Analizará AMLO indulto a ‘narcos’ para lograr la paz
De ganar la Presidencia, el líder de Morena también propondrá al gobierno de EU lanzar una campaña contra el consumo de drogas.
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| El tabasqueño de gira por Quechultenango, Guerrero. (Especial) |
ROGELIO AGUSTÍN
Guerrero
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, en caso de ganar la Presidencia, analizará otorgar una amnistía a los líderes del crimen organizado para pacificar el país.
En Quechultenango, Guerrero, aseguró que la guerra contra el crimen organizado es un error, pues pese a la aplicación de sanciones más severas, el uso inadecuado de las fuerzas armadas solamente ha generado muertes.
“Hay que hablar con los mexicanos y plantearles que necesitamos la paz y que todos podemos ayudar a que haya paz en el país.
“Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de EU que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas.
“Vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país, para que no haya violencia. Se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo”, afirmó.
—¿Esta amnistía alcanzaría a los líderes de los cárteles?
—Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando, lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad.
También dijo que se debe exigir al gobierno de Estados Unidos hacer una campaña para reducir el consumo de drogas, ya que ese país es el primer mercado para los cárteles mexicanos.
López Obrador tuvo que recorrer una de las carreteras estatales más controladas por el crimen para llegar a Quechultenango, el principal centro de operaciones de la organización que encabezan los hermanos Celso, Iván y Antonio Ortega Jiménez, denominada Los Ardillos.
SIN BLINDAJE NI ARMAS
En su mensaje, López Obrador aseguró que un político con la conciencia sucia debe rodearse de guardaespaldas.
“Recorro el país sin protección, me protege el pueblo y el creador, mi camioneta no trae blindaje, no traemos armas”, dijo.
Destacó que en Guerrero conoce los 81 municipios e insistió en buscar la normalidad del país. Más tarde, la caravana de Morena se trasladó a Tixtla a través de una de las rutas más utilizadas por grupos armados para evitar a cárteles antagónicos.
En su recorrido se incorporó una escolta de la policía del estatal, integrada por una camioneta habilitada como patrulla con cinco elementos a bordo.
“BECARIOS, SÍ; SICARIOS, NO”
El tabasqueño también habló sobre la necesidad de mejorar las expectativas de desarrollo de los jóvenes, por lo que propuso becar a ninis, además de relacionarlos con el ámbito laboral.
“Se les va a pagar 3 mil 600 pesos mensuales a 2 millones 600 mil jóvenes, lo que costará 110 mil millones de pesos al año; si no lo hacemos es como empujar a que los jóvenes tomen el camino de la delincuencia.
“No se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede acabar la violencia con la violencia ni combatir el mal con el mal; si se atiende a los jóvenes se va a serenar al país: becarios sí, sicarios no”. confió.
Además, llamó a sus seguidores a no confiarse y prestar poca atención a las encuestas.
“QUISIERA VER A ANDRÉS MANUEL DE POLICÍA”
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, criticó a aquellos que buscan “irresponsablemente” generar miedo con la ley de seguridad interior y tratan de asustar vendiendo la idea de que el gobierno quiere militarizar el país.
“Por un lado los críticos del Ejército dicen ‘queremos que se queden en los cuarteles’, pero esos cabrones no quieren ser policías, a mí me gustaría que Andrés Manuel o los críticos se metieran de policías, porque es muy fácil criticar si no te vas a la calle a buscar la tranquilidad de la sociedad”, dijo.
Lamentó que los partidos de oposición abonen a la confusión sin reconocer la labor del Ejército que siempre ha apoyado en las labores de contingencia y en la lucha contra la delincuencia, arriesgando la vida.
“Los panistas, los perredistas y los de Morena son los amargados, eso es lo que son, no deben ni de ser diputados, son flojos, huevones, parásitos del sistema que hay que sacarlos. Se necesita gente responsable, no de la crítica y no de la demostración”.
Con información de Jannet López/Guadalajara.
6 de cada 10 casas son 'improvisadas'; en CDMX, la mayor población en riesgo
Tendrán que evaluar 64.1% de las viviendas, si se quiere mitigar riesgos de derrumbes, pues se hicieron sin asesoría de un arquitecto
CLAUDIA SOLERA
CIUDAD DE MÉXICO.
Seis de cada diez viviendas en el país se construyeron sin supervisión de algún arquitecto o ingeniero.
En su edificación sólo intervino la mano de un albañil, afirmó Jesús Valdez, ingeniero constructor de Miyamoto International y encargado del Plan de Respuesta ante el Sismo en la Ciudad de México.
El experto advirtió que si México quiere mitigar los riesgos ante los desastres naturales, como los sismos de septiembre pasado, tendrá que evaluar el estado de 64.1% de las viviendas del país, que se construyó con base en la improvisación.
Informó que el gobierno de Estados Unidos donó cien mil dólares a Miyamoto para que capacite a ingenieros mexicanos en técnicas de evaluación detallada de estructuras.
Podríamos comenzar a revisar aquellas que tengan tres niveles o más, construidas sin supervisión y con una antigüedad mayor a 32 años (antes del 85) en la Ciudad de México, donde existe el mayor número de población expuesta”, explicó.
64% EDIFICA SU CASA SIN SUPERVISIÓN PROFESIONAL
Si México quiere mitigar los riesgos ante los desastres naturales tendrá que evaluar el estado del 64.1% de las viviendas del país, que se construyeron con base en la improvisación, de acuerdo con Jesús Valdez, ingeniero constructor y encargado del Plan de Respuesta ante el Sismo en la Ciudad de México, de la empresa Miyamoto International.
Aunque México está entre los 15 países del mundo con mayor población expuesta a los desastres naturales (según la ONU), seis de cada diez viviendas en el país se construyeron sin la supervisión de un algún arquitecto o ingeniero.
Las zonas afectadas en México por los sismos comprenden más de 50% del territorio nacional. Mientras los mayores peligros sísmicos se ubican en 12 estados con 151 localidades con más de 15 mil habitantes y que en total suman 36 millones de personas, de acuerdo con la investigación de Nacionales Unidas: “Gestión de Riesgo de Desastres. Estudio de caso de cinco países: México”.
La autoproducción de vivienda en México alcanza 64.1%, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Todavía hace tres años sólo 2.3% de los ciudadanos contestó en la Encuesta Nacional de Vivienda 2014, del Inegi, que contrató a un arquitecto, a un ingeniero o una empresa constructora para edificar su casa, porque el 97% restante sólo pagó a un albañil o algún integrante de la casa se encargó de construir la propiedad.
AUTOCONSTRUCCIÓN
Históricamente, más de 60% de la población con ingresos menores a tres salarios mínimos está excluido de los Programas Institucionales de Suelo Urbanizado y de Vivienda. En la mayoría de los casos, al único medio al que pueden recurrir para la obtención de la vivienda es a la autoconstrucción, sin importar la escasez de servicios, equipamiento urbano y la obtención ilegal de terrenos. Sin embargo, este poblamiento representa más de 65% de las viviendas de todo el país. La vivienda de autoconstrucción o ‘informal’ se define básicamente como aquella construida por el mismo habitante, sin ningún factor político, legal y económico que lo respalde, según los estándares de México”, concluyó Javier Sánchez Corral, miembro honorario del Instituto Americano de Arquitectos, en su libro La vivienda “social” en México.
A pesar de que este tipo de vivienda “informal” carece de medidas de seguridad y el material de construcción cuesta de 10 a 55% más comprándolo al menudeo, como lo hacen las familias de bajos ingresos, que cuando se compra por millar o tonelada, a muchos mexicanos no les queda otra opción más que adquirirlo así e ir edificando poco a poco sus hogares y en diversas etapas.
La gran incógnita es qué edificaciones deberían ser evaluadas y reformadas luego de los sismos de septiembre, pero yo creo que podríamos comenzar a revisar aquellas que tengan tres niveles o más, construidas sin supervisión de arquitectos o ingenieros y con una antigüedad mayor a 32 años (antes del 85) en la Ciudad de México, donde existe el mayor número de población expuesta”, aseguró el ingeniero Valdez.
Mientras el país tiene una densidad poblacional de 50 habitantes por kilómetro cuadrado, la Ciudad de México presenta una densidad de 5 mil 799 habitantes por kilómetro cuadrado.
Sin embargo, como la emergencia luego del terremoto del 19-S todavía está vigente y existen veredictos contradictorios entre si se deben o no demoler cuatro mil construcciones en la Ciudad de México, por ahora, el objetivo inicial será dar un dictamen unificado.
El gobierno de Estados Unidos, mediante la oficina de Asistencia ante Desastres en el Extranjero de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), está apoyando a México tras el sismo del 19 de septiembre para realizar “las muy necesarias inspecciones de casas, escuelas y oficinas dañadas”, por lo que donó cien mil dólares a la empresa global de ingeniería Miyamoto International para que capacite a ingenieros mexicanos en técnicas de evaluación detallada de estructuras, de acuerdo con la información oficial de este organismo.
Este proyecto del USAID se echó a andar luego de las discrepancias que surgieron sobre la evaluación de los edificios dañados.
DUDAS Y CONTRADICCIONES
El problema que nos hemos encontrado y por el cual hemos comenzado este programa fue porque, cuando las estructuras tuvieron un reporte de daño, pero no colapsaron, existieron muchas dudas y contradicciones. Te encuentras a un ingeniero que te asegura que el edificio se tiene que demoler, porque presenta un riesgo para los habitantes del mismo y luego te encuentras a otro que te dice que sí es recuperable”, aseguró el ingeniero Valdez.
Como resultado de esta asistencia, las personas podrán saber con certeza si sus casas se pueden reparar o deben tomar la difícil decisión de buscar un nuevo hogar si se determina que son de alto riesgo.
Jesús Valdez es el encargado, por parte de Miyamoto International, de coordinar a las diversas instituciones que participan en este esfuerzo. “Estamos invitando al Colegio de Ingenieros Civiles, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros Constructores; a universidades como la UNAM, UAM, Instituto Politécnico Nacional, al Tecnológico de la Construcción; por parte del gobierno, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda, Seduvi y a Protección Civil”, dijo.
La única manera de poder disminuir los riesgos y las pérdidas en otro terremoto, como el que los científicos han alertado que podría ocurrir en la Brecha de Guerrero, será hacer una inspección profunda, con asistencia técnica y tecnológica a las viviendas más vulnerables.
Pero aun si no ocurriera el terremoto de la Brecha de Guerrero, de igual manera tendrían que disminuirse los riesgos en las viviendas, porque México es uno de los países más sísmicos del mundo. Tan sólo en el siglo XX se registraron 71 sismos con magnitud mayor o igual a 7.
Antes, cuando nos enfrentamos al terremoto del 85 no teníamos radiografías para monitorear los elementos estructurales de los edificios, no había ultrasonidos para ver cómo está por dentro la estructura o escáneres de alta precisión; no contábamos con modelación por computadora ni podíamos realizar simulaciones de eventos sísmicos u observar el grado de resistencia real que tiene un edificio ya construido, pero ahora sí, y debemos de utilizarlo”, concluyó Valdez.
LECCIONES
El 19-S también enseñó otra gran lección, y es que México está amenazado por terremotos de distintas ondas. El último sismo provocó movimientos tan rápidos y constantes que tiró edificaciones menores de cinco pisos, como sucedió en septiembre pasado, o ser un movimiento de ondas prolongadas, como en 1985, cuando en su mayoría se cayeron construcciones que tenían entre 9 y 15 niveles.
Por más dinero que invirtamos en la reconstrucción, si no nos basamos en la técnica y en la tecnología para disminuir los riesgos en las viviendas, el resultado va a seguir siendo el mismo y continuaremos lamentando más muertes”, dijo Valdez.
En el informe de las Naciones Unidas se concluyó que los desastres no son naturales, sino que se derivan de una condición de riesgo.
SUGERENCIAS
Recomendaciones del Plan de Respuesta ante el Sismo de la CDMX para evaluar viviendas después del terremoto.
Verificar de forma detallada las estructuras que presentan daños. Las revisiones rápidas no son suficientes para decretar la seguridad estructural de una edificación.
Evaluar aquellas estructuras con diseño previo a 1985, para saber su real resistencia ante esfuerzos sísmicos relevantes.
Actualizar estructuralmente los edificios para cumplir requerimientos sísmicos actual.
Crear la figura de “Ingeniero Independiente” certificado en las mejores prácticas de construcción y de ética probada. Tal como se hace en Europa.
Realizar estudios de estructuras con tecnología actual, ultrasonido, radiografía, medición de vibraciones ambientales, esclerometría, modelación avanzada por computadora.
Evitar las malas prácticas en la autoconstrucción, generalmente hechas por gente no técnica.
Realizar un plan de evaluación del riesgo sísmico en la ciudad, considerando la edad de las construcciones y las normas con las que fueron diseñados, para establecer planes de acción y reforzamiento de la ciudad.
Establecer sistemas de Certificación de Edificaciones tipo “sismorresistentes”, incluyendo estructuras antiguas reforzadas y actualizadas, o aquellas nuevas que hayan sido correctamente construidas y avaladas por ingeniería ética.
PROYECTA LA ONU DAÑOS POR BRECHA DE GUERRERO
Naciones Unidas proyectó un escenario catastrófico en caso de que ocurriera el gran sismo de la Brecha de Guerrero de magnitud 8.2. De acuerdo con la investigación “Gestión de Riesgo de Desastres. Estudio de caso de cinco países: México”, un movimiento en esa zona de la costa del Pacífico representaría más víctimas mortales que los pasados terremotos de septiembre, incluso que las reportadas de manera oficial en 1985, pues estimaron que entre la Ciudad de México y Acapulco de Juárez, las dos ciudades con más posibilidades de riesgo, podrían sumar hasta 11 mil 404 pérdidas humanas.
Mientras en el terremoto de 1985, el más catastrófico del siglo XX, se reportaron aproximadamente 6 mil 043 fallecidos, la proyección de la ONU calculó 8 mil 268 muertes tan sólo para la Ciudad de México y 3 mil 136 en Acapulco de Juárez.
En esta zona (Guerrero) no se han registrado temblores de gran magnitud en varias décadas, por lo que, de acuerdo con la tectónica de placas, algunos autores sugieren que la energía acumulada es suficiente para generar un temblor de magnitud 8.1 o 8.2, que es un temblor mayor que el ocurrido en 1985, con el agravante de que se encuentra más cerca del Distrito Federal. Con estos antecedentes se deduce que los daños estarían concentrados principalmente en la Ciudad de México y en el puerto de Acapulco, destino turístico del estado de Guerrero (…). El tamaño de las pérdidas económicas sería tan grande que el gobierno no tendría recursos suficientes para afrontarlo, y sería necesario contar con recursos provenientes del exterior”, concluyó la ONU en este reporte elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2006.
La longitud de la brecha es de 250 kilómetros y se encuentra a 300 kilómetros de la Ciudad de México, es decir, está casi 150 kilómetros más cerca que la zona del epicentro del terremoto de 1985 en Michoacán.
Si se comparara un sismo originado en la Brecha de Guerrero de 8.2 con el sucedido el 19-S de 7.1 con epicentro en Morelos, que cobró la vida de 369 personas, podría alcanzar una potencia 32 veces mayor (porque cada grado representa 32 veces más energía liberada) y sería hasta 15 veces más costoso.
El presidente Enrique Peña Nieto valuó los daños de los dos sismos de septiembre pasado en 38 mil millones de pesos (unos 2 mil millones de dólares), mientras Naciones Unidas estimó que las pérdidas económicas por un gran terremoto en Guerrero ascenderían a 30 mil millones de dólares.
México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, donde se origina el 6% de los movimientos telúricos de la Tierra. Desde principios de octubre, científicos comenzaron a evaluar si un gran terremoto en la Brecha de Guerrero es una amenaza real para los mexicanos.
El último terremoto que se registró en esta brecha, ubicada entre Acapulco y Zihuatanejo, fue en 1911, el cual no fue registrado con un sismógrafo porque no se tenía este instrumento en la región, sino con reportes históricos. “Tampoco hay una garantía absoluta de que el epicentro fuera ahí”, explicó en una conferencia de prensa Raúl Valenzuela, investigador del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM.
Por eso, el Instituto de Geofísica de la UNAM, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Universidad de Kioto y las agencias japonesas de Cooperación Internacional y de Ciencia y Tecnología se unieron para estudiar los peligros de sismos y tsunamis en la costa de Guerrero, a través de la Alianza para la Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible.
Para poder evaluar los peligros, este grupo de científicos instalará instrumentos de medición en el fondo del mar y en tierra para analizar la sismicidad de la región.
Además, usarán técnicas de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) muy avanzadas y de alta precisión para medir el movimiento entre las placas de Cocos y Norteamericana.
Con ello sabremos si se acumula energía de deformación en la zona de la brecha, y de ser así, a su vez si hay la suficiente energía acumulada para producir un gran terremoto o no, quizá ese deslizamiento asísmico relaja todo el esfuerzo y ese sismo ocurrirá hasta dentro de mil años, aunque no lo sabemos”, concluyó Valenzuela.
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| Foto: David Solís/Archivo |
CIUDAD DE MÉXICO.
Seis de cada diez viviendas en el país se construyeron sin supervisión de algún arquitecto o ingeniero.
En su edificación sólo intervino la mano de un albañil, afirmó Jesús Valdez, ingeniero constructor de Miyamoto International y encargado del Plan de Respuesta ante el Sismo en la Ciudad de México.
El experto advirtió que si México quiere mitigar los riesgos ante los desastres naturales, como los sismos de septiembre pasado, tendrá que evaluar el estado de 64.1% de las viviendas del país, que se construyó con base en la improvisación.
Informó que el gobierno de Estados Unidos donó cien mil dólares a Miyamoto para que capacite a ingenieros mexicanos en técnicas de evaluación detallada de estructuras.
Podríamos comenzar a revisar aquellas que tengan tres niveles o más, construidas sin supervisión y con una antigüedad mayor a 32 años (antes del 85) en la Ciudad de México, donde existe el mayor número de población expuesta”, explicó.
64% EDIFICA SU CASA SIN SUPERVISIÓN PROFESIONAL
Si México quiere mitigar los riesgos ante los desastres naturales tendrá que evaluar el estado del 64.1% de las viviendas del país, que se construyeron con base en la improvisación, de acuerdo con Jesús Valdez, ingeniero constructor y encargado del Plan de Respuesta ante el Sismo en la Ciudad de México, de la empresa Miyamoto International.
Aunque México está entre los 15 países del mundo con mayor población expuesta a los desastres naturales (según la ONU), seis de cada diez viviendas en el país se construyeron sin la supervisión de un algún arquitecto o ingeniero.
Las zonas afectadas en México por los sismos comprenden más de 50% del territorio nacional. Mientras los mayores peligros sísmicos se ubican en 12 estados con 151 localidades con más de 15 mil habitantes y que en total suman 36 millones de personas, de acuerdo con la investigación de Nacionales Unidas: “Gestión de Riesgo de Desastres. Estudio de caso de cinco países: México”.
La autoproducción de vivienda en México alcanza 64.1%, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Todavía hace tres años sólo 2.3% de los ciudadanos contestó en la Encuesta Nacional de Vivienda 2014, del Inegi, que contrató a un arquitecto, a un ingeniero o una empresa constructora para edificar su casa, porque el 97% restante sólo pagó a un albañil o algún integrante de la casa se encargó de construir la propiedad.
AUTOCONSTRUCCIÓN
Históricamente, más de 60% de la población con ingresos menores a tres salarios mínimos está excluido de los Programas Institucionales de Suelo Urbanizado y de Vivienda. En la mayoría de los casos, al único medio al que pueden recurrir para la obtención de la vivienda es a la autoconstrucción, sin importar la escasez de servicios, equipamiento urbano y la obtención ilegal de terrenos. Sin embargo, este poblamiento representa más de 65% de las viviendas de todo el país. La vivienda de autoconstrucción o ‘informal’ se define básicamente como aquella construida por el mismo habitante, sin ningún factor político, legal y económico que lo respalde, según los estándares de México”, concluyó Javier Sánchez Corral, miembro honorario del Instituto Americano de Arquitectos, en su libro La vivienda “social” en México.
A pesar de que este tipo de vivienda “informal” carece de medidas de seguridad y el material de construcción cuesta de 10 a 55% más comprándolo al menudeo, como lo hacen las familias de bajos ingresos, que cuando se compra por millar o tonelada, a muchos mexicanos no les queda otra opción más que adquirirlo así e ir edificando poco a poco sus hogares y en diversas etapas.
La gran incógnita es qué edificaciones deberían ser evaluadas y reformadas luego de los sismos de septiembre, pero yo creo que podríamos comenzar a revisar aquellas que tengan tres niveles o más, construidas sin supervisión de arquitectos o ingenieros y con una antigüedad mayor a 32 años (antes del 85) en la Ciudad de México, donde existe el mayor número de población expuesta”, aseguró el ingeniero Valdez.
Mientras el país tiene una densidad poblacional de 50 habitantes por kilómetro cuadrado, la Ciudad de México presenta una densidad de 5 mil 799 habitantes por kilómetro cuadrado.
Sin embargo, como la emergencia luego del terremoto del 19-S todavía está vigente y existen veredictos contradictorios entre si se deben o no demoler cuatro mil construcciones en la Ciudad de México, por ahora, el objetivo inicial será dar un dictamen unificado.
El gobierno de Estados Unidos, mediante la oficina de Asistencia ante Desastres en el Extranjero de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), está apoyando a México tras el sismo del 19 de septiembre para realizar “las muy necesarias inspecciones de casas, escuelas y oficinas dañadas”, por lo que donó cien mil dólares a la empresa global de ingeniería Miyamoto International para que capacite a ingenieros mexicanos en técnicas de evaluación detallada de estructuras, de acuerdo con la información oficial de este organismo.
Este proyecto del USAID se echó a andar luego de las discrepancias que surgieron sobre la evaluación de los edificios dañados.
DUDAS Y CONTRADICCIONES
El problema que nos hemos encontrado y por el cual hemos comenzado este programa fue porque, cuando las estructuras tuvieron un reporte de daño, pero no colapsaron, existieron muchas dudas y contradicciones. Te encuentras a un ingeniero que te asegura que el edificio se tiene que demoler, porque presenta un riesgo para los habitantes del mismo y luego te encuentras a otro que te dice que sí es recuperable”, aseguró el ingeniero Valdez.
Como resultado de esta asistencia, las personas podrán saber con certeza si sus casas se pueden reparar o deben tomar la difícil decisión de buscar un nuevo hogar si se determina que son de alto riesgo.
Jesús Valdez es el encargado, por parte de Miyamoto International, de coordinar a las diversas instituciones que participan en este esfuerzo. “Estamos invitando al Colegio de Ingenieros Civiles, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros Constructores; a universidades como la UNAM, UAM, Instituto Politécnico Nacional, al Tecnológico de la Construcción; por parte del gobierno, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda, Seduvi y a Protección Civil”, dijo.
La única manera de poder disminuir los riesgos y las pérdidas en otro terremoto, como el que los científicos han alertado que podría ocurrir en la Brecha de Guerrero, será hacer una inspección profunda, con asistencia técnica y tecnológica a las viviendas más vulnerables.
Pero aun si no ocurriera el terremoto de la Brecha de Guerrero, de igual manera tendrían que disminuirse los riesgos en las viviendas, porque México es uno de los países más sísmicos del mundo. Tan sólo en el siglo XX se registraron 71 sismos con magnitud mayor o igual a 7.
Antes, cuando nos enfrentamos al terremoto del 85 no teníamos radiografías para monitorear los elementos estructurales de los edificios, no había ultrasonidos para ver cómo está por dentro la estructura o escáneres de alta precisión; no contábamos con modelación por computadora ni podíamos realizar simulaciones de eventos sísmicos u observar el grado de resistencia real que tiene un edificio ya construido, pero ahora sí, y debemos de utilizarlo”, concluyó Valdez.
LECCIONES
El 19-S también enseñó otra gran lección, y es que México está amenazado por terremotos de distintas ondas. El último sismo provocó movimientos tan rápidos y constantes que tiró edificaciones menores de cinco pisos, como sucedió en septiembre pasado, o ser un movimiento de ondas prolongadas, como en 1985, cuando en su mayoría se cayeron construcciones que tenían entre 9 y 15 niveles.
Por más dinero que invirtamos en la reconstrucción, si no nos basamos en la técnica y en la tecnología para disminuir los riesgos en las viviendas, el resultado va a seguir siendo el mismo y continuaremos lamentando más muertes”, dijo Valdez.
En el informe de las Naciones Unidas se concluyó que los desastres no son naturales, sino que se derivan de una condición de riesgo.
SUGERENCIAS
Recomendaciones del Plan de Respuesta ante el Sismo de la CDMX para evaluar viviendas después del terremoto.
Verificar de forma detallada las estructuras que presentan daños. Las revisiones rápidas no son suficientes para decretar la seguridad estructural de una edificación.
Evaluar aquellas estructuras con diseño previo a 1985, para saber su real resistencia ante esfuerzos sísmicos relevantes.
Actualizar estructuralmente los edificios para cumplir requerimientos sísmicos actual.
Crear la figura de “Ingeniero Independiente” certificado en las mejores prácticas de construcción y de ética probada. Tal como se hace en Europa.
Realizar estudios de estructuras con tecnología actual, ultrasonido, radiografía, medición de vibraciones ambientales, esclerometría, modelación avanzada por computadora.
Evitar las malas prácticas en la autoconstrucción, generalmente hechas por gente no técnica.
Realizar un plan de evaluación del riesgo sísmico en la ciudad, considerando la edad de las construcciones y las normas con las que fueron diseñados, para establecer planes de acción y reforzamiento de la ciudad.
Establecer sistemas de Certificación de Edificaciones tipo “sismorresistentes”, incluyendo estructuras antiguas reforzadas y actualizadas, o aquellas nuevas que hayan sido correctamente construidas y avaladas por ingeniería ética.
PROYECTA LA ONU DAÑOS POR BRECHA DE GUERRERO
Naciones Unidas proyectó un escenario catastrófico en caso de que ocurriera el gran sismo de la Brecha de Guerrero de magnitud 8.2. De acuerdo con la investigación “Gestión de Riesgo de Desastres. Estudio de caso de cinco países: México”, un movimiento en esa zona de la costa del Pacífico representaría más víctimas mortales que los pasados terremotos de septiembre, incluso que las reportadas de manera oficial en 1985, pues estimaron que entre la Ciudad de México y Acapulco de Juárez, las dos ciudades con más posibilidades de riesgo, podrían sumar hasta 11 mil 404 pérdidas humanas.
Mientras en el terremoto de 1985, el más catastrófico del siglo XX, se reportaron aproximadamente 6 mil 043 fallecidos, la proyección de la ONU calculó 8 mil 268 muertes tan sólo para la Ciudad de México y 3 mil 136 en Acapulco de Juárez.
En esta zona (Guerrero) no se han registrado temblores de gran magnitud en varias décadas, por lo que, de acuerdo con la tectónica de placas, algunos autores sugieren que la energía acumulada es suficiente para generar un temblor de magnitud 8.1 o 8.2, que es un temblor mayor que el ocurrido en 1985, con el agravante de que se encuentra más cerca del Distrito Federal. Con estos antecedentes se deduce que los daños estarían concentrados principalmente en la Ciudad de México y en el puerto de Acapulco, destino turístico del estado de Guerrero (…). El tamaño de las pérdidas económicas sería tan grande que el gobierno no tendría recursos suficientes para afrontarlo, y sería necesario contar con recursos provenientes del exterior”, concluyó la ONU en este reporte elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2006.
La longitud de la brecha es de 250 kilómetros y se encuentra a 300 kilómetros de la Ciudad de México, es decir, está casi 150 kilómetros más cerca que la zona del epicentro del terremoto de 1985 en Michoacán.
Si se comparara un sismo originado en la Brecha de Guerrero de 8.2 con el sucedido el 19-S de 7.1 con epicentro en Morelos, que cobró la vida de 369 personas, podría alcanzar una potencia 32 veces mayor (porque cada grado representa 32 veces más energía liberada) y sería hasta 15 veces más costoso.
El presidente Enrique Peña Nieto valuó los daños de los dos sismos de septiembre pasado en 38 mil millones de pesos (unos 2 mil millones de dólares), mientras Naciones Unidas estimó que las pérdidas económicas por un gran terremoto en Guerrero ascenderían a 30 mil millones de dólares.
México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, donde se origina el 6% de los movimientos telúricos de la Tierra. Desde principios de octubre, científicos comenzaron a evaluar si un gran terremoto en la Brecha de Guerrero es una amenaza real para los mexicanos.
El último terremoto que se registró en esta brecha, ubicada entre Acapulco y Zihuatanejo, fue en 1911, el cual no fue registrado con un sismógrafo porque no se tenía este instrumento en la región, sino con reportes históricos. “Tampoco hay una garantía absoluta de que el epicentro fuera ahí”, explicó en una conferencia de prensa Raúl Valenzuela, investigador del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM.
Por eso, el Instituto de Geofísica de la UNAM, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Universidad de Kioto y las agencias japonesas de Cooperación Internacional y de Ciencia y Tecnología se unieron para estudiar los peligros de sismos y tsunamis en la costa de Guerrero, a través de la Alianza para la Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible.
Para poder evaluar los peligros, este grupo de científicos instalará instrumentos de medición en el fondo del mar y en tierra para analizar la sismicidad de la región.
Además, usarán técnicas de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) muy avanzadas y de alta precisión para medir el movimiento entre las placas de Cocos y Norteamericana.
Con ello sabremos si se acumula energía de deformación en la zona de la brecha, y de ser así, a su vez si hay la suficiente energía acumulada para producir un gran terremoto o no, quizá ese deslizamiento asísmico relaja todo el esfuerzo y ese sismo ocurrirá hasta dentro de mil años, aunque no lo sabemos”, concluyó Valenzuela.
Adolescentes son blanco de desapariciones
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| Foto, JUAN BOITES / EL UNIVERSAL |
Daniela Hernández
En la descripción se lee: “17 años, complexión delgada, tez apiñonada, cara ovalada y cejas pobladas. Visto por última vez en Ecatepec de Morelos”. Su nombre es Diego y fue secuestrado el 4 de septiembre de 2015. Cuatro meses después de una negociación fallida, entró a la lista de los más de 4 mil mexicanos que fueron reportados como desaparecidos en 2016, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del fuero común.
En 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, esta estadística tocó su tope más alto: 4 mil 41 casos en todo el país. Desde 2007 hasta julio de 2017, se registraron 31 mil 707 desapariciones. Pero en 2016 se tuvo un nuevo récord: 4 mil 951 nuevos expedientes. Todos los días, 14 mexicanos se sumaron a esta lista.
De 2007 a 2012, en el sexenio de Calderón, estos datos presentaron picos en las edades de 21, 26, 31 y 36 años. Más de mil 700 desaparecidos entraban en algunos de esos criterios. Pero en el actual sexenio este parámetro dio un giro: los adolescentes de 14 a 17 años se volvieron más vulnerables y encabezaron la lista con 2 mil 944 desapariciones en ese rango de edad. Una cuarta parte del total de los registros de 2013 a julio de 2017 no superan los 18 años.
Los especialistas alertan sobre este fenómeno. “Los varones están siendo usados como informantes, los llamados halcones, o para el procesamiento de sustancias en laboratorios. Es una especie de esclavitud laboral”, explica Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
La suerte de las mujeres que desaparecen no es mejor. “Es muy probable que sean víctimas de varios delitos, entre ellos la trata de personas. Sobre todo en el caso de las menores, ellas son usadas para explotación sexual”, dice Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto de Ciencias Penales (Inacipe).
Esta tendencia no se mostró durante los años de gobierno de Calderón. De 2007 a 2012, apenas 10% de los casos que se reportaron tenían una víctima menor de 17 años, es decirm mil 540. Pero en el actual gobierno, los números cambiaron. En 2016, año en el que Diego, de 16, entró a la lista de desaparecidos, otros 279 menores con la misma edad se sumaron al registro. De ellos, en 100 casos se reportó que fueron vistos por última vez en el Estado de México.
Pasaron más de dos años desde el día en que no se supo de Diego, pero su madre recuerda paso a paso todo lo que ocurrió. Este joven, que cursaba apenas el segundo año de preparatoria, le llamó al salir de la escuela para avisar que se encontraría con unos amigos. No hubo más. Nunca llegó a su lugar de destino. Horas después, Verónica, su mamá, descolgó el teléfono sin saber que alguien del otro lado de la línea le exigiría dinero por la vida de su hijo.
Al inicio no lo creyó. Todo parecía una mala broma. Una segunda llamada le confirmó sus peores temores. Después de horas de negociaciones, en las que intervino la Policía Federal, los delincuentes aceptaron una de las ofertas. De Ecatepec, Estado de México, se trasladaron a Tecomatlán, Puebla. El dinero se entregó, pero Diego no apareció. “Nos dijeron que al otro día lo iban a dejar. Pero nos mintieron. Nunca lo liberaron. Desde ahí se perdió el contacto”, recuerda entre lágrimas Verónica.
Pasaron meses sin que esta madre tuviera una nueva respuesta. La SEIDO, autoridad encargada de los casos relacionados con crimen organizado, le pidió paciencia y que esperara. Ninguna de las dos era viable para ella. En enero de 2016, 16 semanas después, se decidió que Diego se integrara a la lista de desaparecidos en México. Un registro que, hasta ahora, no muestra toda la problemática. “Han habido algunos esfuerzo por mejorar los procesos de incorporación de casos, pero el problema de origen es que mezclas muchos fenómenos en una sola base. Ahí encuentras desde la desaparición forzada hasta el secuestro”, explica Alejandro Hope, especialista en seguridad.
Cada vez más jóvenes
De 2007 a 2012, las desapariciones de mexicanos de 26 y 21 años fueron las primeras de la lista. Cada año, en promedio, desaparecieron 81 jóvenes de algunas de estas dos edades. Incluso, en los últimos 12 meses de gobierno de Calderón, la cifra más alta fue de 103 registros con una edad de 31 años. Pero en los últimos cinco años, los patrones cambiaron y estos rangos bajaron hasta el sexto y octavo lugar.
Los niños han sido los principales afectados de esta estrategia fallida contra el crimen organizado, asegura el director de Redim. “El número de menores desaparecidos se triplicó en esta administración”, asegura. En 2016, se tiene el registro de mil 422 mexicanos de cero a 17 años que están desaparecidos. Esta cifra equivale a 90% del total de los que se reportaron en el sexenio de Calderón.
Esta nueva dinámica delincuencial es más cruda que en años anteriores y miembros de organizaciones civiles lo observan como una forma de “fabricar delincuentes en potencia”. “Si desapareces jóvenes, terminas con la generación siguiente y adelantas la muerte de sus padres”, asegura con tristeza Juan Carlos Trujillo, cofundador de Familiares en Búsqueda María Herrera, AC.
Este tipo de desapariciones se concentraba en estados del norte, como Tamaulipas y Nuevo León, pero de 2013 a la fecha el Estado de México se convirtió en la entidad con el mayor número de reportes, con mil casos. Este punto del territorio mexicano puede considerarse “sin temor a equivocarnos, el reino de la impunidad. Lo que hagas ahí no tiene consecuencia”, afirma Juan Martín Pérez.
Los números muestran una realidad grave. De 2013 a julio de 2017, los casos de desapariciones de cero a 17 años llegaron a los 4 mil 339. Es decir que todos los días se reporta la desaparición de cuatro menores en México.
Una guerra contra los números
Aunque el RNPED contabiliza los registros de mexicanos desaparecidos desde 1968, 98% de los casos pertenecen a la última década. Y a pesar de constantes actualizaciones, hay elementos clave, como el tipo de desaparición, que siguen sin incluirse en el sitio. Nadie tiene un conocimiento específico de la forma en la que se perdió el rastro de los más de 30 mil mexicanos que están en la lista.
En un esfuerzo por visibilizar esta situación, la organización Data Cívica se dio a la tarea de poner rostro y nombre a cada uno de los desaparecidos. Una de las grandes inconsistencias que saltó a la vista fue que en 308 casos no encontraron ni un solo dato que les permitiera determinar siquiera si la víctima era hombre o mujer. “Esto te habla de fiscalías que no tienen la capacidad de conocer datos tan básicos como el sexo de las persona que han desaparecido”, explica Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.
Para las asociaciones civiles esta es la gran lucha: que las desapariciones dejen de ser algo normal en México y que los números muestren la realidad que está agobiando a miles de familias mexicanas. “El gobierno ya borró sus nombres y sus rostros, pero ahora pareciera que también quiere quitar los registros”, asegura Juan Carlos.
Verónica lleva más de dos años buscando a Diego. Tres secuestradores fueron detenidos y sentenciados. Ninguno ha querido decir si su hijo está vivo o muerto. Mientras tanto, Verónica sigue visitando semefos, hospitales y procuradurías. “Creo que los delincuentes continúan haciéndolo porque no hay un seguimiento para encontrar a las personas y ya es muy fácil desaparecer a alguien”, relata.
Hoy más que nunca hay una necesidad por averiguar el destino de sus familiares. “Esto es importante en términos de memoria, pero también para medir realmente el problema de desaparecidos”, recalca Mónica Meltis.
En la descripción se lee: “17 años, complexión delgada, tez apiñonada, cara ovalada y cejas pobladas. Visto por última vez en Ecatepec de Morelos”. Su nombre es Diego y fue secuestrado el 4 de septiembre de 2015. Cuatro meses después de una negociación fallida, entró a la lista de los más de 4 mil mexicanos que fueron reportados como desaparecidos en 2016, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del fuero común.
En 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, esta estadística tocó su tope más alto: 4 mil 41 casos en todo el país. Desde 2007 hasta julio de 2017, se registraron 31 mil 707 desapariciones. Pero en 2016 se tuvo un nuevo récord: 4 mil 951 nuevos expedientes. Todos los días, 14 mexicanos se sumaron a esta lista.
De 2007 a 2012, en el sexenio de Calderón, estos datos presentaron picos en las edades de 21, 26, 31 y 36 años. Más de mil 700 desaparecidos entraban en algunos de esos criterios. Pero en el actual sexenio este parámetro dio un giro: los adolescentes de 14 a 17 años se volvieron más vulnerables y encabezaron la lista con 2 mil 944 desapariciones en ese rango de edad. Una cuarta parte del total de los registros de 2013 a julio de 2017 no superan los 18 años.
Los especialistas alertan sobre este fenómeno. “Los varones están siendo usados como informantes, los llamados halcones, o para el procesamiento de sustancias en laboratorios. Es una especie de esclavitud laboral”, explica Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
La suerte de las mujeres que desaparecen no es mejor. “Es muy probable que sean víctimas de varios delitos, entre ellos la trata de personas. Sobre todo en el caso de las menores, ellas son usadas para explotación sexual”, dice Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto de Ciencias Penales (Inacipe).
Esta tendencia no se mostró durante los años de gobierno de Calderón. De 2007 a 2012, apenas 10% de los casos que se reportaron tenían una víctima menor de 17 años, es decirm mil 540. Pero en el actual gobierno, los números cambiaron. En 2016, año en el que Diego, de 16, entró a la lista de desaparecidos, otros 279 menores con la misma edad se sumaron al registro. De ellos, en 100 casos se reportó que fueron vistos por última vez en el Estado de México.
Pasaron más de dos años desde el día en que no se supo de Diego, pero su madre recuerda paso a paso todo lo que ocurrió. Este joven, que cursaba apenas el segundo año de preparatoria, le llamó al salir de la escuela para avisar que se encontraría con unos amigos. No hubo más. Nunca llegó a su lugar de destino. Horas después, Verónica, su mamá, descolgó el teléfono sin saber que alguien del otro lado de la línea le exigiría dinero por la vida de su hijo.
Al inicio no lo creyó. Todo parecía una mala broma. Una segunda llamada le confirmó sus peores temores. Después de horas de negociaciones, en las que intervino la Policía Federal, los delincuentes aceptaron una de las ofertas. De Ecatepec, Estado de México, se trasladaron a Tecomatlán, Puebla. El dinero se entregó, pero Diego no apareció. “Nos dijeron que al otro día lo iban a dejar. Pero nos mintieron. Nunca lo liberaron. Desde ahí se perdió el contacto”, recuerda entre lágrimas Verónica.
Pasaron meses sin que esta madre tuviera una nueva respuesta. La SEIDO, autoridad encargada de los casos relacionados con crimen organizado, le pidió paciencia y que esperara. Ninguna de las dos era viable para ella. En enero de 2016, 16 semanas después, se decidió que Diego se integrara a la lista de desaparecidos en México. Un registro que, hasta ahora, no muestra toda la problemática. “Han habido algunos esfuerzo por mejorar los procesos de incorporación de casos, pero el problema de origen es que mezclas muchos fenómenos en una sola base. Ahí encuentras desde la desaparición forzada hasta el secuestro”, explica Alejandro Hope, especialista en seguridad.
Cada vez más jóvenes
De 2007 a 2012, las desapariciones de mexicanos de 26 y 21 años fueron las primeras de la lista. Cada año, en promedio, desaparecieron 81 jóvenes de algunas de estas dos edades. Incluso, en los últimos 12 meses de gobierno de Calderón, la cifra más alta fue de 103 registros con una edad de 31 años. Pero en los últimos cinco años, los patrones cambiaron y estos rangos bajaron hasta el sexto y octavo lugar.
Los niños han sido los principales afectados de esta estrategia fallida contra el crimen organizado, asegura el director de Redim. “El número de menores desaparecidos se triplicó en esta administración”, asegura. En 2016, se tiene el registro de mil 422 mexicanos de cero a 17 años que están desaparecidos. Esta cifra equivale a 90% del total de los que se reportaron en el sexenio de Calderón.
Esta nueva dinámica delincuencial es más cruda que en años anteriores y miembros de organizaciones civiles lo observan como una forma de “fabricar delincuentes en potencia”. “Si desapareces jóvenes, terminas con la generación siguiente y adelantas la muerte de sus padres”, asegura con tristeza Juan Carlos Trujillo, cofundador de Familiares en Búsqueda María Herrera, AC.
Este tipo de desapariciones se concentraba en estados del norte, como Tamaulipas y Nuevo León, pero de 2013 a la fecha el Estado de México se convirtió en la entidad con el mayor número de reportes, con mil casos. Este punto del territorio mexicano puede considerarse “sin temor a equivocarnos, el reino de la impunidad. Lo que hagas ahí no tiene consecuencia”, afirma Juan Martín Pérez.
Los números muestran una realidad grave. De 2013 a julio de 2017, los casos de desapariciones de cero a 17 años llegaron a los 4 mil 339. Es decir que todos los días se reporta la desaparición de cuatro menores en México.
Una guerra contra los números
Aunque el RNPED contabiliza los registros de mexicanos desaparecidos desde 1968, 98% de los casos pertenecen a la última década. Y a pesar de constantes actualizaciones, hay elementos clave, como el tipo de desaparición, que siguen sin incluirse en el sitio. Nadie tiene un conocimiento específico de la forma en la que se perdió el rastro de los más de 30 mil mexicanos que están en la lista.
En un esfuerzo por visibilizar esta situación, la organización Data Cívica se dio a la tarea de poner rostro y nombre a cada uno de los desaparecidos. Una de las grandes inconsistencias que saltó a la vista fue que en 308 casos no encontraron ni un solo dato que les permitiera determinar siquiera si la víctima era hombre o mujer. “Esto te habla de fiscalías que no tienen la capacidad de conocer datos tan básicos como el sexo de las persona que han desaparecido”, explica Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.
Para las asociaciones civiles esta es la gran lucha: que las desapariciones dejen de ser algo normal en México y que los números muestren la realidad que está agobiando a miles de familias mexicanas. “El gobierno ya borró sus nombres y sus rostros, pero ahora pareciera que también quiere quitar los registros”, asegura Juan Carlos.
Verónica lleva más de dos años buscando a Diego. Tres secuestradores fueron detenidos y sentenciados. Ninguno ha querido decir si su hijo está vivo o muerto. Mientras tanto, Verónica sigue visitando semefos, hospitales y procuradurías. “Creo que los delincuentes continúan haciéndolo porque no hay un seguimiento para encontrar a las personas y ya es muy fácil desaparecer a alguien”, relata.
Hoy más que nunca hay una necesidad por averiguar el destino de sus familiares. “Esto es importante en términos de memoria, pero también para medir realmente el problema de desaparecidos”, recalca Mónica Meltis.
México, sin margen para enfrentar efectos; IVA general, posible vía
Histórica reforma fiscal
Juan Carlos Miranda
México no tiene margen fiscal para enfrentar los efectos de la reforma tributaria de Estados Unidos y bajar, como fue aprobado en aquel país, la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) del nivel actual de 30 a 20 por ciento, pues ello representaría perder alrededor de 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en recaudación e incrementaría la deuda en la misma proporción, sostuvo el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada Pascal.
Si se redujeran los ingresos del gobierno por impuestos tendríamos que tener un déficit, eso quiere decir más deuda y ya no la podemos tener; estamos en el límite, de hecho ya rebasamos el límite, estar por arriba de 50 por ciento como proporción del PIB no es algo que México pueda soportar, señaló.
Foncerrada consideró que la reforma puede ser positiva para Estados Unidos si el beneficio, que es desproporcionadamente positivo para los más ricos, se traduce en inversión productiva, porque eso generaría actividad económica, empleo, bienestar, mejor distribución del ingreso y mejores salarios.
Una mayor actividad económica en Estados Unidos podría elevar la demanda de productos mexicanos, dado que aquel país es el principal destino de las manufacturas nacionales.
Pero si eso no sucede y en cambio estos grupos de mayores ingresos utilizan el dinero para comprarse más acciones de ellas mismas, para reducir deudas y no para invertir, entonces el efecto va a ser muy negativo, porque sólo va a empeorar la distribución del ingreso en Estados Unidos, advirtió el especialista.
El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos, consideró que la reforma fiscal aprobada este sábado por el Senado de Estados Unidos atenta contra la seguridad nacional de México, en el sentido de que desvía los incentivos a invertir en nuestro país y busca llevarlos hacia allá.
Destacó, en entrevista, que la nueva legislación no sólo le afecta al país en la disminución del impuesto corporativo, sino también por todas las facilidades que da a la inversión productiva y por los castigos que genera al no llevar a Estados Unidos las utilidades que tienen algunas empresas estadunidenses en el extranjero.
Fue una estrategia de zanahoria y garrote: hay incentivos atractivos para invertir en Estados Unidos y ciertos castigos o costos por no hacerlo, detalló el especialista.
Consideró que lo anterior obliga a México a hacer una revisión a fondo de su política fiscal para tratar de favorecer también la inversión en el país.
En realidad esto requiere un nuevo pacto fiscal entre los estados y la Federación y una reforma hacendaria para darle un nuevo perfil a las finanzas públicas para ser más atractivos a la inversión productiva y sobre todo detonar la nacional, que, dijo, es tres veces y media más grande que la inversión extranjera directa.
Me parece que el país tiene que voltear hacia adentro como un mecanismo para enfrentar los efectos de esta reforma fiscal, indicó.
El experto Mario Rizo –socio encargado de la práctica nacional de impuestos de Salles Sainz Grant Thorton– estimó que la reforma sin duda va a tener repercusiones en la economía y en la recaudación mexicanas, aunque recordó que el efecto se podría ver amortiguado por el hecho de que la mano de obra es entre 8 y 10 veces más barata en México que en Estados Unidos.
Agregó que uno de los propósitos de la reforma es que el ISR en Estados Unidos sea territorial; es decir, que las empresas sólo paguen impuestos por los ingresos que se generen en Estados Unidos, con lo cual se estaría incentivando que las actividades se realicen exclusivamente en ese país.
El analista señaló que una posible vía para enfrentar el problema sería implementar un impuesto al valor agregado (IVA) generalizado que garantizara mayores recursos al gobierno.
¿Cómo actúa?
Actualmente, una empresa que declara sus impuestos en Estados Unidos y tiene una subsidiaria en México paga una tasa de ISR corporativo en México de alrededor de 30 por ciento. Como en Estados Unidos ahora ese gravamen es de 35 por ciento, puede acreditar el pago de impuestos en México en su totalidad, por los tratados para evitar la doble tributación, de acuerdo con un análisis del Grupo Financiero Banorte.
Con la reforma aprobada este sábado por el Senado estadunidense, si el impuesto baja a 20 por ciento en Estados Unidos la empresa seguiría pagando en México 30 por ciento, pero sólo podría acreditar en aquel país la tasa de 20 por ciento, con lo que habría un mayor incentivo para llevar la compañía a territorio estadunidense, señaló.
–¿Qué consecuencia puede tener?
–Una forma de hacer frente a la baja de impuestos en Estados Unidos sería reducir el ISR corporativo aquí en México, aunque ahora no hay condiciones para ello, consideró Banorte.
No obstante, esta reforma podría ser una vía para implementar el IVA a alimentos y medicinas, aumentar la base de contribuyentes y eventualmente reducir la tasa de ISR a empresas con el fin de impulsar la inversión.
En México peligran los ambientalistas: Carabias
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REYNA PAZ AVENDAÑO EN GUADALAJARA
De Ley General de Biodiversidad que actualmente está en espera de ser votada en el Senado, Julia Carabias dice que no se conoce el nuevo proyecto.
“No tengo ninguna afiliación política, trabajo por mi país tratando de construir un proceso sustentable que mejore las condiciones de vida de la gente, que conserve los recursos naturales y que consolide la democracia”, comenta la investigadora Julia Carabias Lillo (Ciudad de México, 1954) a quien le causó sorpresa ser candidata a recibir la medalla Belisario Domínguez.
En entrevistas durante su participación en el Hay Festival 2017 y en la 31 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la bióloga mexicana platica sobre el trabajo que realiza para evitar la extinción de la guacamaya roja en la Selva Lacandona, Chiapas, afirma que los ambientalistas están permanentemente en peligro y opina que la Ley General de Biodiversidad no debe aprobarse en fast track.
— ¿Cómo recibe la noticia de merecer la Medalla Belisario Domínguez?
— Estoy enormemente sorprendida, pero todavía tiene que pasar al pleno del Senado, por lo tanto, me reservo todo tipo de comentario hasta que el Senado de la República tome la decisión definitiva, ahorita soy candidata. Pero me sorprendió enormemente.
Julia Carabias es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología y titular de la Secretaría del Medio Ambiente, además fundó Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C., asociación dedicada a la restauración de los ecosistemas en la Selva Lacandona.
— ¿Ser ambientalistas es una profesión riesgosa en México?
— Somos vulnerables quienes estamos trabajando en el campo, en estas regiones aisladas y marginadas. Nosotros estamos tratando de poner orden al uso de los recursos naturales, eso enfrenta a muchos intereses económicos y políticos. Esa gente reacciona. Los que trabajamos en estos temas de manejo de recursos naturales y sustentabilidad ambiental, estamos permanentemente en riesgo. Ya han ocurrido en nuestro grupo de trabajo algunos episodios muy desafortunados.
— ¿Cómo toma las críticas sobre su acercamiento a la política?
— Creo es parte de las mismas amenazas a las que me refería. Cuando la gente conoce nuestro trabajo, lo respeta. Hay a quien sí le afecta y arremete con todas las mentiras y calumnias que pueden. No tengo ninguna afiliación política, trabajo por mi país tratando de construir un proceso sustentable que mejore las condiciones de vida de la gente, que conserve los recursos naturales y que consolide la democracia.
A Carabias Lillo le preocupan muchos temas, entre ellos la aprobación de la Ley General de Biodiversidad que actualmente está en espera de ser votada en el Senado.
“La preocupación que tenemos es que no debilite a la actual que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La propuesta original tenía muchas fallas, ahora no se conoce el nuevo proyecto que está impulsando el Senado. Lo inaceptable es que de repente sorprenda y sea aprobada en fast track, que no se pueda debatir porque al final de cuentas se está legislando sobre los recursos naturales de todos los mexicanos”, comenta.
Otro tema que la investigadora ha estudiado son los efectos del cambio climático y recientemente publicó un libro en conjunto con el Premio Nobel de Química, Mario Molina, y con el director de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán. Ahí plantean la necesidad de acciones internacionales coordinadas y que en la agenda nacional, la conservación de biodiversidad, esté incluida.
“Tiene que ser una prioridad en la agenda nacional, el Jefe de Estado tiene que tenerlo como una de sus prioridades y eso implica que las distintas instituciones la incorporen e implementen proyectos. La biodiversidad es un tema transversal y eso precisamente es lo que nos da la riqueza a México, si la deterioramos y destruimos, el país empobrecerá. Esto requiere políticas transversales”, indica.
EN LA SELVA. Desde hace 12 años, Julia Carabias Lillo trabaja en la preservación de la Selva Lacandona y uno de sus múltiples proyectos en esa zona, es evitar la extinción de la guacamaya roja (Ara macao).
“La especie mexicana es el Ara macao cyanoptera, está muy amenazada, solamente está habitando en la Cuenca del Río Lacantun y una población pequeña en el Uxpanapa. En el Río Lacantún el problema es que la deforestación ha disminuido su hábitat y la guacamaya es muy sensible al lugar en donde puede anidar porque necesita de árboles muy viejos. Además está el gran problema del tráfico ilegal, el saqueo permanente de la guacamaya”, explica.
El equipo de Natura y Ecosistemas Mexicanos desarrolla un programa que incluye protección de los nidos, conservación del hábitat, rescate de las guacamayas bebés y reintegración de guacamayas a la vida silvestre. “No obstante, es más fuerte el saqueo que los esfuerzos que logramos. Por tanto, es importante que haya programas muy fuertes de vigilancia en la región”.
— ¿Cuántas guacamayas tienen contabilizadas?
— Tenemos una aproximación: 400 individuos de guacamayas. Eso las pone en una población de mucho riesgo.
En diversas ocasiones Julia Carabias ha escrito sobre la pérdida de ecosistemas naturales en la Selva Lacandona, ¿cuál es la cifra de esa disminución?, se le pregunta.
“La región de la Selva Lacandona no disminuye, es una región geopolítica que está definida con muchos municipios y comunidades. Esa región ocupa un millón 800 mil hectáreas. Lo que nosotros mencionamos es que esa superficie originalmente estaba ocupada por ecosistemas naturales: selva tropical húmeda y una parte de bosques de montaña y bosques templados. Lo que ha pasado es que a partir, sobre todo, de los años 60 del siglo pasado, ha habido procesos muy desordenados de colonización”, señala.
La consecuencia de ese desorden es la destrucción de los ecosistemas naturales, generando pérdida de biodiversidad, disminución de la disponibilidad de agua dulce y problemas de pobreza.
“A pesar de que se siguen ocupando territorios para llevar a cabo distintos sistemas productivos, estos son muy ineficientes —como la ganadería o el cultivo de maíz— que no están permitiendo que la gente pueda tener su bienestar social y reproducen la pobreza. Queda una tercera parte de la cobertura vegetal original en la Selva Lacandona, el resto se ha transformado en cultivos agrícolas, ganaderos y recientemente en cultivos agresivos de empresas extranjeras como la palma africana.
José Antonio Meade Kuribreña se reunió con expresidentes del PRI
José Antonio Meade Kuribreña se reunió este sábado con ex presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con quienes conversó sobre los diferentes aspectos de la agenda política nacional.
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Al encuentro, al que acudió el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, asistieron los ex lideres nacionales Jorge de la Vega Domínguez, Adolfo Lugo Verduzco, Ignacio Pichardo Pagaza, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Humberto Roque Villanueva, Mariano Palacio Alcocer, José Antonio González Fernández, Dulce María Sauri Riancho, Roberto Madrazo Pintado, Beatriz Paredes Rangel, Cristina Díaz Salazar, Pedro Joaquín Coldwell, César Camacho Quiroz y Manlio Fabio Beltrones Rivera FOTO: ESPECIAL
Durante la reunión, Meade Kuribreña escuchó los planteamientos, propuestas y experiencias de cada uno de quien fuera en su momento lideresa o líder nacional del partido.
Meade expresó que, desde su fundación, el PRI ha sido un partido que ha demostrado unidad y cambio.
Sostuvo que las transformaciones que le han dado viabilidad y modernidad a México se han gestado desde este instituto político.
Las propuestas del plan de trabajo del PRI cosecharán las expresiones y las demandas de todos sectores del partido, sostuvo.
Serán aprovechadas, dijo, la experiencia, representatividad y vitalidad de sus cuadros para construir un diálogo plural y cercano a la ciudadanía.
José Antonio Meade Kuribreña sostendrá reuniones de trabajo de cara a lo que será su registro como pre candidato del PRI a la Presidencia de la República, previsto para este domingo
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