de viaje y una visa concedida por las autoridades nacionales. Someterá a procedimiento administrativo, y en su caso deportará, a aquellos que ingresen de manera irregular.

Por conducto de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SER) y de Gobernación, el gobierno mexicano expuso las medidas que tomará ante la eventual llegada de los miles de hondureños que emprendió una caravana para solicitar refugio en Estados Unidos.

“El gobierno de México, en apego a una política migratoria respetuosa de los derechos humanos de los migrantes y del derecho internacional humanitario, reconoce el derecho a la libre movilidad de las personas y el derecho de toda persona a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, tal como lo establecen los diversos instrumentos internacionales de los que el país es Parte y las leyes nacionales en la materia”, indicaron las dependencias federales en un comunicado conjunto.

Detallaron que toda persona extranjera que desee ingresar a territorio nacional y cuente con los documentos de viaje y una visa concedida por el gobierno de México, por medio de la red consular de la SRE, podrá ingresar y moverse con plena libertad en el mismo por el tiempo de vigencia de la visa.

Aquellos que ingresen a la República Mexicana y pidan el reconocimiento de la condición de refugiado o ser beneficiario de medidas de protección complementaria, deberá hacerlo individualmente, de conformidad con la legislación vigente.

La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiados (COMAR) será la institución encargada de procesar y analizar dichas solicitudes. La legislación nacional vigente establece un periodo de hasta 45 días hábiles, prorrogables por un periodo igual, para resolver sobre las solicitudes.

Durante este tiempo, el peticionario deberá permanecer en una estación migratoria, a cargo del Instituto Nacional de Migración, aclaró el gobierno.

En tanto, aquellos que entren de forma irregular, serán sujetos a procedimiento administrativo y, en su caso, será retornada a su país de origen.

La Jornada

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