Va Barrales
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Samuel Adam
Cd. de México (17 enero 2018).- El PRD ya definió a quién abanderar rumbo a la Jefatura de Gobierno: su ex dirigente, Alejandra Barrales.
Esta tarde, en el sol azteca presentaron los resultados de la encuesta que aplicaron para medir a sus precandidatos.
Barrales, Salomón Chertorivski y Armando Ahued participaron en la contienda interna que ayudaría a definir quién competirá con el Frente PRD-PAN-Movimiento Ciudadano.
Las encuestas preguntaron sobre conocimiento, opinión, potencial como candidato, preferencia interna entre frentistas y ciudadanos, y nivel de competitividad.
En la presentación de resultados, Armando Ahued ofreció su apoyo a Barrales para que se convierta en Jefa de Gobierno.
"Ha terminado esta contienda, pero mi vocación política sigue vigente y sale fortalecida", expresó.
En tanto, Chertorivski agradeció al PRD la oportunidad de competir.
"Siento una enorme satisfacción de que fueron cinco semanas de emoción de consultar propuestas de la Ciudad con alegría, agradecer a Miguel Ángel Mancera y estoy seguro que vamos a seguir en las batallas", dijo.
"Hay que agradecerlo y hay que apoyarla y apuntalarla. Tengo un compromiso con el PRD. Que la ideología que el PRD enarbola pueda florecer a buen puerto".
Durante su intervención, Alejandra Barrales reiteró su aprecio hacia quienes fueron sus contricantes en la elección interna de candidato.
"Armando y Salomón son parte del proyecto, vamos a trabajar juntos. Este no es un proyecto de Alejandro Barrales, es un proyecto para contribuir con lo que nos corresponde a nivel nacional", afirmó.
"No tengo duda que tenemos todo para ganar y estamos listos para continuar".
PGR prepara extradición de César Duarte para este viernes
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Manuel Espino Bucio
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará a Estados Unidos la extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien tiene en su contra tres órdenes de aprehensión por delitos electorales y corrupción, dos de ellas del fuero común y una federal.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y encargado del despacho de la PGR, informó que a partir de 11 causas penales, tanto de autoridades de la entidad como federales, se realizó un análisis exhaustivo de cada una de ellas, en apego a la normatividad aplicable.
Anunció que la dependencia afina los últimos detalles para presentar formalmente la petición de extradición a la Interpol, correspondiente a tres de los 11 requerimientos judiciales. Mañana serán las primeras tres órdenes y la próxima semana el resto. “El año pasado, la PGR recibió 10 causas penales por delitos del fuero común en materia de corrupción, una por parte de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, así como una federal, esta última por delito electoral”, expuso.
“La Procuraduría General de la República se encuentra en la etapa final del procedimiento para formular las solicitudes formales de extradición correspondiente a dichas causas penales y en esta semana se presentarán tres, dos correspondientes a la Fiscalía General de Chihuahua y otra del orden federal”, añadió.
Elías Beltrán aseguró que la PGR tiene indicios en qué país puede estar el ex mandatario, que dejó el cargo en octubre de 2016; sin embargo, omitió mencionarlo por el debido proceso y para evitar una posible fuga. Según autoridades estatales podría estar en la ciudad del Paso, Texas.
Dijo que cuando la PGR trabaja en temas de extradiciones, hace una búsqueda a través de sus oficinas de Interpol México, a los diversos países, para poder determinar en cuál nación pudiera estar ubicada la persona que se estaría solicitando.
Reiteró el compromiso de la dependencia en el “combate a la impunidad con objetividad e imparcialidad”.
Al preguntarle si investigan a colaboradores del ex gobernador priísta, el funcionario respondió que el requerimiento “es exclusivamente en contra de un ex gobernador”.
César Duarte está acusado de peculado y del presunto desvío de recursos a la campaña electoral del PRI en 2015, partido que el 1 de abril de 2017, inició el análisis para suspender sus derechos políticos en el partido.
En marzo del año pasado, la Interpol emitió la ficha roja del ex gobernador y desde ese mes se le busca en 190 países.
El juez Segundo de Distrito en el nuevo Sistema de Justicia Penal giró en junio de 2017 una orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 14 millones de pesos al PRI local durante los comicios de 2015.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR consiguió el mandamiento judicial luego que en una primera solicitud el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal negó la orden por el delito de peculado al argumentar que uno de los testigos principales, quien acusó al ex mandatario de desvío de recursos, declaró sin la presencia de un abogado.
El actual gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, acusa a Duarte Jáquez del desvío de mil millones de pesos.
En un año, la fiscalía de Chihuahua ha obtenido 30 órdenes de aprehensión contra Duarte Jáquez y 15 de sus colaboradores. Entre ellos, los sentenciados por un juez: Javier Alonso Garfio Pacheco, ex secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte; Germán Lezama Cervantes, empresario; Karla Areli Jurado Bafidis, ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación, y Fernando Mariano.
Pemex gastó tres mil mdp en reparar ductos; costos de 2006 a 2017
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Además de tener pérdidas de 20 mil mdp al año por huachicoleo, debe invertir en arreglar los daños que la ordeña deja a su infraestructura
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CIUDAD DE MÉXICO.
La reparación de los ductos perforados por la delincuencia organizada representó para Pemex un gasto de tres mil 24 millones 555 pesos entre 2006 y octubre de 2017.
Estos recursos se suman a los 20 mil millones de pesos, en promedio, que la paraestatal pierde cada año debido al huachicoleo.
De acuerdo con datos obtenidos por Excélsior a través de la solicitud de transparencia 1857000055317, la infraestructura más afectada por la ordeña de combustibles, e incluso petróleo crudo, es la que corre por Veracruz, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco. Le siguen Tlaxcala, Hidalgo, Edomex, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Tabasco, Querétaro y la Ciudad de México.
En su respuesta, Pemex detalló que el ducto más ordeñado es el que va de la refinería de Minatitlán, Veracruz, a la Terminal de Almacenamiento de Azcapotzalco, en la capital del país.
Sólo entre enero y octubre de 2017 la empresa gastó 199 millones 364 mil pesos para tapar las tomas clandestinas.
Remendar ductos cuesta 3 mil mdp
La reparación de tomas clandestinas coincide con su alza en los últimos diez años, revela Pemex.
La reparación de los daños que la delincuencia organizada causa a la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), por las perforaciones ilegales, representó para la empresa un costo superior a los tres mil millones de pesos en poco más de una década.
De acuerdo con datos proporcionados por la petrolera, obtenidos por Excélsiormediante una solicitud de transparencia, la infraestructura que ha registrado mayor afectación por este tipo de ilícitos es la que corre por los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco.
Le siguen Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Tabasco, Querétaro e incluso la Ciudad de México.
La situación coincide con el aumento en el número de tomas clandestinas en dichos estados, principalmente en Guanajuato, pues el último reporte de Pemex al cierre de noviembre de 2017, señala que en dicha entidad hubo más de mil 696 perforaciones, 45.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2016.
Es importante mencionar que la delincuencia perfora, coloca válvulas y mangueras que le permite extraer de manera ilegal hidrocarburos como gasolinas, diesel e incluso crudo, que posteriormente vende en el mercado negro, lo que significa una pérdida para el gobierno de poco más de 20 mil millones de pesos anuales.
La respuesta de Pemex a la solicitud 1857000055317 asegura que el costo de reparar las perforaciones ilegales, en el periodo comprendido de 2006 a octubre 2017, alcanzó tres mil 24 millones 555.7 mil pesos.
Es así que los recursos erogados por la empresa fueron destinados principalmente para “cerrar tomas clandestinas”.
Cabe recordar que en los primeros once meses de 2017, la empresa registró más de nueve mil 509 ataques a su red de ductos, superando en 54.3 por ciento el número de estos hechos registrados durante todo el año anterior.
Esta situación obligó a la empresa a destinar un monto estimado de 199 millones 364 mil 909.14 pesos para cerrar tomas clandestinas de los primero diez meses de 2017.
Explicó que cada evento tiene características diferentes, por lo que su costo depende del punto de extracción y del lugar donde se encuentre el sistema, el personal involucrado, así como el material que utiliza.
“La actividad desarrollada consiste en la inhabilitación de la toma clandestina para evitar la sustracción del producto”.
Reparar las perforaciones ilegales es una prioridad para la empresa, ya que mantenerlas, tal y como las dejan y utilizan los llamados huachicoleros representa un riesgo, no sólo por las pérdidas económicas, sino también los daños o accidentes graves que éstas podrían causar a la infraestructura de Pemex, pero sobre todo al medio ambiente.
El documento menciona que no se tiene registro sobre los poliductos con mayor daño en 2006.
Sin embargo, detalla que entre 2007 y 2017, el ducto con mayor afectación por parte de la delincuencia organizada es el que va de la refinería de Minatitlán a la Terminal de Almacenamiento de Azcapotzalco, el cual corre en los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México.
Otros de los poliductos que también se encuentran entre los más dañados por los huachicoleros son: el que va de la Refinería de Madero al complejo de Cadereyta, Poza Rica-Azcapotzalco, Salamanca-Zacatecas, Salamanca-Guadalajara, Salamanca-Morelia, Topolobampo-Culiacán, Cadereyta-Reynosa-Matamoros Brownsville, entre otros.
A pesar de los daños que estos ilícitos provocan a la empresa, ésta se ha negado a dar a conocer el monto de pérdidas económicas, bajo el argumento de que se trata de un tema de seguridad nacional, que podría ponerla en un estado de vulnerabilidad.
Presiona crudo el precio de gasolinas
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El alza en los precios internacionales de crudo comenzó a impactar el precio de la gasolina en EU, y por consecuencia en México, que subió un 3% en cuestión de días. La gasolina Magna se ofrece por arriba de los $17 en la mayoría de las bombas de CDMX.
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El alza en los precios internacionales de crudo a niveles no vistos desde hace 30 meses comenzó a impactar el precio de la gasolina en Estados Unidos, y por ende en México como su principal cliente, y en cuestión de días aumentó alrededor de un tres por ciento.
Una revisión de establecimientos hecha por El Financiero durante esta semana refleja que la gasolina Magna, o regular, se ofrece por arriba de los 17 pesos en la mayoría de las bombas despachadoras de la Ciudad de México. El indicador contrasta con los niveles del inicio del año, de los 16.50 pesos por litro.
Al respecto, Fernando González Piña, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) del Valle de México, confirmó que en las últimas dos semanas se han registrado incrementos, aunque descartó que sean sustanciales.
“El precio ha subido por el impacto del barril de crudo, así como por el movimiento del dólar, que es como cotizan la mayor parte de nuestros insumos”, comentó.
Ayer, la francesa Total abrió su primera gasolinera en México con un precio de 17.20 para la regular. El precio del crudo WTI finalizó el miércoles en 63.5 dólares, con lo que acumuló en el año un incremento de 5.6 por ciento.
Operadores del mercado anticipan que en el primer trimestre el precio de este crudo finalizará en un rango de 63 a 65 dólares, pero prevén que el aumento sea efímero, ya que podría regresar a niveles de 55 a 56 dólares para el segundo trimestre.
FACTORES EXTERNOS
El aumento de la gasolina en México parece magnificar la tendencia del mercado de referencia, Estados Unidos, donde el combustible tuvo un alza apenas superior al uno por ciento en el mismo periodo, de acuerdo con la Administración de Información Energética de ese país (EIA, por sus siglas en inglés).
En ese país, el precio promedio de la gasolina regular ronda esta semana el equivalente a 12.65 pesos por litro, 25 por ciento más barata que en México, diferencia debida en buena medida a costos de transporte basado en una todavía escasa infraestructura nacional de poliductos y almacenamiento.
Según la consultora GMEC, actualmente el costo logístico de la gasolina en nuestro país es de 20 a 25 centavos de dólar, es decir, casi cinco pesos por litro, cuando debería estar entre tres a cinco centavos de dólar (un peso o menos).
NUEVA REALIDAD
Como consecuencia de la liberalización de los precios de los combustibles, “Pemex finalmente está dejando de pagar parte de la suavización y ya se están enfrentando con la realidad del mercado”, dijo César Cadena, de Grupo Energéticos, especializados en distribución de combustibles en la zona norte de México.
La Onexpo a nivel nacional descartó que exista algún “gasolinazo” y recordó que la variación de centavos en el precio de las gasolinas se ha visto desde febrero de 2017 cuando comenzó el proceso de liberalización. Por su parte, Pemex descartó “incrementos significativos” en los precios en el combustible que vende a los gasolineros.
El grupo aeroportuario y Mota-Engil riñen por IVA
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La firma responde que las dos convocatorias para la CITT presentaron el mismo oficio de presupuesto autorizado, sin aclarar si incluye el impuesto.
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| Trabajos para la construcción del aeropuerto al oriente de la capital. (Javier García) |
REDACCIÓN
México
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) rechazó irregularidades en la licitación pública para la construcción del Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT) del nuevo aeropuerto y afirmó que la empresa Mota-Engil rebasó el techo presupuestal autorizado por una confusión, al no incluir en su propuesta el impuesto al valor agregado (IVA).
En respuesta, la firma portuguesa señaló que en las convocatorias el GACM invoca el mismo oficio GACM/DG/DCF/047/2017, pero existen diferencias sustanciales en el manejo del presupuesto autorizado y pretende sostener que las cantidades incluyen IVA, cuando no lo especificó.
MILENIO publicó ayer que el Mota-Engil promovió un recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por considerar que el grupo aeroportuario actuó de manera ilegal al declarar desierta la convocatoria (3 de noviembre), porque no contempló su propuesta de 9 mil 517 millones de pesos para construir el centro intermodal, menor a los 10 mil 410 millones presupuestados.
CONFUSIÓN
El grupo aeroportuario indicó a MILENIO que la licitante incurrió en una confusión, pues contempló un precio total de 9 mil 517 millones de pesos, sin considerar IVA, mientras que el monto del techo presupuestal autorizado para esta obra fue de 8 mil 974 millones, también sin considerar el impuesto.
Detalló que, “al haber rebasado el techo presupuestal, la propuesta de Mota-Engil, conforme a las bases de la licitación y la propia Ley de Obras Públicas, debió ser desechada”.
“El argumento que plantea el consorcio inconforme en su impugnación es que existe un documento en el que consta que el presupuesto autorizado para la obra era de 10 mil 410 millones 692 mil 998 pesos, sin embargo incurre en una confusión por demás evidente: ese monto representa justamente el presupuesto autorizado para la obra, pero incluyendo IVA”, informó.
El GACM señaló que en todas sus licitaciones se exige a los participantes que presenten sus ofertas sin considerar IVA, por lo que al sumar 16 por ciento por ese concepto a los 9 mil 517 millones 714 mil 452 pesos que propuso Mota-Engil, “nos daría un total de 11 mil 040 millones 548 mil 764 pesos, monto que rebasa por mucho la cantidad de 10 mil 410 millones 692 mil 998 pesos que se prevé como referencia en documentos oficiales”.
Luego de que el pasado 13 de noviembre el consorcio constructor promovió una inconformidad en la que alega que el GACM no informó el monto del presupuesto autorizado para el contrato, insistió en que, conforme a lo dispuesto en el marco jurídico que regula la contratación de obras públicas, se encontraba impedido legalmente para darlo a conocer, porque “impediría garantizar las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio”.
Precisó que por única ocasión el techo presupuestal de ese concurso fue hecho del conocimiento de los participantes de la segunda convocatoria, debido a la inconformidad promovida por la empresa portuguesa.
De tal forma que todos los licitantes tienen acceso al aviso correspondiente mediante su difusión por CompraNet, disponible para cualquier interesado.
Consultado por MILENIO al respecto, Mota-Engil México subrayó que el GACM publicó en CompraNet una segunda convocatoria a la licitación en la que estableció que los recursos presupuestales fueron autorizados mediante oficio GACM/DG/DCF/047/2017, es decir el mismo que en el primer concurso.
“Sin embargo, en esta ocasión, GACM indica que el presupuesto autorizado a ejercerse en 2018 ascendía a $3,876,541,695.15, cantidad que expresamente reconoce no incluye IVA”, manifestó mediante una nota informativa.
La empresa resaltó que este monto corresponde con lo indicado en la “Autorización de Contratos Plurianuales de Obra Pública, Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios” que autorizó el director corporativo de Finanzas.
Por lo que “es evidente que el monto total indicado en ese documento, que asciende a $10,410,692,998.90 debe entenderse sin IVA. De lo anterior podemos desprender con claridad que el presupuesto realmente autorizado para el CITT es por esa cantidad más IVA, por lo que no está justificado el fallo que desecha la oferta presentada por Mota”.
RECOMENDACIONES DE LA OCDE DESDE 2015
Desde 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió al menos 16 recomendaciones al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para vigilar los procesos de licitación y contrataciones en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Con el fin de dar prioridad a la transparencia y evitar actos de corrupción, publicó el documento “Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraestructura. El caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”, en el que sugirió implementar un “monitor de integridad” que vigile todo el proceso de contratación, con más detalle que los testigos sociales.
La OCDE también advirtió que “las actividades de contratación del GACM, desde su creación, indican experiencia limitada en la gestión de procedimientos de concurso abierto” y aconsejó promover la divulgación proactiva de información sobre la contratación pública y el proyecto, además de aprovechar CompraNet para alertar a los mercados y divulgar información sobre la contratación pública, así como fortalecer la participación de la sociedad civil.
Con información de: Fanny Miranda y Rafael Montes/México.
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Para 75.9% de mexicanos la ciudad donde vive es insegura
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La percepción se deterioró casi dos puntos entre el año pasado y 2016, indica el Inegi
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| Los cajeros automáticos de los bancos que se localizan en la vía pública (los hay también dentro de centros comerciales o tiendas) fueron considerados los sitios con más riesgo por los entrevistados en la encuesta sobre inseguridad del Inegi Foto Alfredo Domínguez |
Roberto González Amador
La percepción que tienen los mexicanos sobre la inseguridad en las ciudades donde viven se deterioró durante el año pasado. Una medición oficial encontró que tres de cada cuatro adultos consideró que su comunidad es insegura. La sensación de vulnerabilidad es mayor entre las mujeres que entre los hombres, en una dinámica en que la mayoría de la población ha decidido modificar sus hábitos para proteger a sus familias. Los cajeros automáticos de los bancos son considerados los puntos de mayor riesgo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La encuesta fue levantada en la primera semana de diciembre pasado. Según la muestra, que es realizada en 55 ciudades, incluida la capital del país, 75.9 por ciento de los mexicanos mayores a 18 años (tres de cada cuatro) consideró que vivir en su ciudad es inseguro. La proporción, prácticamente similar al 76 por ciento registrado en septiembre, fue superior en 1.8 puntos porcentuales a la reportada al cierre de 2016, informó el organismo.
Entre las mujeres, la percepción de inseguridad es mayor que el promedio nacional: 80.5 por ciento de ellas, esto es, ocho de cada 10, manifestó que vive intranquila. La proporción para el caso de los hombres fue de 70.6 por ciento, es decir, siete de cada 10, reportó el Inegi.
Las ciudades más inseguras, de acuerdo con la encuesta, fueron, en diciembre pasado: Reynosa (Tamaulipas), Chilpancingo (Guerrero), Fresnillo (Zacatecas), Villahermosa (Tabasco), Coatzacoalcos (Veracruz) y la zona norte de Ciudad de México. En el primer caso, 95 de cada 100 personas viven inseguras, mientras en el último la proporción es 92 de cada 100.
Las ciudades menos inseguras en el periodo de referencia, fueron: Mérida (Yucatán), Puerto Vallarta (Jalisco), Saltillo (Coa-huila), Piedras Negras (Coahuila), Campeche (Campeche) y Durango (Durango). En la primera, sólo 29 de cada 100 adultos percibe que su ciudad es insegura, proporción que crece a 52 de cada 100 en la última.
Los cajeros automáticos de los bancos que están localizados en la vía pública (los hay también dentro de centros comerciales o tiendas) fueron considerados los sitios más inseguros, seguidos por el transporte público, sucursales bancarias, calles habitualmente usadas, mercados y carreteras, principalmente.
Por la situación de inseguridad en que viven, dos de cada tres personas adultas modificaron sus hábitos y rutinas, como llevar consigo objetos de valor y joyas, permitir que sus hijos salgan de casa, caminar de noche en los alrededores de su vivienda o visitar parientes o amigos, mencionó el Inegi.
No se anticipa mejoría
Si la percepción de inseguridad empeoró el año pasado, una abrumadora mayoría de la población adulta no considera que las cosas mejorarán en este campo en los siguientes meses.
Según la encuesta, 73.5 de cada 100 adultos encuestados considera que en los siguientes meses la inseguridad seguirá igual de mal (35.8 de cada 100) o que “empeorará (37.7 de cada 100), una proporción que es mayor a la del cierre de 2016, cuando fue de 72.1 por ciento.
En el cuarto trimestre de 2017, periodo que cubre la encuesta, el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue: consumo de alcohol en las calles (65.2 por ciento), robos o asaltos (63.5), vandalismo en viviendas o negocios (52.4), venta o consumo de drogas (42.9), disparos frecuentes con armas (37.8) y bandas violentas o pandillerismo (35.2 por ciento).
La encuesta destaca que los porcentajes de la población de 18 años y más que identificó a las diversas corporaciones policiales y que percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina (85.6 por ciento), Ejército (83.2), Gendarmería Nacional (71.2), Policía Federal (65.3), Policía Estatal (47) y Policía Preventiva Municipal (38.5).
Solicitará PGR extradición de César Duarte esta semana
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La Procuraduría no revela ubicación del exgobernador. Está acusado de corrupción y desvío de recursos públicos; en tanto, la propia PGR, a través de FEPADE, mantiene una indagatoria por delitos electorales
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JOSÉ TENORIO
La Procuraduría General de la República pedirá esta misma semana la extradición de César Duarte, quien presumiblemente se encuentra en Estados Unidos (país al que se le habrían pedido medidas cautelares para evitar la fuga del exgobernador del Chihuahua) y cumplir tres diferentes órdenes de aprehensión vinculadas a casos de corrupción.
La PGR optó por no revelar la ubicación del exgobernador, pero ha trascendido que Duarte mantendría una residencia alterna en Estados Unidos, lugar al que habría recurrido como refugio en cuanto se desataron las pesquisas judiciales en su contra. Esta versión ha sido validada por el actual mandatario de la entidad, Javier Corral, quien se ha convertido en el principal promotor de su encarcelamiento.
En una conferencia de prensa convocada ayer mismo, el subprocurador y encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó de la solicitud de extradición que la PGR enviará, conforme al procedimiento habitual, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Cancillería debe validar y procesar la solicitud ante la justicia del país donde se refugió el exgobernador chihuahuense.
A diferencia de casos como el de Tomás Yarington o Roberto Borge, ex mandatarios de Tamaulipas y Quintana Roo respectivamente, la captura de César Duarte no perece ser precedida por investigaciones internacionales sobre su ubicación.
Elías Beltrán refirió que el tiempo transcurrido desde el inicio del caso Duarte ha servido a la institución para revisar el caso y establecer la solidez del expediente que se presentará como solicitud de extradición.
Beltrán no quiso comentar explícitamente la ubicación del exgobernador, pero refirió que las medidas cautelares son solicitadas por oficinas de la institución a su cargo (al país) en el que se encuentra el exgobernador y son las propias autoridades judiciales de ese país las que realizan el seguimiento que evite la fuga del acusado.
Como se recordará, el caso Duarte ha sido enarbolado por Javier Corral, actual gobernador de Chihuahua, para acusar a la Federación de obstaculizar el castigo al exgobernador surgido de las filas del PRI, además de que, siempre según bajo el dicho de Corral, la SHCP ha tratado de presionar financieramente a su gobierno para desistirse de las acusaciones.
Sin tocar esta polémica entre órdenes de Gobierno, Alberto Elías Beltrán comentó que la dependencia a su cargo analizó diez causas que el actual gobierno de Chihuahua ha presentado a efecto de lograr la captura de Duarte acusándolo de corrupción y desvío de recursos públicos; en tanto, la propia PGR, a través de Fepade, mantiene una indagatoria por delitos electorales.
Justamente, dos de las órdenes de aprehensión son las que el Gobierno de Chihuahua ha exhibido constantemente y una más corresponden a pesquisas del orden federal. Se sabe, gracias a la ficha de Interpol de Duarte, que una parte de las acusaciones toca el ámbito de los delitos electorales, por lo que no se puede descartar que los casos pudieran ser conjuntados finalmente en una sola carpeta que vincula el desvío de recursos de las arcas de Chihuahua a procesos electorales presuntamente para apoyar a candidatos priistas.
Las cifras, los dichos y las acciones
El gobierno de Chihuahua, que encabeza el panista Javier Corral, detalló que en total son 780 millones de pesos los que la Secretaría de Hacienda no transfirió a Chihuahua con el monto mayor por 700 millones, a un fondo de saneamiento financiero que sólo ha carecido de disponibilidad para esta entidad.
Las autoridades de Chihuahua dicen que está comprobado el desvío de cerca de mil 200 millones de pesos en la administración de César Duarte en la entidad.
César Duarte, ocupó la gubernatura de Chihuahua entre 2010 y 2016, hoy se encuentra prófugo de la justicia tras enfrentar 11 órdenes de aprehensión; la mayoría de ellas por desvío de recursos durante su gestión.
Actualmente se sabe que Duarte vive en Estados Unidos.
Por su parte, el actual gobierno de Chihuahua encabezado por el panista Javier Corral, informó que han logrado detener a 15 personas y sentenciar a cinco de ellas, por estar relacionadas con Duarte; quien continúa gozando de libertad.
A Duarte se le acusaba por desviar al menos 250 millones de pesos hacia el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, pidió hace unos días al presidente Enrique Peña Nieto, agilizar las investigaciones en contra de César Duarte para conseguir su captura.
PGR presentará 3 solicitudes de extradición contra César Duarte.
Trump amaga nuevamente con salir del TLCAN
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“SERÍA LO MÁS BENÉFICO PARA EU”
El anuncio de una eventual salida podría ser una estrategia de negociación y no necesariamente un abandono real del acuerdo.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que podría poner fin al acuerdo de libre comercio con México y Canadá porque sería la forma de lograr un pacto más beneficioso para Estados Unidos, aunque reconoció que mucha gente estaría disconforme si lo hace.
En una entrevista con Reuters, el mandatario republicano se refirió a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que está en curso.
Trump ha amenazado varias veces con salir del pacto comercial que rige desde 1994 entre los tres países a menos que se realicen importantes cambios.
“Podría terminar el TLCAN. Mucha gente no estará feliz si acabo con el TLCAN. Mucha gente no se da cuenta de qué tan bueno sería terminar con el TLCAN porque la manera en la que harás el mejor trato es acabando con el TLCAN”, sostuvo Trump.
El eventual anuncio de Trump de retirarse del acuerdo podría convertirse en una estrategia definitiva de negociación, ya que iniciaría un plazo de salida de seis meses que forzaría a sus socios a negociar con la presión del plazo límite y no obligaría legalmente a Estados Unidos a renunciar una vez que expire. Los representantes de México han asegurado que dejarían la mesa de renegociación si Washington hace eso.
“Siempre he dicho que renegociaremos el TLCAN o lo cancelaremos”, insistió Trump.
Después de cinco rondas las negociaciones parecen estancadas y Washington ha dicho que hacer concesiones es la única vía que tienen Canadá y México para preservar el pacto.
La sexta ronda de negociaciones se llevará a cabo del 23 al 28 de enero en Montreal. Entre los temas que podrían ser tocados está el de contenido regional en autos, que Washington quiere subir de 62.5 a 85%, y la propuesta de incluir una cláusula de salida anticipada del pacto.
Varias empresas automotrices han pedido al mandatario no abandonar el TLCAN e instado a los tres socios a alcanzar un acuerdo mejorado.
Insistiendo con sus promesas de campaña, Trump dijo a Reuters que buscará construir un muro en parte de la frontera con México.
El presidente estadounidense detalló que en varias partes de la frontera hay montañas y peligrosos ríos, por lo que no se necesita erigir vallas o muros allí.
El mandatario dijo en una entrevista publicada la semana pasada por el Wall Street Journal que México podría pagar “indirectamente” por el muro mediante cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
México ha reiterado en varias oportunidades que no pagará de ninguna manera por el muro que Trump quiera levantar.
declaraciones de sonny perdue
...aunque reconoce beneficios del acuerdo para el sector agrícola de EU
Antes de las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el secretario estadounidense de Agricultura, Sonny Perdue, informó que el presidente de EU comenzaba a reconocer los beneficios del acuerdo, en particular para el sector agrícola de EU.
En una entrevista transmitida por Bloomberg, Perdue expresó que Trump terminó su campaña presidencial probablemente con la idea de que “el TLCAN no había sido bueno para ningún sector de la economía”. El funcionario aclaró, sin embargo, que “creo que ahora Trump se ha dado cuenta de que la agricultura se ha visto beneficiada por el TLCAN”. Pese a que Trump parece más consciente de los beneficios del TLCAN, Perdue precisó que esto no debe confundirse con un cambio en sus posturas de negociación.
El funcionario aceptó que las negociaciones del TLCAN avanzan. Explicó: “Creo que hemos tenido algún movimiento de parte de los (negociadores) mexicanos”.
“Canadá, creo, ha sido más reticente a ese respecto, pero también se convencerán. Creo que en un momento pensaron que los cabilderos y otras personas simplemente abrumarían al presidente Trump y le harían pensar que el TLCAN era genial y que no deberíamos hacer nada”, señaló Perdue. De acuerdo con Bloomberg, Trump estaba a punto de terminar el TLCAN el año pasado, pero cambió de opinión luego de ver un mapa que ilustraba las áreas en el centro de Estados Unidos que dependían del tratado.
Canadá es el mercado de exportación más grande de EU para productos agrícolas, mientras que México es el tercero más grande. (Notimex)
PGR alista 3 solicitudes de extradición contra Duarte por peculado
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| Ex gobernador de Chihuahua llegaría pronto a México. Foto: Especial |
Arizbeth Castillo
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en los próximos días se formalizarán tres órdenes de extradición en contra del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jaquez.
Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, dijo en conferencia de prensa que en el transcurso del año pasado, la dependencia recibió diez causas penales por diversos delitos del fuero común en materia de corrupción, uno de ellos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y uno más, de orden Federal por delito electoral.
El funcionario federal sostuvo que la dependencia a su cargo realizó el análisis de las once causas penales y ya se encuentran en la etapa final del procedimiento para coordinar tres solicitudes de extradición.
Elías Beltrán detalló que la que tiene que ver con el ámbito federal, se llevó a cabo por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por el desvió de 14 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el proceso electoral de 2016.
Se negó a dar el nombre del país donde se encuentra oculto el ex mandatario, sin embargo, señaló que se tiene indicios del país en el que a través de Interpol México se trabaja para determinar la ubicación de Cesar Duarte.
“La Procuraduría General de República reitera su compromiso en el combate a la impunidad por objetividad e imparcialidad buscando con ello el fortalecimiento de nuestro estado de derecho”, expresó.
Durante este sexenio, se ha emprendido acción penal contra 9 gobernadores de diversa filiación partidista. De ellos, 2 fueron extraditados recientemente (Roberto Borge, de Quintana Roo y Javier Duarte de Veracruz), ambos se encuentran recluidos ya en nuestro país.
Otro que enfrenta una orden de extradición, es el tamaulipeco Tomás Yarrington, quien se encuentra encarcelado en Florencia, Italia pues está acusado de peculado, lavado de dinero y tráfico de drogas. Mientras que su correligionario, Eugenio Hernández también enfrenta los cargos de peculado y lavado de dinero en una cárcel mexicana.
De filiación panista, también enfrenta proceso penal el ex mandatario de Sonora, Guillermo Padrés por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. De igual forma, estuvo preso en 2015, el ex gobernador de Aguascalientes, Armando Reynoso Femat por defraudación fiscal.
Al inicio del actual sexenio, fue encarcelado el tabasqueño Andrés Granier Melo por peculado y desvío de más de 2 mil 600 millones de pesos.
Otro que enfrenta proceso penal, es el ex mandatario interino de Veracruz, Flavino Ríos, quien obtuvo un amparo para ser procesado en arraigo domiciliario por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento por favorecimiento, al presuntamente facilitar una aeronave al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Dependencias incumplen transparencia
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Alejandro Sánchez/ Con información de Luis Pérez
En agosto de 2015, el gobierno federal expidió un protocolo para poner en una caja de cristal toda la información sobre las contrataciones públicas y concesiones, pero en este tiempo, y luego de una investigación de El Heraldo de México, mediante la Ley de Acceso a la Información a más de 50 instituciones, sólo una mostró soporte de cumplimiento.
Ni siquiera lo hizo el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) –tampoco se deslindó de no ser parte de ese ordenamiento–, ni la Presidencia, ni Bansefi, donde despacha Virgilio Andrade, a quien como secretario de la Función Pública, le fue encomendada la tarea de implementar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas.
Especialistas, como Isaak Pacheco, investigador del departamento de desarrollo económico y social del centro de investigación Ethos, existe una complicación técnica y presupuestal que implica poner en marcha el protocolo. Reconoce el esfuerzo por desarrollar plataformas en línea para hacer público el proceso de contrataciones gubernamentales, pero considera que sólo atiende los “fines intermedios”, como transparentar el proceso, mientras que no atienden el “fin último”, que es lograr una verdadera rendición de cuentas.
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El protocolo consta de la divulgación de manifiestos de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares con servidores públicos, de los particulares que intervienen en los procedimientos, así como posible conflicto de interés. Todo lo anterior es para evitar negocios turbios y relaciones sospechosas en los contratos. El espíritu del acuerdo del Protocolo obliga al registro documental a partir del contacto entre particulares y servidores públicos relacionados con adquisiciones, permisos, concesiones y otorgamientos de licencias.
El incumplimiento al Protocolo de Actuación no es asunto menor en materia de ejercicio presupuestal. De enero de 2017 a la primera semana de diciembre, el gobierno federal, según Compranet, firmó contrataciones públicas por 461 mil 684 mdp (una parte de estos contratos son plurianualidades, es decir que van más allá del año que terminó, pero son compromisos firmados en 2017). Lo anterior no incluye los ingresos de las concesiones, ni permisos, ni licencias.
Al negar la solicitud de información sobre los contratos, se obstaculiza el objetivo de contar con mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés. Es decir, al final del sexenio de Peña no se ha avanzado en uno de los temas que más ha marcado la administración.
Los responsables de cada dependencia, según el protocolo, son los encargados de hacer que se ejecute, de lo contrario, será causa de responsabilidad administrativa en términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades.
TRANSPARENCIA: AVANCE DE FORMA, NO DE FONDO
No importan los avances jurídicos y tecnológicos implementados en la última década para reducir los hechos de corrupción ni los conflictos de interés en los procesos de contratación pública; aún persisten las viejas prácticas que permiten la corrupción.
Para el investigador Isaak Pacheco, en la forma se están cerrando los espacios al actuar irregular de los funcionarios públicos y empresarios licitantes; en el fondo existen formas para que se cuele la corrupción.
“Cuestiones tan sencillas como entregar las propuestas en sobre cerrado, cosa que muchas veces se omite, o abrir los sobres en un evento público son instrumentos que, aunque no tengas una videograbación, dan certeza a los interesados en el proceso de contratación”, dijo.
Sobre la implementación del protocolo de Actuación en Contrataciones Públicas, el investigador expuso que son pocas las dependencias familiarizadas con sus requisitos, y sólo algunas, como las relacionadas con el sector energético, cumplen los lineamientos.
Aunque entiende la complicación técnica y presupuestal, considera vital que en contrataciones estratégicas, se cumpla.
Pacheco reconoció el esfuerzo por desarrollar plataformas en línea que hacen público el proceso de contrataciones gubernamentales, pero considera que sólo atiende los “fines intermedios”, como transparentar el proceso, mientras que no atienden el “fin último”, que es lograr una verdadera rendición de cuentas, comprobando la necesidad de emprender una obra o contratar un servicio.
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