Recomendaciones a PGR y CNS suben 117%
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En materia de derechos humanos “el balance no es favorable” para la actual administración, porque “la sociedad clama por seguridad, por poner un alto a la violencia, porque la legalidad impere, la impunidad se reduzca y la corrupción se sancione”, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al señalar que en 2017 se registró un aumento de 117 por ciento en el número de recomendaciones emitidas contra la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR) con respecto a 2016.
Al presentar su informe anual ante el presidente Enrique Peña Nieto, en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el ombudsman nacional indicó que “México tiene una institucionalidad débil”, por lo que “es preciso desvincular la integración y operatividad de nuestras instituciones de coyunturas políticas o de cualquier otra índole”.
González Pérez dijo al jefe del Ejecutivo que pese al compromiso presidencial de atender las violaciones a los derechos humanos, “sus exhortos, propuestas y determinaciones encontraron poco eco en las distintas autoridades. Es mi deber informar a usted y a la opinión pública que esa instrucción no fue atendida en sus términos”.
De poco sirve, consideró, que la CNDH ponga en evidencia y denuncie la problemáticas en el ámbito de los derechos humanos, “si la respuesta por parte de las autoridades no llega con la oportunidad y pertinencia debidas”.
Durante 2017 se emitieron 97 instrumentos recomendatorios que comprendieron: 81 recomendaciones ordinarias, cinco por violaciones graves, ocho del mecanismo de prevención de la tortura y tres generales.
Las 81 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 62 autoridades, lo cual significó un aumento de 14 por ciento frente a lo registrado en 2016. Las seis autoridades destinatarias del mayor número de recomendaciones durante este periodo son: el IMSS, en 19 casos; la Comisión Nacional de Seguridad, 13; la Procuraduría General de la República, 13; el Instituto Nacional de Migración, 7; el Issste, 4, y la Secretaría de Marina, con 4. En este rubro es de destacar el incremento de 117 por ciento, respecto de 2016, en el número de recomendaciones emitidas contra la CNS y la PGR, a las cuales hace dos años les fueron enviadas, a cada una, cuatro.
“NO HAY CAMBIO SIGNIFICATIVO”
Ante los secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; de Salud, José Narro, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, entre otros integrantes del gabinete y representantes de organizaciones civiles, González enfatizó al Presidente que México, en derechos humanos “no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos. Tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”. Estos, dijo, han dejado “saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante este periodo”.
El ombudsman advirtió: “Los mexicanos no podemos seguir limitando nuestro destino y planes de desarrollo profesional y vida personal al miedo, a la desconfianza y a la incertidumbre que generan la inseguridad, la violencia y la impunidad. Requerimos una transición a la genuina legalidad, sustentada en el respeto de los derechos humanos”.
Sin seguridad, destacó González Pérez, no habrá respeto a los derechos humanos y las medidas de seguridad que “se adopten no podrán ser aceptables y serán vistas como una imposición autoritaria”. Por eso, dijo, es un error suponer que solo el uso de la fuerza, por legítimo que este sea, deba ser la única respuesta del Estado. La violencia ha demostrado ser una inversión muy poco redituable, que tiene un costo altísimo para todas las personas.
El titular de la CNDH puntualizó que en este sexenio se registraron violaciones graves a los derechos humanos que lo marcaron, como son los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán. “Son solo algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018 en un momento crítico de los derechos humanos”, remarcó.
Al informar sobre la violencia contra los periodistas, el ombudsman nacional señaló que “el escenario no es más alentador” que en el sexenio anterior, cuando hubo 52 homicidios de comunicadores. A ocho meses de que culmine la actual administración ya se registró un número igual que en el sexenio anterior, lo que eleva la cifra de periodistas privados de la vida a 104 en 12 años. Asesinatos que, en su mayoría, siguen en la impunidad, resaltó.
Para el presidente de la CNDH, aún hay “tiempo de definir y lograr el país y la sociedad que queremos para nuestro futuro. Los meses que restan a su gestión, señor Presidente, son todavía una oportunidad de abonar a la consecución de un mejor entorno para todas y todos los mexicanos”.
CLAVES
AYOTZINAPA
Sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente de la CNDH indicó que de 57 puntos propuestos por la comisión, solamente seis habían sido atendidos completamente, 36 estaban en vías de atención y 12 no habían sido atendidas.
Los gobiernos estatales con mayor número de recomendaciones de la CNDH en trámite son Oaxaca, con 16; Guerrero, 15; Chiapas, 12; Tabasco, 11, y San Luis Potosí, con nueve.
Para 2019: dólar a $18.4 y PIB crece 3%; precriterios de política económica
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| Foto: Pixabay |
CIUDAD DE MÉXICO.
En el primer año del próximo gobierno (2019), se prevé que la economía de México crezca
entre 2.5 y 3.5% (promedio de 3%) y que el precio del dólar sea de 18.40 pesos.
La Secretaría de Hacienda presentó ayer al Congreso los Precriterios 2019, documento que contiene los objetivos de ingresos y gastos, así como los cálculos de las variables económicas que sirven de base para la elaboración del paquete económico de ese año.
En el informe detalló que la economía mexicana se ha adaptado complejo entorno global.
Prevé que la plataforma de producción petrolera deje de tener un impacto negativo en el crecimiento económico y que los indicadores de inflación sigan convergiendo a la baja para ubicarse en el rango del Banco de México, hacia 3 por ciento.
Hacienda advierte sobre los riesgos que seguirá teniendo la economía, como la negociación del TLCAN.
Hacienda proyecta mayor crecimiento
Para el primer año del próximo gobierno, la economía mexicana tendrá un crecimiento de entre 2.5 y 3.5%, lo que anticipa un mayor dinamismo que en este año, del cual se espera una expansión de entre 2.0 y 3.0%, informó la Secretaría de Hacienda.
Estas estimaciones se dieron a conocer en los Precriterios 2019, documento que sirve de base para la elaboración del paquete económico para ese año.
En el informe, detalló que la economía mexicana se ha mostrado resiliente al complejo entorno global gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos, que se han visto robustecidos por la consolidación fiscal y una política monetaria autónoma y creíble, y por la implementación de las Reformas Estructurales.
ESCENARIOS
Asimismo, se prevé que la plataforma de producción petrolera deje de tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico; y que los indicadores de inflación sigan convergiendo a la baja durante este año y 2019, para ubicarse en el rango del Banco de México de 3 por ciento.
Para 2019, Hacienda proyecta que el déficit fiscal amplio se ubique en 2.5% del PIB, mismo nivel que 2018, en tanto que el balance primario aumente en una décima de punto, de 0.8 a 0.9% del PIB en el mismo lapso. También proyecta que la deuda pública amplia mantenga su trayectoria descendente para ubicarse en 45.2% del PIB, desde 45.5%.
En los ingresos, Hacienda estima que en 2019 se ubique en 20.1% del PIB, desde 20.4% de 2018, derivado de la reducción de 4 décimas en los ingresos petroleros. En cambio, prevé un alza de los impuestos de 12.6 a 12.7% del PIB.
Por su parte, espera que el gasto pase de 22.4 a 22.1% del PIB entre este año y el siguiente, en el que el programable (bienes y servicios) disminuya de 16.1 a 15.6% del PIB, en tanto que el gasto no programable (ineludible) pase de 6.3 a 6.5% del PIB.
LOS RIESGOS
Hacienda destacó que México sigue enfrentando riesgos sobre su economía y sus finanzas públicas, tales como el resultado de las negociaciones relativas a la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; un dinamismo menor al anticipado en la economía mundial, y de México en particular, el cual podría derivarse, por ejemplo, de la implementación de políticas proteccionistas que obstaculicen el comercio internacional.
Asimismo, un crecimiento de la inversión en México más lento que lo previsto y mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales podrían darse “como resultado, por ejemplo, de que el proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos sea más rápido que lo anticipado”, recalcó la dependencia.
Crecen los ingresos tributarios
En los primeros dos meses del año se logró una recaudación de impuestos por 536 mil 638 millones de pesos, 5.4% mayor a los del mismo periodo de 2017, informó la Secretaría de Hacienda.
Estos ingresos superaron la expectativa que tenía prevista la dependencia para el primer bimestre, periodo en el que esperaba una recaudación por 480 mil 367 millones de pesos.
A su interior destaca el crecimiento del sistema de renta, del impuesto al valor agregado y del IEPS sin combustibles de 5.4, 10.6 y 20.9% real, respectivamente”.
En tanto, los ingresos presupuestarios se ubicaron en 854 mil 700 millones de pesos, que implicó un alza de 6.9% anual real.
Por su parte, el gasto neto total superó lo programado en los dos primeros meses del año, al ubicarse en 933 mil 100 millones de pesos, monto mayor al previsto en el programa en 60 mil 700 millones, debido a que el gasto no programable fue superior en 78 mil 400 millones de pesos, pero el programable se ubicó 17 mil 700 millones por debajo del programa.
Finalmente, el déficit público amplio se ubicó en 49 mil 500 millones de pesos (2.7 mil millones más que en 2017), y la deuda pública amplia fue 9.937 billones de pesos.
La banca, con solvencia
El Sistema Financiero, y en particular la banca mexicana, no enfrenta problemas de solvencia, resaltó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.
En su informe anual, el CESF señala que el sistema bancario mexicano se encuentra bien capitalizado y con niveles razonables de liquidez, cumpliendo con la gran mayoría de los requerimientos de Basilea III.
Debe resaltarse que las medidas prudenciales a las que está sujeta la banca en sus posiciones en moneda extranjera han permitido que los episodios de volatilidad que se han observado en el mercado cambiario hasta ahora no hayan puesto en riesgo la solvencia de las instituciones bancarias”.
Tribunal Electoral falla a favor de EL UNIVERSAL en caso Anaya
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Con este fallo, el Tribunal revierte la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que en su momento no aplicó medidas cautelares y dejó correr el spot de Anaya y el PAN.
Los magistrados resolvieron que si bien los partidos gozan de amplia libertad para fijar los contenidos de sus promocionales, deben ser cuidadosos en los mensajes que transmitan para no generar un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico, lo que ocurrió en este caso.
En sesión pública, los siete magistrados consideraron que en el caso del spot que el PAN pautó en contra de este diario sí hubo uso indebido de la pauta, por lo que ordenaron a la Sala Regional Especializada del TEPJF calificar la falta e imponer al partido la sanción correspondiente.
Sin embargo, por una mayoría de cinco de siete magistrados, se estableció que los promos del PAN, difundidos en noviembre y diciembre de 2017 en todo el país, incluyeron contenidos no permitidos en una pauta partidista —según el artículo 41 de la Constitución—, pues se abordó un tema personal de su entonces dirigente, Ricardo Anaya, sobre su litigio con EL UNIVERSAL, asunto que, consideraron, no es de interés general.
El magistrado José Luis Vargas, quien elaboró el proyecto de sentencia, sostuvo que “resulta constitucionalmente inadmisible que un instituto político use las pautas para debatir públicamente con un medio de comunicación aspectos difundidos por éste que pudieran ser incómodos a él o a uno de sus dirigentes”.
Esto, agregó, “pudiera dar lugar a disuadir la labor informativa que desarrollan de manera profesional los medios de comunicación, al amparo de la libertad de expresión”.
En este caso, recordó, el periódico que se vio citado y señalado en un spot electoral por parte de Anaya, “estuvo imposibilitado para contratar tiempo en radio y televisión con la finalidad de responder a esos señalamientos”, pues el modelo de comunicación política prohíbe la compra de espacios para temas político-electorales.
Es ahí donde, en un principio de equidad, “los partidos tienen derecho a poder ejercer libremente sus prerrogativas en radio y televisión, [lo que] exige también cuidar otros derechos y, por supuesto, la libertad de los periodistas es una cuestión fundamental”.
La magistrada presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora, dijo que la labor periodística y la libertad de expresión merecen una protección especial, lo cual no ocurrió en este caso.
El spot “descontextualizó y utilizó indebidamente información generada por diversos medios. En primer lugar, al utilizar el logotipo del diario EL UNIVERSAL, calificar su publicación como ataque y señalar que la información que publicó no es verdadera.
“En segundo lugar, se utilizan de forma editada y descontextualizada diversos fragmentos de los programas noticiosos de dos periodistas para reforzar la idea de la existencia de ataques y de que la información no era cierta”.
Con ello se buscó desacreditar ante la ciudadanía la labor periodística de EL UNIVERSAL y de quien realizó la nota y “pretender dar la idea de que lo publicado no es producto de un ejercicio periodístico genuino”.
El PAN, concluyó, “faltó a dos deberes: el de cuidar el uso de la información y de los hechos que expresó en sus promocionales, así como el de la protección de la labor periodística”.
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso expuso que el PAN utilizó los tiempos del Estado de modo que se pudo generar un efecto inhibitorio en la libertad de expresión y restricciones al ejercicio periodístico “y eso no puede ser admisible.
“Pudiéramos estar ante un uso abusivo de la prerrogativa ante un medio de comunicación, lo que podría ser pernicioso para una democracia sustantiva, sustentada en la protección de los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el ejercicio de un periodismo libre”, anotó.
Los partidos no pueden utilizar los tiempos asignados para cuestionar la libertad periodística, aun cuando esto los involucre de manera directa, pues ello constituye un uso indebido de la pauta, agregó.
El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera enfatizó que los promos del PAN afectan derechos constitucionales, pues su contenido se centra “en una esfera que no se vincula con la ideología del partido político o principios que éste proclama, ya que es una entidad de interés público, sino que inciden en un tema de interés exclusivamente individual.
No hay en los mensajes un interés general, sino individual, y la muestra, explicó, es que en el promo se intentó dar difusión al contenido de una sentencia —sobre derecho de réplica— “que sólo atañe al interés particular de quien obtuvo el fallo”.
El magistrado Indalfer Infante Gonzáles dijo a su vez que ese promocional “no está dirigido a transformar o conformar ideas y creencias o estimular determinadas conductas políticas, no cabe dentro de esta clasificación de interés general. Por lo tanto, me parece que el partido político infringe efectivamente la normatividad”.
Los magistrados desestimaron alegatos como calumnia, violación de derechos de propiedad intelectual y de autor, y descartaron la participación de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) como amicus curie.
En tanto, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña también avalaron que el PAN usó su pauta para cuestionar la labor periodística, lo que puede inhibir la libertad de expresión.
Empero, establecieron que a su juicio el asunto tratado en el spot, la probable ilicitud o irregularidades de patrimonio personal o familiar de un dirigente partidista y su defensa, sí es de interés general, factible de figurar en un spot.
desfavorable, el balance en materia de derechos humanos
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El ombudsman Luis Raúl González Pérez entregó al presidente Enrique Peña Nieto el informe de actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Foto José Antonio López |
Emir Olivares Alonso y Fernando Camacho
El sexenio de Enrique Peña Nieto presenta un balance desfavorable en materia de derechos humanos. Su gobierno ha estado marcado por graves violaciones a estas garantías. Casos como Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán son sólo algunos de los nombres más representativos que marcaron la administración 2012-2018 en un momento crítico de los derechos humanos, enfatizó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ayer su informe de labores 2017 ante el mandatario federal en la residencia oficial de Los Pinos. Más que un análisis del año pasado, en un discurso de casi 40 minutos, González Pérez hizo un balance de la situación de las garantías fundamentales en el país durante los más de cinco años de la administración del priísta, que está a unos meses de concluir su gestión.
No se ha logrado fortalecer el estado democrático de derecho
En este periodo, enfatizó el comisionado, México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza.
En la ceremonia, a la que acudió el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y en la que nuevamente no estuvieron presentes los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, respectivamente, el ombudsman lamentó que los exhortos, propuestas y determinaciones de la CNDH hayan encontrado poco eco entre las autoridades federales y estatales a las que fueron dirigidos.
Aceptan recomendaciones, pero no se cumplan totalmente
Sus recomendaciones durante este sexenio prácticamente fueron aceptadas en su totalidad. Sin embargo, la gran mayoría presentan deficiencias y demoras considerables en su cumplimiento. En los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán, señaló que se han aceptado los exhortos, pero sólo uno tiene pruebas de cumplimiento total.
Sería una señal muy positiva de coherencia, responsabilidad y compromiso con los derechos humanos el que antes de concluir su administración, se dé cumplimiento a las recomendaciones respectivas y se atiendan las propuestas formuladas por este organismo nacional. Ese llamado lo hacemos extensivo también a los gobiernos locales.
Remarcó que tanto en el caso Iguala –con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de tres más–, como con otros temas de primera importancia en el país, se ha mostrado que el modelo de operación de la Procuraduría General de la República (PGR) está agotado. Es necesario que a la brevedad se concreten de manera viable y pertinente las reformas en el ámbito de procuración de justicia, para garantizar la autonomía, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de esta función.
Criticó que no se hayan atendido los llamados de expertos nacionales e internacionales contra la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. La respuesta a la violencia e inseguridad no radica en reducir o eliminar derechos y libertades, tampoco en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley (...) En días pasados, usted (Peña Nieto) señaló que sería ingenuo y negligente pretender que el Estado renunciara a su utilización. Es cierto, tanto como que los hechos han demostrado también que es un error suponer que sólo el uso de la fuerza, por legítimo que éste sea, deba ser la única respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad que se enfrenta.
Durante el actual gobierno, dijo el ombudsman, México no ha ratificado ningún instrumento internacional vinculado al campo de los derechos humanos, y tampoco ha retirado algunas reservas de los que forman parte del orden jurídico nacional. Esto a pesar que el artículo uno de la Constitución prevé esa obligación.
Balance desfavorable en DH; Peña Nieto lo acepta
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Indicó que México necesita más seguridad, pero no a cualquier costo.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto insistió en que durante este sexenio “no se ha modificado positivamente el entorno que, cuando inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”.
Ello, dijo, ha dejado saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante este periodo.
Afirmó que el miedo y los alcances de la violencia generan desesperanza en la sociedad, distanciamiento de las instituciones y desconfianza en las autoridades.
Desde su perspectiva, “se requiere una institucionalidad fuerte, que recobre para sus habitantes la expectativa de un rumbo de paz, seguridad y desarrollo, que haga a un lado el miedo y la incertidumbre, que cada persona y el conjunto de la sociedad vuelvan a tomar el control y responsabilidad de nuestro futuro, hoy empañado por la violencia, la impunidad y la corrupción”.
El ombudsman subrayó que estamos a tiempo de definir y lograr el país y la sociedad que queremos para nuestro futuro.
En su informe de labores, además de aludir a los aspectos más relevantes de la actividad institucional de la CNDH durante el año pasado, mencionó que en atención y respuesta a las más de un millón 257 mil personas que desde 2012 han acudido al Organismo Nacional para solicitar su intervención o asesoría por considerarse agraviadas por algún abuso de poder, expondría unas reflexiones sobre lo que podría ser un balance general de la situación de los derechos humanos, durante los poco más de cinco años de la actual administración.
Tras mencionar que las repercusiones de ese entorno trascienden afectaciones económicas de los afectados que deben buscar por sí mismos la protección y garantías que las autoridades no les pueden brindar, señaló que el dolor y sufrimiento de miles de personas derivado de hechos de violencia, desaparición de personas, desplazamientos forzados y víctimas de algún delito “son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante estos casi seis años”.
Dijo que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 hubo 21,459 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en 2017 la cifra fue de 25,340, la más alta en los últimos 20 años, y apuntó que sin seguridad jamás habrá vigencia real de los demás derechos fundamentales y, sin el respeto a los mismos las medidas de seguridad serán vistas como imposición autoritaria.
González Pérez recordó que en días pasados el mandatario mexicano señaló que sería ingenuo y negligente pretender que el Estado renunciara al uso de la fuerza, y señaló que eso es cierto, como también lo es suponer que sólo el uso de la fuerza, por legítimo que sea, debe ser la respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad.
Detalló que en 2017 las cinco autoridades federales con el mayor número de recomendaciones en trámite eran: Comisión Nacional de Seguridad, con 63; el IMSS, con 50; la Procuraduría General de la República, con 37; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 18 y la SEP, con 16. De igual forma, los 5 gobiernos estatales con el mayor número de estos asuntos en trámite fueron los estados de Oaxaca, con 16; Guerrero, 15; Chiapas, 12; Tabasco, 11 y San Luis Potosí, nueve.
Destacó también el apoyo que la administración de Peña Nieto brindó para la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, y otros tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; así como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con lo cual nuestro país podrá dar pasos ciertos y concretos para la sanción, abatimiento y prevención de dichas prácticas, así como para la atención efectiva a las víctimas de las mismas.
El ombudsman nacional expresó su reconocimiento a las “acciones que se emprendieron desde el Ejecutivo Federal, en particular, con la destacada participación de las Fuerzas Armadas para la atención a desgracias naturales, como los sismos registrados en septiembre de 2017, los cuales motivaron la movilización conjunta de autoridades y sociedad, ante una tragedia que afectó a miles de mexicanos”.
MC filtra padrón a Internet y da pie a transas con firmas, fraudes...
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| Los consejeros electorales Adriana Favela, Enrique Andrade y Lorenzo Córdova (presidente), en la sesión de ayer. Foto: Especial |
Laura Arana
El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la participación de Movimiento Ciudadano (MC) en la filtración del padrón electoral a Amazon y la relacionó con el fraude en la recolección de firmas de los aspirantes independientes, por lo que ratificó la multa a ese partido por 34 millones 158 mil 411.30 de pesos.
Durante la sesión general del órgano electoral, consejeros consideraron que MC no salvaguardó ni preservó la inviolabilidad de la información de más de 93 millones 424 mil 710 personas del Listado Nominal de Electores 2014-2015 en el portal Amazon, cuya conducta pudiera generar una comercialización o utilización de manera inadecuada de esta información.
La consejera Andriana Favela apuntó que este caso fue incluso alertado por la Interpol, por lo que se debe sancionar de manera ejemplar a este partido político.
“Se tiene que mandar un mensaje muy contundente de que esta Institución hace todos sus esfuerzos institucionales y que están a nuestro alcance para erradicar este tipo de conductas y evitar que los datos de la Lista Nominal de Electores se puedan comercializar de algún modo o utilizar de una manera inadecuada.
“Ya hemos tenido ejemplos de esto, desafortunadamente cuando nosotros, aquí también en el Instituto Nacional Electoral, tuvimos la oportunidad de revisar los supuestos apoyos ciudadanos que varias personas enviaron a esta Institución y que aspiraban a una candidatura independiente”, manifestó.
Al respecto, el consejero del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano ante el INE, Jorge Álvarez Maynez, aseguró que su partido fue quien alertó sobre la filtración a través de una empresa y un hacker y puntualizó que la consejera Adriana Favela está al servicio del PRI.
“Me parece peligrosísimo, yo llamaría a la atención de los Consejeros de eso. Yo sé que hay una cierta afinidad, afabilidad por ser compañeros de trabajo, pero que alguien aquí venga a decir que esto tiene que ver con lo de los aspirantes independientes, estamos discutiendo el punto de Movimiento Ciudadano, y que diga: Y esto podría estar relacionado a los aspirantes independientes. Ojalá que presente la denuncia, que tenga el valor civil la Consejera, si ella cree que hay un asunto relacionado”, dijo Álvarez Maynez.
Al respecto, la consejera electoral Adriana Favela que la única intención es proteger los datos de los mexicanos que conforman esta lista nominal nacional, además de que subrayó que este mismo partido —antes conocido Convergencia— fue sancionado también por filtrar datos del padrón electoral en la página de internet “buscardatos.com” en el 2010.
A su vez el consejero electoral Marco Antonio Baños también afirmó que permitir esas actitudes abonaría a un tráfico de datos personales.
Agregó que hay pruebas contundentes sobre la irresponsabilidad de Movimiento Ciudadano, y puso como ejemplo el caso que su propio dirigente Dante Delgado acudió a las instalaciones del INE a emitir una conferencia de prensa donde aceptó que el padrón que se encontraba en el portal Amazon fue el que el órgano electoral le otorgo al partido para su revisión.
INE sospecha que donantes son fantasmas
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NAYELI CORTÉS
El INE tiene indicios de que Jaime Rodríguez El Bronco recibió financiamiento de dos empresas presuntamente fantasma por lo que iniciará una investigación al respecto.
El Heraldo de México publicó –en su edición del 27 de marzo— que las comercializadoras Zelcy y Dyjoma hicieron depósitos bancarios a donantes del aspirante presidencial independiente, que luego fueron transferidos a la cuenta de la asociación civil Viva la Nueva Independencia, usada por el gobernador de Nuevo León con el propósito de financiar la recolección de firmas de apoyo a su candidatura independiente.
Ambas empresas son proveedoras del gobierno de Nuevo León y del municipio de Garza García, por lo que, además de representar una presunta donación de una empresa (algo prohibido por la ley) también podrían implicar triangulación de recursos públicos.
Pero eso no es todo. Adicionalmente, la Unidad de Fiscalización del INE tiene indicios de que ambas empresas son fachada, pues sus contrataciones prácticamente se limitan a los gobiernos mencionados y su rastro de ubicación (dirección, teléfono) no genera certeza de su operación.
Además, ambas se dieron de baja del Registro Nacional de Proveedores del INE, en 2016, pero firmaron contratos con los gobiernos de Nuevo León y Garza García, en 2017.
TRIBUNAL APLAZA DECISIÓN
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aplazó el momento para decidir si El Bronco podrá ser candidato presidencial independiente.
En su sesión de ayer, los magistrados desecharon dos recursos interpuestos por el gobernador con licencia sobre la decisión de modificar el número de apoyos válidos del ex priista, una decisión que lo dejó sin posibilidades de convertirse en candidato presidencial independiente.
Según el Tribunal, esa decisión “carece de definitividad y firmeza” y habrá que esperar que hoy, el Consejo General del INE apruebe las candidaturas federales para que, entonces sí, El Bronco tenga cuatro días para controvertir su exclusión.
En tanto, Javier Náñez Pro, representante de El Bronco ante el INE, informó que, una vez que el Instituto Nacional Electoral formalice la negativa de registro del aspirante presidencial, recurrirán nuevamente ante el TEPJF para impugnar.
El INE tiene indicios de que Jaime Rodríguez El Bronco recibió financiamiento de dos empresas presuntamente fantasma por lo que iniciará una investigación al respecto.
El Heraldo de México publicó –en su edición del 27 de marzo— que las comercializadoras Zelcy y Dyjoma hicieron depósitos bancarios a donantes del aspirante presidencial independiente, que luego fueron transferidos a la cuenta de la asociación civil Viva la Nueva Independencia, usada por el gobernador de Nuevo León con el propósito de financiar la recolección de firmas de apoyo a su candidatura independiente.
Ambas empresas son proveedoras del gobierno de Nuevo León y del municipio de Garza García, por lo que, además de representar una presunta donación de una empresa (algo prohibido por la ley) también podrían implicar triangulación de recursos públicos.
Pero eso no es todo. Adicionalmente, la Unidad de Fiscalización del INE tiene indicios de que ambas empresas son fachada, pues sus contrataciones prácticamente se limitan a los gobiernos mencionados y su rastro de ubicación (dirección, teléfono) no genera certeza de su operación.
Además, ambas se dieron de baja del Registro Nacional de Proveedores del INE, en 2016, pero firmaron contratos con los gobiernos de Nuevo León y Garza García, en 2017.
TRIBUNAL APLAZA DECISIÓN
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aplazó el momento para decidir si El Bronco podrá ser candidato presidencial independiente.
En su sesión de ayer, los magistrados desecharon dos recursos interpuestos por el gobernador con licencia sobre la decisión de modificar el número de apoyos válidos del ex priista, una decisión que lo dejó sin posibilidades de convertirse en candidato presidencial independiente.
Según el Tribunal, esa decisión “carece de definitividad y firmeza” y habrá que esperar que hoy, el Consejo General del INE apruebe las candidaturas federales para que, entonces sí, El Bronco tenga cuatro días para controvertir su exclusión.
En tanto, Javier Náñez Pro, representante de El Bronco ante el INE, informó que, una vez que el Instituto Nacional Electoral formalice la negativa de registro del aspirante presidencial, recurrirán nuevamente ante el TEPJF para impugnar.
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