El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó 243.6 millones de pesos para adquirir terrenos en cuatro ciudades del País, pero aún no sabe cuáles son los predios que comprará.
Por cinco votos contra dos, la Judicatura aprobó el 22 de noviembre tomar los recursos del Fideicomiso para Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con miras a comprar terrenos en los Municipios de Los Mochis, Sinaloa, Xalapa, Veracruz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Xochitepec, Morelos, en los que eventualmente va a construir Centros de Justicia Penal (CJP).
"Debe definirse el predio que se pretende adquirir", objetó durante la sesión el consejero José Guadalupe Tafoya.
"La única forma que se tiene para verificar los principios de supervisión y transparencia del gasto es conociendo las características del inmueble que se va a adquirir, y la documentación necesaria básica para su adquisición, tal como se venían presentando invariablemente las propuestas de los proyectos de CJP al Comité Técnico (del fideicomiso) para su aprobación", agregó Tafoya en un voto particular.
El consejero Felipe Borrego destacó que, según la normativa del fideicomiso, el dinero tiene que ir a "fines determinados", sin que en este caso estén identificados los terrenos, y recordó que estos recursos se pueden autorizar cuando sea porque no son parte del presupuesto anual.
Los demás consejeros, sin embargo, consideraron que no hay impedimento legal para autorizar, desde ahora, el techo presupuestal para las eventuales compras, pues el objetivo del fideicomiso es precisamente adquirir inmuebles para los centros de justicia penal.
El pasado 15 de noviembre, la Judicatura también autorizó gastar 80.6 millones de pesos del presupuesto anual de 2017 para comprar un gimnasio de más de 2 mil 452 metros cuadrados cerca de su sede central en San Ángel, que será demolido para construir una guardería.
Actualmente, el CJF es dueño de al menos 150 inmuebles, adquiridos ya sea en compraventas o por donaciones de gobiernos locales, y tiene otros 16 en comodato, pues reformas como la del NSJP y la nueva Ley de Amparo han obligado a la instalación constante de nuevos tribunales federales en todo el País.
Al cierre de septiembre, el fideicomiso del NSJP tenía saldo de 4 mil 692 millones de pesos, luego de que el año pasado la Judicatura le canalizó 2 mil 250 millones de pesos del presupuesto de 2016 que no utilizó.
En 2017, el CJF ha licitado cinco contratos para nuevos CJP por un total de 682 millones de pesos, y está en proceso de adjudicar los de Ensenada y Ciudad Juárez, valuados en 304 millones.
Y autoriza sobreprecio en sede de Altiplano
El Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano costó en total 25.6 millones de pesos, un 13 por ciento más de lo planeado.
El contrato original, de 195.8 millones de pesos, fue adjudicado directamente en agosto de 2016 por el ex titular de la Dirección de Inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Francisco Javier Pérez Maqueda, separado del cargo en febrero de 2017 cuando se encontraron 3.4 millones de pesos en efectivo en la cajuela de su vehículo.
El pasado 22 de noviembre, el pleno del CJF autorizó pagar el dinero adicional y, por 4 votos contra 3, rechazó dar vista a la Contraloría del Poder Judicial para que investigue a Pérez Maqueda por adjudicar directamente la obra, siendo que en 2016 había instrucciones expresas de asignar los contratos por licitación.
La Auditoría Superior de la Federación está revisando la obra, y la propia Contraloría del PJF desarrolla una "intervención específica" para verificar los trabajos adicionales que se pagarán a Proyectos y Construcciones Marlu, una empresa de Tlalnepantla.
Pero lo que pretendía la minoría de consejeros, integrada por María del Carmen Hernández, José Guadalupe Tafoya y Felipe Borrego, era indagar cómo y por qué Pérez Maqueda eligió a Marlu para la adjudicación, que se justificó por razones de seguridad.
Víctor Fuentes/REFORMA
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