A 4 años, padres de los 43 exigen investigación internacional para resolver caso Iguala.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa, dijo que, ante irregularidades y nulo avance de la PGR, el gobierno de López Obrador debe considerar la participación de instancias internacionales que den certeza a las investigaciones del caso

El pasado 25 de mayo, López Obrador estuvo en Iguala como parte de su campaña electoral; mañana, a cuatro años de la desaparición de los normalistas, padres de las víctimas recordarán al presidente electo su promesa de esclarecer los hechos (Foto archivo: Cuartoscuro) 

REDACCIÓN 

CIUDAD DE MÉXICO

A cuatro años de la trágica ‘Noche de Iguala’, padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ponen sus esperanzas en que el próximo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, cumpla con su promesa de esclarecer el caso.

Así lo manifestó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, quien, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, expresó la importancia de que instancias internacionales (como la CIDH o la ONU) participen en la investigación de la desaparición de los normalistas.

Es una expectativa con mucha esperanza. Hasta hoy, el gobierno actual ha demostrado su insensibilidad y falta de voluntad para dar con el paradero de nuestros hijos. Con Encinas hay disposición y voluntad. Con una comisión internacional, la verdad histórica dejó de existir con sus informes. Es una necesidad que vuelvan, es importante la participación de instancias internacionales. Da certeza a las investigaciones”, dijo Felipe de la Cruz.

El vocero expuso que mañana, al cumplirse cuatro años de la desaparición de los normalistas, se reunirán con el presidente electo en el Museo de Memoria y Tolerancia, para recordarle el compromiso que adquirió en campaña, de llegar a la verdad del caso.

No podemos dejar en impunidad este crimen. Son cuatro años muy difíciles para mantenernos firmes en la búsqueda de la justicia y la verdad.

Tanto trabajo del gobierno federal, nos gustaría mejor que nos dieran los resultados del paradero de los jóvenes. Hay muchas cosas que han hecho, pero igual hay irregularidades en la investigación. Fue un trabajo mal hecho, no tenemos un milímetro de avance a la verdad”, expresó.

De la Cruz agregó que, en el caso de los detenidos por su presunta participación en el caso, “ninguno ha sido sentenciado”, lo que demuestra la irregularidad de las investigaciones por parte de las autoridades federales.

ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO SABER QUÉ HICIERON CON LOS ESTUDIANTES: FISCAL

Al respecto, el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, defendió el actuar de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que desde hace cuatro años no se ha desatendido a las víctimas, que han destinado todos los recursos para esclarecer el caso y que las acciones realizadas por la autoridad se han hecho públicas.

Actualmente tenemos bajo proceso a 69 personas por secuestro en agravio de los 43 normalistas y hay más de 100 personas en total, por delincuencia organizada y posesión de armas.

Desde hace tiempo se atienden las once líneas de investigación. La PGR enlistó las once principales líneas de investigación propuestas por las instancias internacionales y se ha trabajado por ello, como son el trasiego de drogas, la identificación de personas por sus apodos, la participación de las autoridades estadounidenses y la información relativa a los aparatos telefónicos y líneas de los estudiantes desaparecidos”, comentó.

Higuera dijo que el caso ha tenido una gran complejidad, que “los sucesos se desarrollaron en varios escenarios, en distintos momentos, con decenas de víctimas y agresores” y que esa “multiplicidad de escenarios” ha provocado diligencias “como nunca se ha realizado”. 

El funcionario dijo que se ha tomado declaración a mil 400 personas y se han realizado más de 2 mil dictámenes periciales, lo que demuestra la intención del Estado por resolver el caso.

Aun con esas dificultades, es obligación del Estado ir a fondo para conocer a detalle todo lo que ocurrió y saber qué hicieron con los estudiantes.

No estamos en un callejón sin salida, tendrá que conocerse a detalle todo lo acontecido. El caso es tan grande por sus consecuencias, pero deberá haber conclusiones. Los padres están en todo su derecho de exigir verdad”, concluyó.

Excelsior - chg