Cede Chiapas ante la CNTE
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| Manuel Velasco cedió ante las presiones de la CNTE. Foto: NTX |
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| Los bloqueos de la CNTE en Chiapas no serán castigados. Foto: Carlos Díaz |
Arcelia Maya
Cd. de México
Tras 17 días de paro, bloqueos y protestas, el Gobierno de Chiapas cedió a las exigencias de la CNTE: dinero, plazas y la garantía de que no serán evaluados.
El propio Gobernador Manuel Velasco firmó con los líderes del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas una minuta de acuerdos en la que se compromete a entregar recursos y gestionar plazas a maestros de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La presión de los activistas de la CNTE incluyó tomas de gasolineras, donde robaron combustible y lo repartieron a usuarios.
No obstante, el Gobierno estatal se comprometió ante los activistas a no obligar a los profesores de la entidad a ser evaluados al menos durante los seis meses que restan de la presente Administración.
Conforme al documento de 9 cuartillas al que tuvo acceso REFORMA, no habrá sanción alguna para los participantes en el paro de labores ni descuentos a los profesores faltistas.
Velasco firmó un compromiso de no ejercer ningún tipo de represalia contra manifestantes que bloquearon avenidas en los accesos a Tuxtla Gutiérrez y otros puntos del Estado y tomaron una docena de gasolineras para regalar combustible a los automovilistas.
Durante el paro, más de 200 mil estudiantes de educación básica se vieron afectados.
"El Gobierno del Estado y el Gobierno federal no ejercerán ninguna acción represiva de índole laboral, jurídica, administrativa, académica, ni económica, en contra de los trabajadores de la educación", se detalla en el documento.
Adicionalmente, el Gobernador se comprometió a incorporar, en un plazo de tres quincenas, a 782 profesores en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) que no eran reconocidos por la SEP.
También gestionará 24 plazas para maestros comisionados que se dedicarán a aplicar el Proyecto de Educación Alternativa.
El documento no fue signado por el representante de la SEP, Moisés Robles; sin embargo, Velasco se comprometió a tener la firma del funcionario federal el próximo lunes 25 de junio.
Luego de tres semanas de protestas, la CNTE chiapaneca obtuvo:
* No represión laboral, jurídica o económica contra participantes en protestas.
* No sancionar a maestros que faltaron a clases durante el paro
* Aplicar "usos y costumbres" en los ascensos y promociones de maestros de las secciones chiapanecas
* No aplicar la evaluación educativa en los últimos seis meses del gobierno estatal
* Respeto a la operación que hace el CNTE de la Caja de Ahorro y Préstamos, así como el Fondo de Ahorro y Beneficio Social
* Presupuesto para que opere el Proyecto de Educación Alternativa
PGR: imposible, crear ‘comisión de la verdad’
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La Procuraduría General de la República interpuso un “incidente de imposibilidad real, jurídica y material” para cumplir con la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, como ordenó un tribunal colegiado.
El documento, firmado por Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y encargado de despacho de la PGR, fue presentado el jueves pasado ante el tercer Tribunal unitario del decimonoveno circuito, que preside el magistrado Sabino Pérez García.
El asunto está en el tribunal unitario porque es el que debe acatar la resolución del primer Tribunal Colegiado con residencia en Reynosa, Tamaulipas, el cual, además de ordenar la creación de la comisión, emplazó a reponer el procedimiento a siete personas que presuntamente participaron en el ataque, secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, en Iguala y Cocula, Guerrero.
El incidente de la PGR fue presentado solo por lo que hace el caso de Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y tres personas más que presuntamente forman parte del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes obtuvieron la protección de la justicia dentro del juicio de amparo 203/2017, resuelto por el primer Tribunal Colegiado en Reynosa.
Falta que interponga los mismos recursos en los juicios de amparo de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Salvador Reza Jacobo, El Wereke, y Gildardo López Astudillo, El Gil.
El escrito y dos anexos de la PGR fueron entregados por los agentes del Ministerio Público federal Carmen Lucía Sustaita Figueroa e Ignacio Gilberto Silva Hernández.
“Por otra parte, a efecto de estar en posibilidad de notificar el presente proveído a las personas a quienes se les reconoció el carácter de víctimas en la causa penal 124/2014, gírese atento oficioso vía sise, al juez primero de distrito de procesos penales federales, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, para que en el término de tres días, contados a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe el nombre y domicilio de los representantes de dichas víctimas. Debiendo rendir el informe correspondiente por la misma vía sise”, detalla el acuerdo del magistrado Sabino Pérez en el juicio de amparo 177/2015.
Ayer, los procuradores y fiscales del país se manifestaron contra la resolución del tribunal que ordenó la creación de la comisión de la verdad, porque señalaron que no es la autoridad facultada y solo provoca una afectación al orden jurídico nacional.
“El pronunciamiento hace ver eso, precisamente, un exceso del tribunal colegiado en la resolución que se dictó; un tribunal colegiado no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una Comisión de Justicia y Verdad”, declaró Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México.
En el contexto de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Víctor Carrancá, fiscal general de Puebla y vocero de los procuradores, dijo que el fallo del primer Tribunal colegiado del decimonoveno circuito es una clara contravención al texto constitucional, pues vulnera los principios de Supremacía Constitucional, de reserva de ley, de separación de poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público.
CRITICAN POSTURA
El vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz, reprochó la impugnación de la PGR a la creación de la comisión de la verdad y cuestionó la postura que fijaron los fiscales reunidos en Acapulco.
Calificó de “desfachatez” su actitud y la intención de seguir protegiendo a los responsables de la desaparición, y exigió al gobierno cumplir la sentencia del tribunal sin cortapisas.
“Los procuradores se manifiestan contra la resolución del Tribunal Colegiado argumentando que es inconstitucional; lo que quisiera saber es si para ellos es constitucional utilizar la tortura, violar los derechos de las víctimas y retardar la aplicación de la justicia”, publicó en Facebook.
Fiscales, a la caza de mata-políticos; la violencia inhibe el voto, reconocen
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| Víctor Antonio Carrancá, vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, dio a conocer los acuerdos alcanzados durante los trabajos que sostuvieron ayer procuradores y fiscales de varios estados del país. |
ROLANDO AGUILAR/ CORRESPONSAL
ACAPULCO.
Con un pronunciamiento contra los 122 asesinatos de precandidatos, candidatos y funcionarios en el actual proceso electoral, integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se comprometieron a perseguir y castigar a los responsables de esos hechos.
Víctor Antonio Carrancá Bourget, fiscal de Puebla y portavoz de los procuradores de todo el país, reconoció que el temor de la población a dichos actos violentos puede inhibir su participación en los próximos comicios, afectando sus derechos políticos.
Los funcionarios solicitaron a la sociedad que colabore con las autoridades para detener a los responsables de los asesinatos.
También se comprometieron a reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia para garantizar la asistencia a las urnas.
En tanto, Fernando Ángeles Juárez, candidato del PRD a la alcaldía de Ocampo, Michoacán, fue velado en el rancho donde fue asesinado el pasado jueves.
Van tras asesinos de políticos
Solicitan a la sociedad que colabore con las autoridades para detener a los criminales
Con un pronunciamiento rechazando la violencia contra precandidatos, candidatos y funcionarios partidistas, fiscales y procuradores de todo el país se comprometieron a reforzar las acciones de investigación en estos hechos.
El portavoz de los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el fiscal de Puebla, Víctor Antonio Carrancá
Bourget, afirmó que hay temor de la población por estos hechos de violencia, donde inclusive han sido asesinadas mujeres, lo que puede inhibir la participación de la gente, afectando sus derechos políticos.
El vocero reconoció que “corresponde a las procuradurías y fiscalías la persecución de los imputados a estos hechos de violencia”. Los procuradores y fiscales solicitaron a la sociedad que colabore con las autoridades para detener a los responsables de estos delitos.
También se comprometieron a dar confianza a los ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia en estos días previos a los comicios, para fortalecer el voto en las urnas.
Los estados que son considerados como focos rojos por los hechos violentos contra los candidatos son Guerrero y Michoacán.
HAY CONDICIONES
El pasado 12 de junio, el Vocal Ejecutivo del INE en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, afirmó que en Guerrero, a pesar de los problemas de inseguridad, sí existen las condiciones para que se lleve a cabo el proceso electoral,
Entrevistado al momento que llegó la paquetería electoral a Chilpancingo, el funcionario afirmó que “no descalificamos las opiniones de que en Guerrero hay inseguridad, no lo hacemos, pero eso es una responsabilidad de la autoridad, los ayuntamientos, el Estado y la Federación, dar seguridad”.
Por su parte, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ha tenido varias reuniones de trabajo con los representantes de los partidos políticos y con las instituciones que tienen a su cargo el proceso electoral, donde el tema central fue la seguridad.
Las autoridades del gobierno del estado elaboraron un atlas de riesgo, donde se señalan las áreas más inseguras del estado y se hacen recomendaciones a los candidatos sobre las acciones a tomar para evitar problemas de seguridad.
Las partes conflictivas son la Tierra Caliente, la Zona Centro, incluyendo Chilapa, la Costa Grande, la Montaña y la Sierra.
Por su parte, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dio a conocer que se reunió con un grupo del crimen organizado que controla la Sierra de Guerrero y le pidió que dejaran realizar sus campañas a los candidatos.
El obispo afirmó que le respondieron de manera positiva, lo único que le solicitaron a cambio es que los partidos políticos no intentaran comprar a la gente con dádivas. Esta reunión causó una gran polémica a nivel nacional, donde finalmente el secretario de Gobernación Navarrete Prida, se reunió con el obispo Rangel Mendoza y la dirigencia de la Iglesia de México para platicar.
Entre los casos de los candidatos asesinados que alcanzaron mayor difusión a nivel nacional se encuentra el asesinato de la Precandidata a diputada del PRD Antonia Jaimes Moctezuma, quien fue asesinada en su restaurante en Chilapa el 21 de febrero pasado.
En esa misma zona de Chilapa, unos días después, el 25 de febrero asesinan a la candidata a diputada local del PRI en Chilapa, Dulce Rebaja Pedro.
El 30 de diciembre del 2017, asesinan al alcalde perredista con licencia de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, mientras estaba en una pozolería con unos amigos.
Lanzan un Basta Ya a violencia electoral
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De nueva cuenta, autoridades electorales, procuradores y fiscales del país, candidatos presidenciales y ex consejeros cerraron filas contra la violencia y lanzaron un Basta Ya por la ola de crímenes contra candidatos registrada en el país.
Por separado, demandaron a las autoridades competentes poner fin a la impunidad tras las muertes de al menos 47 candidatos, ocurridas tan sólo en el actual proceso de campaña, así como generar un ambiente de seguridad de aquí a la jornada electoral.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el aumento de la violencia no se dio a partir del proceso electoral, sino que ya existía y no implica que los comicios estén “en riesgo de descarrilarse”.
“La violencia no se detonó por el proceso electoral, ya estaba ahí y ese es uno de los grandes problemas nacionales que tendremos como sociedad que resolver [...], pero eso no ha implicado que las elecciones estén en riesgo de descarrilarse por la violencia, las elecciones van adelante”, dijo en entrevista.
Hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para que establezcan condiciones propicias para que la jornada electoral se realice sin contratiempos.
“Es importante que las instancias de seguridad del Estado mexicano, con las que el INE ha mantenido colaboración cercana, estrecha y fluida, realicen todas las acciones de paz pública que sean indispensables para que la jornada del 1 de julio sea, como lo va a ser, un éxito”, añadió.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, quien el pasado 21 de junio alertó de la gravedad de que el crimen esté imponiendo a los candidatos, reiteró su pronunciamiento en contra de toda forma de violencia.
“Reitero mi llamado a las autoridades competentes para que se investiguen y sancionen los actos de violencia, así como a que se garanticen la seguridad y una jornada electoral libre de violencia”, escribió en su cuenta de Twitter.
Por otro lado, el ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, afirmó que la violencia en las elecciones es una mala señal para la salud democrática de México.
En entrevista, el ahora consultor indicó que esta violencia ha llegado a su nivel más alto; es simplemente reflejo de un problema que lleva gestándose en México durante 20 o 30 años, dada la penetración del crimen organizado en la vida pública, en la vida democrática del país.
“No estoy diciendo tampoco que el proceso democrático en México está controlado por el crimen organizado, por supuesto que no, pero sí estoy diciendo que en algunas zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, donde generalmente son localidades rurales, el crimen organizado manda y esto se está viendo con mucha nitidez”.
Consideró una fantasía o una irresponsabilidad pensar que la autoridad electoral pueda hacer algo: “¿Qué puede hacer? Lo que el INE tiene que hacer es administrar las casillas y punto”.
Por separado, el también ex consejero electoral Mauricio Merino aseguró que la violencia política podría inhibir la participación ciudadana el próximo 1 de julio, por ello, destacó que el mejor antídoto contra quienes quieren imponerse a la soberanía popular es salir masivamente a votar.
“Es evidente que cuando hay criterios de inseguridad que pretenden modificar, las condiciones más favorables para salir a votar, la intención es inhibir (el sufragio), pero si la gente sale masivamente a votar contra eso no puede nadie, ni los más violentos”.
Sin dejar de reconocer la situación de violencia que han enfrentado candidatos a cargos de elección popular, el también ex consejero electoral aseguró que la mejor salvaguarda que tiene la democracia es la voluntad del pueblo.
Los candidatos presidenciables también se expresaron sobre el tema. En Tamaulipas, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió a la ciudadanía que a pesar de estos lamentables hechos, hay que salir a votar, y señaló que esto sucede por el “régimen corrupto” del PRI y PAN.
A su vez, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, hizo un llamado a todos los candidatos a “resistir con firmeza y bajo ninguna circunstancia doblarnos” ante las amenazas del crimen organizado.
El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, coincidió en que la violencia política podría poner en riesgo el proceso electoral en algunas zonas.
Por separado, demandaron a las autoridades competentes poner fin a la impunidad tras las muertes de al menos 47 candidatos, ocurridas tan sólo en el actual proceso de campaña, así como generar un ambiente de seguridad de aquí a la jornada electoral.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el aumento de la violencia no se dio a partir del proceso electoral, sino que ya existía y no implica que los comicios estén “en riesgo de descarrilarse”.
“La violencia no se detonó por el proceso electoral, ya estaba ahí y ese es uno de los grandes problemas nacionales que tendremos como sociedad que resolver [...], pero eso no ha implicado que las elecciones estén en riesgo de descarrilarse por la violencia, las elecciones van adelante”, dijo en entrevista.
Hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para que establezcan condiciones propicias para que la jornada electoral se realice sin contratiempos.
“Es importante que las instancias de seguridad del Estado mexicano, con las que el INE ha mantenido colaboración cercana, estrecha y fluida, realicen todas las acciones de paz pública que sean indispensables para que la jornada del 1 de julio sea, como lo va a ser, un éxito”, añadió.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, quien el pasado 21 de junio alertó de la gravedad de que el crimen esté imponiendo a los candidatos, reiteró su pronunciamiento en contra de toda forma de violencia.
“Reitero mi llamado a las autoridades competentes para que se investiguen y sancionen los actos de violencia, así como a que se garanticen la seguridad y una jornada electoral libre de violencia”, escribió en su cuenta de Twitter.
Por otro lado, el ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, afirmó que la violencia en las elecciones es una mala señal para la salud democrática de México.
En entrevista, el ahora consultor indicó que esta violencia ha llegado a su nivel más alto; es simplemente reflejo de un problema que lleva gestándose en México durante 20 o 30 años, dada la penetración del crimen organizado en la vida pública, en la vida democrática del país.
“No estoy diciendo tampoco que el proceso democrático en México está controlado por el crimen organizado, por supuesto que no, pero sí estoy diciendo que en algunas zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, donde generalmente son localidades rurales, el crimen organizado manda y esto se está viendo con mucha nitidez”.
Consideró una fantasía o una irresponsabilidad pensar que la autoridad electoral pueda hacer algo: “¿Qué puede hacer? Lo que el INE tiene que hacer es administrar las casillas y punto”.
Por separado, el también ex consejero electoral Mauricio Merino aseguró que la violencia política podría inhibir la participación ciudadana el próximo 1 de julio, por ello, destacó que el mejor antídoto contra quienes quieren imponerse a la soberanía popular es salir masivamente a votar.
“Es evidente que cuando hay criterios de inseguridad que pretenden modificar, las condiciones más favorables para salir a votar, la intención es inhibir (el sufragio), pero si la gente sale masivamente a votar contra eso no puede nadie, ni los más violentos”.
Sin dejar de reconocer la situación de violencia que han enfrentado candidatos a cargos de elección popular, el también ex consejero electoral aseguró que la mejor salvaguarda que tiene la democracia es la voluntad del pueblo.
Los candidatos presidenciables también se expresaron sobre el tema. En Tamaulipas, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió a la ciudadanía que a pesar de estos lamentables hechos, hay que salir a votar, y señaló que esto sucede por el “régimen corrupto” del PRI y PAN.
A su vez, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, hizo un llamado a todos los candidatos a “resistir con firmeza y bajo ninguna circunstancia doblarnos” ante las amenazas del crimen organizado.
El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, coincidió en que la violencia política podría poner en riesgo el proceso electoral en algunas zonas.
El INE llama a garantizar paz y seguridad en elecciones
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Informó que en el actual proceso electoral un total de 125 candidatos y precandidatos en el país han sido asesinados, por lo que insistió en que las instituciones de seguridad a nivel federal y estatal deben generar las condiciones para que la democracia se recree y que todo crimen sea debidamente esclarecido.
“Yo creo que es importante que las instancias de seguridad del Estado mexicano con quién la autoridad electoral ha mantenido una colaboración cercana, estrecha y fluida, realicen toda las acciones que sean necesarias para generar las condiciones de paz pública y seguridad que son indispensables para que la jornada del primero de julio sea un éxito”, indicó.
Asimismo informó que de acuerdo con la última cifra del instituto, un total 36 candidatos solicitaron seguridad y en ese sentido la Secretaría de Gobernación, mantiene contacto con los mismos para que su protección esté garantizada.
Interrogado sobre las declaraciones de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, respecto a la incidencia el crimen organizado para decidir quiénes deben o no estar en la boleta electoral, el presidente del INE expresó que “justo para eso debemos trabajar todas las instituciones del Estado, para quienes decidan quiénes nos van a gobernar y cuáles son los proyectos políticos que tendrán que aplicarse en un futuro ciclo de gobierno, sean los ciudadanos.”
"Violencia, inhibidora del voto"
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ACAPULCO. Las agresiones a precandidatos, aspirantes y funcionarios partidistas, un gran porcentaje de éstas contra mujeres, provocan temor e inseguridad en la población que pueden inhibir el ejercicio de sus derechos políticos, coincidieron procuradores y fiscales de todo el país.
Durante la 39 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que se realizó en este puerto, los funcionarios rechazaron la violencia política y se comprometieron a reforzar las acciones de investigación para esclarecer los casos y que se sancione a los responsables.
“Las y los procuradores y fiscales generales del país envían el mensaje conjunto a la sociedad civil de que las instituciones de procuración de justicia rechazan la violencia política y se comprometen a reforzar las acciones de investigación para lograr la persecución de los delitos”, aseguró Víctor Carrancá, vocero de la CNPJ.
Acompañado del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y del fiscal Especializado en la Atención de Delitos Electorales, (Fepade), Héctor Díaz Santana, Carrancá llamó a los ciudadanos a denunciar y colaborar con las autoridades para detener a los agresores y que éstos sean sujetos a proceso.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, informó que aproximadamente 36 candidatos solicitaron protección de autoridades federales.
OCHO PRIORIDADES
Al presentar la política criminal y persecución penal de la dependencia, Elías Beltrán dijo que se deben fortalecer las capacidades de investigación y litigación en casos de alta complejidad como narcotráfico, delitos económicos y financieros; lavado de activos, tráfico de armas, crimen organizado, contrabando, delitos ambientales y corrupción.
“Debemos de fortalecer las capacidades de investigación y litigación en estos ocho mercados criminales y poder pegar a toda la cadena de valor, que es lo que no hemos hecho.
“En el caso de narcotráfico, en las reuniones que hemos tenido con las autoridades americanas decimos que lo que tenemos que hacer en el caso del narcotráfico es verdaderamente pegarle a la cadena de valor”, detalló.
Señaló que la estrategia de la PGR es enviar los delitos de baja complejidad y alto volumen a las unidades de justicia alternativa y tener mayor eficacia en la persecución de los ilícitos de especialidad y sofisticados.
Además, la PGR señaló que está imposibilitada para cumplir la sentencia de amparo en la que se ordena crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa, pues presentó un incidente de imposibilidad real, jurídica y material contra este fallo.
Desafia General Motors a Trump: nuevo auto se fabricará en México
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| General Motors fabricará la Blazer en Coahuila. Foto: Especial |
Apesar de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para que fabricantes de automóviles de esa nación instalen sus plantas en el vecino país, General Motors (GM) sigue adelante con su plan para fabricar el nuevo vehículo urbano deportivo Chevrolet Blazer en México, aseguró el portavoz de la firma, Pat Morrissey.
El magnate ha estado presionando a los fabricantes de automóviles para que construyan más vehículos en Estados Unidos, en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Seguimos comprometidos en trabajar con el gobierno para un TLCAN modernizado”, dijo Morrissey, quien aclaró que la decisión de construir el nuevo modelo en México se tomó hace años.
Los tres principales automotores estadounidenses, GM, Ford y Fiat Chrysler, han argumentado que producir ciertos prototipos en México, donde la mano de obra es más barata, les permite ser competitivos frente a sus rivales asiáticos y europeos.
Morrissey señaló: “seguimos decididos a invertir y crear empleos en México”, y aseguró que desde 2009 General Motors ha invertido más de 22 mil millones de dólares en Estados Unidos, que representa su segundo mayor mercado, después de China.
El 4 de enero de 2017 el republicano amenazó con imponer aranceles muy elevados a los gigantes automotrices, por vender en el mercado estadounidense modelos que fabrica en México.
El Dato: La planta de GM en Ramos Arizpe llegó a ensamblar hasta 60 vehículos por hora, uno por minuto.
A unos días de su elección como presidente, Trump arremetió contra estas firmas, al señalar que era una “vergüenza” que compañías clave para el tejido económico decidieran llevarse empleos fuera del país. Incluso llegó a decir que producir carros en el extranjero era “como robar caramelos a un niño” y amagó con aplicarles aranceles del 35 por ciento, como sanción a los coches importados desde nuestro país.
Les dijo que, en lugar de llevar riqueza fuera de la Unión Americana, invirtieran en su país de origen, porque “estoy decidido a que Estados Unidos se convierta en el mayor imán del mundo para la innovación y la creación de empleo”.
En abril de 2017 la Planta de Ensamble de GM en Ramos Arizpe, Coahuila, registró una reducción de 50 por ciento de su producción, jornadas laborales de tres días y un paro de dos semanas; el saldo fue achacado al llamado “efecto Trump”, ante las medidas arancelarias previstas.
Verdaderas víctimas de la crisis migratoria son de EU: Trump
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| Manifestantes criticaron ayer frente a la Casa Blanca que las familias de migrantes hayan sidio separadas. El próximo día 30, anunciaron organizaciones, se llevará a cabo una jornada nacional de movilizaciones Foto Afp |
David Brooks - Corresponsal
Nueva York
Los testimonios de padres y niños migrantes tratando desesperadamente de encontrarse después de ser forzosamente separados por el régimen de Donald Trump se han multiplicado, mientras el presidente calificó ayer de falsas las historias de tristeza que cuentan sus críticos sobre los menores.
La confusión impera entre funcionarios y abogados que, desesperadamente también, tratan de entender si hubo o no un cambio de política y sus implicaciones, después de la firma de la orden ejecutiva para poner fin a las separaciones e instrucciones del mandatario para que se reunificaran las familias separadas. Si procede, la nueva disposición cambia una de separación de familias por una de encarcelamiento de familias.
Pero el primer obstáculo para reunificar a esas familias es que nadie sabe bien dónde están muchos de los más de 2 mil 500 niños que han sido separados de sus padres sólo en los pasados dos meses (más de 4 mil durante el último año).
Se supone que se encuentran entre los más de 11 mil menores de edad clasificados como no acompañados que están internados en unos 100 albergues en por lo menos 16 estados.
Sin embargo, nadie parece saber en cuáles ni cuántos han sido colocados con familiares de este país o con guardas. Incluso, si fueron deportados o finalmente reunificados con sus familias.
Abogados y oficiales narran que madres y padres detenidos preguntan –con lágrimas y furia– una y otra vez por la ubicación de sus hijos, cuándo los verán de nuevo, y que una y otra vez tienen que responder que no saben. Erik Hanshew, defensor público en El Paso, dijo al Washington Post que en los procesos judiciales para adultos detenidos interrogó ante el juez a un agente de Migración, a quien preguntó si sabía dónde estaba la niña de cuatro años que estaba con su cliente cuando fueron detenidos. La respuesta de los agentes es siempre negativa. Ni se le proporcionó información al padre sobre cómo ubicar a su hija. Durante el interrogatorio, el juez enfureció e incrédulo comentó que cuando te procesan en una cárcel y te quitan tu cartera, te dan un recibo, pero si te quitan a tus hijos, ¿no te dan nada? ¿Ni una hoja de papel?
La red de albergues para menores de edad migrantes, que en realidad se trata de centros de detención, son operados de manera privada, bajo contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, en lo que es un negocio multimillonario, el cual se está ampliando con las nuevas políticas de Trump de crear centros para menores de 13 años –incluso hay bebés– y ciudades de carpas para alojar a cientos más.
Por otro lado, se reportó ayer que la agencia migratoria ICE está buscando ampliar su capacidad de detención para acomodar a unas 15 mil familias. Se informó que el Pentágono está preparando lugares en bases militares para unos 20 mil migrantes detenidos, se supone que con niños.
El costo de alojar a un niño en estas ciudades de carpas es de 775 dólares la noche (más que muchos hoteles de lujo), mientras mantenerlos en albergues más tradicionales cuesta 258, reportó NBC News citando fuentes oficiales. La estancia promedio en esas instalaciones es de casi dos meses.
Todos los medios nacionales están repletos de crónicas sobre la agonía de madres y padres buscando a sus hijos, de los cuales fueron separados dentro de un complicado gigantesco laberinto burocrático, más aún por falta de coordinación entre agencias, barreras de idioma y por el caos generado desde lo más alto.
Ayer, Trump intentó descalificar esas historias declarando que los demócratas están difundiendo cuentos falsos de tristeza y dolor. Reiteró que las leyes de inmigración son débiles y por tanto la necesidad de una frontera sureña fortalecida, ya que “no podemos permitir que nuestro país sea abrumado por migrantes ilegales”.
Poco después intentó cambiar la narrativa –tras su derrota por niños migrantes– al acusar que las verdaderas víctimas de lo que llama la crisis de migración son estadunidenses. Sostuvo una reunión, en la cual tuiteó: “Estamos reunidos para escuchar directamente a las víctimas americanas de la migración ilegal. Estos son ciudadanos americanos permanentemente separados de sus seres queridos, porque fueron asesinados por criminales extranjeros ilegales”.
En el encuentro agregó que esos ciudadanos están permanentemente separados de sus seres queridos. No por un día o dos, sino permanentemente, porque fueron asesinados por extranjeros criminales e ilegales.
Pero críticos y activistas continuaron denunciando como cruel la política de Trump. Esta es una crisis humanitaria de proporciones épicas, que fue creada por el presidente Trump, acusó el abogado David Leopold, ex presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Señaló que la orden ejecutiva no resuelve esa crisis. Se realizará una acción de protesta nacional el 30 de junio, mientras el torrente de denuncias continúa por todo el país.
Mientras tanto, relatores especiales sobre derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas expresaron que la orden ejecutiva del presidente no resuelve el problema de fondo de mantener a niños en detención, sea separados o con sus familias, y llamaron a que el gobierno estadunidense los libere. La detención de niños es punitiva, daña severamente su desarrollo y, en algunos casos, podría llegar a ser tortura (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display News.aspx?NewsID=23245&LangID=E).
En medio de todo esto, con el régimen de Trump nutriendo la ola antimigrante, una nueva encuesta de Gallup reveló que 75 por ciento de estadunidenses –nivel récord– opina que la migración es algo positivo para el país. Sólo 19 por ciento opina lo contrario.
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