Exigen el cierre de ducto ordeñado
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Norma Zúñiga
Cd. de México (12 febrero 2018).- La ordeña de ductos en Sinaloa ha tumbado las ventas de gasolineros en el último año, por lo que empresarios del ramo solicitaron a Pemex que cierre el ducto de Guamúchil a Culiacán.
Sólo en diciembre de 2017 gasolineros consultados por REFORMA reportaron ventas 70 por ciento menores que en el mismo mes del año previo debido a la ordeña.
En 2017 Sinaloa registró 384 tomas clandestinas, contra 119 en 2016, es decir aumentó 222 por ciento en sólo un año.
De manera anónima, los entrevistados compartieron vía telefónica que al menos 2 gasolineras en poblados cercanos a Culiacán ya cerraron.
Varias más en Sinaloa están analizando dejar el negocio ante las bajas ventas y algunas abren de manera intermitente.
El ducto Topolobampo-Guamúchil-Culiacán abastece de combustibles varios puntos de Sinaloa y, según los empresarios, ya se había cerrado a finales de 2016 a raíz de la ordeña de ductos.
En total, dicho poliducto tiene una extensión de 222.2 kilómetros y a través de este se transportan gasolinas y diesel.
Las fuentes recordaron que, cuando se cerró el ducto, el transporte de combustibles se realizó mediante pipas.
Llevar un barril de gasolina por pipa es 14 veces más costoso que hacerlo a través del ducto, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En Culiacán y localidades cercanas, la venta de combustible ilegal, compartieron, se realiza a plena luz del día en camionetas que exhiben los bidones de mil litros con gasolinas.
Los huachicoleros ofrecen a 10 pesos el litro, cuando el precio máximo para la Premium era de 19.73 pesos, y para la Magna, de 18.05 pesos el 9 de febrero.
Hace tres años, debido a la ordeña, Pemex cerró el poliducto Villahermosa-Minatitlán sin que se tenga reporte de que haya sido reabierto.
La ordeña, según fuentes oficiales, genera pérdidas anuales a Pemex por 20 mil millones de pesos.
Hasta el cierre de esta edición, la petrolera no dio respuesta respecto a si están considerando cerrar el ducto en Sinaloa.
Este año, Pemex Logística planea subastar a privados capacidad en el ducto Topolobampo-Guamúchil-Culiacán.
SFP vigilará elecciones con lupa; se une al INE y la Fepade
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| La SFP vigilará a los aspirantes a los cargos de elección popular, desde los presidenciales hasta los concejales, a fin de evitar que se utilice el proceso electoral para el enriquecimiento ilícito. |
LETICIA ROBLES DE LA ROSA
CIUDAD DE MÉXICO.
Por primera vez en la historia, la Secretaría de la Función Pública (SFP) podrá vigilar y sancionar a los candidatos, equipos de campaña, empresarios o particulares, por actos de corrupción durante las elecciones.
Este año, la dependencia federal se une a las labores de vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para evitar que se use el proceso electoral para el enriquecimiento ilícito.
La SFP podrá sancionar a particulares que pacten canonjías con candidatos.
Las sanciones a aplicar son multas económicas e inhabilitaciones temporales para participar en adquisiciones.
SFP pondrá la lupa a candidatos y familia
La Secretaría de la Función Pública también examinará a equipos de campaña, empresarios y otros particulares.
Por primera vez en la historia, la Secretaría de la Función Pública sacará la lupa para vigilar de cerca a todos los candidatos, sus familiares, equipos de campaña, empresarios u otro tipo de particulares, a fin de evitar que la corrupción permee las elecciones, pues este 2018 ejercerá su inédita facultad de sancionar a los particulares que pacten con candidatos alguna canonjía.
Así, la Secretaría de la Función Pública se sumará en este 2018 al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la vigilancia de los aspirantes a los cargos de elección popular, desde los presidenciales hasta los concejales, a fin de evitar que se utilice el proceso electoral para el enriquecimiento ilícito o la impunidad a actos de corrupción comprobados.
Y lo hará de la mano de los ciudadanos, quienes se convierten, por ley, en auxiliares para vigilar que la corrupción no sea dinámica común en los procesos electorales.
Denominado De los Actos de Particulares en Situación Especial, la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene una innovación, en el artículo 73, al incluir a los candidatos a puestos de elección popular, a sus familiares y a sus equipos de trabajo, como sujetos de sanciones por actos de corrupción, cuando permiten que empresarios o todo tipo de particulares traten de quedar bien, con el objetivo de recibir beneficios una vez que ganan las elecciones.
“Se considerarán actos de particulares en situación especial vinculados con faltas administrativas graves, aquellos realizados por candidatos electorales, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor público”, dice.
El artículo 52, que forma parte de las Faltas Administrativas Graves de los Servidores Públicos, dice que este acto se tipificará como cohecho.
“Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.
E independientemente de las consecuencias penales, la Secretaría de la Función Púbica está obligada a aplicar “sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
“Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años; Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos”, precisa la Ley.
INAI ORDENA A PGR REVELAR INFORMACIÓN
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) intruyó a la PGR a dar a conocer el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación presentadas en 2012 por el uso de documentos falsos, que le habría correspondido expedir al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE.
Al presentar la petición de una particular ante el Pleno, la comisionada Ximena Puente destacó que la información solicitada se relaciona con la necesidad de esclarecer el debido uso y manejo de los documentos necesarios para los procesos electorales.
En respuesta a la particular, el sujeto obligado manifestó que no cuenta con la información adetalle; sin embargo, emitió datos estadísticos relativos al total de las indagatorias. Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión ante el Inai.
Rebase de topes anulará comicios
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El Tribunal Electoral elimina que diferencia entre candidatos sea menor a 5%
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| El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Especial ) |
CAROLINA RIVERA
México
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) determinó que para anular una elección por rebase de topes de gasto de campaña ya no será necesario que la diferencia entre primer y segundo lugares sea menor a 5 por ciento.
Hasta ahora la anulación de los comicios por la causal de rebase de topes de gasto de campaña se ha configurado únicamente cuando la diferencia entre los dos principales contendientes ha sido mínima; sin embargo, ahora ya no existe esta limitante.
Al aprobar la jurisprudencia con el rubro “Nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña”, los magistrados resolvieron una contradicción de criterios estableciendo que quien busque anular una elección que supere 5 por ciento de diferencia deberá acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante.
Mientras que cuando la diferencia de votación entre primer y segundo lugares sea menor a 5 por ciento, la consecuencia será presumir que la irregularidad fue determinante para el resultado de la elección, sin que ello signifique, de manera automática, la declaratoria de nulidad.
“La distribución de la carga probatoria para acreditar esos elementos dependerá de la diferencia de votación entre primer y segundo lugares de la siguiente manera: cuando sea igual o mayor a 5 por ciento, su acreditación corresponde a quien sustenta la invalidez.
En el caso en que dicho porcentaje sea menor, la misma constituye una presunción relativa iuris tantum, y la carga de la prueba se revierte al que pretenda desvirtuarlo”, explicó el magistrado ponente Felipe Fuentes Barrera.
No obstante, el magistrado aclaró que en ambos supuestos corresponde al juzgador, de conformidad con las especificidades y el contexto de cada caso, establecer si el porcentaje de la votación es un elemento para anular o no una elección.
En tanto, la magistrada presidente, Janine Otálora Malasis, destacó la dificultad de que se acrediten los elementos determinantes necesarios que lleven a la anulación de la ley, por lo que al existir “un estándar probatorio y una argumentación de alto nivel”, esto puede acreditarse aun cuando la diferencia sea mayor a dicho porcentaje.
Pese a ello, el magistrado Indalfer Infante emitió un voto contra esta nueva jurisprudencia por considerar que el elemento determinante está sujeto estrictamente a la diferencia menor de 5 por ciento, lo que fue previsto por el legislador “para evitar la discrecionalidad en el operador de la norma”.
Este criterio sienta un precedente para los comicios federales y los 30 locales que se llevarán a cabo este año, ya que hasta ahora los comicios habían sido anulados cuando se cumplía este elemento de menos de 5 por ciento de diferencia de votos.
El Tepjf destacó que el principio de determinancia tiene como propósito principal proteger la voluntad popular y evitar que una irregularidad menor conlleve a una consecuencia tan grave como la nulidad de la elección.
Esto, porque lo que se encuentra en juego es el ejercicio democrático de la voluntad expresada por las y los ciudadanos en las urnas, así como el derecho a ser votado de quienes participaron como candidatas y/o candidatos.
La intervención en el asunto se derivó luego de que las salas Regional Xalapa y Regional Ciudad de México tuvieron criterios diferentes que establecieron una contradicción de criterios en cuanto a la preponderancia de la diferencia de votación entre el primero y el segundo lugar.
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El aumento a precios de gasolinas duplica la tasa de inflación anual
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| Promovida como un factor para el descenso de los precios de los combustibles, la reforma energética no sólo ha incrementado los costos, sino que no ha permitido a los empleados de las estaciones de servicio acceder a salarios estables y a prestaciones. En la imagen, el costo de gasolinas en la colonia Coyuya de la capital Foto Jesús Villaseca |
Julio Reyna Quiroz
El precio de la gasolina regular (Magna), la de mayor consumo en el país, alcanzó ayer los 18.13 pesos por litro en la Ciudad de México, 13.3 por ciento más en comparación con enero de 2017 y un incremento que significó más del doble que la tasa de inflación anual registrada en enero pasado.
Promovida como un factor para el descenso de los precios de los combustibles, la reforma energética no sólo ha incrementado los costos, sino que mantiene a hombres y mujeres empleados en las estaciones de servicio en precariedad laboral sin que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haya intervenido para atender este tema.
A nosotros no nos pagan, sólo recibimos las propinas, detalló la empleada de una gasolinera ubicada en la delegación Benito Juárez al ser consultada sobre su salario actual. En algo tenemos que trabajar, agregó la mujer de 35 años de edad.
El despachador de una gasolinera operada por Hidrosina reveló que para percibir una remuneración se les obliga a vender al menos tres productos, como aceites para motor, limpiadores de inyectores y aromatizantes a dos por 20 pesos.
Más de un año después del gasolinazo de enero de 2017 y a dos meses de la liberación total de los precios de los combustibles, la estación de servicio operada por BP, ubicada en avenida Taxqueña 1744, en el sur de la Ciudad de México, ofertó ayer la Magna en 18.13 pesos por litro y la Premium (de mayor octanaje) en 19.61 pesos.
Este diario pudo constatar que la Magna se ubicó en 17.97 pesos en la estación de servicio localizada en bulevar Puerto Aéreo, delegación Venustiano Carranza. En esta gasolinera, operada también por BP, los consumidores se encontraron con un precio de 19.61 pesos para el combustible de alto octanaje.
La distribuidora localizada en la antes conocida como glorieta de Huipulco, en el sur de la capital, despachó ayer la Magna en 17.85 pesos por litro, mientras en el municipio mexiquense de Ecatepec, sobre la carretera Texcoco-Lechería, el costo fue de 17.89 pesos. Una estación de servicio frente a la colonia San Juan Ixhuatepec –que vivió las explosiones de las plantas de almacenamiento de combustibles en 1984– ofertó el combustible de bajo octanaje en 17.98 pesos.
Con estos costos, la gasolina Magna en la Ciudad de México subió entre 10 y 13.3 por ciento en 13 meses, prácticamente el doble que la inflación anualizada de 5.5 por ciento correspondiente a enero pasado. En el primer mes de 2017, cuando el gobierno mexicano incrementó los precios de los combustibles, la Magna tuvo un precio promedio de 15.99 pesos por litro en el país.
Un análisis del sector privado previó que continuará al alza los combustibles en 2018. “Si bien no se anticipa un gasolinazo, es probable que durante el año los precios de las gasolinas y el gas se sigan ajustando hacia arriba, respondiendo al efecto del aumento de la cotización internacional del petróleo y de la volatilidad del mercado cambiario, lo que puede implicar un efecto negativo en los costos de las empresas que finalmente tendrían que trasladarlo a los consumidores”, advirtió un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
Cambios en imagen
Las gasolineras con alguna marca internacional o mexicana no son nuevas, es decir, no fueron construidas tras la reforma energética. Durante el recorrido de este diario para registrar los precios, las estaciones de bulevar Puerto Aéreo y avenida Cuauhtémoc tienen una antigüedad de al menos una década y el único cambio en ellas fue la imagen.
Los concesionarios cambiaron el logotipo de Pemex y los colores verde, blanco y rojo, por las marcas BP e Hidrosina, con sus respectivos colores blanco, amarillo y verde.
Otra constante que pudo observar este diario es que, en general, los precios de las gasolinas no están a la vista del consumidor. En otros giros comerciales, como hoteles, bares o restaurantes, la Procuraduría Federal del Consumidor sanciona estos negocios porque carecen de costos a la vista.
¿Cuánto paga el crimen por un auto robado?
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Labastida, de 38 años, lideraba diferentes células de robo de autos en Ecatepec, donde por día se apoderaban ilegalmente de hasta cuatro automóviles que vendían entre 8 y 15 mil pesos por unidad.
Un error durante un operativo la hizo caer junto a varios integrantes de su grupo, el pasado 25 de enero.
En un filtro de seguridad entre la Ciudad de México y el Estado de México, a la altura de Puente Negro, un taxi fue cateado y en su interior había dos juegos de llaves de carros. Cuando cuestionaron a las tres personas, una mujer y dos hombres, respondieron: “No sé”. Transpiraban la sospecha.
Las autoridades de la Secretaría de Segudad del Estado de México realizaron la investigación mediante sus celulares, donde encontraron un grupo de WhatsApp llamado “Los Labastida”, a través del cual se comunicaban y enviaban fotografías, precios de los vehículos y ubicaciones de las operaciones de la policía. Ellos son apenas una de las incontables células que operan este ilícito de alto impacto, que entre 2015 y 2017 se incrementó 84% en la cifra de denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP), según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La violencia aplicada también aumentó 71%.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) catalogó a 2017 como año “histórico”, tan sólo con estadísticas basadas en autos asegurados. “El alza en el robo de automóviles refleja una despresurización de las políticas de prevención del delito. La primera lectura importante es la vulnerabilidad que está dejando este delito, un impacto económico en el sector público, privado y también en la sociedad”, dice Carlos Jiménez, titular de la AMIS.
Detrás de las estadísticas se esconde una maquinaria criminal que impacta a diario en el patrimonio de los ciudadanos. Las autoridades se han visto rebasadas y no logran desarticular a las cabezas. Informes de inteligencia, expedientes y agentes de investigación consultados por EL UNIVERSAL, dan cuenta de precios, rutas, modus operandi y otros datos sobre lo letales que son estas bandas del crimen organizado.
“El robo de automóvil dispara otros delitos, generalmente extorsión, secuestros u homicidios”, señala Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
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Cuando los agentes de investigación allanaron la “asociación” de Diana Labastida encontraron armas de fuego, un pizarrón con precios de automóviles y tabuladores. A partir de ahí dieron con pistas para aprehenderla junto a sus cómplices. Francisco Díaz González, titular de la corporación involucrada, informó que los arrestos se efectuaron en un día y en diferentes acciones.
El tamaño del crimen se puede medir con las 157 mil 850 denuncias, de 2015, que pasaron a 161 mil 770, en 2016, y a 186 mil 896, en 2017, según el SESNSP. La bomba de robos se coteja con cifras de la AMIS: hubo 27.2% más respecto al año anterior. A la industria aseguradora le representó pérdidas por 15 mil millones de pesos en 2017.
El modus operandi de las bandas —indican los expedientes y los agentes consultados— consiste en enviar a diferentes células formadas por tres a seis asaltantes, todos en un auto. Son jóvenes de 14 a 30 años que evitan las horas de tráfico y escogen avenidas principales.
A las víctimas se les cierra el paso con el vehículo, los amagan, los bajan y un integrante se lleva el carro a una zona alejada a “enfriar”, es decir, a dejarlo toda la noche para cerciorarse de que no tiene GPS y que no fue buscado por nadie.
Posteriormente, los envían a un “corredor”, una especie de intermediario que paga en efectivo. “El carro lo pagan dependiendo de la marca, de 8 a 15 mil pesos”, cuenta la fuente de la Fiscalía General del Estado de México. Estos precios coinciden con el informe de inteligencia al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, donde los “vehículos más comerciales y alterables” son los modelos Mazda, Vento, Aveo, Gol y Jetta. A excepción del Mazda, que alcanza los 18 mil pesos. Una vez que eso ocurre son vendidos en autopartes o clonados. Los autos como un BMW, o camionetas como las pickup, son alterados en sus registros y enviados a otros estados, así como a la ruta hacia el sur en Veracruz y de ahí a Centroamérica. “Tiende a dirigirse el robo más hacia el sur del país, no hacia el norte porque son más baratos, por eso lo sacan por Centro y Sudamérica”, explica el experto Francisco Rivas.
David Corrales, jefe interino de la Sección de Robo de Vehículos del Organismo de Investigación Judicial en Costa Rica, reveló en mayo de 2017 que autos de esa nación son localizados en México, Guatemala y otros países latinoamericanos, mientras que unidades mexicanas son vendidas en Guatemala o El Salvador.
“Hay bandas tan especializadas que el trabajo muchas veces ni un perito lo logra detectar”, cuentan agentes, quienes explican que las áreas especializadas comienzan a tener trabajos importantes. Sin embargo, enfatizan que es “paupérrimo” para el nivel del ilícito. “Estamos hablando de que al día, una célula de tres ladrones se roba tres vehículos y salen a operar tres veces a la semana, ahora multiplícalo por el número de bandas”.
En el caso de una banda pequeña, por año podría hurtar hasta 432 unidades, lo que significa anualmente la valoración más baja de un auto: 3 millones 456 mil pesos, y en el caso de la más alta 7 millones 776 mil pesos, siempre basado en la tabla del informe.
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El crimen organizado dedicado al robo de vehículos también tiene focalizado para qué utilizará cada modelo y cuánto le representa cada uno. Durante el periodo 2000-2016, la Procuraduría General de la República (PGR) registró un total de aseguramientos de 58 mil 34 automóviles con reporte de robo, especifica un oficio obtenido por El Gran Diario de México vía la Ley de Transparencia. La clasificación de los más robados —según los documentos— es la siguiente: camionetas costosas, autos chicos o medianos comerciales y transportes de carga.
Primero aparecen modelos de camionetas como las pickup, con 2 mil 872 aseguradas; Silverado, con 959; Grand Cherokee, con 700; Explorer, 551, y Expedition, con 399. También aparecen con más de 100 robos modelos como Ranger, Tahoe, Cheyenne y Lobo, entre otros. Las fuentes señalan que los vehículos anteriores son elegidos para la clonación cambiando papeles y placas con un modelo y color similar de otro estado de la República para que no sea sujeto a reporte de robo. Por otro lado, son utilizadas para delinquir, puesto que el crimen organizado “no compra parque vehicular, lo roba, si ellos necesitan camionetas como puede ser una Suburban”.
Carlos Jiménez, de la AMIS, apunta: “Normalmente los delincuentes requieren trasladarse, la forma es con vehículos robados para cometer otros ilícitos”.
En la segunda, están los autos que, según el informe de inteligencia, son los comerciales y alterables.
En los años 90, por ejemplo, el vocho se convirtió en el más robado de la historia, pero ahora son otros como el Tsuru con 748 unidades recuperadas; Jetta, con 671; Sentra, con 601, y Accord, con 517.
De igual forma figuran con más de una centena de reportes los Civic, Altima, Focus y Corolla. Estos generalmente son desvalijados porque, aseguran agentes de la fiscalía, suponen una inversión alta para el bajo costo que recuperan, entre los 8 y 18 mil pesos. En el tercer orden de la clasificación están los transportes de carga que usa habitualmente la iniciativa privada. En el oficio de la PGR se registran 512 Suburban, 361 tractocamiones, 289 de redilas, 163 de caja refrigerada, 162 torton y 34 tráileres.
“Antes, la delincuencia robaba la mercancía, despojaban a los transportistas y horas después el camión era recuperado, hoy se lo roban. Cada vez hay más robos en mercancías, materia prima, maquinaria pesada e industrial”, dice Jiménez.
En la base de datos de PGR aparecen 8 mil 410 unidades cuyo modelo no está especificado. En el universo de los autos asegurados representan el 14.4%.
Más violencia
El pasado 7 de febrero, un agente de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital se enfrentó a una banda que había robado una camioneta Nitro color azul en la delegación Azcapotzalco. Durante la refriega el uniformado recibió un balazo y murió. Con seguimiento a las cámaras de videovigilancia se detuvo a siete personas, presuntos autores del homicidio, y dos vehículos.
De acuerdo con el SESNSP, la modalidad del hurto con violencia también ha repuntado. De las 45 mil 136 denuncias presentadas ante la autoridad en 2015 saltó a 45 mil 152 en 2016 y en 2017 aumentó a 63 mil 179. Esto significa 71%.
El informe de la AMIS detalla que de los vehículos inscritos en alguna aseguradora que fueron robados, en 60% se cometió violencia. Las entidades donde más sucedió fueron Guerrero, Sinaloa y el Estado de México.
Jiménez expresa que aunque el robo con violencia no significa que en cada caso haya un homicidio, “vemos un contexto de mucho más violencia” que pone en vulnerabilidad al sector público, al privado y a la sociedad. Por ello, considera, se deben mejorar los mecanismos de prevención y persecución, aplicar tecnología y brindar certeza jurídica. También fortalecer la cultura del aseguramiento, por ser el segundo patrimonio más importante tras una casa.
“En la medida en que sabes qué delitos se cometen, dónde y cómo puedes tomar buenas decisiones”, puntualiza Francisco Rivas, del ONC. “No siempre la inteligencia de las policías coincide con las de las procuradurías. No debería haber esas discrepancias”.
Actualmente, las autoridades en los estados acentúan las desarticulaciones de bandas que se dedican exclusivamente a la operatividad del robo, pero a nivel federal, en la PGR no hay objetivos prioritarios contra los capos del robo de vehículos, financiadores, intermediarios u organizaciones de clonadores.
UNAM sale en defensa de su campus central
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Primera de dos partes
El Muro Sur de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria (CU) está dedicado al pasado colonial del país. En éste, Juan O’Gorman plasmó la dualidad del mundo europeo con el indígena; en sus esquinas superiores aparece el Sol y la Luna; al centro, dos círculos hacen referencia a las teorías heliocéntricas de Copérnico y Ptolomeo.
Es uno de los edificios que cercan el entorno del campus más importante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Éste se definió como un gran vacío, único en la historia de las universidades, donde los trazos propuestos por Teodoro González de León fueron en memoria del urbanismo prehispánico, donde se contenía un gran vacío entorno a una serie de edificios.
El valor artístico y patrimonial de ese mural, de la biblioteca y del campus central es inconmensurable. Ese paisaje proyectado por Mario Pani, Enrique del Moral y Teodoro González de León, ahora se encuentra en riesgo.
El paisaje patrimonial de CU ha sido comprometido, dentro y fuera del campus, en la zona declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 2007, así como en la región del Espacio Escultórico. En el segundo caso, por la falta de una reglamentación en México que proteja el paisaje de edificios y estructuras de valor cultural y patrimonial.
Desde finales del 2017, la empresa inmobiliaria Be Grand inició la construcción de los cimientos de dos torres de 23 y 27 pisos, las cuales albergarán 600 departamentos, comercios, cine, gimnasio y salón de eventos, entre otros. Los edificios se erigirían frente a la entrada principal de CU, entre avenida Universidad y Eje 10 Copilco, los cuales lacerarían el espacio visual del campus central, transgrediendo principalmente el de la Biblioteca Central y la Rectoría. La preventa de los departamentos ya ha iniciado.
“Supongamos que se construye el edificio. Cuando observes el paisaje desde el gran corazón central del campus, con sus edificios universitarios que le dan contención, verás este edificio atrás, como ya se ve el de Conagua desde la Rectoría”, señala Gabriela Carrillo, arquitecta socia del multipremiado Taller Mauricio Rocha+Gabriela Carrillo. “En este caso no puedes hacer nada y si no se reglamenta podría ser el inicio de un problema mayor, donde se construirían cada vez más edificios”.
La Rectoría y UNAM han manifestado su repudio contra la construcción, la cual no sólo impactaría el entorno visual de la institución, sino además las vías y espacios urbanos colindantes, cerca de una colonia que carece de servicios continuos de agua potable. La construcción no tomaría agua de la red, sino cavaría un pozo, lo cual impacta medioambientalmente la zona.
Durante la más reciente sesión del Consejo Universitario, diversos consejeros mostraron su preocupación por el desarrollo inmobiliario que se gesta a un lado del campus. En ese momento, el rector de la UNAM dijo que el tema de “Be Grand es de una preocupación importantísima para la universidad, no sólo por lo que representa en el impacto ambiental, explotación de agua y generación de tráfico en la zona, sino además por la afectación a la visibilidad de este Patrimonio de la Humanidad”. Esa visibilidad, dijo, lastimaría la imagen de la Biblioteca Central, uno de los edificios más fotografiado de México.
Refirió además que ante este panorama, la UNAM solicitó un amparo, que sigue en proceso, contra las autoridades responsables que otorgaron la licencia para la construcción del edificio —que serían la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la delegación Coyoacán, entre otras—. El fundamento de esto es que el campus central de Ciudad Universitaria es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
En su oportunidad, el director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazari, dijo que desde que tuvieron conocimiento del inicio del desarrollo inmobiliario, el Comité de análisis para las intervenciones urbanas y arquitectónicas de la institución se reunió con la oficina de la abogada general, para presentar la demanda. Añadió que debieron fundamentar los recursos legales con cuidado para evitar el daño visual del patrimonio, por lo que requirieron compaginar la normatividad internacional con la local.
Agregó que para la obtención de agua, el complejo obtendría la autorización para generar un pozo y no se tomaría de la red hidráulica. “Eso tiene una incidencia ambiental, pero es la forma como la ciudad resuelve este tipo de problemas”.
El director de la facultad informó además que el jueves, la institución llevará a cabo foros de discusión sobre este tema y así impulsar una respuesta pública que sea consensada con todas las áreas de la Universidad.
“Después de los foros que se llevarán a cabo en la Facultad de Arquitectura, citaremos a la abogada general de la universidad para emitir un desplegado, fundamentado en el impacto ambiental y la legislación correspondiente, el cual abone a generar la presión necesaria para que el edificio no se construya”, puntualizó el rector.
En la sesión, la abogada general, Mónica González, explicó que “la demanda de amparo indirecto se emitió ante el Poder Judicial de la Federación contra el proyecto Be Grand de Copilco, donde se señalan a las diversas autoridades responsables que otorgaron la licencia. El acto reclamado es la omisión de las autoridades en el cumplimiento del decreto presidencial que declara a Ciudad Universitaria como monumento artístico, además de su declaración como patrimonio de la UNESCO”.
Durante su intervención en el pasado Consejo Universitario, añadió que se reclama la omisión del artículo 133 constitucional, el cual reconoce la jerarquía de tratados internacionales, en este caso a la Convención de patrimonio mundial cultural y natural de la UNESCO, así como directrices prácticas para su aplicación. “Ciudad Universitaria tiene este reconocimiento, por lo que alegamos la vulneración a estos derechos. Estamos a la espera de que sea admitida esta demanda y buscamos sensibilizar a las autoridades para que entiendan que es una violación a estos derechos y una afectación a la declaratoria”.
El mandatario de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, refirió hace algunos días que “si está en su ámbito”, el gobierno de la Ciudad de México no permitirá la construcción del edificio de Copilco. Sin embargo, dijo que, si los desarrolladores obtuvieran un amparo que permita la edificación, el gobierno capitalino no podrá hacer nada para detener la obra.
Desde su declaratoria de la UNESCO, el campus tiene mecanismos adecuados para conservar el patrimonio de la universidad, que es vivo, que se habita y utiliza todos los días, el cual debe preservarse, refiere Armando Rosales, especialista de la máxima casa de estudios. “La UNAM tiene los mecanismos adecuados para proteger el campus en su interior, el problema son los impactos desde el exterior”.
Be Grand erige además otro par de torres en Periférico, a la altura de la sala Ollin Yoliztli, las cuales impactan el entorno visual de la zona escultural de Ciudad Universitaria, que es cercada además por un mismo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuya construcción causó una cisma el año pasado entre autoridades universitarias y artistas, académicos y universitarios, encabezados por el fallecido arquitecto Teodoro González de León.
Por otra parte, en el campus central la contaminación visual inició desde la construcción del edificio de la Conagua, que en contraesquina, en avenida Insurgentes, se erige una torre corporativa más.
EL EDIFICIO H. Desde el lomo de la serpiente de piedra volcánica, en el Espacio Escultórico de CU, se observa la Reserva Ecológica del Pedregal, así como las otras torres de Be Grand, con la vista en dirección al Museo Universum. El desarrollo tiene un avance importante y, según se lee en la publicidad fuera del complejo, se han vendido casi todos los departamentos. Al pie de descenso del segundo piso del Periférico se ha erigido el colosal edificio que puede verse incluso desde el Metro CU como la torre más alta del paisaje.
“Nos dedicamos a proteger cosas materiales específicas y dejamos de lado otras incluso más robustas e importantes que no vemos de forma obvia”, apunta Carrillo. “El espacio escultural es un espacio de silencio, único porque está en medio de una reserva ecológica, te exenta de todo el entorno inmediato y te lo garantiza”, agrega la arquitecta.
Ahora, desde el Espacio Escultórico, entre los prismas triangulares que rodean el área de roca volcánica, se asoma el edificio inmobiliario en dirección hacia avenida del Imán, así como el Edificio H observando hacia la facultad.
“El Edificio H ‘nadie lo vio’ hasta que ya había sido construido. La afectación es similar a la edificación en Copilco, y si bien no se va a demoler, probablemente lo único que se puede hacer es redirigir el acceso al Espacio Escultórico. Así, cuando entres, que es el momento en que la vista es más aguda, evitarías observar tan horroroso edificio”. La maniobra se complicaría si se tuviera que contemplar evitar también el Be Grand, que sin embargo se encuentra más lejos y es menos invasivo en la visibilidad que el inmueble universitario, del cual no se tiene una explicación clara sobre cómo fue su planeación.
“Hay colegas que trabajan en ese edificio, dan clases ahí y son felices por la vista que ofrece. Por otra parte, artistas y arquitectos se infartan cuando lo ven desde el Espacio Escultórico por el impacto que genera la edificación, que no fue la mejor solución para resolver la falta de espacio académico”, menciona Rosales.
El experto agrega que para la construcción de estos edificios, la UNAM debería considerar una consulta participativa, con un marco de planeación para evitar conflictos futuros. Es el mismo recurso democrático, acompañado de vecinos, población y comunidad, con el que se debe planear la ciudad, de forma más plural.
NORMATIVIDAD. El tema podría trascender más allá de CU y sería válido para cualquier otro entorno patrimonial. “El problema en México es que no hay una reglamentación en las leyes acerca de una protección del paisaje circundante a zonas patrimoniales por sus características visuales”, señala Armando Rosales. El ordenamiento del territorio y los planes urbanos en los que se marcan la intensidad y restricción del uso del suelo y altura, los metros de construcción y desplante que puede tener una edificación, no consideran si existe a un lado edificios o construcciones con características patrimoniales, añade.
El especialista en estudios urbanos y ambientales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, explica que para otorgar permisos de construcción, las normatividades actuales sólo toman en cuenta características como la compatibilidad en el uso del suelo, los polígonos de actuación, si se encuentra sobre un eje vial o si es una zona de transición o con potencial de desarrollo.
“Legalmente es posible realizar construcciones como Be Grand, siempre y cuando se ajusten a esta normativa en la Ciudad de México”. CU es como una isla, pero sobre lo que ocurre enfrente, con las torres de Copilco o las de Periférico, la Universidad no puede hacer nada porque está fuera de sus límites, acota. “Este tipo de edificaciones son resultado de la gestión de desarrollo urbano del gobierno de la capital, que busca descentralizar su densidad en ciertas zonas, como en este caso, lo cual es cuestionable porque tiene impactos urbanos en barrios más o menos consolidados”. El experto enfatiza que hay un problema en el marco legal, el cual se debe fortalecer en una planeación transversal que proteja el paisaje donde haya edificaciones patrimoniales.
PROYECCIÓN FUTURA. Pero ¿qué se pudo hacer en el caso de la proyección de Ciudad Universitaria para prever la construcción de este tipo de edificios? Gabriela Carrillo señala que dentro de su planeación se pudo considerar dejar un vacío subsecuente al del campus central, con una reglamentación y protección ante el desarrollo urbano circundante, así como establecer un límite de altura que, en perspectiva, evitara la contaminación visual por otras estructuras.
La arquitecta subraya que si bien este caso es emblemático y asentará un antecedente importante en la forma en que se configura y evoluciona la ciudad, es además una oportunidad para que los proyectistas urbanos reflexionen en el largo plazo sobre estas consideraciones del entorno visual.
Hay que tomar en cuenta lo anterior para que las edificaciones sean flexibles con el paisaje, dice, y contemplar que las estructuras arquitectónicas, que son complejas de hacer, costosas y requieren de una inversión enorme, dialoguen con la ciudad y evolucionen con la sociedad en los años subsecuentes.
“Debemos considerarlo para generar los lineamientos necesarios, más que detener el crecimiento de la ciudad, lo cual no sucederá. La responsabilidad en el desarrollo de la capital debe entretejer la evolución tecnológica y el sustento de las tradiciones y memoria”. Paradójicamente, es esa tradición y avance están plasmados en la Biblioteca Central, un referente de la trascendencia cultural del país, así como de la humanidad.
Comparto indignación ante corrupción e injusticia: Meade
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| José Antonio Meade y el gobernador Alfredo del Mazo, ayer. Foto: Especial |
Jorge Butrón
Acompañado por la mayoría de los integrantes del gabinete presidencial y por el gobernador de uno de los principales bastiones del PRI en el país, el Estado de México, José Antonio Meade cerró su campaña en Tlalnepantla donde dijo compartir con la ciudadanía la “indignación ante la injusticia y la corrupción.
“En este camino que he recorrido, hemos sentido juntos, compartimos la misma indignación frente a la injusticia y la corrupción, compartimos la esperanza de un México mejor, nos hemos visto a los ojos y sabemos que podemos y vamos a mejorar. Voy a ser presidente”, aseguró el precandidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza.
Arropado por el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, y personalidades del ámbito político como José Narro Robles, Rafael Pacchiano, Enrique de la Madrid, David Penchyna, José Calzada Rovirosa, Eruviel Ávila, Javier Lozano, Eduardo Sánchez, Gerardo Ruiz Esparza y Francisco Guzmán, entre otros, refrendó su lucha a favor del empleo, la seguridad y la educación.
Minutos antes de su discurso ante la militancia mexiquense, recibió las muestras de apoyo y cariño de más de cinco mil personas reunidas en la explanada municipal de Tlalnepantla.
En todo momento se escucharon gritos y porras que anunciaban a Meade Kuribreña como el próximo presidente de México: “¡Pepe presidente, Pepe presidente!”, mismos que fueron acompañados por una lluvia de cohetones y papeles multicolor.
Allí, el precandidato de la coalición “Todos por México”, reconoció los avances que ha logrado en su precampaña al recorrer los 32 estados de la República Mexicana y adelantó que también es necesario trabajar en los retos que tiene el país en diversos temas, para lograr su desarrollo.
Aseguró que cuenta con 20 años de experiencia en el servicio público, con una trayectoria honorable que le permite ver a los ciudadanos a los ojos.
Mencionó que en 2017 afrontaron un panorama difícil por las elecciones a gobernador; sin embargo, salieron airosos con el triunfo, lo que les devolvió la tranquilidad a los mercados y al país: “Hace un año enfrentábamos una batalla que se veía muy complicada en el Estado de México y hace un año ganamos. Ese triunfo le regresó la tranquilidad al país y a los mercados”.
Detalló que buscará que a las familias mexicanas les vaya mejor en todos los ámbitos, y calificó como una prioridad que los jóvenes salgan mejor preparados de la escuela por medio de una educación de calidad; así como a las mujeres para que tengan mejores oportunidades de empleo que les den certeza.
“Vale la pena salir a dar esta batalla por nuestros hijos, por México, ésta va a ser una elección histórica”, enfatizó.
Creación de empleo tiene su mejor arranque desde el 2007
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Durante el primer mes del año se generaron 113,722 plazas laborales, monto 36.5% superior al del mismo mes del año pasado; dos terceras partes de los nuevos contratos son de carácter temporal.
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María del Pilar Martínez
Enero arrancó con las mejores cifras en la creación de empleo formal, al sumar 113,722 puestos de trabajo, que representa 36.5% más que el reportado en el mismo periodo de 2017, colocándose como el tercer mejor aumento reportado desde que se tenga registro, sólo por debajo del 2000 (128,983) y 2007 (116,109).
Cabe destacar que la creación de plazas laborales que cuentan con seguridad social en los últimos 12 meses llegó a 832,261 puestos, con lo que mostró un aumento interanual de 4.5 por ciento.
De acuerdo con el reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las nuevas plazas laborales en su mayoría son de carácter eventual, pues representan 66% de empleo creado; mientras que los permanentes sumaron 38,319.
“Al 31 de enero del 2018, se tienen registrados ante el Instituto 19 millones 532,177 puestos de trabajo; 86% son permanentes y 14% eventuales. En los últimos seis años estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes”, detalló el IMSS.
Destacó que el comportamiento que tuvo la contratación de personal y que se afilió al IMSS colocó a enero por arriba del promedio de los últimos 10 años en 138.4 por ciento.
“Es un buen arranque, sobre todo si se considera que en el mes de diciembre sí dieron de baja más de 300,000 plazas. Los empleadores mantienen expectativas positivas de contratación”, dijo Héctor Márquez, director de Marketing y Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.
Agregó que la cifra más alta de empleo eventual se presentó en el 2008; sin embargo, es importante que estén dentro del registro del IMSS, “no importa si son eventuales o permanentes, todos son con prestaciones sociales”.
En tanto, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, dijo que el gobierno federal mantiene su meta de cerrar el sexenio con una creación de 4 millones de empleos así como el impulso de inspecciones que contribuyan a formalizar empleo.
Los sectores que impulsaron la apertura de las plazas labores fueron el sector agropecuario con un crecimiento de 7.9%, transportes y comunicaciones con 7.6% y construcción con 6.8 por ciento. Mientras que el peor sector fue el eléctrico que apenas sumó 0.9% de empleo en el primer mes del año.
En tanto, los estados de mayor crecimiento anual son Quintana Roo, Baja California Sur y Michoacán con incremento mayor a 8.0%; pero, Tabasco y Campeche mantienen sus números negativos con menos 3.1% y 0.9%, respectivamente.
Con un aumento de 9.5% en la generación de empleo, el 2017 cerró como el mejor año desde 1996 en nuevos puestos de trabajo formal.
Con un aumento de 9.5% en la generación de empleo, el 2017 cerró como el mejor año desde 1996 en nuevos puestos de trabajo formal.
De acuerdo con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), “el dinamismo que mostró el empleo en el 2017 y en esta administración es básicamente atribuible a la formalización de empleo. Las cifras del IMSS reflejan dos hechos importantes: la creación de nuevo empleo, lo cual implica que los sectores contratan más personas, y en una segunda instancia la estrategia que se implementó en la administración sobre la formalización”.
Recordó que el mercado laboral demanda cada año 1.2 millones de empleos, ésos “todavía no se están dando, hay mucho trabajo por hacer”.
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Se mancha de sangre la elección
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Diana Martínez y Francisco Nieto
Desde que empezaron los actuales comicios electorales, han sido asesinados -en promedio- 11 políticos al mes con el sello del crimen organizado, de acuerdo con el Primer Informe de Violencia Política en México 2018, elaborado por la consultora de análisis de riesgos, Etellekt.
Del 8 de septiembre de 2017 al 6 de febrero pasado, 54 personas que se dedicaban a la política, como alcaldes, ex ediles o aspirantes a algún cargo de elección popular fueron asesinados, y de estos -41 casos- que representa el 75 por ciento, fue- ron ejecuciones por comandos armados de más de dos sicarios.
Estos políticos fueron atacados tanto en sus vehículos como en establecimientos públicos y en varios de estos casos fue evidente el terror para demostrar el poder del crimen sobre las víctimas, como fue el caso del ex presidente estatal del PRD en Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo, quien fue calcinado con su esposa, su suegra y su chofer en su camioneta por un grupo armado en Ahuacuotzingo-Chilapa, en octubre pasado.
En seis casos, las víctimas fueron previamente levanta- das y encontradas días después con signos de tortura extrema, incluso decapitados.
“Este ambiente de rivalidad delincuencial por el control de territorios y corredores delictivos, producto de una mayor fragmentación de los cárteles dominantes del narcotráfico en los últimos dos sexenios (2006- 2018), representa el mayor foco de inseguridad para el desarrollo de una competencia democrática”, indica el informe que podrá ser consultado en el sitio www.etellekt.com.
Guerrero es la entidad con más asesinatos de políticos, con 10 casos; seguido de Veracruz, con siete; Puebla y Oaxaca, con seis cada uno; Estado de México, con cuatro; Jalisco e Hidalgo con tres por entidad; Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas, con dos cada uno, y Chiapas, Nayarit, Colima, Michoacán, Durango, Baja California, Chi- huahua, Tabasco y Zacatecas, con un asesinato cada uno.
El PRI es el partido más afectado por este clima de violencia con 20 militantes ejecutados, mientras que el PRD registró 12 casos, Movimiento Ciudadano y el PAN, cuatro cada uno, Morena, tres y el mismo número de políticos de comunidades indígenas que tienen su propio sistema político.
Desde que empezaron los actuales comicios electorales, han sido asesinados -en promedio- 11 políticos al mes con el sello del crimen organizado, de acuerdo con el Primer Informe de Violencia Política en México 2018, elaborado por la consultora de análisis de riesgos, Etellekt.
Del 8 de septiembre de 2017 al 6 de febrero pasado, 54 personas que se dedicaban a la política, como alcaldes, ex ediles o aspirantes a algún cargo de elección popular fueron asesinados, y de estos -41 casos- que representa el 75 por ciento, fue- ron ejecuciones por comandos armados de más de dos sicarios.
Estos políticos fueron atacados tanto en sus vehículos como en establecimientos públicos y en varios de estos casos fue evidente el terror para demostrar el poder del crimen sobre las víctimas, como fue el caso del ex presidente estatal del PRD en Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo, quien fue calcinado con su esposa, su suegra y su chofer en su camioneta por un grupo armado en Ahuacuotzingo-Chilapa, en octubre pasado.
En seis casos, las víctimas fueron previamente levanta- das y encontradas días después con signos de tortura extrema, incluso decapitados.
“Este ambiente de rivalidad delincuencial por el control de territorios y corredores delictivos, producto de una mayor fragmentación de los cárteles dominantes del narcotráfico en los últimos dos sexenios (2006- 2018), representa el mayor foco de inseguridad para el desarrollo de una competencia democrática”, indica el informe que podrá ser consultado en el sitio www.etellekt.com.
Guerrero es la entidad con más asesinatos de políticos, con 10 casos; seguido de Veracruz, con siete; Puebla y Oaxaca, con seis cada uno; Estado de México, con cuatro; Jalisco e Hidalgo con tres por entidad; Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas, con dos cada uno, y Chiapas, Nayarit, Colima, Michoacán, Durango, Baja California, Chi- huahua, Tabasco y Zacatecas, con un asesinato cada uno.
El PRI es el partido más afectado por este clima de violencia con 20 militantes ejecutados, mientras que el PRD registró 12 casos, Movimiento Ciudadano y el PAN, cuatro cada uno, Morena, tres y el mismo número de políticos de comunidades indígenas que tienen su propio sistema político.
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A estos asesinatos se suman otras agresiones a políticos que resultaron heridos con arma de fuego, con tres casos; asaltos con violencia, con tres; agresiones con arma de fuego, con seis casos; agresiones físicas, con tres; tres secuestros, e intimidaciones y amenazas con 11, lo que significa que, en promedio, se registraron 3.3 agresiones semanales a actores políticos en 25 estados y 78 municipios del país.
Han sido atacados 15 precandidatos de distintos partidos políticos, 12 regidores, nueve ex alcaldes, ocho ex ediles, cuatro militantes, cuatro dirigentes partidistas, un diputado local y un ex regidor.
“La violencia se intensificó con el arranque oficial del periodo de precampañas. Pues del 14 de diciembre de 2017, es decir, en poco más de un mes y medio, se ejecutaron 29 de los 54 asesinatos.
“Lo cual advierte un incremento del número de atentados conforme fueron definiéndose los procesos de selección interna y designación de precandidaturas a puestos de elección municipal al interior de las diferentes fuerzas políticas”, señala el documento.
Además de las 83 agresiones contabilizadas, se registraron 19 asesinatos en contra de familia- res de diversos actores políticos, la mayoría del ámbito municipal. Estos ataques indirectos se dieron en nueve entidades y 19 municipios del país.
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