Desafían al INE... con spots
 |
Los partidos políticos estirarán la liga lo más que puedan en materia de propaganda en televisión.
Pese a que hay resoluciones jurisdiccionales que impiden a los precandidatos únicos tener anuncios de radio y TV en tiempos oficiales, el PRI mandó al INE dos spots en los que aparece la imagen de su futuro abanderado presidencial, José Antonio Meade.
La intención del tricolor es que esos materiales sean difundidos en medios electrónicos a partir del jueves 14 de diciembre, día en que inicia el periodo de precampaña.
REFORMA publicó el pasado viernes que el INE bajará del aire los spots en los que aparezcan precandidatos únicos a la Presidencia.
En caso de que los spots del PRI sean programados en radio y TV, Meade tendrá acceso a 2.8 millones de promocionales durante ese periodo, que concluirá el 11 de febrero.
En los spots enviados por el PRI al INE aparecen imágenes del mitin que encabezó Meade el 3 de diciembre en la sede nacional de ese partido, durante la entrega de su constancia como precandidato único a la Presidencia.
Al final de cada promocional, con voz en off, se advierte que el mensaje está dirigido a los integrantes de la Convención Nacional de Delegados del PRI, instancia que deberá sesionar en febrero para elegir a Meade como candidato presidencial.
En tanto, Morena y el PT promocionarán a su aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en radio y televisión mediante spots en los que no mencionan al tabasqueño por su nombre, aunque lo aluden.
"Tú, que cuando ves las noticias del Gobierno piensas: 'Estaríamos mejor con ya sabes quién", dice el mensaje de Morena y repite el recurso varias veces cada que alude al aspirante presidencial.
Morena y el PT tendrán acceso, en conjunto, a 1.9 millones de impactos en medios electrónicos.
Según los criterios establecidos por el anterior IFE y la Corte, los precandidatos únicos no pueden difundir promocionales en medios electrónicos, pues se trataría de una violación al principio de equidad en la contienda.
La legislación electoral detalla que los promocionales en las precampañas son para que los aspirantes a candidatos difundan sus propuestas ante los militantes de sus partidos y, en caso de no haber contienda interna, los spots deberán tener contenido genérico del partido.
Hora de publicación: 00:00 hrs.
Pese a que hay resoluciones jurisdiccionales que impiden a los precandidatos únicos tener anuncios de radio y TV en tiempos oficiales, el PRI mandó al INE dos spots en los que aparece la imagen de su futuro abanderado presidencial, José Antonio Meade.
La intención del tricolor es que esos materiales sean difundidos en medios electrónicos a partir del jueves 14 de diciembre, día en que inicia el periodo de precampaña.
REFORMA publicó el pasado viernes que el INE bajará del aire los spots en los que aparezcan precandidatos únicos a la Presidencia.
En caso de que los spots del PRI sean programados en radio y TV, Meade tendrá acceso a 2.8 millones de promocionales durante ese periodo, que concluirá el 11 de febrero.
En los spots enviados por el PRI al INE aparecen imágenes del mitin que encabezó Meade el 3 de diciembre en la sede nacional de ese partido, durante la entrega de su constancia como precandidato único a la Presidencia.
Al final de cada promocional, con voz en off, se advierte que el mensaje está dirigido a los integrantes de la Convención Nacional de Delegados del PRI, instancia que deberá sesionar en febrero para elegir a Meade como candidato presidencial.
En tanto, Morena y el PT promocionarán a su aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en radio y televisión mediante spots en los que no mencionan al tabasqueño por su nombre, aunque lo aluden.
"Tú, que cuando ves las noticias del Gobierno piensas: 'Estaríamos mejor con ya sabes quién", dice el mensaje de Morena y repite el recurso varias veces cada que alude al aspirante presidencial.
Morena y el PT tendrán acceso, en conjunto, a 1.9 millones de impactos en medios electrónicos.
Según los criterios establecidos por el anterior IFE y la Corte, los precandidatos únicos no pueden difundir promocionales en medios electrónicos, pues se trataría de una violación al principio de equidad en la contienda.
La legislación electoral detalla que los promocionales en las precampañas son para que los aspirantes a candidatos difundan sus propuestas ante los militantes de sus partidos y, en caso de no haber contienda interna, los spots deberán tener contenido genérico del partido.
Hora de publicación: 00:00 hrs.
Promete Aguiar cero tolerancia a pederastia
 |
| Carlos Aguiar Retes, electo arzobispo primado de Méxic |
“Tolerancia ‘cero’ a la pederastía”, tal como lo ha señalado el papa Francisco, será la postura de Carlos Aguiar Retes, electo arzobispo primado de la Ciudad de México, la diócesis más grande del mundo. Con miras a los comicios de 2018, invitará a los fieles a ejercer un voto razonado que no se emita por enojo, afirmó, quien asumirá su nuevo nombramiento el próximo 5 de febrero.
“Quiero recalcar, la Iglesia tiene influencia, no a partir de sus pastores, sino también de ustedes los que son católicos y tienen que votar”, por lo que el llamado será, “como lo hice en la campaña del Estado de México, a ejercer un voto razonado y que no nos dejemos llevar por un primer impulso de que estamos a disgusto, angustiados, sino a ver los proyectos y decidir cuáles son los que más nos convienen”.
En efecto, son 9 millones de habitantes, es una enorme arquidiócesis, una gran cantidad de equipos de trabajo, 2 mil 100 sacerdotes, más de 500 templos, ocho obispos auxiliares, muchos colegios católicos, bastantes comunidades femeninas, “el reto es romper burbujas” y empezar a hacer una sinergia para poder atender a la gran Ciudad de México, apuntó Aguiar Retes en conferencia de prensa.
El arzobispo reconoció que la arquidiócesis que asumirá enfrenta un severo desgaste. “¿Qué podemos hacer en la CDMX?, ¿por qué ese desgaste?. Porque la Ciudad de México es como la punta del iceberg, ahí se concentran los poderes federales, de la información, se concentran las fuerzas que sostienen la economía de nuestro país, es el centro. Lo que se vive aquí, los pronunciamientos en el Zócalo, son porque quieren ser escuchados en todo el país.
“Tenemos que empezar a generar unas sinergias que nos lleven a superar el anonimato, como hemos hecho aquí [Tlalnepantla] donde tenemos más de mil 500 comunidades tejidas”.
En el asunto de la pederastia, aseguró que sigue plenamente lo que el papa Francisco ha dicho: “Cero tolerancia a la pederastia y seguiremos sus indicaciones muy precisas para que ese mal tan grave, acotarlo. No digo que lo vamos a desterrar, porque la calidad humana siempre estará de por medio, pero sí es posible frenar ese tipo de situaciones”.
Al llegar a la CDMX, donde el gobierno capitalino ha legalizado el aborto, Carlos Aguiar Retes afirmó que el camino es difundir testimonios, porque el dato estudiado establece que 85% de las mujeres que abortan se quedan con un trauma para el resto de sus vidas.
¿Qué es más fuerte?, ¿el llamado del cardenal a no abortar o presentar el testimonio de estas mujeres en los medios de comunicación? ¿Qué les parece la fórmula? Conminó el cardenal a los comunicadores a que “digan lo que sienten de haber abortado”.
¿Qué es más importante, que busquemos una ley que ya no lo facilite y que nos digan que somos retrógrados o hacer consciente a la sociedad del gran daño que se le hace a la mujer?
“Todos hablan de frenar los embarazos de las adolescentes, pero nadie dice cuál es el factor que está originando estos embarazos en las menores de edad, que es la pornografía en internet.
“No es cuestión de que nosotros los obispos digamos: ‘¡No al aborto!’ , es la sociedad la que tiene que tomar conciencia”.
El arzobispo electo reconoció la importancia de transparentar los ingresos de la Basílica de Guadalupe y la Catedral Metropolitana y, sobre todo, saber qué se hace con esos recursos.
En el proceso electoral de 2018, “como todo proceso social, siempre tomaré en cuenta a los candidatos, hablaremos con ellos, estaremos atentos a señalar lo que creemos que se debe de hacer y ojalá nos escuchen. Ellos nos buscan, yo no los busco a ellos, ellos me van a buscar y estaremos muy atentos a esas reuniones”, afirmó.
Dijo que la Ley de Seguridad Interior es necesaria para que las fuerzas federales tengan el marco legal para descartar que se proceda contra los derechos humanos, afirmó el arzobispo designado.
Ruptura con Norberto Rivera. Las declaraciones de Carlos Aguiar Retes sobre la pederastia y la “renovación eclesial” representan una “ruptura” con la línea con la que encabezó Norberto Rivera la Arquidiócesis de México, coincidieron especialistas.
Para Elio Masferrer Kan, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (INAH), Aguiar Retes implementará la línea pastoral del papa Francisco, puesto que la “tolerancia cero” en casos de pederastia clerical es un discurso que ha ido difundiendo Jorge Mario Bergoglio, aunque advirtió que no queda muy claro cómo se implementará, si retomará los casos anteriores o será un “borrón y cuenta nueva”.
Destacó que Carlos Aguiar recibió una arquidiócesis desorganizada y sin liderazgo, lo que ha ocasionado que la feligresía no se sienta involucrada con la Iglesia católica.
Resaltó que la Iglesia enfrenta el desafío de responder de manera diferente a los problemas actuales que la sociedad padece, como son la inseguridad, la pobreza y la sexualidad.
Jorge Traslosheros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, comentó que la Arquidiócesis de México representa a una Iglesia que no ha sabido cómo enfrentar los problemas actuales. “Al hacer esta declaración, muestra una clara, evidente e innegable ruptura, en la que las cosas serán abiertas y a la luz del día”.
Roberto Blancarte, sociólogo del Colegio de México, consideró que el aún arzobispo de Tlalnepantla deberá pasar por un periodo de prueba en el que la sociedad evaluará qué tan congruentes son sus declaraciones sobre pederastia con la firmeza de sus acciones. Consideró que el problema no radica en las declaraciones, sino en que se conviertan en acciones firmes contra este problema, además, indicó que la llegada de Aguiar a la Arquidiócesis de México representa un cambio, pero aún está por verse en qué dirección.
“El simple hecho de cambiar de pastor es algo, pero aún no sabemos las implicaciones de esos cambios, en qué áreas aplicará, en qué dirección serán, si serán más conservadoras, aún es demasiado temprano para saberlo”, advirtió.
“Quiero recalcar, la Iglesia tiene influencia, no a partir de sus pastores, sino también de ustedes los que son católicos y tienen que votar”, por lo que el llamado será, “como lo hice en la campaña del Estado de México, a ejercer un voto razonado y que no nos dejemos llevar por un primer impulso de que estamos a disgusto, angustiados, sino a ver los proyectos y decidir cuáles son los que más nos convienen”.
En efecto, son 9 millones de habitantes, es una enorme arquidiócesis, una gran cantidad de equipos de trabajo, 2 mil 100 sacerdotes, más de 500 templos, ocho obispos auxiliares, muchos colegios católicos, bastantes comunidades femeninas, “el reto es romper burbujas” y empezar a hacer una sinergia para poder atender a la gran Ciudad de México, apuntó Aguiar Retes en conferencia de prensa.
El arzobispo reconoció que la arquidiócesis que asumirá enfrenta un severo desgaste. “¿Qué podemos hacer en la CDMX?, ¿por qué ese desgaste?. Porque la Ciudad de México es como la punta del iceberg, ahí se concentran los poderes federales, de la información, se concentran las fuerzas que sostienen la economía de nuestro país, es el centro. Lo que se vive aquí, los pronunciamientos en el Zócalo, son porque quieren ser escuchados en todo el país.
“Tenemos que empezar a generar unas sinergias que nos lleven a superar el anonimato, como hemos hecho aquí [Tlalnepantla] donde tenemos más de mil 500 comunidades tejidas”.
En el asunto de la pederastia, aseguró que sigue plenamente lo que el papa Francisco ha dicho: “Cero tolerancia a la pederastia y seguiremos sus indicaciones muy precisas para que ese mal tan grave, acotarlo. No digo que lo vamos a desterrar, porque la calidad humana siempre estará de por medio, pero sí es posible frenar ese tipo de situaciones”.
Al llegar a la CDMX, donde el gobierno capitalino ha legalizado el aborto, Carlos Aguiar Retes afirmó que el camino es difundir testimonios, porque el dato estudiado establece que 85% de las mujeres que abortan se quedan con un trauma para el resto de sus vidas.
¿Qué es más fuerte?, ¿el llamado del cardenal a no abortar o presentar el testimonio de estas mujeres en los medios de comunicación? ¿Qué les parece la fórmula? Conminó el cardenal a los comunicadores a que “digan lo que sienten de haber abortado”.
¿Qué es más importante, que busquemos una ley que ya no lo facilite y que nos digan que somos retrógrados o hacer consciente a la sociedad del gran daño que se le hace a la mujer?
“Todos hablan de frenar los embarazos de las adolescentes, pero nadie dice cuál es el factor que está originando estos embarazos en las menores de edad, que es la pornografía en internet.
“No es cuestión de que nosotros los obispos digamos: ‘¡No al aborto!’ , es la sociedad la que tiene que tomar conciencia”.
El arzobispo electo reconoció la importancia de transparentar los ingresos de la Basílica de Guadalupe y la Catedral Metropolitana y, sobre todo, saber qué se hace con esos recursos.
En el proceso electoral de 2018, “como todo proceso social, siempre tomaré en cuenta a los candidatos, hablaremos con ellos, estaremos atentos a señalar lo que creemos que se debe de hacer y ojalá nos escuchen. Ellos nos buscan, yo no los busco a ellos, ellos me van a buscar y estaremos muy atentos a esas reuniones”, afirmó.
Dijo que la Ley de Seguridad Interior es necesaria para que las fuerzas federales tengan el marco legal para descartar que se proceda contra los derechos humanos, afirmó el arzobispo designado.
Ruptura con Norberto Rivera. Las declaraciones de Carlos Aguiar Retes sobre la pederastia y la “renovación eclesial” representan una “ruptura” con la línea con la que encabezó Norberto Rivera la Arquidiócesis de México, coincidieron especialistas.
Para Elio Masferrer Kan, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (INAH), Aguiar Retes implementará la línea pastoral del papa Francisco, puesto que la “tolerancia cero” en casos de pederastia clerical es un discurso que ha ido difundiendo Jorge Mario Bergoglio, aunque advirtió que no queda muy claro cómo se implementará, si retomará los casos anteriores o será un “borrón y cuenta nueva”.
Destacó que Carlos Aguiar recibió una arquidiócesis desorganizada y sin liderazgo, lo que ha ocasionado que la feligresía no se sienta involucrada con la Iglesia católica.
Resaltó que la Iglesia enfrenta el desafío de responder de manera diferente a los problemas actuales que la sociedad padece, como son la inseguridad, la pobreza y la sexualidad.
Jorge Traslosheros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, comentó que la Arquidiócesis de México representa a una Iglesia que no ha sabido cómo enfrentar los problemas actuales. “Al hacer esta declaración, muestra una clara, evidente e innegable ruptura, en la que las cosas serán abiertas y a la luz del día”.
Roberto Blancarte, sociólogo del Colegio de México, consideró que el aún arzobispo de Tlalnepantla deberá pasar por un periodo de prueba en el que la sociedad evaluará qué tan congruentes son sus declaraciones sobre pederastia con la firmeza de sus acciones. Consideró que el problema no radica en las declaraciones, sino en que se conviertan en acciones firmes contra este problema, además, indicó que la llegada de Aguiar a la Arquidiócesis de México representa un cambio, pero aún está por verse en qué dirección.
“El simple hecho de cambiar de pastor es algo, pero aún no sabemos las implicaciones de esos cambios, en qué áreas aplicará, en qué dirección serán, si serán más conservadoras, aún es demasiado temprano para saberlo”, advirtió.
Conago respalda ley de seguridad, con ajustes
Mancera, presidente en turno del grupo, dice que la minuta tiene “excesos y refritos” violatorios de la soberanía de los estados que deben corregirse.
 |
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, respaldó la intervención castrense. (Javir García) |
ANGÉLICA MERCADO
México
Gobernadores de todos los partidos respaldaron la minuta de ley de seguridad interior, al afirmar los mandatarios de Durango, Guerrero, Jalisco, Tlaxcala, Colima y Querétaro que la autoridad civil ha sido rebasada por la delincuencia y sería un riesgo sacar en estos momentos a las fuerzas armadas, aunque manifestaron que el Senado tiene facultades para revisar el articulado y hacer los cambios necesarios.
El jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, acusó que la minuta aprobada por los diputados contiene "excesos y refritos" que se deben corregir, porque resultarían violatorios de la soberanía de los estados, pero coincidió en que retirar a las tropas pondría en jaque al país.
Al respecto, los ejecutivos de Jalisco y Querétaro, Aristóteles Sandoval y Francisco Domínguez, dijeron que es responsabilidad del Senado revisar la minuta artículo por artículo y hasta cambiarle puntos y comas.
Legisladores consultados confirmaron que el Senado alista la aprobación de la minuta enviada por los diputados antes de concluir el periodo, sobre todo porque a fin de año están por vencer los convenios firmados con más de 20 entidades y no hay garantías de que el Ejército los suscriba otra vez.
En el contexto de las consultas que abrió la Cámara con los actores involucrados, las comisiones dictaminadoras, encabezadas por la de Gobernación, se reunieron ayer con un grupo representativo de gobernadores, alcaldes, académicos y organizaciones de sociedad civil.
En su turno, el jefe de Gobierno y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) reconoció la labor de las fuerzas armadas por el apoyo que brindan en el territorio nacional y si bien la ciudad no tiene presencia de tropas, patrullan casi todo el país.
"Haciendo una función que no les corresponde, pero que si hoy se retiraran de estas tareas se colocaría en jaque y en grave riesgo a la seguridad, no solamente de un territorio, sino del país. Las fuerzas armadas han dicho que si no cuentan con este marco normativo se van a retirar. Por supuesto que esto es preocupante", alertó.
Dijo que está convencido de que el Ejército requiere una ley, pero la minuta de los diputados contiene excesos en cuando menos cuatro artículos que rebasan lo solicitado por las fuerzas armadas.
Criticó que hay varios artículos que rebasan la coordinación y se pasa a un esquema de subordinación de los estados y municipios, frente a quien el Ejecutivo federal designe como coordinador de las tareas de seguridad, que coloca en riesgo la soberanía de los estados.
En tanto, el mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, dijo que las autoridades ya quedaron rebasadas y se requiere al Ejército.
Afirmó que esta ley se constriñe estrictamente a las facultades constitucionales y legales y a los tratados internacionales en materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos.
"Por las circunstancias, con la presencia que tienen los grupos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, han rebasado lo que en el pasado sólo era un tema que debiéramos de atender las autoridades civiles y ahora hemos pasado a un tema de seguridad interior".
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, señaló que la violencia en su estado ya es un asunto de seguridad nacional, porque tan solo en el año van ya 2 mil homicidios, pero rechazó la propuesta del coordinador petista, Manuel Bartlett, para que mejor se recurra ahí al artículo 29, que regula la suspensión de garantías individuales.
El jalisciense Aristóteles Sandoval respaldó la intervención castrense, pero dijo que los estados no pueden enfrentar la violencia de manera aislada y se requiere un modelo integral, pues queda claro que en este momento es imprescindible una estrategia conjunta de todos los órdenes de gobierno, con la presencia del Ejército y la Marina delimitada a atender exclusivamente las amenazas a la seguridad interior.
Gobernadores respaldan Ley de Seguridad; 12 en favor, 2 pidieron ajustes
Aunque el PAN quiere cambios, seis mandatarios de ese partido la apoyan; alcaldes y ONG rechazan
 |
| Postura. Los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez; Jalisco, Aristóteles Sandoval; Durango, José Rosas Aispuro; Colima, Ignacio Peralta; Tlaxcala, Marco Mena, y Guerrero, Héctor Astudillo, acudieron ayer al Senado para respaldar la Ley de Seguridad Interior. |
LETICIA ROBLES DE LA ROSA
CIUDAD DE MÉXICO.
Por considerarla urgente e indispensable, 12 gobernadores respaldaron la Ley de Seguridad Interior y garantizaron que su aplicación no genera descuido en su obligación de garantizar la Seguridad Pública.
Sólo Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX, y Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, plantearon que se hagan cambios a la minuta para evitar confusiones o excesos.
Pese a las trabas que la bancada del PAN puso a la Ley en días pasados, seis gobernadores de ese partido apoyaron la aprobación de la minuta en el Senado.
Seis mandatarios panistas apoyan ley
Gobernadores de ocho entidades del país, con la representación de otros cuatro, acuden al Senado a dar un abrumador respaldo, aunque dos de ellos plantean algunos cambios a la minuta antes de que ésta sea aprobada.
Aunque 12 gobernadores mostraron un respaldo abrumador a la Ley de Seguridad Interior, porque la consideran urgente e indispensable, y garantizaron que su aplicación no los llevará a descuidar su obligación de garantizar la seguridad pública a sus habitantes, dos de ellos plantearon al Senado sendas peticiones de cambios, para evitar confusiones o excesos.
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pidió modificar los artículos 11 y 16, porque “hay varios artículos en donde se rebasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales respecto de quien designe el Ejecutivo federal como coordinador de las tareas de seguridad”.
Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, solicitó la revisión del artículo noveno, el esclarecimiento de otros artículos y pidió al Senado que se abra nuevamente la discusión y el proceso legislativo del Mando Único Policial y se avance en varias disposiciones legales para legalizar algunos tipos de estupefacientes.
“Estimo necesario despejar cada una de sus preocupaciones (organizaciones sociales y organismos autónomos), porque estas decisiones deben de contar no solamente con la participación activa de la sociedad civil, sino con la evidencia de que sus postulados no nada más son escuchados, sino que permiten, en los hechos, modificar, rectificar y mejorar la labor de los poderes constituidos, en el caso del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo federal”, dijo Sandoval.
Durante la sesión de diálogo que el Senado abrió con los gobernadores en torno de la Ley de Seguridad Interior, el petista Luis Miguel Barbosa generó a gritos una confrontación con los gobernadores de Jalisco y Tlaxcala y confrontó a Miguel Ángel Mancera, por lo que fue necesario que Cristina Díaz, presidente de la Comisión de Gobernación, y Ana Lilia Herrera, quien preside de la Junta de Coordinación Política, lo llamaran al orden, a lo cual el legislador petista exigió que no le gritaran.
Durante la ronda de exposiciones, en la cual participaron ocho ejecutivos estatales, los panistas José Rosas Aispuro, de Durango, y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, informaron que representan la voz de Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, y de Martín Orozco, de Aguascalientes, y ellos están por el aval absoluto a la minuta de la Cámara de Diputados.
El senador Javier Lozano expresó la óptica del gobernador de Puebla, Antonio Gali, también en favor de la minuta.
Marco Antonio Mena, de Tlaxcala, expresó que es momento de tener la Ley de Seguridad Interior. “No hay consensos, eso es evidente, pero la requerimos y es inaplazable”, consideró.
Héctor Astudillo, de Guerrero, habló de los dos mil homicidios dolosos perpetrados este año en la entidad y expresó que “como gobernador de Guerrero, es procedente aprobar el dictamen”, porque la situación de atentado contra la seguridad interior del país está en riesgo de crecer.
Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, contestó a Manuel Bartlett que los gobernadores no fueron cabildeados por el Presidente para respaldar esta ley y aclaró que “nosotros no estamos pidiendo que no le cambien una coma, y estamos seguros de que nos van a dar, no a los gobernadores, sino a todos los mexicanos, la mejor Ley de Seguridad Interior”.
Ignacio Peralta, de Colima, dejó en claro que la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior no implicará que los gobernadores abandonen su obligación de garantizar la seguridad pública a sus gobernados; explicó que Colima no es un estado generador, sino importador de violencia; y sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, el combate a los grupos criminales sería muy difícil; desde su perspectiva, la ley ni sustituye a la autoridad civil ni militariza al país ni viola los derechos humanos.
Todos los gobernadores dejaron en claro que la entrada en vigor de esta ley no implica que ellos abandonan sus obligaciones constitucionales de procurar seguridad a la población. José Rosas Aispuro dijo que sin la ayuda de las Fuerzas Armadas, hubiera sido imposible combatir a los delincuentes en la Comarca Lagunera, y recordó que los militares piden y merecen esta ley para garantizar este trabajo en resguardo de la seguridad interna, que no seguridad pública.
Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, expresó su respaldo a la Ley de Seguridad Interior a partir del principio del fortalecimiento del Estado de derecho, lo que conlleva que es falso pensar que esta ley genera riesgos, y a partir de la necesidad de tener un mejor esquema coordinado para salvaguardar la seguridad de la población.
ALCALDES RESPALDAN APROBACIÓN
Presidentes municipales de diversas partes del país expresaron en el Senado que es urgente aprobar la Ley de Seguridad Interior para dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“Es necesario que el Estado también evolucione, porque el enemigo que enfrentamos ha trascendido las regulaciones ordenarías debido a la capacidad de organización y, sobre todo, de hacerse de infraestructura y equipo, buscando constantemente superar las capacidades del Estado mexicano”, señaló Héctor Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua.
CIUDAD DE MÉXICO.
Por considerarla urgente e indispensable, 12 gobernadores respaldaron la Ley de Seguridad Interior y garantizaron que su aplicación no genera descuido en su obligación de garantizar la Seguridad Pública.
Sólo Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX, y Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, plantearon que se hagan cambios a la minuta para evitar confusiones o excesos.
Pese a las trabas que la bancada del PAN puso a la Ley en días pasados, seis gobernadores de ese partido apoyaron la aprobación de la minuta en el Senado.
Seis mandatarios panistas apoyan ley
Gobernadores de ocho entidades del país, con la representación de otros cuatro, acuden al Senado a dar un abrumador respaldo, aunque dos de ellos plantean algunos cambios a la minuta antes de que ésta sea aprobada.
Aunque 12 gobernadores mostraron un respaldo abrumador a la Ley de Seguridad Interior, porque la consideran urgente e indispensable, y garantizaron que su aplicación no los llevará a descuidar su obligación de garantizar la seguridad pública a sus habitantes, dos de ellos plantearon al Senado sendas peticiones de cambios, para evitar confusiones o excesos.
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pidió modificar los artículos 11 y 16, porque “hay varios artículos en donde se rebasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales respecto de quien designe el Ejecutivo federal como coordinador de las tareas de seguridad”.
Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, solicitó la revisión del artículo noveno, el esclarecimiento de otros artículos y pidió al Senado que se abra nuevamente la discusión y el proceso legislativo del Mando Único Policial y se avance en varias disposiciones legales para legalizar algunos tipos de estupefacientes.
“Estimo necesario despejar cada una de sus preocupaciones (organizaciones sociales y organismos autónomos), porque estas decisiones deben de contar no solamente con la participación activa de la sociedad civil, sino con la evidencia de que sus postulados no nada más son escuchados, sino que permiten, en los hechos, modificar, rectificar y mejorar la labor de los poderes constituidos, en el caso del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo federal”, dijo Sandoval.
Durante la sesión de diálogo que el Senado abrió con los gobernadores en torno de la Ley de Seguridad Interior, el petista Luis Miguel Barbosa generó a gritos una confrontación con los gobernadores de Jalisco y Tlaxcala y confrontó a Miguel Ángel Mancera, por lo que fue necesario que Cristina Díaz, presidente de la Comisión de Gobernación, y Ana Lilia Herrera, quien preside de la Junta de Coordinación Política, lo llamaran al orden, a lo cual el legislador petista exigió que no le gritaran.
Durante la ronda de exposiciones, en la cual participaron ocho ejecutivos estatales, los panistas José Rosas Aispuro, de Durango, y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, informaron que representan la voz de Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, y de Martín Orozco, de Aguascalientes, y ellos están por el aval absoluto a la minuta de la Cámara de Diputados.
El senador Javier Lozano expresó la óptica del gobernador de Puebla, Antonio Gali, también en favor de la minuta.
Marco Antonio Mena, de Tlaxcala, expresó que es momento de tener la Ley de Seguridad Interior. “No hay consensos, eso es evidente, pero la requerimos y es inaplazable”, consideró.
Héctor Astudillo, de Guerrero, habló de los dos mil homicidios dolosos perpetrados este año en la entidad y expresó que “como gobernador de Guerrero, es procedente aprobar el dictamen”, porque la situación de atentado contra la seguridad interior del país está en riesgo de crecer.
Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, contestó a Manuel Bartlett que los gobernadores no fueron cabildeados por el Presidente para respaldar esta ley y aclaró que “nosotros no estamos pidiendo que no le cambien una coma, y estamos seguros de que nos van a dar, no a los gobernadores, sino a todos los mexicanos, la mejor Ley de Seguridad Interior”.
Ignacio Peralta, de Colima, dejó en claro que la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior no implicará que los gobernadores abandonen su obligación de garantizar la seguridad pública a sus gobernados; explicó que Colima no es un estado generador, sino importador de violencia; y sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, el combate a los grupos criminales sería muy difícil; desde su perspectiva, la ley ni sustituye a la autoridad civil ni militariza al país ni viola los derechos humanos.
Todos los gobernadores dejaron en claro que la entrada en vigor de esta ley no implica que ellos abandonan sus obligaciones constitucionales de procurar seguridad a la población. José Rosas Aispuro dijo que sin la ayuda de las Fuerzas Armadas, hubiera sido imposible combatir a los delincuentes en la Comarca Lagunera, y recordó que los militares piden y merecen esta ley para garantizar este trabajo en resguardo de la seguridad interna, que no seguridad pública.
Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, expresó su respaldo a la Ley de Seguridad Interior a partir del principio del fortalecimiento del Estado de derecho, lo que conlleva que es falso pensar que esta ley genera riesgos, y a partir de la necesidad de tener un mejor esquema coordinado para salvaguardar la seguridad de la población.
 |
ALCALDES RESPALDAN APROBACIÓN
Presidentes municipales de diversas partes del país expresaron en el Senado que es urgente aprobar la Ley de Seguridad Interior para dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“Es necesario que el Estado también evolucione, porque el enemigo que enfrentamos ha trascendido las regulaciones ordenarías debido a la capacidad de organización y, sobre todo, de hacerse de infraestructura y equipo, buscando constantemente superar las capacidades del Estado mexicano”, señaló Héctor Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Los niveles de violencia obligan a recurrir a fuerzas armadas: Campa
Reconoce que el gobierno de Peña cerrará con el mismo índice de homicidios que el de Calderón
Emir Olivares Alonso
Aunque no es la realidad deseada, la presencia de las fuerzas armadas en muchas regiones del país es absolutamente indispensable para contrarrestar los altos niveles de violencia e inseguridad generados por el crimen organizado, de ahí la importancia de contar con la ley de seguridad interior, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
Al preguntarle sobre el tema luego de la presentación de los avances de una campaña contra la trata de personas, indicó que aunque es una minuta pequeña, de 34 artículos, muchas de las personas que han opinado no han leído ni siquiera el primero. Sería conveniente para todos quienes tienen inquietud y preocupación sobre esta ley, que le dedicaran una hora; en ese tiempo puede fácilmente leerse, reflexionar y meditar sobre cada uno de estos artículos.
Consideró que el reto que hoy enfrenta el país, y que se debate en el Senado –donde se revisa la minuta– es hacer compatible la presencia de las fuerzas armadas en muchas regiones de México, con la necesidad de fortalecer a las instancias civiles de prevención y persecución de los delitos, y el pleno respeto a los derechos humanos.
Muchas veces, dijo, no se magnifica el tamaño del problema que se tiene por la inseguridad y la violencia ocasionada por las bandas del crimen organizado. Pidió, por ejemplo, recordar las cifras de homicidios dolosos de los meses recientes, aunque no las mencionó. Hay que señalar que Gobernación dio a conocer hace unas semanas que 2017 podría ser el año más letal, pues tan sólo en octubre sumaron 2 mil 371 homicidios dolosos, convirtiéndose en el mes más violento no sólo del sexenio, sino de las dos décadas recientes.
Ligado a ello, el subsecretario comparó la tasa de homicidios entre el actual y el anterior sexenio. La administración de Felipe Calderón, dijo, recibió el país con alrededor de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes y lo cerró con 22 por cada 100 mil. El gobierno de Enrique Peña Nieto recibó esas tasas, pero pudo reducirlo a 17 por cada 100 mil en los primeros años, y cerrará con 22 por cada 100 mil. Vamos a cerrar más o menos con las mismas cifras que se recibió.
Otros tres elementos por los que se pronunció en favor de que se regule la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad son: porque para las bandas de traficantes la cercanía de nuestro país con el principal consumidor de estupefacientes respresenta un lucrativo negocio, pues a lo largo de 3 mil kilómetros de frontera del lado de Estados Unidos hay al menos 9 mil tiendas de armas donde se puede comprar cualquier cosa (lo que aprovechan los criminales) y porque se ha descuidado el desarrollo, protección y oportunidades para la juventud, que pueden enrolarse con el crimen.
En este entorno tenemos que actuar, reconocer la necesidad de la presencia de las fuerzas federales en algunas regiones. Son la única forma de enfrentar a esta delincuencia armada y empoderada. ¿Qué es mejor? ¿Tener una situación legal apoyada apenas en una jurisprudencia, donde prácticamente cualquier decisión es discrecional, o conviene más tener un marco legal que defina cuándo, cómo y hasta cuándo, por cuánto tiempo deben de tener presencia las fuerzas armadas? Desde mi particular punto de vista, es mucho más conveniente hacerlo con la ley en la mano.
Emir Olivares Alonso
Aunque no es la realidad deseada, la presencia de las fuerzas armadas en muchas regiones del país es absolutamente indispensable para contrarrestar los altos niveles de violencia e inseguridad generados por el crimen organizado, de ahí la importancia de contar con la ley de seguridad interior, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
Al preguntarle sobre el tema luego de la presentación de los avances de una campaña contra la trata de personas, indicó que aunque es una minuta pequeña, de 34 artículos, muchas de las personas que han opinado no han leído ni siquiera el primero. Sería conveniente para todos quienes tienen inquietud y preocupación sobre esta ley, que le dedicaran una hora; en ese tiempo puede fácilmente leerse, reflexionar y meditar sobre cada uno de estos artículos.
Consideró que el reto que hoy enfrenta el país, y que se debate en el Senado –donde se revisa la minuta– es hacer compatible la presencia de las fuerzas armadas en muchas regiones de México, con la necesidad de fortalecer a las instancias civiles de prevención y persecución de los delitos, y el pleno respeto a los derechos humanos.
Muchas veces, dijo, no se magnifica el tamaño del problema que se tiene por la inseguridad y la violencia ocasionada por las bandas del crimen organizado. Pidió, por ejemplo, recordar las cifras de homicidios dolosos de los meses recientes, aunque no las mencionó. Hay que señalar que Gobernación dio a conocer hace unas semanas que 2017 podría ser el año más letal, pues tan sólo en octubre sumaron 2 mil 371 homicidios dolosos, convirtiéndose en el mes más violento no sólo del sexenio, sino de las dos décadas recientes.
 |
| Roberto Campa, subsecretario de Gobernación Foto José Antonio López |
Otros tres elementos por los que se pronunció en favor de que se regule la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad son: porque para las bandas de traficantes la cercanía de nuestro país con el principal consumidor de estupefacientes respresenta un lucrativo negocio, pues a lo largo de 3 mil kilómetros de frontera del lado de Estados Unidos hay al menos 9 mil tiendas de armas donde se puede comprar cualquier cosa (lo que aprovechan los criminales) y porque se ha descuidado el desarrollo, protección y oportunidades para la juventud, que pueden enrolarse con el crimen.
En este entorno tenemos que actuar, reconocer la necesidad de la presencia de las fuerzas federales en algunas regiones. Son la única forma de enfrentar a esta delincuencia armada y empoderada. ¿Qué es mejor? ¿Tener una situación legal apoyada apenas en una jurisprudencia, donde prácticamente cualquier decisión es discrecional, o conviene más tener un marco legal que defina cuándo, cómo y hasta cuándo, por cuánto tiempo deben de tener presencia las fuerzas armadas? Desde mi particular punto de vista, es mucho más conveniente hacerlo con la ley en la mano.
La OCDE pide continuidad en reformas
 |
| El presidente Enrique 'Peña Nieto y José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. (Tomada de @PresidenciaMX) |
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, pidió ayer “no retroceder” y “seguir” con el legado de las reformas estructurales impulsadas en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Al recibir al mandatario mexicano en la sede la OCDE, en París, Francia, el exsecretario de Hacienda señaló que “hay muchos que quieren aprovechar la transición para retroceder”.
Consideró que la organización está al servicio y listo para ayudar al gobierno mexicano en la lucha contra la pobreza, la informalidad, las desigualdades y las disparidades en los niveles de educación y salud que prevalecen aún en nuestro país.
“Y por ello, señor Presidente, es tan fundamental que se mantenga una continuidad a todas estas reformas. Primero, la implementación y la continuidad de las reformas que ya se iniciaron; segundo, el proceso de las reformas.
“Incluso reformando las reformas, porque no siempre acertamos a la primera, y hay que seguir con su legado y no hay que retroceder, porque hay muchos que quieren aprovechar la transición para retroceder”, afirmó.
De acuerdo con la OCDE, gracias a las reformas estructurales se han generado en México 80 mil millones de dólares en compromisos de inversión.
Gabriela Ramos, directora de gabinete y Sherpa de la OCDE ante el G-20, pidió a los precandidatos a la Presidencia de la República, de cara al proceso electoral de 2018, dar continuidad a las reformas.
“Lo que le diríamos a cualquiera de los candidatos que están contendiendo en esta justa democrática, es que miren estas reformas y les den continuidad para que sigan rindiendo frutos, porque están rindiendo fruto, y el problema es que uno no las sigue avanzando, pues evidentemente hay posibilidades de que se vayan para atrás”, dijo en entrevista por separado.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destacó que a partir de la implementación de reformas como la de telecomunicaciones, los precios de los servicios de telefonía móvil han caído hasta en un 75 por ciento; y, además, en sólo cinco años, el número de usuarios de internet pasó de 50 a 75 millones de personas, en 2016.
De acuerdo con Andrew Wyckoff, director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE, México, en materia de telecomunicaciones, está en mejor forma que hace cinco años.
“No obstante, es un área que se mueve muy rápido; la economía digital no espera por nadie. Nosotros hemos alentado al gobierno a mantener el momentum y seguir progresando, porque eso es lo que definirá la competitividad en el Siglo XXI”, opinó Wyckoff.
Renta de bodegas, puerta para el lavado de dinero
INVESTIGACIÓN ◗ Es un servicio comercial que crece en casi cada colonia de la Ciudad de México ◗ Su contratación aprovecha huecos legales, pero eso sí, con la garantía de la secrecía y un endeble protocolo de registro e identificación del usuario ◗ “Hay abuso de la figura de arrendamiento y no existen mecanismos para supervisar o investigar qué se almacena”, señala un especialista en lavado de dinero del Inacipe ◗ Autoridades como la Sedeco o el Invea no tienen una respuesta
 |
Primera Parte
Entre huecos legales, sin supervisión ni registro oficial, se multiplican en el país empresas dedicadas a la renta de bodegas.
Es un esquema similar al ventilado por Crónica hace unos días en torno a las arrendadoras de cajas de seguridad, muchas de las cuales operan en la opacidad.
Según expertos e investigadores del asunto, en el giro de las bodegas se actualizan también riesgos relacionados no sólo con el ocultamiento de bienes ilegales, sino con el blanqueo de recursos de procedencia ilícita.
Un tema de alerta. “Se abusa de una figura jurídica que es el contrato de arrendamiento, sin que haya mecanismos para supervisar o investigar qué se está almacenando, y algunos de estos lugares están sirviendo para guardar bienes, objetos, instrumentos o productos del delito”, advierte José Fernández de Cevallos, especialista en lavado de dinero del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
“Ahora hay muchas en la Ciudad de México, bodegas donde tú puedes guardar cosas. Son un servicio comercial, una actividad comercial que no está regulada”, dice Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB).
El fenómeno se acrecienta en la capital… Son cientos, quizá miles de espacios ofrecidos casi en cada colonia, de tamaños diversos: cinco, diez, quince metros cuadrados o más; con la garantía de total secrecía y un vulnerable protocolo de registro e identificación del usuario.
Las autoridades del gobierno de la CDMX desestimaron la situación. Ninguna instancia cuenta con un padrón de las empresas con este perfil y mucho menos tiene contabilizado el número de bodegas en servicio.
Crónica buscó la postura de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a cargo de Salomón Chertorivski, la cual, según la Ley Orgánica de la Administración Pública, se encarga de orientar el desarrollo del sector empresarial en la CDMX y ejecutar programas de comercio interior.
Su respuesta fue: “No es un tema que nos corresponda a nosotros. Si es un negocio lícito debe contar con registro y sus permisos en orden, lo demás corresponde a otras autoridades determinarlo”. Al preguntarle sobre esas otras autoridades y sobre sus registros institucionales, hubo silencio.
Otra de las dependencias consultadas fue el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), cuyo presidente es Meyer Klip Gervitz. En el papel, su objetivo es “impulsar la seguridad en diversos comercios e inmuebles de la ciudad y prevenir actos que pongan en riesgo a los capitalinos mediante el cumplimiento de las normas locales y visitas de verificación”.
Sin embargo, también se deslindó. Ante la insistencia, propuso la presentación de una denuncia para ordenar inspecciones.
“El desdén de las autoridades es tan grave como la amenaza que representa la operación descontrolada de bodegas, es reflejo de sus omisiones y complicidades. La pregunta es: ¿Qué autoridad otorga estos permisos?, ¿bajo qué criterios y cuál es el procedimiento de supervisión?”, señala el doctor Javier Oliva Posada, investigador de la UNAM.
“Lo que mueve al crimen es la obtención de dinero fácil, sus ramificaciones son extensas y se renuevan constantemente; aprovechan cualquier vacío. Negocios de este tipo están en la línea de la ilegalidad y pueden ser susceptibles de lavado, mientras no se persiga este delito en todas sus expresiones, seguiremos estancados. En los últimos años, sólo 11 lavadores han sido sentenciados”.
La renta de bodegas ha sido de manera histórica un servicio necesario para el dinamismo comercial del país y la ciudad. No se trata aquí de generalizar, pero sí de voltear la mirada al evidente desorden y falta de transparencia de esta actividad y, sin infringir los derechos al arrendamiento y la privacidad, revisar la emisión de contratos y protocolos usados por estas empresas para evitar el resguardo de bienes sospechosos y garantizar la identidad fiel de usuarios, con documentos reales.
Este rubro no se encuentra contemplado en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual enlista las actividades vulnerables al lavado fuera del sistema financiero, como juegos de apuesta, servicios de construcción, desarrollo inmobiliario y notariales, comercialización de metales preciosos, vehículos y obras de artes, entre otros.
El inciso X sólo refiere, para la interpretación, “la prestación profesional de custodia de dinero o valores”. No obstante, el artículo 400 bis del Código Penal Federal estipula: “Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o
II.Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”.
Para el especialista Fernández de Cevallos, del Inacipe, “conforme al Código se acredita el lavado y de las dos partes: de la empresa que está rentando y de quien está depositando bienes ilícitos”.
—¿No debiera obligarse a estas empresas a tener contratos claros y el registro pleno de sus usuarios, actualizado y con datos verificables?
—Desde luego que sí, se está omitiendo porque nadie regula. Por un lado está el oportunismo de quien lava dinero, y todo delincuente siempre irá un paso delante de la norma, tratará de transgredirla con una pluralidad de conductas para no ser descubierto. Es necesario legislar a efecto de dar mayor certeza, tener un padrón y saber quiénes son los arrendatarios, que tengan domicilio real y sean personas identificadas, con avales.
—¿Hay alguna referencia internacional?
—La Ley Patriota en Estados Unidos, por ejemplo, señala que si en un inmueble se realiza un delito, como resguardo de drogas u otros, el inmueble podrá ser decomisado, independientemente de quién lo esté utilizando, sea el propietario o el arrendatario. A la luz de cómo han proliferado estas bodegas, puede servir un mecanismo de esta naturaleza.
—¿Mayores libertades para el ciudadano o mayores controles del Estado?
—¿Qué pasa cuando estas bodegas son usadas para almacenar productos del delito como armas ilegales, documentos vinculatorios de secuestros, contrabando de órganos o redes de prostitución? Al menos que haya controles más rigurosos…
Entre huecos legales, sin supervisión ni registro oficial, se multiplican en el país empresas dedicadas a la renta de bodegas.
Es un esquema similar al ventilado por Crónica hace unos días en torno a las arrendadoras de cajas de seguridad, muchas de las cuales operan en la opacidad.
Según expertos e investigadores del asunto, en el giro de las bodegas se actualizan también riesgos relacionados no sólo con el ocultamiento de bienes ilegales, sino con el blanqueo de recursos de procedencia ilícita.
Un tema de alerta. “Se abusa de una figura jurídica que es el contrato de arrendamiento, sin que haya mecanismos para supervisar o investigar qué se está almacenando, y algunos de estos lugares están sirviendo para guardar bienes, objetos, instrumentos o productos del delito”, advierte José Fernández de Cevallos, especialista en lavado de dinero del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
“Ahora hay muchas en la Ciudad de México, bodegas donde tú puedes guardar cosas. Son un servicio comercial, una actividad comercial que no está regulada”, dice Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB).
El fenómeno se acrecienta en la capital… Son cientos, quizá miles de espacios ofrecidos casi en cada colonia, de tamaños diversos: cinco, diez, quince metros cuadrados o más; con la garantía de total secrecía y un vulnerable protocolo de registro e identificación del usuario.
Las autoridades del gobierno de la CDMX desestimaron la situación. Ninguna instancia cuenta con un padrón de las empresas con este perfil y mucho menos tiene contabilizado el número de bodegas en servicio.
Crónica buscó la postura de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a cargo de Salomón Chertorivski, la cual, según la Ley Orgánica de la Administración Pública, se encarga de orientar el desarrollo del sector empresarial en la CDMX y ejecutar programas de comercio interior.
Su respuesta fue: “No es un tema que nos corresponda a nosotros. Si es un negocio lícito debe contar con registro y sus permisos en orden, lo demás corresponde a otras autoridades determinarlo”. Al preguntarle sobre esas otras autoridades y sobre sus registros institucionales, hubo silencio.
Otra de las dependencias consultadas fue el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), cuyo presidente es Meyer Klip Gervitz. En el papel, su objetivo es “impulsar la seguridad en diversos comercios e inmuebles de la ciudad y prevenir actos que pongan en riesgo a los capitalinos mediante el cumplimiento de las normas locales y visitas de verificación”.
Sin embargo, también se deslindó. Ante la insistencia, propuso la presentación de una denuncia para ordenar inspecciones.
“El desdén de las autoridades es tan grave como la amenaza que representa la operación descontrolada de bodegas, es reflejo de sus omisiones y complicidades. La pregunta es: ¿Qué autoridad otorga estos permisos?, ¿bajo qué criterios y cuál es el procedimiento de supervisión?”, señala el doctor Javier Oliva Posada, investigador de la UNAM.
“Lo que mueve al crimen es la obtención de dinero fácil, sus ramificaciones son extensas y se renuevan constantemente; aprovechan cualquier vacío. Negocios de este tipo están en la línea de la ilegalidad y pueden ser susceptibles de lavado, mientras no se persiga este delito en todas sus expresiones, seguiremos estancados. En los últimos años, sólo 11 lavadores han sido sentenciados”.
La renta de bodegas ha sido de manera histórica un servicio necesario para el dinamismo comercial del país y la ciudad. No se trata aquí de generalizar, pero sí de voltear la mirada al evidente desorden y falta de transparencia de esta actividad y, sin infringir los derechos al arrendamiento y la privacidad, revisar la emisión de contratos y protocolos usados por estas empresas para evitar el resguardo de bienes sospechosos y garantizar la identidad fiel de usuarios, con documentos reales.
Este rubro no se encuentra contemplado en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual enlista las actividades vulnerables al lavado fuera del sistema financiero, como juegos de apuesta, servicios de construcción, desarrollo inmobiliario y notariales, comercialización de metales preciosos, vehículos y obras de artes, entre otros.
El inciso X sólo refiere, para la interpretación, “la prestación profesional de custodia de dinero o valores”. No obstante, el artículo 400 bis del Código Penal Federal estipula: “Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o
II.Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”.
Para el especialista Fernández de Cevallos, del Inacipe, “conforme al Código se acredita el lavado y de las dos partes: de la empresa que está rentando y de quien está depositando bienes ilícitos”.
—¿No debiera obligarse a estas empresas a tener contratos claros y el registro pleno de sus usuarios, actualizado y con datos verificables?
—Desde luego que sí, se está omitiendo porque nadie regula. Por un lado está el oportunismo de quien lava dinero, y todo delincuente siempre irá un paso delante de la norma, tratará de transgredirla con una pluralidad de conductas para no ser descubierto. Es necesario legislar a efecto de dar mayor certeza, tener un padrón y saber quiénes son los arrendatarios, que tengan domicilio real y sean personas identificadas, con avales.
—¿Hay alguna referencia internacional?
—La Ley Patriota en Estados Unidos, por ejemplo, señala que si en un inmueble se realiza un delito, como resguardo de drogas u otros, el inmueble podrá ser decomisado, independientemente de quién lo esté utilizando, sea el propietario o el arrendatario. A la luz de cómo han proliferado estas bodegas, puede servir un mecanismo de esta naturaleza.
—¿Mayores libertades para el ciudadano o mayores controles del Estado?
—¿Qué pasa cuando estas bodegas son usadas para almacenar productos del delito como armas ilegales, documentos vinculatorios de secuestros, contrabando de órganos o redes de prostitución? Al menos que haya controles más rigurosos…
PAN parte, reparte y se queda con 792.2 mdp, 10.6 millones de spots...
 |
| Ricardo Anaya, aspirante a precandidato por la coalición Por México al Frente (Foto: Archivo Notimex) |
Yared de la Rosa
El Partido Acción Nacional (PAN) dispondrá de 782 millones 880 mil 382 pesos para los comicios de 2018, lo que representa 94 por ciento del presupuesto total, para las campañas de los tres partidos que conforman la coalición Por México al Frente.
Además, se llevará más de 70 por ciento de los spots de precampaña y campaña; es decir, aproximadamente 10.6 millones de anuncios en radio y televisión, que estarán al aire desde el 14 de diciembre próximo hasta el 24 de junio de 2018.
Lo anterior debido a que el Convenio de Coalición Electoral Parcial —conformado por PAN, PRD y MC— lo estipula.
Para los 782 millones 880 mil 382 pesos, el contrato señala que los tres partidos coaligados aportarán en lo individual, al menos, 94 por ciento de sus recursos que reciban por concepto de gastos de campañas.
También explica que dicho dinero será destinado a solventar los gastos de los candidatos de la coalición. Sin embargo, no especifica el porcentaje destinado para la elección de legisladores o para la designación del candidato presidencial, pues menciona que la distribución la determinará el Consejo de Administración.
“El representante designado por el Partido Acción Nacional será el responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral”, se lee en el convenio.
Sobre las pautas oficiales, menciona que 30 por ciento del tiempo que le toque a esta unión, se destinará a las campañas y precampañas de senadores y diputados y 70 por ciento a la “selección” del candidato presidencial, y a la campaña del presidente, que será elegido por el blanquiazul.
En cuanto a los anexos del convenio, al PAN le tocó más de 50 por ciento de las candidaturas a legisladores. El blanquiazul se quedó con 36 candidaturas para el Senado (58.06 por ciento); PRD, 16 (22.22 por ciento), y MC, 10 (16.12 por ciento). Mientras, para la Cámara de Diputados, al blanquiazul le corresponde 136 (47.88 por ciento); al sol azteca, 100 (35.21 por ciento), y el MC, 48 (16.90 por ciento).
En estos documentos se especifica que los métodos para elegir a los candidatos serán distintos, pues dependerá del partido.
El PAN determinará que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus abanderados a diputados y senadores, mediante el método que elija la Comisión Permanente Nacional; el PRD lo fijará por medio del Consejo Nacional Electivo y Movimiento Ciudadano lo establecerá mediante la Asamblea Electoral Nacional.
Al hablar que la designación del candidato presidencial le toca al PAN, en el convenio se argumenta que esta decisión se “tomó por consenso, en atención al peso electoral de cada partido”.
El PAN no sólo manejará el dinero de la coalición, los mensajes de radio y televisión, más de 50 por ciento de las candidaturas, también serán los responsables de las notificaciones que reciban del INE sobre la unión política.
“El domicilio legal para oír y recibir toda clase de notificaciones de la coalición, será el ubicado en Av. Coyoacán No. 1546, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México”, se lee en el convenio. Esta dirección es la de la sede del PAN nacional.
Establece que una vez aprobado el acuerdo por el INE, lo cual se prevé que sea en esta semana, podrá ser modificado hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidaturas.
Ernesto Cordero critica destape de Anaya
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, sostuvo que el destape del exlíder nacional del PAN, Ricardo Anaya, como precandidato a Los Pinos por la coalición Por México al Frente, evocó a “los más rancios tiempos del PRI”, y calificó a la alianza como un invento para que el exdirigente pudiera ser el abanderado.
“Anaya critica los usos y costumbres del PRI, donde el Presidente determina por dedazo quién es su sucesor o su candidato en el PRI; aquí Anaya yo creo que está hasta peor, porque aquí nadie lo decidió o lo designó a él. Su destape fue tal cual, priista, y no reciente, sino de los más rancios tiempos del PRI”, consideró.
Acusó que al ahora precandidato “no le gusta competir”, por lo que le “dio miedo enfrentarse con Margarita (Zavala)”.
El senador, quien mantuvo una línea crítica contra Anaya, enfatizó que si bien es panista no está obligado a votar por el candidato de la coalición, sino por el candidato que abandere mejor los principios panistas.
Con información de María Cabadas
Pactan reforzar libre mercado en telecom
avanza capítulo relativo
México, EU y Canadá acordaron prohibir los monopolios en el sector y admitieron que el IFT regule tarifas de interconexión.
 | |
Roberto Morales
Washington, DC. México, Estados Unidos y Canadá acordaron prohibir monopolios en el sector de telecomunicaciones y reconocieron como un hecho que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pueda determinar las tarifas de interconexión del sector, y no el Congreso mexicano.
Esta última facultad fue reconocida como un derecho de México de establecer sus propias leyes en la materia, el cual quedó jurídicamente consolidado tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El TLCAN vigente no prohíbe a una parte mantener un proveedor monopólico de redes o servicios públicos, como lo fue alguna vez Telmex, compañía de telecomunicaciones que continúa siendo dominante en México.
Una fuente al tanto de las negociaciones informó que el nuevo capítulo en esta materia incluye normas sobre telecomunicaciones móviles y tarifas de roaming internacional, a la vez que permite a las empresas transmitir datos entre fronteras.
El TLCAN otorgó una “carta de derechos” para los proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, incluido el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones; conexión a líneas privadas que reflejen los costos económicos y estén disponibles sobre la base de un precio fijo, y el derecho a elegir, comprar o arrendar el equipo terminal que mejor se adapte a sus necesidades.
A partir del 2013, el IFT, creado a raíz de la reforma constitucional, emite “disposiciones técnicas” obligatorias para el sector de telecomunicaciones y de radiodifusión.
En los últimos años, la política de competencia mexicana experimentó cambios sustanciales en su marco jurídico. Se introdujeron enmiendas constitucionales y se publicó la nueva Ley Federal de Competencia Económica, que derogó la Ley Federal de Competencia Económica de 1992, que hasta el 2014 regulaba este campo.
Además, en el 2014 se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que derogó las leyes específicas que se aplicaban en dichos sectores y tiene incidencia sobre la competencia en dichos sectores.
Como resultado de las reformas, hay actualmente dos autoridades encargadas de implementar la Ley Federal de Competencia Económica, una de ellas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones con facultades para regular la competencia únicamente en este sector.
En el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), un referente para las negociaciones del TLCAN, los países parte acordaron que si uno de ellos elige regular tarifas para la venta al por mayor de servicios de acceso móvil internacional, deberá brindar a los operadores de los otros países parte del TPP que no regulan tales tarifas la oportunidad de beneficiarse de tarifas más bajas.
En ese mismo acuerdo comercial, los países parte comparten interés en garantizar redes de telecomunicaciones confiables y eficientes en sus países. Estas redes son críticas tanto para empresas grandes como pequeñas para proveer de servicios. Las reglas procompetitivas de acceso a redes del TPP abarcan a los proveedores de telefonía móvil.
Los países parte del TPP se comprometen además a asegurar que los proveedores de servicios de telecomunicaciones de mayor tamaño en sus territorios proporcionen interconexión, servicios de circuitos privados arrendados, coubicación y acceso a postes y otras instalaciones bajo términos y condiciones razonables y de una manera oportuna.
En paralelo, algunos analistas consideran que los negociadores estadounidenses pueden buscar la liberalización del sector de telecomunicaciones canadiense, que contiene restricciones a la propiedad extranjera y requisitos del consejo de administración. Canadá también impone restricciones de contenido cultural que requieren la difusión y distribución de contenido de origen canadiense.
En la reunión técnica previa a la sexta ronda de renegociación del TLCAN, que se celebra en Washington, los equipos de negociación buscan aprovechar para avanzar en temas donde predominan las coincidencias sobre las diferencias. Entre ellos destacan:
Facilitación comercial. En este renglón hay una visión común de agilizar las operaciones de comercio exterior, teniendo como aliada a la tecnología. Se da casi como un hecho el compromiso trilateral de armonizar las ventanillas únicas de comercio exterior, que reducen los trámites aduanales.
Telecomunicaciones. De acuerdo con fuentes consultadas, en este terreno se formalizará el compromiso de los países de prohibir los monopolios, además de que se reconocerá la facultad del órgano regulador mexicano de determinar las tarifas de interconexión, caso recientemente fallado por la Suprema Corte de Justicia de México.
Comercio electrónico. En este punto, hay disposición de México de ceder a la petición estadounidense de incrementar el valor máximo de envíos exento de impuestos, que actualmente es de 50 dólares. También existe el consenso de formalizar la no discriminación de productos digitales transmitidos electrónicamente.
Alta burocracia cuesta 984 mdp
Francisco Nieto e Iván Ramírez
La bolsa para aguinaldos y prestaciones, así como ayuda para anteojos, despensa o para superación personal y cultural, de funcionarios de mayor rango, ministros, consejeros, magistrados, legisladores y presidentes de órganos autónomos rondará en los mil millones de pesos.
Además, estos funcionarios y representantes gozan de largos periodos vacacionales que van desde tres a seis semanas, como el caso de los legisladores que a mediados de diciembre bajan la cortina del Congreso y regresan hasta febrero.
Una cuarta parte de esta cantidad, casi 250 millones de pesos, lo concentran los funcionarios del Poder Judicial, Legislativo y de los órganos autónomos, como es caso del INE, INAI, CNDH, Cámara de Diputados y Senado, cuyas gratificaciones de final de año van desde 230 mil pesos hasta el millón y medio de pesos por persona.
El resto de estos recursos se distribuyen en la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, donde hay un ejército de 150 secretarios y subsecretarios, así como más de 350 jefes de áreas que absorben toda esta bolsa que se entrega a mediados de diciembre y que es independiente a sus salarios.
Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) tienen un aguinaldo de más de 380 mil pesos cada uno y se añaden prestaciones como la “ayuda para anteojos” de 3 mil 100 pesos por cabeza.
Para el presidente de la Corte, el ministro Luis María Aguilar, los beneficios serán mayores, pues cobra un aguinaldo de 586 mil pesos, casi 200 mil pesos más al costo que tiene una vivienda de interés social en la Ciudad de México.
A estas prestaciones suma un bono llamado “pago por riesgo” que es de 805 mil pesos para 10 ministros y 853 mil para el presidente de la Corte.
En el caso de la Cámara de Diputados, el desembolso de fin de año será de 322 mil pesos por cada uno de los 500 legisladores, lo que da una suma de 161 millones de pesos, sin considerar su dieta (sueldo). En la Cámara alta, los 128 senadores reciben cada uno 234 mil pesos de aguinaldo.
Los consejeros del INE también son parte de esto grupo privilegiado. Entre los 11 integrantes del Consejo de este órgano, además de su secretario ejecutivo, se embolsarán este fin de año, un total de 6 millones 815 mil pesos.
En el INAI también hay una bolsa grande de fin de año. Cada uno de los siete comisionados recibe 48 mil pesos de aguinaldo, que se compensan con gratificación de 350 mil pesos para cada uno. Entre sus prestaciones, los comisionados también reciben a lo largo del año más de 200 mil pesos para “apoyo a vehículos”, primas vacacionales y pago por “prestaciones extraordinarias” por 39 mil pesos por cabeza.
De los organismos autónomos, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, es uno de los mejor remunerados, pues recibe una gratificación de fin de año de 404 mil pesos, así como “ayuda para el desarrollo personal” por 99 mil pesos y prestaciones extraordinarias por 765 mil pesos. Estos beneficios y otros suman un millón 354 mil pesos, sin contar su sueldo mensual.
Además de las prestaciones, en los organismos autónomos es donde se dan los sueldos más altos de la Administración Pública Federal. En la SCJN y en el Consejo de la Judicatura Federal hay sueldos superiores a lo que percibe el Presidente de la República, pues fueron asignados antes de la reforma que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente.
La bolsa para aguinaldos y prestaciones, así como ayuda para anteojos, despensa o para superación personal y cultural, de funcionarios de mayor rango, ministros, consejeros, magistrados, legisladores y presidentes de órganos autónomos rondará en los mil millones de pesos.
 |
Una cuarta parte de esta cantidad, casi 250 millones de pesos, lo concentran los funcionarios del Poder Judicial, Legislativo y de los órganos autónomos, como es caso del INE, INAI, CNDH, Cámara de Diputados y Senado, cuyas gratificaciones de final de año van desde 230 mil pesos hasta el millón y medio de pesos por persona.
El resto de estos recursos se distribuyen en la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, donde hay un ejército de 150 secretarios y subsecretarios, así como más de 350 jefes de áreas que absorben toda esta bolsa que se entrega a mediados de diciembre y que es independiente a sus salarios.
Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) tienen un aguinaldo de más de 380 mil pesos cada uno y se añaden prestaciones como la “ayuda para anteojos” de 3 mil 100 pesos por cabeza.
Para el presidente de la Corte, el ministro Luis María Aguilar, los beneficios serán mayores, pues cobra un aguinaldo de 586 mil pesos, casi 200 mil pesos más al costo que tiene una vivienda de interés social en la Ciudad de México.
A estas prestaciones suma un bono llamado “pago por riesgo” que es de 805 mil pesos para 10 ministros y 853 mil para el presidente de la Corte.
En el caso de la Cámara de Diputados, el desembolso de fin de año será de 322 mil pesos por cada uno de los 500 legisladores, lo que da una suma de 161 millones de pesos, sin considerar su dieta (sueldo). En la Cámara alta, los 128 senadores reciben cada uno 234 mil pesos de aguinaldo.
 |
En el INAI también hay una bolsa grande de fin de año. Cada uno de los siete comisionados recibe 48 mil pesos de aguinaldo, que se compensan con gratificación de 350 mil pesos para cada uno. Entre sus prestaciones, los comisionados también reciben a lo largo del año más de 200 mil pesos para “apoyo a vehículos”, primas vacacionales y pago por “prestaciones extraordinarias” por 39 mil pesos por cabeza.
De los organismos autónomos, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, es uno de los mejor remunerados, pues recibe una gratificación de fin de año de 404 mil pesos, así como “ayuda para el desarrollo personal” por 99 mil pesos y prestaciones extraordinarias por 765 mil pesos. Estos beneficios y otros suman un millón 354 mil pesos, sin contar su sueldo mensual.
Además de las prestaciones, en los organismos autónomos es donde se dan los sueldos más altos de la Administración Pública Federal. En la SCJN y en el Consejo de la Judicatura Federal hay sueldos superiores a lo que percibe el Presidente de la República, pues fueron asignados antes de la reforma que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente.
 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario