Exhibe cachirules de Morena ¡el PT!
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Reclama curules para militantes desplazados. Impugnarán en Trife sobrerrepresentación de morenistas en el Congreso
Héctor Gutiérrez
El PT acusó ayer a Morena de usar sus siglas para postular como candidatos al Congreso a 41 morenistas.
La queja, presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE), abrió una discusión en el seno de ese organismo sobre la postulación de cachirules en los partidos políticos.
Representantes de los partidos acusaron a Morena de ser incongruente y advirtieron que dicho instituto político estará sobrerrepresentado en el Congreso.
Después de que el INE rechazó la demanda del PT, los representantes de MC, el PAN y el PRD anunciaron que impugnarán esta resolución ante el TEPJF.
Esos partidos tienen hasta el lunes para presentar sus impugnaciones.
En su recurso, el PT solicitaba invalidar parcialmente el convenio de coalición de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), pues 41 candidatos petistas en realidad militaban en Morena y fueron seleccionados sin respetarse los procedimientos internos de aquel partido.
En el fondo, el PT alegaba que le correspondían 9 diputados plurinominales y no los 3 que le asignó el INE con el argumento de que había ganado 57 distritos electorales en su coalición con Morena y el PES.
Entre los legisladores cachirules destacan los diputados electos Mario Delgado, Pablo Gómez y el actor Sergio Mayer, quienes hicieron campaña abierta por Morena.
Jorge Álvarez Máynez, representante de Movimiento Ciudadano, acusó que se trata de un fraude a la ley que también alcanza al PES, el otro aliado de la coalición, que postuló a Zoé Robledo.
Eduardo Aguilar, representante del PAN, advirtió que se pasó de la existencia de los legisladores sandías
-que eran priistas postulados por el PVEM- a los "frutos exóticos", que describió como guindas por dentro y de otros colores por fuera.
'No hay opción única en NAIM': Javier Jiménez Espriú
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| Javier Jiménez Espriú, propuesto como próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, afirmó que en el próximo sexenio todas las licitaciones se realizarán con transparencia, con la máxima publicidad. Foto: Héctor López/Archivo |
CIUDAD DE MÉXICO.
Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que el próximo gobierno aún no decide sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Afirmó que quizá se encargue un estudio más profundo para sondear la posibilidad de que operen al mismo tiempo la actual terminal y la que se construiría en Santa Lucía.
La idea es que la consulta se hará con esa consideración, de que es factible tanto uno (seguir la obra en Texcoco) como otro (dos aeropuertos simultáneos)”, explicó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.
Negó que los expertos que asesoran en el tema al equipo de transición tengan más credibilidad que MITRE, instancia que señaló restricciones a la operación de dos terminales.
Hay una polémica interesante en este sentido, que es lo que estamos analizando. No es que uno tenga más credibilidad que otro: es que aún no tenemos una decisión. No hay opciones únicas tomadas.
Excélsior publicó ayer que en la página oficial de López Obrador está disponible el proyecto para Santa Lucía.
Aún hay dos opciones en aeropuerto
Javier Jiménez Espriú, propuesto como secretario de Comunicaciones y Transportes del próximo gobierno federal, descartó que ya se haya tomado una decisión o que haya una opción única en el asunto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Jiménez Espriú aclaró que “estamos planteando las dos opciones, el (aeropuerto) de Texcoco y el de Santa Lucía. El grupo técnico que nos asesora dirá si se puede o no. Tenemos el punto de vista de Grupo MITRE sobre la definición de frecuencias, planteando la dificultad de si las zonas cumplen o no las normas de distancia.
Nosotros partimos de que sí es factible, pero antes de confirmarlo, tendremos otra opinión, que llevaría cuatro o cinco meses, sobre las opciones para el futuro de la terminal aérea.
Las obras están retrasadas. El aeropuerto no estará listo, creemos nosotros, antes de 2023, independientemente de la opción definitiva; entonces, el aeropuerto Benito Juárez estará operando, en cualquiera de los casos, cuando menos todo el sexenio”, consideró Jiménez Espriú.
De Santa Lucía, afirmó que el proyecto costaría 70 mil mdp, números redondos, considerando la reubicación de la base aérea y vialidades, pero sin considerar la reubicación de la zona habitacional, que sería un gasto adicional.
Del estudio de las frecuencias, el próximo titular de la SCT aseveró que tiene solución, aunque la obra se vería rebasada, pues tendría una corta vida de cinco o seis años.
Afirmó que además habría que considerar otros aspectos, como el de orden estratégico, que está a cargo exclusivamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
OPERATIVIDAD
Acerca del equipo de asesores técnicos chilenos, Jiménez Espriú dijo que son expertos en el diseño de espacios aéreos y señaló que hay un documento que contiene los nombres de ellos, y está en la página electrónica.
Precisó que la mejor opción no se está planteando, en función del tiempo, sino de la operatividad. “Hay que ver los distintos tipos de impacto. Uno es el impacto sobre la Ciudad de México, el del agua, por ejemplo, que hace que la ciudad se hunda”.
—¿Qué opina de la posición de la calificadora Moody’s, de que la cancelación del nuevo aeropuerto pudiese ser un riesgo clave para el perfil crediticio del sector aeroportuario del país?
—Tomamos muy en cuenta esto y, como usted puede ver, en el documento que presentamos, en cuanto a ventajas y desventajas, está considerado desde luego este aspecto, entre otros.
—Durante el sexenio, ¿habrá constructores favoritos y cuál será el papel de Riobóo?
—En otras obras, no sé. Todas las licitaciones serán transparentes, abiertas. No hay licitaciones con constructoras con perfiles definidos.
En el caso del aeropuerto, si se decidiera por esa opción, habría un claro conflicto de intereses. No debe participar el Grupo Riobóo en la construcción del aeropuerto”.
—¿Hubo visita de inspección al lugar, a Santa Lucía?
—Fue una visita que se hizo en coordinación con la Fuerza Aérea Mexicana y un sobrevuelo para ver las condiciones desde el aire, pero, además, hubo una amplia visita a las instalaciones.
—¿ Cómo será la consulta?
—No está definido. Será en función de cómo se den los pasos previos. Dijimos que primero íbamos a consultar a organizaciones técnicas. Ya tienen toda la información; y estamos en contacto con organizaciones de ingenieros, con las Cámaras, a través del Consejo Coordinador Empresarial.
Ayer Excélsior publicó que el equipo de López Obrador tenía listo el proyecto para la terminal de Santa Lucía.
Transformar esta terminal militar tendría un costo de 66 mil 878 millones de pesos, y los montos más importantes serían para invertir en vialidades que conecten a la terminal y de obras inducidas.
En la propuesta para conectar la terminal aérea con la Ciudad de México se considera construir un viaducto elevado en el Circuito Exterior Mexiquense; contaría con cuatro carriles para autos y dos carriles confinados para autobuses.
Ningún experto tiene más credibilidad
Javier Jiménez Espriú habló ayer del equipo de técnicos que asesoran el tema al equipo el Presidente electo, en el que hay especialistas chilenos, y de MITRE, instancia que señaló que había cierto problema si se intentaba operar dos terminales aéreas en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
No se trata de comparar credibilidades: los chilenos o los mexicanos. Hay un grupo de técnicos mexicanos que lo ha planteado también, no sólo del espacio aéreo, sino de la instrumentación en tierra; hay una polémica interesante en este sentido, que es lo que estamos analizando. No es que tenga un grupo más credibilidad que el otro”, precisó.
En la página de internet del Presidente electo aparecen los nombres de los asesores chilenos del proyecto de aeropuerto en Santa Lucía: Jaime Arnaldo González Norambuena, controlador de tráfico aéreo, y Jesús Pedro Sánchez Cvitanic, funcionario de Servicios Aeronáuticos.
-De la Redacción
Prevén pistas de cuota y más metrobuses
Si continuara la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de de Mexico (NAIM), se construirán obras viales y se extenderán líneas de Metrobús y Mexibús con inversiones superiores a 37 mil mdp.
El monto incluye la rehabilitación de vialidades de acceso controlado y de autopistas que rodean el terreno donde se construye la terminal, que tiene un avance de 31% en su edificación.
El plan de movilidad incluye siete obras viales, entre ampliaciones de vías, construcción de segundos pisos y extensiones de autopistas de cuota.
Serán extendidas dos líneas del Metrobús y dos del Mexibús; el plan de conectividad terrestre no considera la construcción de una línea de tren o del Metro hacia la nueva terminal.
El plan de vialidades y de acceso en transporte público fue elaborado por la Secretaría de Comunicaciones e incluido en el compendio de información del equipo de Andrés Manuel López Obrador, el cual fue publicado en la página oficial del Presidente electo.
EN AUTO, CON PEAJE
Los accesos en automóvil están divididos en siete rutas, en su mayoría segundos pisos y pistas de peaje.
La ruta 1 para arribar al NAIM partirá del Viaducto Miguel Alemán y tendrá una longitud de 18.5 kilómetros e incluye la construcción del segundo piso en Circuito Interior de Viaducto a Ignacio Zaragoza; además incluye el reencarpetamiento de Circuito Interior y la Avenida 602 (Vía Tapo), la ampliación de la Autopista México-Texcoco de cuatro a seis carriles y dos entronques.
La obra costaría cuatro mil 200 millones de pesos de inversión privada y mil 885 de recursos públicos. Sólo el tramo de la Avenida 602 será de peaje.
La Ruta 2 partirá de Periférico Sur, a la altura de Muyuguarda, con una extensión de 26.4 kilómetros, y constará de un segundo piso en Periférico Oriente, incluida Calle 7, que bordea Pantitlán, para conectar con el Periférico Arco Norte e ingresar a la pista a Texcoco
El costo de esta obra será de 13 mil 740 millones de pesos, 12 mil 740 de la IP y mil de recursos públicos. Se espera esté concluida en 2020. En su mayoría, esta ruta de ingreso será de peaje.
Las rutas 3, 4 y 5 incluyen extensiones y rehabilitación del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) para permitir el acceso libre desde el Periférico Oriente, la Avenida 602 y la Avenida Central al Aeropuerto, todas con un monto de mil 670 mdp. Las rutas 3 y 4 serán de peaje y la cinco de acceso libre.
La Ruta 6 será la rehabilitación de la autopista Pirámides-Texcoco, para que sea de cuatro carriles. El ingreso será de peaje.
La Ruta 7 prevé la construcción de un segundo piso de 14.5 carriles en la avenida Siervo de la Nación (que se construye sobre el entubamiento del Gran Canal) para conectar con la autopista Nucalpan-Ecatepec (a la altura de Altavilla) y conectar con la pista Naucalpan-Ecatepec, que conectará con el CEM. La obra costará, en su totalidad, 12 mil mdp de inversión privada. Será ruta de peaje.
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Para el acceso en transporte público se tiene considerado ampliar cuatro rutas de autobuses confinados.
La ruta de Mexibús desde Ciudad Azteca tendrá una extensión de su carril confinado de ocho kilómetros. Costará 860 mdp.
La línea 3 del Mexibús será extendida ocho kilómetros desde Pantitlán, con 860 mdp de costo.
La Línea 6 de Metrobús tendrá una extensión de 13 kilómetros desde Villa de Aragón y costará mil 560 millones de pesos. La Línea 4 de Metrobús se extenderá 11 kilómetros desde el actual Aeropuerto y tendrá un costo de mil 320 mdp.
El programa de vialidad y accesos al NAICM, elaborado por la actual SCT, no considera la extensión de alguna línea del Metro o del Tren Suburbano.
-Arturo Páramo
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Aconseja Cepal fijar “caso por caso” inversión de IP
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El esquema que plantea el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que las empresas aporten 20 pesos por cada uno del gobierno federal para inversión en infraestructura es una señal positiva e importante, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Al respecto, la bancada de Morena en el Senado garantizó a los empresarios que no habrá cambios en el régimen fiscal, gasolinazos, ni nuevos impuestos; además, combatirá prácticas fraudulentas y de corrupción, esto como parte de los incentivos para que todos tengan la oportunidad de invertir en los proyectos de desarrollo del nuevo gobierno.
Sin embargo, no todo es bueno, pues desde el punto de vista de la titular de la Cepal, antes se debe revisar qué porcentaje debe ser privado y qué público.
“Eso se debe analizar caso por caso; qué tipo de orientación tiene la inversión que se está proyectando y hacia dónde va dirigida”, dijo al dar a conocer el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018.
Señaló que seguramente se está haciendo el análisis de todas las inversiones que podrían potenciarse en México, empezando por la conectividad, “por ejemplo, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, el tren del sureste o la franja norte. Creo que hay un programa importante de infraestructura”, dijo.
En entrevistas por separado, Ricardo Monreal, Cristóbal Arias y Martí Batres, aspirantes a la presidencia del Senado, afirmaron que los empresarios tendrán certeza jurídica y se responderá al interés de la iniciativa privada para que se reactive la economía y se facilite la inversión.
Monreal dijo que no habrá más gasolinazos y desde el Senado se vigilará que “no haya letra chiquita” en la Ley de Ingresos que impliquen un aumento.
Arias Solís coincidió en que los empresarios requieren certeza jurídica, por eso desde el Senado se cumplirá el compromiso de López Obrador de acabar con los diezmos o moches, combatir la corrupción y que no se les pidan comisiones por debajo de la mesa.
RATIFICA CALIFICACIÓN
La agencia HR Ratings ratificó la calificación de deuda soberana de México de largo plazo en HR A- (G) y de corto plazo en HR2 (G), y mantuvo la perspectiva estable, debido al adecuado nivel del balance financiero, pero también por la percepción de que existe un amplio compromiso político para mantener políticas fiscales y monetarias prudentes.
Destacó el hecho de que las elecciones presidenciales se desarrollaron de manera “ordenada” y estimó que la renegociación del TLC dará “mayor certeza y estabilidad”, además de incentivar la inversión.
Comentó que un cambio de rumbo en la reforma energética y medidas “negativas” en torno al Nuevo Aeropuerto internacional de México podrían afectar “la confianza de los mercados y desalentar el flujo de inversión privada, necesaria para complementar la inversión pública e incrementar el gasto social”.
La Cepal estima que México crecerá 2.2 por ciento en 2018, ligeramente arriba de 2017, pero por debajo de la previsión de 2.3 contemplada en abril pasado, en un entorno de gran incertidumbre internacional por tensiones comerciales.
Bárcena señaló que el crecimiento de México ha estado sustentado en las exportaciones.
AMLO obligará a abrir patrimonio a sindicatos
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Aun cuando en fecha reciente declaró que habrá respeto hacia los sindicatos, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hará obligatorio que líderes sindicales y de asociaciones civiles que reciban recursos públicos, tengan que transparentar sus declaraciones patrimoniales y que éstas sean públicas.
López Obrador contempla un plan para acabar con conflictos de interés, en el que plantea una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para crear una ley federal de combate de conflictos de interés.
En dicha ley, según el proyecto del presidente electo, se establecerá un sistema universal de declaración patrimonial y declaración jurada al que tendrán que someterse todos los funcionarios públicos: “Participarán, sin excepción alguna, todos los funcionarios públicos, representantes populares, jueces, magistrados, militantes y funcionarios de partidos políticos, de sindicatos y miembros de asociaciones civiles y cualquier otra persona física o moral que utilice, recaude, resguarde, gestione dinero o que asuma obligaciones públicas y de naturaleza pecuniaria en nombre del gobierno de la República”, indica la propuesta.
La iniciativa incluye la instauración de tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión, así como fortalecer las disposiciones sancionadoras en materia de conflictos de interés en la actual legislación.
“Habría que complementar este sofisticado régimen de sanciones con un nuevo diseño institucional que permita hacerlas efectivas. El pésimo diseño institucional para la rendición de cuentas ha garantizado a todos los funcionarios públicos que delinquen en este aspecto, total impunidad”, detalla el documento que no precisa las sanciones específicas que podrían imponerse a quien no presente sus declaraciones patrimoniales.
El objetivo de los cambios a la ley obliga a todos los funcionarios a: presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos, que será pública y transparente en todos los casos. Esto, para eliminar los conflictos de interés desde raíz.
El equipo de López Obrador toma el ejemplo de Estados Unidos, según el documento, en el que los funcionarios públicos, además de declarar sus posesiones, también las modifican de manera radical para prevenir cualquier posible conflicto de interés en el futuro.
La reforma, que entraría en vigor en la próxima administración, busca también que la Constitución establezca una separación absoluta y categórica entre la función pública y los intereses particulares.
Así, para poder ocupar cualquier cargo público, judicial, de arbitraje en los órganos autónomos, o de representación popular, las personas interesadas deberán deshacerse de forma legal e irrevocable de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas.
Por tanto, quedaría “estrictamente prohibido que cualquier funcionario público y sus familiares hasta en un cuarto grado de consanguinidad se vinculen al amparo de su cargo público con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocios privados”.
En el documento se critica que instancias facultadas para castigar a los servidores públicos, como la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República (PGR), no tienen ninguna independencia del Presidente de la República. Además de que las instancias independientes, como la Auditoría Superior de la Federación o el Congreso de la Unión, se encuentran sumamente limitadas en sus facultades de investigación y de sanción.
El proyecto completo, no sólo el que se refiere a abrir las declaraciones patrimoniales, busca un ahorro de 764 millones 239 mil pesos para la próxima administración con el objetivo de eliminar los conflictos de interés.
Esto incluye acabar con el costo de los sobornos, la simulación en el cumplimiento de los requisitos para participar en contrataciones públicas, las dádivas a los servidores públicos a cambio de beneficios en la asignación de contratos, y otras irregularidades para obtener ventajas económicas o beneficios ilegales.
Según el proyecto, esa cifra es resultado del cálculo de que la corrupción en compras y licitaciones a nivel nacional equivale a siete veces el presupuesto anual que recibe la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), equivalente en 2017 a 109 millones 177 mil pesos.
México y EU prolongan suspenso sobre el TLCAN
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Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, señaló que una vez acordados los temas espinosos entre ambas naciones, la idea es incorporar a Canadá. | Reuters. |
Daniel Blanco
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo este jueves que funcionarios mexicanos y de Estados Unidos podrían extender las conversaciones bilaterales para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hacia el fin de semana e incluso hasta la próxima semana.
“Básicamente las negociaciones son altamente complejas, estamos intentando tener todas las soluciones que son requeridas, y estamos muy avanzados, y no estamos ahí aún… Yo creo que, la verdad, estaremos hablando de que estamos en una recta (para finalizar las renegociaciones bilaterales) que bien nos puede llevar sobre el fin de semana y la siguiente semana”, apuntó Guajardo al salir de las renegociaciones.
El funcionario agregó que, una vez acordados los temas espinosos entre ambas naciones, la idea es incorporar a Canadá, el tercer socio del TLCAN.
El secretario aseveró que la única forma en la que podrían sumar a Canadá a la ecuación de las discusiones a la brevedad sería continuar con los trabajos en los próximos días.
"Necesitamos que se sume Canadá y la única manera de que pase es si continuamos el fin de semana y la próxima semana”, externó Guajardo.
Por su parte, la ministra de de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que su país necesita concordar con las conclusiones a las que lleguen México y EU en dichos temas espinosos, entre ellos las reglas de origen de la industria automotriz.
El miércoles, Guajardo había declarado que un acuerdo podría llegar en las próximas horas o días, pero el discurso cambió y la fecha más cercana para un posible acuerdo con EU sería el fin de semana.
En tanto, Jesús Seade, encargado de la negociación del TLCAN en el equipo de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, dijo al exterior de la casa de transición que la cláusula sunset -que pretende una revisión del acuerdo trilateral cada 5 años- "va para afuera" del Tratado.
Con información de Anabel Clemente y Reuters*
Fracasó el gran proyecto para bloquear celulares robados
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(Primera Parte)
La Campaña Nacional para el Reporte y Bloqueo de teléfonos Celulares, apuesta para combatir el robo de los móviles que involucró un acuerdo de telefónicas, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y procuraduría del país, comenzó su declive y se encuentra en el olvido, inoperante para combatir este delito.
Hace 8 años se planteó que a través del IMEI, una clave única de cada aparato, se inutilizara completamente cualquier celular robado y así dejaran de ser un objeto atractivo de hurto. Hace 4 años se realizaron intensas campañas para que este mecanismo funcionara y se multiplicara. Y sí, en efecto, el número de celulares desactivados, aunque en forma discreta, creció año con año hasta 2016, cuando alcanzó 892 mil 316 aparatos. Pero el último reporte, el de 2017, muestra sólo 786 mil 977 en el año, 12 por ciento menos que el año anterior.
Peor aún, esto pasó desapercibido debido a que los datos no están a la vista de Ifetel ni de las organizaciones civiles, como el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que apoyó el proyecto en su arranque. El seguimiento a la gran campaña contra el robo de celulares ni siquiera quedó en manos de las compañías telefónicas, sino en la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), una asociación civil de las telefónicas que mantiene la concentración de datos a nivel nacional pero que a 8 años de iniciar aquel proyecto no puede “por problemas técnicos de los datos” hacer una radiografía de este delito por estado. Sólo tiene un dato bruto del reporte nacional.
Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo de Ciudadanos CDMX, señalaba que el crecimiento en el número de celulares bloqueados por IMEI era notorio y un buen síntoma porque se tenía avances y un promedio de cancelación mayor cada mes, “sin embargo, éste es un mercado de 103 millones de líneas de telefonía celular, así que, aunque se habían registrado meses con un aumento del 500 por ciento en cancelaciones, aún así no íbamos a la velocidad que quisiéramos. Es importante recordar que fue precisamente el Consejo Ciudadano el que impulsó esta iniciativa y durante los últimos cinco años hemos trabajado mucho con la Anatel para mejorar”.
Para el presidente del Consejo, la clave del proyecto era denunciar el robo y evitar así la compra del dispositivo en el mercado ilegal. Una idea con la que difícilmente se podría estar en contra, pero es el Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, también consultado por Crónica, quien señala la posible razón del fracaso: “Cuando inició el bloqueo por IMEI yo tuve que hacer el procedimiento 8 veces antes de lograrlo; los ciudadanos debemos mejorar la cultura de la legalidad, cumplir las normas, pero la autoridad debe ayudar con procesos sencillos”.
Paradójicamente, el proyecto pretendía abarcar a los celulares extraviados, pero ni así se evitó que perdiera impulso.
¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO? El Ifetel fue consultado sobre el seguimiento del proyecto de bloques de IMEI. Argumentó que a pesar de ser firmante del acuerdo que dio origen al proyecto IMEI y de ser el órgano que regula a las compañías telefónicas, éstas no tienen una obligación para compartir con el instituto datos sobre los teléfonos bloqueados: “Las cifras las comparten los mismos operadores (compañías) porque como tal, ellos son los que realizan el bloqueo cuando los usuarios los reportan como robados. Nosotros no tenemos los datos”, dijo el departamento de Comunicación Social.
Al consultar a las tres compañías de telefonía móvil que operan en México y que en conjunto conforman más del 90 por ciento del mercado, Telcel, Movistar y AT&T, argumentaron que los datos sobre el número de celulares dados de baja a través del IMEI por robo sólo pueden ser conocidos a Anatel, que dirige Gabriel Székely.
“Las compañías tenemos los datos pero no los hacemos públicos, sólo a través de la Anatel”, respondió el área de Comunicación y Prensa de AT&T, mientras que Telcel y Movistar no dieron mayor detalle.
Por separado, la Anatel otorgó las cifras sobre el número de celulares robados anualmente que acompañan estas líneas, sin embargo no ofreció el detalle desagregado a nivel estatal. Cuando se le pide una mayor desagregación responde: “Existen problemas técnicos y metodológicos para obtener el dato a nivel estatal, por ejemplo, los usuarios itinerantes”.
En cuanto al nivel de detalle de los datos de celulares desactivados, Wertmal aspira a un nivel de abismalmente mayor que el logrado por Anatel: “Necesitamos crear una base de datos por Estado, por ciudad y hasta por comunidad. Tenemos ya muchos datos (al menos el Consejo Ciudadano tiene una base muy completa) para que sea accesible tanto para las autoridades como para las empresas”.
Wertmal indica que “nosotros dimos el primer paso hace casi dos años, al compartir nuestra base de números comprobados que se usan para algún tipo de extorsión con Plataforma México (Comisión Nacional de Seguridad). También hablamos, en el caso de robo a celular, que alcanza 75 por ciento del robo a transeúnte, el delito número uno en los últimos siete años a nivel nacional”.
“Inhabilitar el celular por medio del IMEI es una tarea que recae mucho en nosotros como usuario. Hay que presionar a la compañía para que cancele el IMEI y denunciar con el objetivo de que ese aparato no pueda ser usado para un crimen o revendido en el mercado ilegal; si se usa el acta sólo para reponer el dispositivo, nosotros mismos alimentamos el delito”, concluye Wertmal.
Un dato bruto, nacional, en declive y de poca utilidad para entender este delito. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 81 millones de personas en México tienen acceso a un teléfono celular. El mercado en realidad puede rondar los 103 millones de aparatos.
Miguel Ángel Mancera en 2017 se quejó de la ausencia de mecanismos para desalentar el mercado de celulares robados, refería que en un par de operativos se habían incautado 30 mil aparatos de dudosa procedencia.
“Finalmente lo que genera es un mercado ilícito en un contexto lícito: para vender celulares en un tianguis, tienes que pagar corrupción de autoridades para que no vean”, señala por su parte Francisco Rivas, “y eso tiene que ver con cómo se establecen las redes de corrupción, así que debe ser considerado un delito relevante”. Mañana, una última entrega sobre este tema.
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Exhibe PT como cachirules a 35 que ganaron curul con sus siglas
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| Jorge Álvarez Máynez Representante de MC ante el INE. Foto: Especial |
Jorge Butrón
El Partido del Trabajo (PT) acusó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que Morena, su aliado en la coalición Juntos Haremos Historia, con la que contendió en la pasada elección del 1 de julio, postuló a 35 candidatos emanados de sus filas, pero bajo las siglas petistas. Lo anterior, afirman es contrario a la ley y podría derivar en una sobrerrepresentación morenista en el Congreso de la Unión.
Jorge Álvarez Máynez, representante de Movimiento Ciudadano ante el INE, indicó en entrevista para La Razón, que fue el propio PT el que denunció el fraude, pues les quitaron lugares a militantes petistas para dárselos a sus compañeros de agenda legislativa.
“Lo que es muy extraño es que quien denuncia este hecho, quien exhibe el fraude a la ley es el propio Partido del Trabajo, porque presenta una lista de 35 diputados de Morena, aparentemente asignados al PT, pero son de Morena; entre ellos hay dos que suenan para coordinar la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que son Mario Delgado y Pablo Gómez. Eso es una evidencia de fraude a la ley”, destacó.
Aseveró que Morena quiere la mayoría absoluta para modificar la Constitución, pero no contaron que fuera el mismo PT quien se quejaría por el “agandalle” de sus candidatos y posiciones; “Entre más control tengan, también van a tener mayor control en temas presupuestales y de absurdos que vayan ocurriéndoseles en el camino, pero se violan los derechos de varios ciudadanos al no tener ese acceso a la Cámara de Diputados”, dijo.
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En este sentido, los nombres de los 35 “cachirules” como lo señala Álvarez Máynez, fueron publicados por el PT a través de un documento, el cual el propio Máynez publicó en su cuenta de Twitter. Gráfico: La Razón de México
En la lista figuran nombres como: Pablo Gómez Álvarez y Mario Delgado Carrillo, por la Ciudad de México; Indira Vizcaíno Silva, por Colima; Sergio Mayer Bretón, también por la Ciudad de México, y Azael Santiago Chepi, de la CNTE, por Oaxaca, entre otros.
El documento, firmado por Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo ante el INE, señala: “candidatos a diputados por mayoría relativa que se encuentran enlistados en este documento y siglados al Partido del Trabajo en el convenio de coalición Juntos Haremos Historia, no tienen origen partidario el PT y no fueron elegidos conforme a los procedimientos internos del mismo instituto político”.
Al reiterar que estos legisladores no formarán parte de la bancada del PT sino de Morena,
Álvarez Máynez aseguró que alistan impugnar la distribución para que Morena no tenga sobrerrepresentación. Además, advirtió que en la misma situación está Encuentro Social, del que calcula 45 lugares.
“Tenemos dos días para impugnar el acuerdo de distribución y acudirlo al Tribunal. Lo vamos a hacer varios partidos”, indicó.
“Lo que es muy extraño es que quien denuncia este hecho, quien exhibe el fraude a la ley es el propio Partido del Trabajo”
Jorge Álvarez Máynez
Representante de MC ante el INE
El representante ante el INE adelantó que el resolutivo para la impugnación debe quedar listo a más tardar la próxima semana, ya que los legisladores toman posesión el próximo 29 de agosto; por ello esperan que sea el 28 cuando sesione el Tribunal y les den el fallo, por ello presentarán la queja a más tardar este sábado
En el documento que el PT presentó ante el INE también explica que se le deben asignar 9 diputados de representación proporcional (pluris) y no tres como le otorgaron bajo el argumento de que, debido a que ganó 57 distritos electorales, haberle dado esa cantidad de legisladores de representación proporcional habría generado una sobrerrepresentación petista.
El Dato: Gerardo Fernández Noroña llegó a San Lázaro por el PES, pero representará al Partido del Trabajo.
Y albiazul alista en TEPJF impugnación
Damián Zepeda, líder nacional del PAN, anunció que presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una impugnación en contra de la coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena, por la sobrerrepresentación que tendrá en el Congreso.
“Tuvieron un voto, ganaron distritos de mayoría, perfecto, ya los tienes. No puedes con plurinominales, tener más porcentaje de representación en el Congreso de los votos que tuviste. Está mal que, si tuviste 40 y tantos por ciento de los votos, tengas 60 y tantos por ciento en la Cámara”, señaló.
Entrevistado en el marco de la reunión plenaria de los diputados del albiazul, aseguró: “hasta por oficio, el PT está reconociendo que, habían metido candidatos que no eran de ellos, y que eran de Morena. O sea, hay una simulación que hicieron para después poder estar sobrerrepresentados”.
ONU propone asesoría para uso de drogas
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| Corrupción, crimen y terrorismo, temas necesarios de tocar, dice representanteAntonio De Leo, dispuesto al diálogo. FOTO: ESPECIAL |
DIANA MARTÍNEZ
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México está dispuesta a asesorar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la despenalización de drogas y otros temas como crimen organizado, corrupción y terrorismo.
Así lo señaló a El Heraldo de México, Antonino De Leo, representante de la Oficina de Enlace de UNODC en México, al ser cuestionado sobre el anuncio de la virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que propondrá a Naciones Unidas una nueva pauta interpretativa para despenalizar las drogas.
“Me encantaría poderme reunir a la brevedad con los miembros del nuevo gobierno para poder conversar el asunto”, dijo De Leo.
El Informe Mundial de Drogas 2018, publicado recientemente por la UNODC, señala que la mariguana fue la sustancia más consumida en 2016, con 192 millones de personas que la usaron al menos una vez en ese año.
Los consumidores de esta droga aumentaron un 16 por ciento en una década, según este documento, mientras que el uso de fármacos sin prescripción médica se convirtió en una amenaza para la salud pública.
El informe indica que los opiáceos representan el 76 por ciento de las muertes asociadas a consumo de sustancias psicoactivas.
Eduardo López Betancourt, investigador de la UNAM, aseguró que la ONU debería realizar una convocatoria para crear nuevas normas para la regulación de las drogas.
“Las declaraciones de la ministra en retiro me parecen muy adecuadas para nuestro tiempo, el tema ya está en el ámbito internacional, 30 estados de la unión americana dándole ese sentido de legalidad, países como Uruguay ya en ese compromiso, Europa nos marcó el sendero hace 30 años con Holanda”, dijo el profesor.
El experto dijo que anteriormente la UNODC tenía una opinión de rechazo a los narcóticos, pero actualmente ya existe apertura para regular su consumo y manejarse en otra política.
“Hasta hace 20 años, la política de la Oficina de las Drogas era sumamente cruel y marcaba el principio ‘no a las drogas’, actualmente su principio es legalización y ya es una realidad, la UNODC recomienda estudiar el tema”, aseguró.
El penalista dijo que se debe hablar incluso de legalizar las drogas: “Despenalizar es quitar penas y no se trata de eso, seguiremos castigando cuando vendan drogas a menores”.
Sánchez Cordero precisó que no se trata de legalizar las drogas y que los tratados que se tienen con otros países en materia de combate a los narcóticos son punitivos y restrictivos, por lo que se requiere replantearlos.
Nueva presión de EU en tema automotor complica TLCAN
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El gobierno de Trump quiere libertad para gravar con un arancel de 25% los autos mexicanos producidos en nuevas plantas, lo que causó fricciones en las pláticas bilaterales.
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Nuevas condiciones para el sector automotriz introducidas en las últimas horas de las pláticas México-Estados Unidos para un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) elevaron la complejidad de las negociaciones y complicaron la consecución de un acuerdo de acuerdo con medios estadounidenses.
Por un lado, Estados Unidos quitaría la posibilidad de imponer un arancel de 25% a las importaciones de autos y autopartes originarias de México, si ambos países logran un acuerdo para actualizar el TLCAN, informó el sitio especializado en información comercial Inside U.S. Trade. Los autos producidos en México que no cumplan con las nuevas reglas de origen del TLCAN tendrían que pagar un arancel de Nación Más Favorecida (NMF) de 2.5%, tal como ocurre ahora, siempre y cuando sean ensamblados en plantas actualmente en operación.
Pero en el caso de que Estados Unidos incrementara la tasa de NMF a 25%, esa tarifa arancelaria sí sería aplicada a los autos producidos en futuras plantas nuevas de México, condición que causó fricciones entre los negociadores de ambos países, de acuerdo con fuentes al tanto consultadas por la agencia Reuters.
Expertos de la industria dicen que sería más rentable para los fabricantes de vehículos de motor y autopartes pagar el arancel de NMF de la OMC, de 2.5%, en lugar de cumplir con engorrosos requisitos de las normas de origen del TLCAN (vigentes o próximos).
La manera en que la administración de Trump planea subir ese nivel arancelario es a través de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, un recurso legal que ya usó para aumentar las tarifas a la importación de acero y aluminio y que otros miembros de la OMC han acusado de violar las normas de la OMC.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, inició el 23 de mayo una investigación sobre si las importaciones de automóviles, camionetas, autopartes y camiones livianos representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que podría concluir en la fijación de aranceles globales a esos productos.
La Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 (modificada) a veces se denomina “cláusula de seguridad nacional”, le otorga al presidente capacidad de imponer restricciones a las importaciones que el secretario de Comercio determina que amenazan con dañar la seguridad nacional.
A finales de junio, el gobierno de México comunicó a la Casa Blanca que se mantendrá vigilante ante cualquier restricción comercial injustificada derivada de la Sección 232 y ejercerá sus derechos para garantizar que la industria automotriz mexicana no se vea adversamente afectada por los resultados finales de esta investigación.
“En última instancia, esto podría dañar a la industria automotriz de Estados Unidos y socavar aún más las relaciones económicas mundiales que son vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Guillermo Malpica, representante de la Oficina del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Washington, DC, de la Secretaría de Economía.
Cambian normas
Según reportes de prensa, México aceptó elevar de 62.5 a 75% el contenido regional para que un automóvil pueda ser comercializado en la región sin pagar aranceles.
México habría aceptado en general la propuesta de Estados Unidos de pedir que 40% del contenido de un automóvil o 45% de una camioneta pick up se fabrique utilizando mano de obra pagada de 16 dólares o más por hora para beneficiarse de las ventajas arancelarias del TLCAN, un umbral en que México está bastante lejos de cumplir, con pagos por alrededor de 3 dólares la hora.
Adicionalmente, 70% del acero, el aluminio y el vidrio utilizados en los autos debe proceder de América del Norte, a la vez que el requisito de contenido de valor regional general será gradual en tres años.
Estados Unidos y México acordaron también que los salarios de los trabajadores dedicados a la investigación y el desarrollo, el mercadeo y las ventas podrían representar hasta 15% del salario laboral requerido para vehículos de pasajeros y 20% para camiones ligeros.
¿Estrategia negociadora?
El presidente Donald Trump ha criticado el desequilibrio entre Estados Unidos y la Unión Europea en el comercio automotriz, al igual que con otros de sus principales socios comerciales.
Trump ha destacado los niveles de tarifas dispares. Para la importación de automóviles, la tarifa de la Unión Europea es de 10% y la de Estados Unidos de 2.5%; en tanto que para los camiones, con menores flujos comerciales, son respectivamente de 22 y 25 por ciento.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Estados Unidos expresó su preocupación por posibles “consecuencias imprevistas para los trabajadores manufactureros estadounidenses que limitarán la posibilidad de que los estadounidenses ganen”.
Algunos analistas han opinado que la investigación es una maniobra táctica de la administración Trump para presionar a los negociadores de socios comerciales.
En contraste, al menos tres grupos han expresado su apoyo a medidas restrictivas a las importaciones de automóviles: United Automobile Workers, United Steelworkers y Forging Industry Association.
GM, Ford y FCA aplauden reglas de origen más estrictas
Las reglas más estrictas sobre contenidos de autos que están surgiendo de las negociaciones del TLCAN deberían mantener a Norteamérica como una base de producción competitiva, así como a General Motors, Ford y Fiat Chrysler a nivel global, dijo el jefe de su grupo comercial.
Matt Blunt, presidente del American Automotive Policy Council, dijo a los periodistas en una teleconferencia que está “muy animado” con la dirección de las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y México sobre las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Asimismo, afirmó que las tres firmas locales podrán cumplir con los nuevos requisitos a lo largo del tiempo.
“Ciertamente nos reservamos el derecho a ver los detalles finales, pero estamos esperanzados en que la discusión sobre las reglas de origen acabe en un futuro cercano”, dijo Blunt.
“Y, con base en el conocimiento que tenemos de las discusiones, es algo que permitiría que Norteamérica siga siendo competitiva y que nuestras compañías sean competitivas en la economía automotriz global”, agregó el ejecutivo.
De aceptarse la propuesta del gobierno de Trump, la regla de origen regional automotor se elevaría de 62.5 a 75%, con un componente de 40% de contenido producido en regiones de altos salarios para el caso de los autos ligeros y de 45% para el caso de las pick ups. (Con información de Reuters)
Fue prioritario promover cambios y romper con modelos obsoletos
Ante el complejo escenario económico que enfrentaba el país fue necesario impulsar la reforma hacendaria y aumentar el precio de la gasolina. Sostiene que un gobierno nunca parte de cero y el legado para la próxima administración será mantener lo positivo y modificar lo que no da resultados
Por un lado, Estados Unidos quitaría la posibilidad de imponer un arancel de 25% a las importaciones de autos y autopartes originarias de México, si ambos países logran un acuerdo para actualizar el TLCAN, informó el sitio especializado en información comercial Inside U.S. Trade. Los autos producidos en México que no cumplan con las nuevas reglas de origen del TLCAN tendrían que pagar un arancel de Nación Más Favorecida (NMF) de 2.5%, tal como ocurre ahora, siempre y cuando sean ensamblados en plantas actualmente en operación.
Pero en el caso de que Estados Unidos incrementara la tasa de NMF a 25%, esa tarifa arancelaria sí sería aplicada a los autos producidos en futuras plantas nuevas de México, condición que causó fricciones entre los negociadores de ambos países, de acuerdo con fuentes al tanto consultadas por la agencia Reuters.
Expertos de la industria dicen que sería más rentable para los fabricantes de vehículos de motor y autopartes pagar el arancel de NMF de la OMC, de 2.5%, en lugar de cumplir con engorrosos requisitos de las normas de origen del TLCAN (vigentes o próximos).
La manera en que la administración de Trump planea subir ese nivel arancelario es a través de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, un recurso legal que ya usó para aumentar las tarifas a la importación de acero y aluminio y que otros miembros de la OMC han acusado de violar las normas de la OMC.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, inició el 23 de mayo una investigación sobre si las importaciones de automóviles, camionetas, autopartes y camiones livianos representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que podría concluir en la fijación de aranceles globales a esos productos.
La Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 (modificada) a veces se denomina “cláusula de seguridad nacional”, le otorga al presidente capacidad de imponer restricciones a las importaciones que el secretario de Comercio determina que amenazan con dañar la seguridad nacional.
A finales de junio, el gobierno de México comunicó a la Casa Blanca que se mantendrá vigilante ante cualquier restricción comercial injustificada derivada de la Sección 232 y ejercerá sus derechos para garantizar que la industria automotriz mexicana no se vea adversamente afectada por los resultados finales de esta investigación.
“En última instancia, esto podría dañar a la industria automotriz de Estados Unidos y socavar aún más las relaciones económicas mundiales que son vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Guillermo Malpica, representante de la Oficina del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Washington, DC, de la Secretaría de Economía.
Cambian normas
Según reportes de prensa, México aceptó elevar de 62.5 a 75% el contenido regional para que un automóvil pueda ser comercializado en la región sin pagar aranceles.
México habría aceptado en general la propuesta de Estados Unidos de pedir que 40% del contenido de un automóvil o 45% de una camioneta pick up se fabrique utilizando mano de obra pagada de 16 dólares o más por hora para beneficiarse de las ventajas arancelarias del TLCAN, un umbral en que México está bastante lejos de cumplir, con pagos por alrededor de 3 dólares la hora.
Adicionalmente, 70% del acero, el aluminio y el vidrio utilizados en los autos debe proceder de América del Norte, a la vez que el requisito de contenido de valor regional general será gradual en tres años.
Estados Unidos y México acordaron también que los salarios de los trabajadores dedicados a la investigación y el desarrollo, el mercadeo y las ventas podrían representar hasta 15% del salario laboral requerido para vehículos de pasajeros y 20% para camiones ligeros.
¿Estrategia negociadora?
El presidente Donald Trump ha criticado el desequilibrio entre Estados Unidos y la Unión Europea en el comercio automotriz, al igual que con otros de sus principales socios comerciales.
Trump ha destacado los niveles de tarifas dispares. Para la importación de automóviles, la tarifa de la Unión Europea es de 10% y la de Estados Unidos de 2.5%; en tanto que para los camiones, con menores flujos comerciales, son respectivamente de 22 y 25 por ciento.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Estados Unidos expresó su preocupación por posibles “consecuencias imprevistas para los trabajadores manufactureros estadounidenses que limitarán la posibilidad de que los estadounidenses ganen”.
Algunos analistas han opinado que la investigación es una maniobra táctica de la administración Trump para presionar a los negociadores de socios comerciales.
En contraste, al menos tres grupos han expresado su apoyo a medidas restrictivas a las importaciones de automóviles: United Automobile Workers, United Steelworkers y Forging Industry Association.
GM, Ford y FCA aplauden reglas de origen más estrictas
Las reglas más estrictas sobre contenidos de autos que están surgiendo de las negociaciones del TLCAN deberían mantener a Norteamérica como una base de producción competitiva, así como a General Motors, Ford y Fiat Chrysler a nivel global, dijo el jefe de su grupo comercial.
Matt Blunt, presidente del American Automotive Policy Council, dijo a los periodistas en una teleconferencia que está “muy animado” con la dirección de las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y México sobre las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Asimismo, afirmó que las tres firmas locales podrán cumplir con los nuevos requisitos a lo largo del tiempo.
“Ciertamente nos reservamos el derecho a ver los detalles finales, pero estamos esperanzados en que la discusión sobre las reglas de origen acabe en un futuro cercano”, dijo Blunt.
“Y, con base en el conocimiento que tenemos de las discusiones, es algo que permitiría que Norteamérica siga siendo competitiva y que nuestras compañías sean competitivas en la economía automotriz global”, agregó el ejecutivo.
De aceptarse la propuesta del gobierno de Trump, la regla de origen regional automotor se elevaría de 62.5 a 75%, con un componente de 40% de contenido producido en regiones de altos salarios para el caso de los autos ligeros y de 45% para el caso de las pick ups. (Con información de Reuters)
Veo tranquilo el futuro; mi actuación se apegó a la ley
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Ante el complejo escenario económico que enfrentaba el país fue necesario impulsar la reforma hacendaria y aumentar el precio de la gasolina. Sostiene que un gobierno nunca parte de cero y el legado para la próxima administración será mantener lo positivo y modificar lo que no da resultados
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| Siempre actué mirando por el bien del país, buscando mantener la credibilidad, la confianza y las variables macroeconómicas, sostiene el presidente Enrique Peña Nieto en entrevista con La Jornada.Foto José Núñez |
Ante una eventual persecución por cargos de corrupción una vez que deje la Presidencia, Enrique Peña Nieto se manifiesta tranquilo sobre su futuro, porque se ha conducido apegado a la ley. Advierte que si alguien en su administración actuó ilegalmente o fuera de la ética, tendrá que afrontar sus propias responsabilidades.
Sobre los proyectos de gobierno anunciados por Andrés Manuel López Obrador, dice desconocer la existencia de diferencias profundas con los impulsados en su sexenio, “más allá del tema educativo, de la retórica y algunas cosas de estilo’’.
Acerca de su partido, sostiene: “No soy adivino ni mago’’ para saber si el PRI volverá a la Presidencia. Acepta, sí, que el partido tiene un “estigma’’ ante la sociedad, de desgaste y de reproche. Y recomienda a ese instituto un cambio “de nombre y de esencia… si conserva los apellidos, entonces no funciona’’.
Asume haber asimilado los resultados del primero de julio con la entereza de ser un hombre de Estado, institucional, y estar preparado para buscar y felicitar al ganador.
Y aunque sabía de lo asertivo de las mediciones, dice, siempre cabía la última esperanza de que el resultado fuera distinto de como marcaban las tendencias electorales.
Por el mismo sendero de las definiciones políticas, y aceptando que un presidente es por definición el líder natural de su partido, Peña Nieto defiende la modificación de los estatutos del tricolor para designar a un candidato no militante.
“El PRI postuló a un gran candidato. Yo tengo las mejores calificaciones para él. José Antonio Meade fue mi colaborador. Ahora, qué pesó en esta elección: no el candidato… no hubo una causa única que impidió que el partido triunfara.”
En su despacho de Palacio Nacional, símbolo del Poder Ejecutivo en México, el presidente Peña charla con La Jornada cuando falta una semana para enviar al Congreso el Informe sobre el estado que guarda la administración federal.
–¿Qué experiencia le deja la Presidencia? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en estos años?
–Ha sido un gran honor, una enorme distinción y el más alto privilegio en mi vida y mi carrera política. Una responsabilidad donde las decisiones tienen un alcance tal que influyen y definen el derrotero, el curso del país en materia política, económica y social. Esto, acompañado (de la tarea) de enfrentar distintas coyunturas que son imprevisibles, como los sismos del año pasado y el caso Ayotzinapa, que fue horroroso y tuvo enorme resonancia. Temas de orden personal que también significaron desgaste, como el de la casa blanca.
“Vivimos un escenario complejo en lo económico; no porque enfrentáramos una crisis, sino porque encaramos bajo crecimiento mundial y la caída de los precios del petróleo. Esto nos llevó a impulsar la reforma hacendaria, pues sin ésta difícilmente habríamos sorteado el vendaval de la caída de los petroprecios, que se compensó con el incremento de la recaudación fiscal.”
La dependencia de las finanzas públicas, acota Peña Nieto, era altísima: representaba más de 40 por ciento, mientras el año pasado significó sólo 17 por ciento. Por esa causa “tuvimos que hacer ajustes muy serios al gasto’’ entre 2015 y 2017, del orden de 400 mil millones de pesos.
–¿Qué otras medidas se explican a la luz de ese panorama?
–Significó además decisiones, si bien impopulares, necesarias para cuidar la estabilidad económica, como liberar el precio de la gasolina. Pero me siento muy satisfecho por lo que logramos, con los resultados que tenemos en distintos ámbitos, aunque también con la insatisfacción de aquello que no conseguimos y no fuimos suficientemente asertivos para cumplir con las metas trazadas al inicio de la administración.
–¿Qué otros momentos particularmente complicados encaró?
–Cuando aceptamos la visita del entonces candidato Donald Trump, que no dejó un saldo favorable. Fue una decisión apresurada. Pero a la postre veo algo positivo: el haber tendido un puente de comunicación para permitir que nos mantengamos hoy sentados a la mesa renegociando un acuerdo de libre comercio.
“Y con las marcadas diferencias que tenemos en distintos temas. México ha sido puntual de en dónde hay otra visión respecto de la del Presidente Trump, como en el muro y quién lo paga. El país es claro en que no lo pagará, pero respeta la decisión de Estados Unidos de defender y proteger su frontera, dentro de su territorio, como mejor le convenga. Recordemos que ya hay mil kilómetros de muro en una frontera que tiene 3 mil kilómetros.
–¿Cómo concilia su actuación al frente del Ejecutivo con su convicción personal?
–Nadie dijo que desempeñar la Presidencia y el ejercicio del poder fueran tareas fáciles. Lo aprecias y asimilas cuando estás sentado en la silla. Puedo reconocer que no advertí o no tenía suficiente conciencia, como creo que nadie, hasta que llega aquí, del alcance de las decisiones políticas que hay que tomar.
Pero estaba consciente de que era una tarea compleja, un gran reto, y siempre mi actuación fue mirando por el bien del país. Cuidándolo, buscando que le fuera bien y mantener la credibilidad, la confianza y las variables macroeconómicas que luego resultan difíciles de explicar, de ser entendidas, porque cuando alguna variable se altera afecta la economía de las familias.
–¿A partir de ahí adopta las prioridades de su gestión?
–Estoy convencido de que quien llega al ejercicio de esta responsabilidad lo hace pensando en trabajar para el bien del país e impulsar la prosperidad y el bienestar. Así lo he hecho, ese ha sido el eje de todas mis decisiones y me he conducido con absoluta congruencia con lo que postulé siendo candidato.
“Nuestra prioridad fue promover una agenda de transformaciones, romper con paradigmas, con modelos económicos obsoletos, sobre todo en el sector energético, y sabía que los frutos no se verían en lo inmediato, a diferencia de otras, como telecomunicaciones, donde ya se ven resultados con el aumento en el número de usuarios de Internet y la disminución de los precios en la telefonía móvil.
–¿Volvería a impulsar el mismo proyecto?
–Sí, lo haría. Matizando que fue insuficiente en algunos eventos, como fueron atendidos y explicados; y quizá variaría un poco la manera en que lo hubiese hecho. Pero hay decisiones en las que no cambiaría cómo actué: liberar el precio de las gasolinas, no es que me arrepienta, era necesario, justo y equitativo, porque era insostenible seguir manteniendo un precio artificial para favorecer a los que tienen mayores ingresos; 30 por ciento de la población con mayores ingresos es la que consume 70 por ciento de la gasolina que se vende aquí.
Sabía el costo político que representaba, pero fue necesario adoptar la medida, más en la coyuntura que nos llevó a hacerlo, cuando ya teníamos una presión del gasto, (porque) mantener el subsidio nos habría llevado a hacer recortes en el presupuesto en política social, salud o educación. Era una u otra.
–¿Le frustra saber que algunas de las reformas podrían derogarse?
–No, porque no hay manera de que el impulso de una reforma la puedas garantizar por siempre. “La Constitución prevé mecanismos para hacer modificaciones y también existen visiones diferentes de cómo alcanzar un objetivo.
En materia educativa, donde hay una posición diferenciada con el presidente electo, advierto una coincidencia: buscamos que haya educación de calidad, maestros bien preparados, que el Estado mantenga la rectoría. Cómo alcanzar el propósito, pues a lo mejor ahí sí hay ópticas encontradas. No sabemos en qué grado se modificará. Será un tema que pasará necesariamente por la aprobación del Congreso.
–¿Pero cómo se siente ante tal posibilidad?
–Me siento bien a partir de una premisa: un gobierno nunca parte de cero. Construye sobre lo que se ha dejado, mantener lo positivo y modificar aquello que no está dando resultados para alcanzar la condición de bienestar y desarrollo de un país será el legado para el nuevo gobierno: hay políticas definidas, hay programas. Alterarlas estará en su óptica.
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| El PRI postuló a un gran candidato. Tengo las mejores calificaciones para José Antonio Meade.Foto José Núñez |
–Espero que no involucione. Es un tema que ya no me corresponderá. Ni definir ni juzgar. Pasaré a ser un ciudadano. El juicio de la historia está sobre el ejercicio de la responsabilidad de cada administración. Viene una nueva que construirá bajo su óptica, pero con cimientos construidos por la contribución de este gobierno y de los que me han antecedido.
–¿Cómo procesa en su fuero interno las divergencias?
–Hay diferencias no profundas. Todavía no conozco temas donde haya una así, pero advierto una cosa: no es mi tiempo, es el de un nuevo gobierno. En el tema educativo las hay, y no he recogido en otras asignaturas, no más allá de la retórica, de lo que marcó sus posiciones y de algunas cosas de estilo de las cuales soy absolutamente respetuoso, como corresponde al jefe del Estado, y más en este periodo de transición: cooperar para que tengan información, elementos para la toma de decisiones y definan la política pública que seguirán.
–¿Cómo vivió el primero de julio? ¿En qué momento supo que no ganaría su partido?
–Siempre me he conducido con absoluta institucionalidad y con las leyes, y eso me da tranquilidad y convicción para encarar lo que representa un proceso democrático.
“Conocí los resultados cuando la autoridad electoral los dio y cuando el candidato de mi partido, con la información que tenía y en una señal de madurez y de civilidad política, salió a reconocer que la tendencia no le era favorable.
“Seguí el proceso con absoluto respeto, actué con imparcialidad sin dejar de tener clara mi preferencia electoral. Milito con orgullo en un partido y evidentemente con la simpatía hacia el candidato que había postulado el PRI.
“Conocimos en el curso de la campaña cómo estaban las mediciones (…) siempre cabe la esperanza de que el día de la elección el resultado sea distinto a como marcan las tendencias. Pero al final de cuentas el resultado confirmó lo que las encuestas habían publicado.”
–¿Y como lo asimiló?
–Con la entereza de ser un hombre de Estado, institucional, y que estaba en el deber, la obligación política, ética y moral de reconocer el resultado y lo que habían manda-tado los mexicanos.
Estaba preparado para buscar y felicitar a quien resultara ganador, reconociendo el resultado. Conocía y tenía identificado cómo acceder a él y no causar problemas. Busqué al licenciado López Obrador, lo felicité y desde ese momento le dije que contaba con toda la disposición de mi gobierno para construir una transición armoniosa. Dos días después tuvo lugar el primer encuentro, y creo fue con mucha apertura e institucionalidad para poder compartir mi experiencia, recoger sus inquietudes, preocupaciones y dónde el gobierno podía apoyar.
–¿Al considerar al Presidente líder natural de su partido y ante los resultados en las urnas, asume alguna responsabilidad en la modificación de estatutos y la selección del candidato?
–Como priísta digo que la modificación de estatutos fue correcta. Siempre me opuse a que el partido fuera cerrado. Creo en la exigencia ciudadana de tener candidatos con trayectoria sólida, conocida, más allá de si tienen o no origen o raíces muy profundas en el partido. El PRI postuló a un gran candidato. Tengo las mejores calificaciones para José Antonio Meade. Fue mi colaborador, fue una muy buena elección del partido.
–¿Entonces fue su gobierno el que pesó para la derrota?
–No dejo de reconocer que sí, en algo; es multifactorial. A todos los partidos les tocó enfrentar un ambiente antisistémico. Porque no sólo al PRI le fue mal, también al PAN y al PRD. Los partidos tradicionales no tuvieron los resultados de hace seis años.
El ejercicio del gobierno desgasta y eso impacta en el partido que está representado en él. Fuimos un gobierno representando a un partido que decidió emprender cambios profundos, que tomó decisiones de enorme desgaste para el organismo político. Pero mi tranquilidad es que todas esas decisiones han deparado en buenas cosas para el país: tienes empleo como nunca antes (cerraremos con 4 millones), inversión extranjera directa en cantidades récord, 192 mil millones de dólares.
–¿Fue una cosa por otra?
–Exactamente. Aquí tienes que pensar no en las elecciones, no en definiciones electorales, sino en el bien del país. Si bien el Presidente representa una expresión política en el ejercicio del gobierno, mi tarea y obligación es cuidar y ver por el país, no por el partido, buscando que la política que sigamos contribuya o sea capitalizada por la institución que representas, pero asumiendo que lleva el desgaste cuando tomas decisiones duras.
–¿Volverá el PRI a la Presidencia?
–No soy adivino ni mago.
–¿Seguirá militando en el PRI?
–Seguiré. Soy orgullosamente priísta. Quizá después de este resultado y de apreciar y reflexionar sobre el entorno social que vive el país, el mundo, el PRI tendrá que redefinirse y replantearse para poder seguir siendo una opción política para los mexicanos.
–¿Cambiar incluso de nombre?
–De nombre y de esencia, porque si conserva los apellidos entonces no funciona. Esta elección y las anteriores dejan ver un estigma muy señalado y muy asimilado en la sociedad, lamentablemente, de desgaste y de reproche hacia el PRI como marca.
“Está el caso de Ciudad de México. Desde que hubo elecciones para jefe de Gobierno el PRI nunca ha ganado y le ha costado mucho trabajo revertir. Tiene un gran desgaste, cuando yo advierto que es un gran partido político. Con errores, con fallas, con militantes que no son el mejor rostro que un partido quisiera tener, (pero) el problema lo tienen también otros organismos, no somos la excepción. Pasa aquí y en el mundo. Estoy convencido de que muchos creemos en el PRI y que seguirá siendo una opción vigente para la preferencia electoral de los mexicanos.
–¿Teme persecución para usted, su familia y colaboradores a partir de la promesa de López Obrador de combatir la corrupción?
–Mi actuación como Presidente siempre ha sido de acuerdo al mandato de la ley. He sido absolutamente cuidadoso de conducir y tomar las decisiones en alcance a la legalidad, y eso es lo que me da tranquilidad.
“Los señalamientos de calificar a esta administración de la más corrupta en la historia del país no los comparto, no creo que haya sido así.
No dejo de reconocer que hay espacios de opacidad, pero no sólo en el gobierno federal, también en los estados y municipios. Hubiésemos querido cambiar la percepción de corrupción con las acciones que emprendimos. Hay un Sistema Nacional Anticorrupción, un Sistema Nacional de Transparencia que seguramente contribuirán a cerrar espacios a la discrecionalidad. Pero nada de todas las acciones que llevamos a cabo fueron suficientes para modificar esa percepción. Como presidente, no acepto ese señalamiento.
–¿Cómo se siente usted ante esa posibilidad?
–Me siento tranquilo. Si hay alguien dentro de mi administración, dentro del gobierno, cuya actuación haya estado al margen de la ley y no se haya apegado a los principios de ética que siempre se instruyó, pues cada quien tendrá que enfrentar sus propias responsabilidades.
–¿Qué hará después del primero de diciembre? ¿Qué quiere?
–No lo tengo resuelto. Para mí sí concluye la carrera política. Me dedicaré a alguna otra actividad que aún no sé.
Hacia el final de la conversación, Peña Nieto considera, como hipótesis, dedicarse tal vez al ramo alimentario en actividades del campo, quizá a la docencia, en alguna consultoría o a resolver una de sus frustraciones: ser notario público.
Fuera de grabadora, reitera las declaraciones recientes sobre el tema de la seguridad y la vinculación que existe entre el repunte de la violencia en algunas entidades donde se habían logrado buenos resultados y la llegada de los nue-vos gobiernos estatales.
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