Volverán al Ejército 7 mil 612 de élite
La organización de la logística en los eventos del Presidente está a cargo del EMP. Foto: Archivo |
Foto: Reforma |
Benito Jiménez
Cd. de México
Un total de 7 mil 612 elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), del Cuerpo de Guardias Presidenciales (CGP) y de un batallón de marinos conocido como (24 BIM) que están al servicio del Presidente retornarán a sus cuarteles.
Esto, de acuerdo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador de prescindir de ese cuerpo de seguridad, nombrado como tal en 1942 por el entonces Presidente Manuel Ávila Camacho.
El Estado Mayor Presidencial se integra por 8 mil 47 elementos, de los cuales 7 mil 612 son de las Fuerzas Armadas, 52 son policías federales y de la Ciudad de México y 383 son civiles.
Entre los mandos operativos del EMP se encuentran 12 Generales y Almirantes, 187 jefes (coroneles, tenientes coroneles y mayores) o capitanes y 550 oficiales (tenientes y subtenientes).
Este grupo de élite coordina las 23 jefaturas, secciones y coordinaciones del Estado Mayor Presidencial.
Asimismo, es responsable de la protección personal del Presidente, la organización y protocolo de sus actividades, eventos de la Primera Dama, la protección de ex Mandatarios y sus familiares, la seguridad de instalaciones, atención médica, transportes aéreos e incluso realiza labores de inteligencia y contrainteligencia.
"La mayoría de los elementos militares que integran todo el EMP cuentan con un adiestramiento de élite, técnicas contra terrorismo, atentados y protección de servidores públicos; cuentan con su propio sistema de inteligencia y contrainteligencia.
"Tenerlos de regreso a las filas del Ejército será una buena noticia. Ellos son militares y deben ajustarse a cualquier misión", manifestó a REFORMA un mando castrense de la Primera Zona Militar.
La plantilla asignada al servicio del Presidente supera en número a los desplegados en estados azotados por el crimen organizado.
Por ejemplo, la Tercera Región Militar de Mazatlán, con influencia en Durango, dispone de 6 mil 713 efectivos; la Cuarta Región Militar, de Monterrey, con influencia en Tamaulipas y San Luis Potosí, cuenta con 6 mil 432 elementos.
El Estado Mayor Presidencial también supera en número a Policías estatales, como la de Guerrero, que suma 6 mil 93 elementos; la de Nuevo León, que tiene 5 mil 482 agentes, y la de Jalisco, con 6 mil 609.
Mandos militares consultados sobre la reintegración de elementos del EMP a los cuarteles del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea coincidieron en que las Fuerzas Armadas serán fortalecidas con personal altamente capacitado.
"La mayoría de los elementos militares que integran todo el EMP, cuentan con un adiestramiento de élite, técnicas contra terrorismo, atentados y protección de servidores públicos; cuentan con su propio sistema de inteligencia y contra inteligencia. Tenerlos de regreso a las filas del Ejército será una buena noticia, ellos son militares y deben ajustarse a cualquier misión", dijo un mando castrense de la Primera Zona Militar.
"A nosotros nos conviene, son elementos altamente capacitados, tenerlos integrados en las filas navales nos fortalece como institución", indicó por separado un comandante de la Armada de México, adscrito al Cuartel del Alto Mando.
Sin embargo, otros militares difieren con la integración del EMP a tareas distintas a las que han venido desempeñando y los integrantes de este cuerpo han mostrado preocupación sobre sus nuevas tareas.
El General de División retirado, Luis Garfias, opinó que este cuerpo de élite debería de continuar en funciones al servicio del Presidente en turno.
"Yo no sé por qué quieren que se reduzca, el EMP debe continuar, es una institución centenaria, ha sufrido muchos avatares pero siempre ha estado presente, lo quiso quitar Lázaro Cárdenas, pero volvió, es muy necesaria cuando vienen funcionarios extranjeros, no se trata sólo de cuidar al Presidente, tiene otras funciones, son ayudantes de campo", indicó el ex director del Archivo Histórico de la Sedena.
En el Segundo Batallón de Guardias Presidenciales, que alberga a unos 450 elementos que tienen su sede en la Ciudad de México la preocupación sobre sus misiones futuras ya levantó zozobra.
César, un elemento de este Batallón, con una antigüedad de tres años, reconoce que su principal preocupación es que entre sus nuevas misiones se contemple salir fuera de la capital del País.
"Es algo que siempre está latente como militar, difícilmente estás en un sólo lugar, aquí hacemos guardias muy largas, pero al menos estás cerca de casa, (...) no sabemos que vaya a pasar", expresó este joven militar.
En otros integrantes de este cuerpo, el desasosiego radica en las nuevas misiones.
"Mira, hay de todo aquí, francotiradores, ingenieros en comunicación, personal muy capacitado, digamos que lo mejor está aquí. ¿Dónde nos van a mandar? Las tareas que hacemos son totalmente distintas a las una unidad de Infantería, por ejemplo, es la principal duda, lo que vamos a hacer", indicó otro elemento del EMP, que condicionó el anonimato.
En El Molinito, a un costado de la Residencia Oficial de Los Pinos, los militares de mayor jerarquía del EMP realizan sus labores en ambientes relajados, buenos alimentos, baños limpios, regaderas y hasta gimnasios.
"Lo primero que se va a extrañar es la comida, vamos a pasar de los platillos variados al 'rancho' militar'", indicó uno de ellos, tras la carrera atlética del EMP, efectuada el pasado sábado.
La Corte reserva sus gastos 5 años; argumenta razones de seguridad
162 respuestas a solicitudes de información, entre 2015 y 2018, se mantendrán como reservadas por decisión de los integrantes del Comité de Transparencia del máximo tribunal del país. |
Juan Pablo Reyes
CIUDAD DE MÉXICO.
Información sobre contratos, facturas por alimentos o viáticos, modelos de vehículos adquiridos, sus costos y cantidad. También estudios y procedimientos internos, o asuntos judiciales como proyectos, informes, dictámenes o demandas: todo ha sido considerado como reservado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con datos obtenidos por Excélsior, 162 respuestas a solicitudes de información, entre 2015 y 2018, se mantendrán bajo llave por decisión de los integrantes del Comité de Transparencia del máximo tribunal del país.
Por ejemplo, un solicitante pidió facturas de alimentación, hospedaje, viáticos y transportación de los 11 ministros de la SCJN, pero dichos datos fueron clasificados como reservados por cinco años con el argumento de que “al permitir establecer indicadores de costumbres se pone en riesgo la integridad y seguridad de los ministros, quienes son titulares del Poder Judicial de la Federación, y con ello la seguridad nacional”.
El lapso de clasificación para esta solicitud concluirá el 21 de junio de 2021 “en la inteligencia de que dicho plazo podrá concluir previamente, en el caso de los ministros cuyo periodo constitucional concluya antes de esa periodicidad”.
Suprema Corte tira casa por la ventana y reservan datos
Con el pretexto de proteger la seguridad de los ministros, la Suprema Corte ha determinado guardar información relacionada con la labor de los jueces.
Información sobre contratos, facturas por alimentos o viáticos, modelos de vehículos adquiridos, sus costos y cantidad, estudios y procedimientos internos, así como asuntos judiciales como proyectos, informes, dictámenes o demandas han sido consideradas como reservadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con datos obtenidos por Excélsior, un total de 162 respuestas a solicitudes de información, entre 2015 y 2018, se mantendrán como reservadas por decisión de los integrantes del Comité de Transparencia del máximo tribunal del país.
El proceso es el siguiente: tras analizar las preguntas realizadas por la ciudadanía sobre diversos aspectos que marcan la vida de la Corte, Alejandro Manuel González, secretario Jurídico de la Presidencia; Constancio Carrasco Daza, magistrado y titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales y el contralor, Juan Claudio Delgado Ortiz Mena, definen cuál información reservar y cuál no.
Por ejemplo, un solicitante pidió la información sobre las facturas de alimentación, hospedaje, viáticos y transportación de los 11 ministros que integran la SCJN.
Dichos datos fueron clasificados como reservados por cinco años.
Para mantener la información bajo llave se argumentó que “al permitir establecer indicadores de costumbres, se pone en riesgo la integridad y seguridad de los ministros, quienes son titulares del Poder Judicial de la Federación, y con ello la seguridad nacional”.
El plazo de clasificación concluirá el 21 de junio de 2021 “en la inteligencia de que dicho plazo podrá concluir previamente, en el caso de los ministros cuyo periodo constitucional concluya antes de esa periodicidad”.
En 2016 hubo una serie de contratos por parte de la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte que fueron clasificados por cinco años a partir del 11 de enero de 2017, pues la documentación “tiene relación directa con la infraestructura y servicios de la Firma Electrónica de SCJN, poniendo en riesgo los datos personales de las personas a las que se les asignó dicha firma”.
Sobre la cantidad de vehículos blindados y costo de blindaje de los mismos, entre los años 2012 a 2016, el Comité de Transparencia determinó la reserva completa de la información hasta el 11 de septiembre de 2021.
“La divulgación de la referida información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo, tanto a la seguridad nacional como al interés público, en tanto que a partir de su conocimiento público es posible afectar las estrategias para garantizar la seguridad de los titulares de la SCJN y, por ende, la estabilidad de la institución a la que corresponden las funciones de órgano de cierre del Sistema de Administración de Justicia del Estado Mexicano”, se argumentó.
Información
Durante los últimos años, Excélsior ha documentado información sobre el ejercicio de la transparencia al interior del máximo tribunal del país como el que, en la última década, la Corte ha gastado un millón 648 mil 706 pesos en champaña, brandy, cerveza, coñac, tequila, whisky y otras bebidas alcohólicas.
También los argumentos para la inhabilitación por un año de Alberto Villa Dávalos, exdirectivo del Canal Judicial, por introducir y consumir cocaína, así como bebidas alcohólicas, en su lugar de trabajo.
Otro caso fue que, en los últimos dos años, y en tiempos de austeridad en el Poder Judicial, la SCJN erogó 13 millones 728 mil 432 pesos para la realización de los dos primeros encuentros internacionales Juzgando con Perspectiva de Género.
O que una medalla de plata, cuyo costo fue de 170 mil 409 pesos, fue entregada por la Corte, el Día de la Mujer, a la ministra en retiro, Victoria Adato Green.
De igual forma cuando, para celebrar los 75 años de la inauguración de su sede, la SCJN tiró la casa por la ventana e hizo un gasto de, al menos, cuatro millones y medio de pesos para los principales festejos.
22,570 empleados superan salario que ganará AMLO
En la actualidad, más de 22 mil 500 servidores de la administración pública federal perciben salarios superiores, con prestaciones incluidas, a los 108 mil pesos mensuales o al millón 296 mil pesos anuales que cobrará Andrés Manuel López Obrador cuando asuma como presidente y que fijará como tope para el pago a empleados federales.
Se trata de funcionarios que ocupan primeros niveles del tabulador en las diferentes dependencias de los 37 sectores del gobierno federal, áreas que en el próximo gobierno se recortarán 70 por ciento, según lo anunciado por el equipo de transición.
Van desde el presidente de la República, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, directores generales adjuntos, directores de área, directores ejecutivos, subdirectores, oficiales mayores, jefes de unidad, comisionados, coordinadores generales, coordinadores de asesores, gerentes hasta titulares de unidad, según cada institución, pues no en todas existen los mismos puestos.
De acuerdo con una revisión de MILENIO a la base de datos de plazas y remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, disponible en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presidente de la República percibe en total 3 millones 550 mil pesos anuales, de los que 2 millones 579 mil 939 son su sueldo y el resto, prestaciones y otras remuneraciones.
Además del mandatario federal, hay 22 mil 570 plazas que perciben entre un millón 296 mil pesos y 3 millones 491 mil pesos al año —que es el sueldo bruto de los secretarios de Estado—, sin contar al rector de la UNAM y a los empleados de los poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos.
La cifra puede ser superior porque en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación (Segob), hay al menos 16 niveles que perciben ingresos en ese rango, pero con el argumento de cuestiones de seguridad no se detalla en la base de datos cuántas plazas tiene.
Las 22 mil 570 plazas con los salarios más altos representan 1.3 por ciento del millón 739 mil 533 para las que se destinó presupuesto en 2018. Según la base de datos consolidada de Petróleos Mexicanos, en la empresa hay 8 mil 382 plazas en las que el salario es superior a los 108 mil pesos mensuales; la mayoría son puestos “operativos definitivos de confianza”, de los que hay 7 mil 826.
Después sigue el sector de Hacienda, en donde hay 2 mil 638 empleados con un salario superior a ése, y después la Secretaría de la Defensa Nacional, donde mil 443 servidores públicos cobran más de esa cantidad.
En la Marina hay mil 410, en Segob mil 400 y en la Comisión Federal de Electricidad mil 67. El titular de la coordinación del programa Prospera, Jaime Gutiérrez Casas, dedicado al combate a la pobreza, gana más de 3 millones de pesos anuales.
Destaca que en los sectores que encabezan la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos es donde existe el mayor porcentaje de empleados con altos salarios, 28.1 y 25.7 por ciento, respectivamente, con relación al total de servidores públicos que laboran.
La lista incluye a todos los directores de los centros, institutos y hospitales del sector salud, titulares de centros de investigación científica y tecnológica, de instituciones de educación media y superior, así como de los institutos y centros adscritos al sector de la Procuraduría General de la República, como el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Agencia de Investigación Criminal, entre otros.
Asimismo, la recién creada Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que cuenta con una plaza, ocupada por Ricardo Salgado Perrilliat, quien percibe 3 millones 218 mil 877 pesos al año.
La propuesta de López Obrador de reducir su salario a 40 por ciento de lo que recibe el actual mandatario y fijarlo como tope forma parte de los lineamientos para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad, que incluye modificaciones al artículo 127 constitucional para aplicarlo a legisladores, jueces y ministros.
Aseguró que su intención es lograr una reducción mayor, pero “si yo bajaba más mi sueldo, se iba a resentir más, o sea que soy moderado, no soy radical”. Ofreció que los salarios de los trabajadores de niveles medios y bajos aumentarán, pero no ha especificado cuánto.
LA COFECE PRESENTARÁ AGENDA ANTICORRUPCIÓN
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) propondrá a la administración de Andrés Manuel López Obrador una agenda para combatir la corrupción en contrataciones públicas. La presidenta del organismo, Alejandra Palacios Prieto, señaló que en 2017 estos procedimientos ascendieron a 585 mil millones de pesos, por lo que son sensibles a la corrupción y la falta de competencia.
“Representa una gran oportunidad de ahorro, pues el despilfarro tiene impactos muy importantes en las contrataciones públicas”, resaltó. Palacios Prieto también explicó que de los 228 mil contratos del año pasado, solo 30 o 40 por ciento es superior a mil millones de pesos, y los que rebasan el millón de pesos fueron 35 mil 700.
Expuso que de las 13 propuestas que presentarán, seis se pueden definir por decreto presidencial y siete debe procesarlas el Poder Legislativo. En la agenda destaca la emisión de un decreto presidencial que obligue a la participación de la Cofece en licitaciones relevantes para garantizar condiciones de competencia, crear un mercado virtual y obligar a las dependencias federales a comprar a través de éste.
Cofece pide transparentar licitaciones
Diana Nava
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó ayer un documento con recomendaciones al próximo gobierno, que tiene como finalidad combatir la corrupción en materia de compras y licitaciones públicas.
En uno de los 13 puntos de la denominada ‘Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las licitaciones públicas’, la Cofece pide al gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador que le permita participar en licitaciones relevantes, es decir, aquellas con un valor mayor a mil millones de pesos.
Durante el año pasado, de los 228 mil contratos públicos otorgados, con un valor conjunto de 585 mil millones de pesos, el 78 por ciento fue mediante una adjudicación directa. En estos se incluyen algunos de montos menores que por ley pueden entregarse bajo este procedimiento.
La Cofece busca revisar las bases, convocatorias y términos generales de una licitación cuando se trate de obras o adquisiciones de gran impacto. La iniciativa puede ser implementada por decreto presidencial.
“No queremos participar en todas, solo lo haríamos en cerca de 30 licitaciones al año”, detalló Alejandra Palacios, presidenta de Cofece.
El documento, que va dirigido principalmente a la Secretaría de Hacienda y a la Función Pública, consta de siete propuestas que requieren modificación legislativa y seis que sólo necesitan un decreto presidencial.
Entre estas últimas se encuentra la creación de un mercado virtual de adquisiciones. Una iniciativa similar a la que pretende implementar la Secretaría de Hacienda, con la centralización de compras pero en una escala menor.
La Cofece también propone no solo multar a las empresas que realicen prácticas anticompetitivas, sino inhabilitarlas. “El castigo fuerte, más que la sanción administrativa, es no poder concursar y la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla la inhabilitación por colusión no se está aplicando”, dijo.
Asimismo, llamó a evitar la discrecionalidad en modificaciones a concesiones; establecer reglas claras para la subcontratación e incrementar los estándares de aprobación (plazo, cantidad, monto).
También considera necesario crear una Ley General de Contrataciones, “para que todos los estados tengan un estándar mínimo de buenas prácticas en términos de contratación”.
Además, propone al próximo gobierno modificar la forma en que se evalúan las licitaciones públicas, que actualmente es a través de puntajes y transitar a uno en dos etapas, en el cual solo puedan presentar una propuesta económica los participantes que pasen la fase de especificaciones técnicas.
A estas propuestas se sumaron el permitir la participación de licitantes interesados en los procedimientos que se llevan a cabo mediante invitación; publicar las investigaciones de mercado; aclarar las reglas bajo las cuales se puede adjudicar de manera directa y eliminar la excepción para las contrataciones entre dependencias y entidades de la administración pública Federal.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó ayer un documento con recomendaciones al próximo gobierno, que tiene como finalidad combatir la corrupción en materia de compras y licitaciones públicas.
En uno de los 13 puntos de la denominada ‘Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las licitaciones públicas’, la Cofece pide al gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador que le permita participar en licitaciones relevantes, es decir, aquellas con un valor mayor a mil millones de pesos.
Durante el año pasado, de los 228 mil contratos públicos otorgados, con un valor conjunto de 585 mil millones de pesos, el 78 por ciento fue mediante una adjudicación directa. En estos se incluyen algunos de montos menores que por ley pueden entregarse bajo este procedimiento.
La Cofece busca revisar las bases, convocatorias y términos generales de una licitación cuando se trate de obras o adquisiciones de gran impacto. La iniciativa puede ser implementada por decreto presidencial.
“No queremos participar en todas, solo lo haríamos en cerca de 30 licitaciones al año”, detalló Alejandra Palacios, presidenta de Cofece.
El documento, que va dirigido principalmente a la Secretaría de Hacienda y a la Función Pública, consta de siete propuestas que requieren modificación legislativa y seis que sólo necesitan un decreto presidencial.
Entre estas últimas se encuentra la creación de un mercado virtual de adquisiciones. Una iniciativa similar a la que pretende implementar la Secretaría de Hacienda, con la centralización de compras pero en una escala menor.
La Cofece también propone no solo multar a las empresas que realicen prácticas anticompetitivas, sino inhabilitarlas. “El castigo fuerte, más que la sanción administrativa, es no poder concursar y la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla la inhabilitación por colusión no se está aplicando”, dijo.
Asimismo, llamó a evitar la discrecionalidad en modificaciones a concesiones; establecer reglas claras para la subcontratación e incrementar los estándares de aprobación (plazo, cantidad, monto).
También considera necesario crear una Ley General de Contrataciones, “para que todos los estados tengan un estándar mínimo de buenas prácticas en términos de contratación”.
Además, propone al próximo gobierno modificar la forma en que se evalúan las licitaciones públicas, que actualmente es a través de puntajes y transitar a uno en dos etapas, en el cual solo puedan presentar una propuesta económica los participantes que pasen la fase de especificaciones técnicas.
A estas propuestas se sumaron el permitir la participación de licitantes interesados en los procedimientos que se llevan a cabo mediante invitación; publicar las investigaciones de mercado; aclarar las reglas bajo las cuales se puede adjudicar de manera directa y eliminar la excepción para las contrataciones entre dependencias y entidades de la administración pública Federal.
Cofece: no se licita 88% de compras del gobierno
De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica, que dirige Alejandra Palacios, no se licitan el 88% de las compras del gobierno, y ocho de cada 10 de cerca de 228 mil contratos con un valor conjunto superior a 585 mil millones de pesos fueron adjudicados de manera directa el año pasado, es decir, sin un proceso de licitación.
De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica resulta que sólo el 12 por ciento de los contratos son ganados por las empresas mediante un proceso abierto de concurso pública. El 10 por ciento restante se adjudica mediante el proceso de invitación, en el cual las unidades compradoras seleccionan a cuando menos tres empresas para concursar por la licitación. La Cofece le ofrece a la nueva administración revisar con lupa las contrataciones mayores a 1,000 millones de pesos. El ente antimonopolios realizó su propuesta para evitar la corrupción en las cerca de 228,000 compras que realiza el gobierno cada año.
“Este ejercicio es la sistematización de los aprendizajes de la Comisión en estos últimos cinco años en los temas de contratación pública”, dijo la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios.
El gobierno gastó cerca de 585,000 millones de pesos en compras durante el año pasado, y la Cofece ha detectado en esas operaciones prácticas anticompetitivas que encarecen los productos que adquiere la administración federal, y que reducen la calidad de los bienes y servicios que reciben los contribuyentes.
Palacios propone que vía un decreto la Cofece pueda vigilar las licitaciones de mayor monto, con el fin de asegurar que tengan un diseño y desempeño a favor de una mayor competencia.
En conferencia de prensa, la funcionaria dijo que las entidades tienen la obligación constitucional de adquirir bienes y servicios en procesos transparentes para obtener las mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad.
No obstante, se han detectado métodos de excepción a la licitación mediante justificaciones ambiguas o subjetivas; se restringe la participación por medio de requisitos innecesarios, apuntó.
Asimismo, se dirigen los concursos otorgando ventajas a determinados agentes con ciertos perfiles comerciales o especificaciones técnicas; se dificulta la presentación de posturas agresivas, comentó.
“Un análisis más detallado de estas cifras muestra que buscar la mayor concurrencia y competencia no constituye la regla. Mientras mayor sea el monto de un contrato, resulta más importante que éste se adjudique por el método de licitación pública”, se lee en el documento agenda de competencia para un ejercicio integro en las contrataciones públicas, presentado este martes.
En este texto se propone que las empresas que incurran en procesos desleales de competencia, como la colusión con otros agentes económicos, no sólo deben de ser sancionadas, sino inhabilitadas para concursar en otros procesos públicos.
“Las entidades tienen la obligación constitucional de adquirir bienes y servicios en procesos transparentes para obtener las mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad”.
Alejandra Palacios, titular de la Cofece.
Gaby Cuevas, afín a Morena, pide condenar represión en Nicaragua
Barricada de opositores a Daniel Ortega en la ciudad de Masaya, ayer. Foto: Especial |
Eunice O. Albarrán
La diputada electa Gabriela Cuevas, presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), condenó los graves y reiterados hechos de violencia ocasionados por el gobierno de Nicaragua y consideró urgente que organismos internacionales se pronuncien para que el mandatario de ese país, Daniel Ortega, cese la persecución a quienes piensan distinto y por los arteros asesinatos de más de 300 personas.
“Es muy preocupante cuando claramente desde el gobierno de Daniel Ortega se está atentando contra la vida y las libertades de los civiles; lo que hemos visto en contra de estudiantes, las persecuciones, lo que se lee hasta por parte de la Iglesia católica en Nicaragua, es gravísimo.
“Son sectores sociales muy distintos, es decir, hay desde grupos de izquierda cercanos a los Ortega, hasta grupos religiosos y grupos de estudiantes que todos están siendo perseguidos y están siendo amenazados desde el gobierno”, indicó.
En entrevista con La Razón, la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y recién adherida a Morena, destacó que la obligación de cualquier Estado democrático y también es el mandato de la Unión Interparlamentaria, es respetar, promover y defender los derechos humanos y condenar, cuando no sea así, pues claramente lo que está sucediendo en Nicaragua es lo contrario y muy lamentable.
“Desde luego preocupa, porque son los gobiernos desde donde se deben defender las libertades y los derechos humanos; no debe ser el Estado quien reprima a la ciudadanía”, sentenció.
Cuestionada sobre la posibilidad de que esa visión de represión y falta de libertades se extienda a más países de América Latina, Cuevas Barrón aseguró que hay países que son de izquierda en todas las latitudes del mundo y que no presentan este tipo de transgresiones a los derechos humanos.
“Creo que no tiene que ver el contexto ideológico ni tampoco la región, para pensar que existieran razones para que lo que sucede en Nicaragua pudiera expandirse”, dijo.
“Es muy preocupante cuando claramente desde el gobierno de Daniel Ortega se está atentando contra la vida y las libertades de los civiles”
Gabriela Cuevas
Presidenta de la UIP
—Sobre esa manifestación de la comunidad internacional, ¿cree que el próximo gobierno de México también debería hacer un pronunciamiento al respecto, como ya lo hizo el actual?
“Yo creo que el gobierno actual ha hecho pronunciamientos; incluso el secretario Videgaray es el que ya ha hecho algunos, y yo creo que el futuro gobierno se está organizando, está teniendo sus reuniones y tal vez es un poco pronto para que un gobierno que acaba de ser elegido pueda tener pronunciamientos de esa magnitud.
“Yo creo que hay que esperar un poco, pero me parece que uno de los temas más importantes que concede nuestra Constitución claramente, es la defensa de los derechos humanos, tanto en nuestro propio territorio como en la comunidad internacional”, aseveró.
Al hablar de su gestión al frente de la UIP en la que fue electa en octubre pasado, la legisladora afirmó que ha insistido en que la labor parlamentaria tenga consecuencias positivas en la población; es decir, “si queremos cambiar el mundo tenemos que empezar por nuestras propias comunidades”
Informó que busca lograr que en México se conozca más a la Unión Interparlamentaria y que se puedan concretar eventos en nuestro país, a fin de abordar con los demás países integrantes los temas de la agenda de desarrollo 2030.
Demandan 13 países más cese de violencia
México y los 12 países que firmaron la Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua condenan los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en esa nación y que ha dejado más de 300 muertos, aseveró el canciller Luis Videgaray Caso.
“Los países firmantes de esta declaración especial condenamos los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha, la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos”, indicó en su cuenta de Twitter.
Ante la situación que se vive en esa nación, la declaración fue emitida la víspera por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Oriental del Uruguay.
En ella expresan su preocupación por la violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo, la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Cofece pide opinar en más licitaciones
Mediante un decreto presidencial, el próximo gobierno puede hacer el cambio para que el órgano antimonopolio revise sí o sí los concursos más relevantes, afirmó Alejandra Palacios.
Efectuar compras públicas bajo criterios “obligatorios” de competencia económica debería ser una de las apuestas de la próxima Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para el combate frontal de la corrupción, además de que poner un piso parejo para los participantes generaría ahorros presupuestales de hasta 30%, afirmó Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Al presentar la Agenda de Competencia para un Ejercicio Íntegro en las Contrataciones Públicas, que contiene seis recomendaciones de mejora de los concursos públicos que no requieren cambios legislativos, la funcionaria informó que en breve se reunirá con el nuevo gobierno para coordinar mecanismos y herramientas para la sana competencia en las licitaciones y un mejor acceso a las pequeñas y medianas empresas.
AMLO se ha comprometido a terminar con la corrupción en la ejecución del gasto público, de modo que Palacios Prieto propuso que la participación de la Cofece en licitaciones públicas relevantes se haga obligatoria, de modo que se propicien concursos competidos y transparentes que den pie a mejores precios y calidad en los aprovisionamientos.
Lo anterior es posible, afirmó la presidenta de la Cofece, a través de la emisión de un decreto presidencial.
En conferencia de prensa, la zar antimonopolio en México reveló que la Cofece ha identificado sobreprecios de entre 15 y 30% en los abastecimientos que contrata el gobierno federal.
Ejemplificó con los casos en los que el gobierno pagó sobreprecios conjuntos por más de 350 millones de pesos en la compra de guantes de látex y de condones y sondas, luego de que los proveedores se coludieran para vender más caro. Estos casos fueron investigados y sancionados por la Cofece.
Reportó que, durante el 2017, las contrataciones públicas ascendieron a 585,000 millones de pesos, “recursos que con mayor competencia se habrían maximizado y traducido en servicios e infraestructura de mejor calidad”.
Palacios Prieto aseveró que el cambio de gobierno en México siempre es una oportunidad para sumar esfuerzos; se tiene una oportunidad única para abatir la corrupción a través de las compras públicas, por medio de la competencia, lo cual inhibirá los sobreprecios y permitirá que un mayor número de empresas, de todos los tamaños, participen de forma equitativa, sin colusión y sin privilegios.
“Queremos trabajar proactivamente entre varias dependencias para mejorar el sistema de contrataciones públicas. Nuestro lema es: ‘Un México mejor es competencia de todos’. En este caso es competencia de las unidades que compran”, comentó.
Agenda de trabajo
La Cofece exhortó al gobierno federal, al equipo de transición y los legisladores a valorar la Agenda de Competencia para un Ejercicio Íntegro en las Contrataciones Públicas, en tanto que el ente regulador seguirá con sus investigaciones, y en caso de encontrar casos de colusión en la contratación pública procederá a sancionar.
Palacios Prieto se pronunció por una ley general de obras públicas que contemple que los estados tengan un estándar único de buenas prácticas de contratación. “Las leyes generales hacen que tengamos un piso mínimo, y que en la medida en que se contrate se haga de manera competida”, afirmó.
La Cofece pondrá en la mesa la propuesta de mercado virtual, en la cual se encuentren las empresas que venderán bienes y servicios al gobierno federal, en donde se le facilita la participación de las pequeñas empresas, mas no se privilegia.
“Una cosa es la consolidación de compras, que es: todos compramos lo mismo, pero de manera separada. Y otra cosa es la centralización, que es que alguien compre todo. Lo que proponemos es una plataforma electrónica porque permite la interacción de funcionarios y servidores públicos encargados de la contratación entre el agente económico competitivo. Diría que es un eBay, y facilita las compras”, abundó Alejandra Palacios.
El 6 de julio pasado, Carlos Urzúa, quien será el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la administración de AMLO, afirmó que el próximo gobierno centralizará en la personalidad de la SHCP las compras públicas, y para ello se auxiliaría de una plataforma electrónica “estilo Amazon”.
La voz de la experiencia
A lo largo de los años en los que ha investigado y monitoreado licitaciones públicas, la Cofece identificó 10 puntos frágiles en donde se puede dar al traste con la competencia.
1.- La colusión puede ocurrir desde la investigación de mercado.
Ciertas empresas pueden manipular las cotizaciones presentadas en la etapa de investigación de mercado para lograr posteriores adjudicaciones a precios mayores a los que prevalecerían en competencia. Para esto, las empresas pueden coludirse para lograr el establecimiento de un precio máximo de referencia (PMR) artificialmente alto.
2.- El diseño de la licitación es el mejor medio para promover la concurrencia y la competencia.
Deben establecerse únicamente los requisitos de participación estrictamente necesarios y que éstos sean transparentes, objetivos y no discriminatorios. Debe difundirse de manera oportuna con plazos razonables la información para que los participantes prepararen sus propuestas y utilizarse criterios objetivos para calificar la solvencia técnica y económica de las propuestas.
3.- Los de excepción a la licitación pública (adjudicaciones directas e invitaciones) limitan la competencia y son susceptibles a la colusión.
Los supuestos bajo los cuales pueden usarse estas excepciones son ambiguos y eso propicia un uso excesivo, por lo que es necesario restringirlas al máximo. Se requiere examinar a qué responde su utilización para diseñar soluciones específicas y atender casos particulares en los que su uso responda a una problemática particular y obligar a licitar cuando no la haya.
4.- La subcontratación puede utilizarse como mecanismo de colusión.
Permitir la subcontratación puede servir para dar cumplimiento a proyectos de mayor magnitud o para aprovechar la especialización de empresas. Sin embargo, también puede facilitar la colusión, sobre todo, cuando se permite entre empresas que son competidoras entre sí. La subcontratación puede ser utilizada como mecanismo de pago por acuerdos colusorios.
5.- Las empresas de un mismo Grupo de Interés Económico (GIE) pueden simular competencia.
Actualmente, mientras no exista un socio o asociado común, no está prohibido que dos o más licitantes que pertenecen a un mismo GIE presenten por separado ofertas en una misma licitación, incluso si están relacionadas entre sí. La presentación de múltiples posturas por un sólo GIE tiene efectos anticompetitivos cuando no permite la libre concurrencia a las licitaciones.
6.- El mecanismo de evaluación por puntos o porcentajes podría favorecer proposiciones que no representan las mejores condiciones de contratación.
El problema general de esta herramienta es que su objetivo es evaluar y comparar características muy disímbolas bajo una misma métrica. Conlleva discrecionalidad de quién decide los criterios, la ponderación, la evaluación de las diferentes características de los proyectos o bienes y servicios, repercutiendo generalmente en la objetividad de la asignación de los contratos.
7.- La modificación de contratos facilita la distorsión del proceso de competencia.
La ley actual considera la posibilidad de realizar modificaciones a los contratos de compra de bienes y de obra pública en hasta en 20 y 25% del monto de compra pactado. Los convenios modificatorios deberían ser instrumentos valiosos para la continuidad de servicios, pero también suprimen la competencia al impedir a otros proveedores competitivos ofertar sus servicios.
8.- Las modificaciones de las concesiones, permisos y contratos se usan para evitar la competencia.
El otorgamiento de prórrogas a concesiones o permisos no se sujetan a reglas de transparencia. Esto podría traducirse en un mecanismo para que los concesionarios puedan alargar la temporalidad de sus títulos sin tener que sujetarse a la competencia.
9.- Se necesita inhabilitación, además de multas, para disuadir la colusión.
Las multas que impone la Cofece por actos de colusión tienen, en principio, un efecto disuasivo sobre la comisión de estas conductas. Sin embargo, debe ser complementada con otros mecanismos, como la inhabilitación para participar en licitaciones públicas.
10.- Las leyes y reglamentos de contratación pública de las entidades federativas contienen diversos obstáculos a la competencia.
La existencia de 32 marcos normativos diferenciados, que contienen en su mayoría preferencias para las empresas locales, podría dificultar y desincentivar la participación de empresas de otras entidades federativas que podrían tener mejores condiciones de precio y calidad en sus ofertas.
Eliminar la burocracia dorada, vital para plan de austeridad de AMLO
Enrique Méndez
Una burocracia dorada, que construyó Vicente Fox y consolidó Felipe Calderón con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se mantiene en el gobierno desde hace 18 años y también operó en el actual sexenio en favor del Partido Acción Nacional (PAN), como se quejaron siempre los priístas.
Se trata de miles de directores generales y coordinadores generales, directores generales adjuntos y directores de área, de filiación panista, con sueldos de 153 mil 914 a 189 mil 748 pesos al mes, más prestaciones.
Primero el PRI, en 2006, y después Morena, en 2016, buscaron eliminar esas direcciones de la ley para que su designación corra a cargo de los titulares de cada secretaría, pero ambas propuestas, que sí se votaron en la Cámara de Diputados, fueron frenadas por el Senado.
Es esa reforma la que se requiere para hacer efectivo el plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, pero también para que esas direcciones respondan a las políticas de la nueva administración, no a su identidad panista, indicó el diputado Emiliano Álvarez, autor de una de las dos iniciativas.
Recordó que esa burocracia floreció en los dos sexenios panistas, y también consumió buena parte de los excedentes petroleros obtenidos durante esos gobiernos. Son miles, no se tiene el número exacto, dijo.
La alta burocracia del gobierno federal está compuesta por los secretarios, con salarios de 201 mil 288 pesos mensuales, más prestaciones de 57 mil 352 pesos, también al mes, de acuerdo con el analítico de plazas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Siguen los subsecretarios, que ganan cada mes entre 149 mil 123 y 199 mil 982 pesos, con prestaciones de 43 mil 642 a 54 mil 659 pesos; los oficiales mayores, con los mismos salarios y prestaciones; y los jefes de unidad, con ingresos de entre 122 mil 897 y 196 mil 702 pesos, y prestaciones de 36 mil 36 a 55 mil 497 pesos, también cada 30 días.
Siguen las tres categorías de directores, cuyas prestaciones oscilan entre 31 mil 284 y 52 mil 950 pesos mensuales para los de carácter general; de 24 mil 714 a 43 mil 539 para los adjuntos, y de 15 mil 445 a 35 mil 633 para los de área.
El número de subsecretarías, jefaturas de unidad, direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento es discrecional. En la administración pública no hay límite, sino que los nombramientos, así como los ingresos mínimos y máximos, se otorgan a partir de los manuales de organización de cada dependencia.
La discrecionalidad es aún mayor en las dos cámaras del Congreso de la Unión. No existe límite para los puestos de dirección ni para los asesores. La opacidad es tal que, han comentado los propios legisladores, pueden incluso pagar a un solo asesor una plaza de 70 mil pesos mensuales o dividir esta cantidad entre siete personas a las que les pagan 10 mil pesos cada mes.
En los poderes Legislativo y Judicial hay funcionarios que ganan más que el Presidente.
Cada uno de los 500 diputados gana 140 mil pesos al mes y cada uno de los 128 senadores 164 mil. Además, bonos, aguinaldos y otras prestaciones.
Asimismo, el secretario general del Senado gana 3 millones 372 mil 273 pesos al año; el de la Cámara de Diputados, 3 millones 805 mil 339; y el auditor superior de la Federación, 4 millones 268 mil 60.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros de la Judicatura, 6 millones 93 mil 234 pesos al año. También en los órganos autónomos los salarios son superiores: cada consejero electoral gana 4 millones 354 mil 208 pesos al año; el secretario general del Instituto Nacional Electoral, 4 millones 86 mil 265.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 4 millones 243 mil 164; los comisionados de Competencia Económica, 3 millones 4041 mil 535; los consejeros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 3 millones 517 mil 740; los del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 3 millones 340 mil 687; los del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 3 millones 456 mil 571, y el titular del Instituto de Geografía y Estadística, 3 millones 403 mil 222 pesos.
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