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Salvador García Soto
El precio “por la dignidad de Chihuahua” fueron 900 millones de pesos que el gobierno federal acordó entregarle a Javier Corral. A pesar de celebrar una aparente victoria política, al someter a la ultrapoderosa Secretaría de Hacienda, el gobernador de Chihuahua también queda en entredicho por negociar una lucha que, según decía él mismo, no era “sólo por el dinero”, sino también por enfrentar el autoritarismo de la Federación en materia de coordinación fiscal y por sus investigaciones contra la corrupción. Todo por 900 millones que significan apenas el 1.5% del total de recursos federales a los que su estado tendrá acceso en el presupuesto federal de este año.
¿Valió la pena una victoria pírrica para el estridente Corral y su movimiento cuando lo que se comprometieron a darle en el gobierno federal (porque aún ni siquiera tiene el dinero en mano) es del tamaño de un plato de lentejas comparado con el total de recursos federales a que tiene derecho Chihuahua este año y que son 43 mil millones de pesos?
De hecho, justo un día antes de negociar en la Ciudad de México con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el viernes pasado el gobierno de Chihuahua recibió 2 mil 400 millones de pesos, correspondientes a sus participaciones presupuestadas para enero de este año, casi tres veces más de lo que puso como condición para frenar su movilización contra el gobierno peñista.
Corral llevaba la ventaja mediática con su “Marcha por la Dignidad de Chihuahua” y el ruido que logró al exigir un recurso extraordinario que ninguna otra entidad ni gobierno estatal reclamaron y fijar agenda con una movilización que muchos le aplaudieron y apoyaron; pero otros también le cuestionaron un proselitismo político en plena etapa de campañas, además de preguntarse ¿a qué hora gobernaba don Javier su agitada entidad entre el activismo, la marcha y la arenga?
El mandatario chihuahuense no sólo firmó con Navarrete un documento cuyos términos suenan sí a victoria, pero también a rendición. Porque al mismo tiempo que él se ufana de lograr su objetivo por la vía política, y le reconoce a la Segob “recuperar la gobernabilidad que estaba en manos de Hacienda”, también fue notorio que en la última semana el gobierno federal fue cercando al rebelde Corral hasta llevarlo al terreno de la negociación política.
La acusación de tortura ante la CNDH y órganos internacionales por el trato que dieron al priísta Alejandro Gutiérrez en Chihuahua, las denuncias del PRI ante la PGR contra Corral por uso de recursos públicos con fines electorales y las multas que el viernes le impuso la PGR al fiscal estatal César Augusto Peniche y a varios de sus colaboradores, por negarse a entregar información sobre las acusaciones de tortura en su contra, fueron parte de una estrategia con la que, al mismo tiempo que Navarrete Prida le ofrecía negociación, el gobierno federal apretaba y acorralaba a Javier Corral y a su administración para llevarlos a una negociación en la que el gobernador al final le puso precio a su movimiento. O sea que, con todo y su victoria, en el último momento a don Javier lo metieron al Corral federal.
NOTAS INDISCRETAS… Aunque Ricardo Anaya trató de deslindarse del reportaje de Proceso que lo señala de haber hecho negocios inmobiliarios y económicos con su “Fundación por más Humanismo”, al triangular recursos entre particulares y construir un edificio en terrenos desincorporados por el gobierno de Querétaro cuando él fue funcionario, que costó 1 millón de pesos y luego vendieron en 7.8 millones, el precandidato presidencial del PAN parece equivocarse en su deslinde: “Ya volvió a empezar la guerra sucia del PRI”, dijo sobre el documentado reportaje del periodista Alvaro Delgado. Y parece que se equivoca porque ayer, desde una cuenta de correo que firman como “Militantes del PAN de Querétaro”, mandaron varios documentos, estados de cuenta de la Fundación, actas constitutivas y otros “soportes documentales”, en los que esos panistas, paisanos de Anaya, preguntan cómo es que él dice que “desde 2014 quedé completamente fuera de la Fundación”, pero al mismo tiempo sigue siendo “apoderado legal” de la cuenta bancaria que la Fundación tiene en Santander, según documentos que tiene ese “Grupo de ciudadanos queretanos, militantes del PAN”. ¿Entonces señor Anaya, la guerra en su contra es tricolor o más bien azul?.. Esta semana el equipo de comunicación de Alejandra Barrales, definirá junto con la candidata varios ejes de sus propuestas más importantes en materia de educación, seguridad y modelo de policía de barrio, programas médicos y abasto de medicamentos, atención en caso de desastres y apoyo integral a mujeres en alimentación, salud y vivienda, entre otros. Y en lo político, también se define qué papel jugarán en la campaña Salomón Chertorivski y Armando Ahued…Los dados abren con Serpiente. Mal empieza la semana.
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