Alista INE “lluvia” de 304 mil spots al día
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Durante los próximos seis meses y medio, los mexicanos van a ser testigos de 59.7 millones de spots protagonizados por partidos, precandidatos, candidatos y autoridades electorales que invadirán pantallas de televisión y ondas radiales. Ese alud de promocionales representan 304 mil al día, a difundirse desde las seis de la mañana a la medianoche en 3 mil 111 concesionarias de radio y televisión.
Cada emisora va a transmitir los mensajes diarios relativos tanto a la elección federal como a los 30 comicios locales.
El bombardeo de mensajes, pero sobre todo su contenido, en su mayoría superficial o de “campañas negras”, hace a los expertos considerar que a 10 años de vigencia del modelo de comunicación política, es tiempo de revisarlo, lo que va a ser deseable luego del proceso electoral de 2018.
Ese modelo, resultado de la reforma electoral de 2007, consiste en la prohibición para que terceros compren promos políticos de radio y televisión. Los mensajes de este tipo —48 minutos diarios en proceso electoral— son con cargo a los tiempos del Estado y su distribución es facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque la gratuidad debe mantenerse para no encarecer más las campañas, los expertos e incluso los partidos que impulsaron ese esquema reconocen que debe perfeccionarse.
No sólo por el volumen y dudosa eficacia de esos promocionales para un debate informado, sino incluso por la caída de las audiencias de radio y televisión. Además, existen otros fenómenos paralelos: mercado negro de propaganda política en medios electrónicos e incremento de la litigiosidad, pues han dado pie a la proliferación de quejas y denuncias.
Todos los partidos —salvo PRI y PVEM— promovieron ante el INE dar reversa a la spotización con medidas posibles sin cambiar la ley, pero autoridad y concesionarios argumentaron su imposibilidad por dificultades técnicas y falta de tiempo.
La propuesta era compactar los spots de 30 segundos para difundir menos mensajes, pero más largos. Además, dar más velocidad para subirlos o bajarlos del aire —como ocurre con promos comerciales, según la coyuntura—, lo que permitiría una especie de “debate” vía promocionales. Ninguna prosperó.
El bombardeo de mensajes, pero sobre todo su contenido, en su mayoría superficial o de “campañas negras”, hace a los expertos considerar que a 10 años de vigencia del modelo de comunicación política, es tiempo de revisarlo, lo que va a ser deseable luego del proceso electoral de 2018.
Ese modelo, resultado de la reforma electoral de 2007, consiste en la prohibición para que terceros compren promos políticos de radio y televisión. Los mensajes de este tipo —48 minutos diarios en proceso electoral— son con cargo a los tiempos del Estado y su distribución es facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque la gratuidad debe mantenerse para no encarecer más las campañas, los expertos e incluso los partidos que impulsaron ese esquema reconocen que debe perfeccionarse.
No sólo por el volumen y dudosa eficacia de esos promocionales para un debate informado, sino incluso por la caída de las audiencias de radio y televisión. Además, existen otros fenómenos paralelos: mercado negro de propaganda política en medios electrónicos e incremento de la litigiosidad, pues han dado pie a la proliferación de quejas y denuncias.
Todos los partidos —salvo PRI y PVEM— promovieron ante el INE dar reversa a la spotización con medidas posibles sin cambiar la ley, pero autoridad y concesionarios argumentaron su imposibilidad por dificultades técnicas y falta de tiempo.
La propuesta era compactar los spots de 30 segundos para difundir menos mensajes, pero más largos. Además, dar más velocidad para subirlos o bajarlos del aire —como ocurre con promos comerciales, según la coyuntura—, lo que permitiría una especie de “debate” vía promocionales. Ninguna prosperó.
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Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), sostiene que aunque los promos no sean pagados por los partidos, sí son un costo económico para el Estado, además de un desperdicio de tiempo-aire.
“Los votantes jóvenes no ven televisión tradicional y ese volumen de spots no llega a un segmento cada vez más grande del electorado. Es decir, este modelo de comunicación es cada vez menos relevante”, expone.
Aun así se pronuncia porque sigan siendo gratuitos, “pero el volumen y el mecanismo de asignación debe modificarse”.
El también director de la consultora Integralia propone un mecanismo de subasta, en el que mediante un paquete de vouchers (de tiempo-aire) asignados a los partidos, éstos los pueden usar en los segmentos que quieran. “También debería haber franjas informativas en lugar de tantos spots”, plantea.
El politólogo y especialista en materia electoral de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Pablo Javier Becerra Acosta, admite el agotamiento del modelo y la necesidad de reformarlo, pero sin olvidar su origen, para no cometer errores.
“Fue consecuencia de lo que pasó en las elecciones de 2006, en las que hubo una verdadera guerra de spots, pero pagados, y los partidos contrataban cada uno por su lado y los concesionarios de radio y televisión eran los beneficiarios. Incluso se vendían más caros a unos o se les vendían más caros a los opositores. Por eso se estableció, por las quejas del candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador”, recuerda Becerra Acosta.
El financiamiento de los partidos se iba en compra de spots, así que al sacarlos del mercado hubo una reacción fuerte de las empresas. “Hoy vemos que sí fue necesario, pero que no tanto”.
El error fue establecer que debían ser 48 minutos diarios, distribuidos entre autoridades electorales y partidos, según la etapa del proceso electoral, y en spots de 30 segundos, “por eso son millones y llegan a hartar”.
Becerra propone compactación de tiempos o sustituirlos por debates cuya transmisión sea obligatoria, “para que el ciudadano se informe y no esté atosigado por la lluvia de spots”.
El pasado 14 de diciembre arrancaron los actos de precampaña rumbo a la Presidencia de la República a elegirse en 2018, con ausencia de lineamientos de “cancha pareja”, reglas sobre propaganda gubernamental y difusión de programas sociales, ambos revocados por decisión jurisdiccional.
En realidad inició la contienda adelantada, pues tres aspirantes que buscarán posicionarse entre sus militantes en procesos internos de selección ya están perfilados para la candidatura a la Presidencia.
Andrés Manuel López Obrador, por la coalición Morena-Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES); José Antonio Meade, por PRI-PVEM, y Ricardo Anaya Cortés por la coalición Por México al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Además, los candidatos independientes continúan reuniendo las firmas para cumplir con ese requisito que establece el órgano electoral.
En los próximos 60 días de precampaña presidencial, hasta el 11 de febrero, los aspirantes a la candidatura podrán erogar máximo 67 millones 222 mil pesos.
A los precandidatos les está permitido realizar recorridos, participar en eventos públicos o con sus militantes o simpatizantes, erogar en propaganda impresa, fija o en internet.
Solamente tienen expresamente prohibida la compra de tiempos en radio y televisión, recibir recursos de origen no permitido (personas morales o de origen ilícito) o hacer llamados para pedir el voto.
Hasta antes de este año los precandidatos únicos también tenían prohibida la aparición en spots, pues al no haber contrincante no había razón para promoverse.
Sin embargo, en abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó el criterio para permitir esa aparición “siempre y cuando no se dirijan al electorado llamando por el voto”. Ante ello en sus spots han colocado la leyenda precandidato o dirigido a militantes.
Si Peña no corrige, acción legal contra ley de seguridad: CNDH
La norma avalada en el Congreso vulnera derechos y libertades básicas, advierte; se desaprovechó la oportunidad de incluir a expertos y a organismos en el debate, lamenta.
MÓNICA GARCÍA E IGNACIO ALZAGA
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| El ombudsman llama a combatir la violencia “partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva”. (Jorge Carballo) |
MÓNICA GARCÍA E IGNACIO ALZAGA
México
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpondrá una acción de inconstitucionalidad si el presidente Enrique Peña Nieto no veta la ley de seguridad interior, porque abre la puerta a la violación de libertades básicas.
En su cuenta de Twitter, el ombudsman Luis Raúl González Pérez explicó que, de publicarse la norma en el Diario Oficial de la Federación, cuentan con 30 días para analizar y ejercer la acción legal.
“Una vez agotado el proceso legislativo de aprobarse la ley de seguridad interior, tenemos 30 días a partir de su publicación; desde luego haremos el análisis constitucional respectivo y ejerceríamos, en su caso, la facultad que nos da la Constitución”, tuiteó el comisionado nacional.
En un comunicado, la CNDH exhortó al Presidente a formular observaciones al proyecto de ley de seguridad, argumentando que es facultad del Ejecutivo —de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución— desechar la norma aprobada por el Congreso o regresarla con señalamientos a la cámara de origen para ser nuevamente discutida.
Advirtió que la aprobación de esta ley, en los términos en que fue formulada, va contra el sentido y contenido de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, pues genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas.
El organismo autónomo aclaró que respeta la determinación del Poder Legislativo, pero reiteró que “la preocupación es que el contenido de la ley en cuestión contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos”.
Por ello, la CNDH atiende el llamado de organizaciones civiles que revisan la constitucionalidad y convencionalidad de la ley de seguridad y, en concordancia con sus posicionamientos críticos sobre esta, presentará la medida.
También hizo hincapié sobre la oportunidad que se desaprovechó para lograr que el proceso de la discusión legislativa se llevara a cabo en un espacio de reflexión y construcción, “donde no solo se escucharan planteamientos, sino que también se permitiera el debate libre plural e informado de posturas y conocimientos sobre el tema, tal y como lo solicitaron expertos, académicos, organizaciones civiles y organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”.
Insistió en que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país debe emprenderse bajo un enfoque integral, “partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva, y se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas.
“Además del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles”, criticó.
CON LAS ATRIBUCIONES
La CNDH tiene legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, con base en el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Carta Magna.
Expresamente dispone que cuenta con atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad de normas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los siguientes términos:
Artículo 105. La Suprema Corte conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
g) La CNDH contra leyes de carácter federal o de las entidades, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
PIDEN A MANCERA GARANTIZAR EL PASO DE LOS MIGRANTES
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México exhortó al Gobierno capitalino a garantizar la protección integral de los migrantes que viven y transitan por la capital.
Tras el paso de la Caravana de Madres Centroamericanas por la ciudad, la comisión se solidarizó con quienes llevan a cabo este movimiento para exigir justicia a los gobiernos mexicano y estadunidense para encontrar a sus familiares desaparecidos, y refrendó su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos de este sector.
Este grupo, integrado en su mayoría por madres de migrantes desaparecidos, exigió la protección de sus derechos y de garantizar la seguridad e integridad física en su paso por México.
La caravana destacó que desde la implementación del Plan Frontera Sur se han recrudecido las acciones de criminalización, abuso y desaparición de personas migrantes en su paso por México.
Pero también denunciaron que los controles militares y migratorios han hecho que los migrantes tengan que atravesar por rutas más peligrosas, enfrentando abusos que van desde robos y extorsiones hasta violaciones sexuales.
Jueces rechazan 56% de casos; delitos federales
De enero a julio, sólo 30% de las indagatorias del Ministerio Público derivó en auto de formal prisión o vinculación a proceso
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| Falla. Según el Poder Judicial, 99% de las causas penales iniciadas son en flagrancia, lo que significa que la PGR no está siendo capaz de llevar ante los tribunales aquellos casos en los que no hay detenidos. Foto: Ana Reyes/Archivo |
JUAN PABLO REYES
CIUDAD DE MÉXICO.
En seis meses, poco más de la mitad de los casos que autoridades ministeriales presentaron ante un juez por delitos como trata de personas, crimen organizado, robo de hidrocarburos o contra la salud fue desechada.
De acuerdo con datos del Poder Judicial y del gobierno federal, los jueces de todo el país devolvieron o desecharon 56.1 por ciento de las consignaciones que los agentes del Ministerio Público de la Federación les remitieron por diversos ilícitos.
Las estadísticas indican que 30.2 por ciento de los ejercicios de acción penal derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso dictado por algún juzgador.
La Procuraduría General de la República explicó que estos indicadores se deben, particularmente, a que la transición al Sistema Penal Acusatorio ha reducido significativamente el número de asuntos penales llevados a proceso mediante averiguaciones previas.
Indicadores del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 exponen que de enero a julio de este 2017 el tiempo promedio para la integración de una indagatoria fue de 811.5 días.
JUECES DESECHAN 56.1% DE LOS CASOS
En seis meses, poco más de la mitad de los casos que se presentaron ante un juez por delitos como el de trata de personas, crimen organizado, contra la salud o robo de hidrocarburos fueron desechados.
Jueces federales de todo el país devolvieron o desecharon 56.1% de los casos sobre las consignaciones que los agentes del Ministerio Público de la Federación les remitieron por diversos ilícitos.
De acuerdo con información estadística del Poder Judicial y del gobierno federal, 30.2% de ejercicios de la acción penal derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso dictado por algún juzgador.
Según la PGR, el comportamiento atípico del indicador se debe, particularmente, a que la transición al sistema penal acusatorio ha provocado una significativa disminución de los asuntos llevados a proceso mediante averiguaciones previas, lo que supone un cambio sustancial en los presupuestos que le dieron origen.
Los Indicadores del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 y su vinculación con la planeación nacional exponen que en los primeros meses de 2017 el tiempo promedio para la integración de una indagatoria fue de 811.5 días.
Se explicó que esta cifra corresponde a las averiguaciones previas iniciadas y determinadas en el periodo de vigencia del PNPJ 2013-2018; lo anterior, debido a que de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el país, la PGR reorganizó internamente a su personal para atender simultáneamente este sistema y los procedimientos penales del sistema anterior, que se encontraban en trámite.
FLAGRANCIA AL ALZA
Organizaciones como CIDAC y México Evalúa indican que 81% de los casos que se iniciaron en 2016 en la PGR fueron sin detenidos, el resto fue en flagrancia; sin embargo, la mayoría de los casos judicializados son con detenidos.
Esto coincide con datos del Poder Judicial, los cuales indican que 99% de las causas penales iniciadas son en flagrancia, lo que significa que la PGR no está siendo capaz de llevar ante los tribunales aquellos casos en los que no hay detenidos.
Excélsior informó que, desde la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal, hay 22 mil 888 imputados en todo el territorio nacional, pero apenas 303 personas han sido sentenciadas por algún tipo de delito federal.
Sin embargo, cuatro mil 816 imputados disfrutan de alguna medida cautelar fuera de prisión. De las sentencias emitidas, 225 fueron condenatorias mientras que 78 fueron absolutorias al no poder comprobar la PGR los delitos que se imputaban.
Las medidas cautelares impuestas con mayor frecuencia son la presentación periódica ante un juez federal, el pago de una garantía económica, la prohibición de salir del país, el sometimiento al cuidado de alguna autoridad, así como la prohibición de convivir con determinadas personas. También la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga.
CASOS
Un caso emblemático y el más reciente en el que la PGR no pudo sostener ante la justicia sus acusaciones fue el de Guillermo Padrés Dagnino, exgobernador de Sonora,
Fue apenas el 8 de agosto cuando una jueza federal de Toluca, Estado de México, ordenó la absoluta e inmediata libertad de Padrés Dagnino, quien se encontraba recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Cuautla, Morelos.
La resolución de la juzgadora Guillermina Matías Garduño se dio luego de que la PGR concluyera que no existían elementos para seguir el caso en contra de Padrés por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y, por tanto, se desistiera de la acusación formulada meses atrás.
Sobre su papá, el pasado 1 de noviembre un juez federal del Estado de México concluyó que no se aportaron las pruebas suficientes para sostener la acusación por delincuencia organizada, que hizo la PGR contra Padrés.
De acuerdo con documentos judiciales, el juez Alberto Roldán, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ordenó al juez de la causa determinar que, dada la insuficiencia probatoria no encuentre como acreditados los elementos del delito de delincuencia organizada.
CIUDAD DE MÉXICO.
En seis meses, poco más de la mitad de los casos que autoridades ministeriales presentaron ante un juez por delitos como trata de personas, crimen organizado, robo de hidrocarburos o contra la salud fue desechada.
De acuerdo con datos del Poder Judicial y del gobierno federal, los jueces de todo el país devolvieron o desecharon 56.1 por ciento de las consignaciones que los agentes del Ministerio Público de la Federación les remitieron por diversos ilícitos.
Las estadísticas indican que 30.2 por ciento de los ejercicios de acción penal derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso dictado por algún juzgador.
La Procuraduría General de la República explicó que estos indicadores se deben, particularmente, a que la transición al Sistema Penal Acusatorio ha reducido significativamente el número de asuntos penales llevados a proceso mediante averiguaciones previas.
Indicadores del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 exponen que de enero a julio de este 2017 el tiempo promedio para la integración de una indagatoria fue de 811.5 días.
JUECES DESECHAN 56.1% DE LOS CASOS
En seis meses, poco más de la mitad de los casos que se presentaron ante un juez por delitos como el de trata de personas, crimen organizado, contra la salud o robo de hidrocarburos fueron desechados.
Jueces federales de todo el país devolvieron o desecharon 56.1% de los casos sobre las consignaciones que los agentes del Ministerio Público de la Federación les remitieron por diversos ilícitos.
De acuerdo con información estadística del Poder Judicial y del gobierno federal, 30.2% de ejercicios de la acción penal derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso dictado por algún juzgador.
Según la PGR, el comportamiento atípico del indicador se debe, particularmente, a que la transición al sistema penal acusatorio ha provocado una significativa disminución de los asuntos llevados a proceso mediante averiguaciones previas, lo que supone un cambio sustancial en los presupuestos que le dieron origen.
Los Indicadores del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 y su vinculación con la planeación nacional exponen que en los primeros meses de 2017 el tiempo promedio para la integración de una indagatoria fue de 811.5 días.
Se explicó que esta cifra corresponde a las averiguaciones previas iniciadas y determinadas en el periodo de vigencia del PNPJ 2013-2018; lo anterior, debido a que de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el país, la PGR reorganizó internamente a su personal para atender simultáneamente este sistema y los procedimientos penales del sistema anterior, que se encontraban en trámite.
FLAGRANCIA AL ALZA
Organizaciones como CIDAC y México Evalúa indican que 81% de los casos que se iniciaron en 2016 en la PGR fueron sin detenidos, el resto fue en flagrancia; sin embargo, la mayoría de los casos judicializados son con detenidos.
Esto coincide con datos del Poder Judicial, los cuales indican que 99% de las causas penales iniciadas son en flagrancia, lo que significa que la PGR no está siendo capaz de llevar ante los tribunales aquellos casos en los que no hay detenidos.
Excélsior informó que, desde la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal, hay 22 mil 888 imputados en todo el territorio nacional, pero apenas 303 personas han sido sentenciadas por algún tipo de delito federal.
Sin embargo, cuatro mil 816 imputados disfrutan de alguna medida cautelar fuera de prisión. De las sentencias emitidas, 225 fueron condenatorias mientras que 78 fueron absolutorias al no poder comprobar la PGR los delitos que se imputaban.
Las medidas cautelares impuestas con mayor frecuencia son la presentación periódica ante un juez federal, el pago de una garantía económica, la prohibición de salir del país, el sometimiento al cuidado de alguna autoridad, así como la prohibición de convivir con determinadas personas. También la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga.
CASOS
Un caso emblemático y el más reciente en el que la PGR no pudo sostener ante la justicia sus acusaciones fue el de Guillermo Padrés Dagnino, exgobernador de Sonora,
Fue apenas el 8 de agosto cuando una jueza federal de Toluca, Estado de México, ordenó la absoluta e inmediata libertad de Padrés Dagnino, quien se encontraba recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Cuautla, Morelos.
La resolución de la juzgadora Guillermina Matías Garduño se dio luego de que la PGR concluyera que no existían elementos para seguir el caso en contra de Padrés por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y, por tanto, se desistiera de la acusación formulada meses atrás.
Sobre su papá, el pasado 1 de noviembre un juez federal del Estado de México concluyó que no se aportaron las pruebas suficientes para sostener la acusación por delincuencia organizada, que hizo la PGR contra Padrés.
De acuerdo con documentos judiciales, el juez Alberto Roldán, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ordenó al juez de la causa determinar que, dada la insuficiencia probatoria no encuentre como acreditados los elementos del delito de delincuencia organizada.
Riesgo de quiebre financiero por campañas políticas y reconstrucción
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| El secretario de Obras y Servicios, Édgar Tungüí Rodríguez, indicó que en los trabajos de demolición y restauración no ha habido ningún incidente con los trabajadores, lo cual quiere decir que los protocolos de seguridad que seguimos son los adecuados Foto Carlos Ramos Mamahua |
Gabriela Romero Sánchez
El secretario de Finanzas capitalino, Édgar Amador Zamora, advirtió del riesgo de que la Ciudad de México caiga en un quiebre financiero el próximo año ante las presiones que generan la reconstrucción y el calendario político electoral, por lo que es importante que los diputados tomen en cuenta el tema fiscal y no opten por adquirir deuda o crear pasivos; si ponemos déficit tarde que temprano la capital del país tendría que recortar plazas o subir los impuestos, resaltó.
En entrevista recordó que la discusión y aprobación del presupuesto se encuentra ahora en el terreno de la Asamblea Legislativa. Dado que los diputados ponen las reglas y definen las prioridades, desearía que éstas sean acordes con lo que la ciudadanía necesita en este momento, externó.
Enfatizó que no se puede entregar una administración en rojo, cuando ahora sus finanzas se encuentran en verde y la Ciudad de México ha sido un ejemplo de disciplina y fortaleza fiscal en los pasados cinco años frente al resto de entidades de la República.
La fortaleza de la ciudad es tan importante que podemos atender tanto el tema de la reconstrucción como la política electoral sin descuidar la parte fiscal, aseguró.
Amador Zamora agregó que tienen que escoger, por ejemplo, entre darle más dinero al sistema anticorrupción o priorizar las políticas de vivienda y atención al agua. ¿Qué queremos, gente que aplique el gasto o que lo vigile?, preguntó.
En su opinión, la ciudadanía apreciaría más que se destinen recursos a áreas sustanciales, como la reconstrucción, en lugar de crear burocracia que va a vigilar la aplicación del gasto.
El secretario admitió que en ningún año la negociación sobre materia presupuestal entre gobierno y asamblea es fácil; sin embargo, ahora se sumó lo electoral, la presión de la ciudadanía para atender los temas de reconstrucción que está muy viva y se siente en todos los ámbitos de la vida política, por lo que, recomendó, se requiere ir más allá del interés personal de cada actor y atender la demanda de la población.
Tras aclarar que en este momento se puede dar un porcentaje preciso de cuánto se destinará a la reconstrucción, Amador Zamora indica que cuando menos hay 2 mil 100 millones etiquetados expresamente a esto, que tienen que ser distribuidos por los diputados entre el Instituto de Vivienda, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras, la Agencia de Gestión Urbana y delegaciones. Pero también en los presupuestos de desarrollo social y protección civil se considera esto.
En suma, el presupuesto que entregó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, está enfocado a la reconstrucción.
–¿Hay presiones para destinar más dinero a algunas áreas?
–Es el preámbulo de un año político electoral, entendemos las presiones, cada quien juega sus cartas como lo considera necesario. Nuestra obligación es mantener la calma, la serenidad y vigilar que el presupuesto de los ciudadanos salga lo más estable posible; seguramente vendrán más, no serán ni las primeras ni las últimas presiones. Nuestro trabajo es tratar de ver más allá del corto plazo de las pasiones políticas y construir unas finanzas públicas que atiendan tanto las necesidades de la reconstrucción como las de la ciudad.
Comentó que aquí, a diferencia de otras partes, los partidos no han dicho que aportan algo de sus prerrogativas para la reconstrucción. Me gustaría que las presiones vinieran en ese sentido y no en otro, reviró.
–¿Presiones de quién, algún nombre?
–Lo que se ve no se pregunta. En nuestro caso no ponemos atención en alguna persona en particular, tratamos de tener una visión de conjunto, las negociaciones y su intensidad son típicas de este momento. Este año en particular podrán haber sido intensas, pero a lo largo de los seis años hemos tenido capítulos similares”, argumentó.
Pese a todo, Amador Zamora confía en que el 20 de diciembre la Ciudad de México tendrá un presupuesto aceptable que sirva en un año tan complicado como el próximo.
El secretario de Finanzas capitalino, Édgar Amador Zamora, advirtió del riesgo de que la Ciudad de México caiga en un quiebre financiero el próximo año ante las presiones que generan la reconstrucción y el calendario político electoral, por lo que es importante que los diputados tomen en cuenta el tema fiscal y no opten por adquirir deuda o crear pasivos; si ponemos déficit tarde que temprano la capital del país tendría que recortar plazas o subir los impuestos, resaltó.
En entrevista recordó que la discusión y aprobación del presupuesto se encuentra ahora en el terreno de la Asamblea Legislativa. Dado que los diputados ponen las reglas y definen las prioridades, desearía que éstas sean acordes con lo que la ciudadanía necesita en este momento, externó.
Enfatizó que no se puede entregar una administración en rojo, cuando ahora sus finanzas se encuentran en verde y la Ciudad de México ha sido un ejemplo de disciplina y fortaleza fiscal en los pasados cinco años frente al resto de entidades de la República.
La fortaleza de la ciudad es tan importante que podemos atender tanto el tema de la reconstrucción como la política electoral sin descuidar la parte fiscal, aseguró.
Amador Zamora agregó que tienen que escoger, por ejemplo, entre darle más dinero al sistema anticorrupción o priorizar las políticas de vivienda y atención al agua. ¿Qué queremos, gente que aplique el gasto o que lo vigile?, preguntó.
En su opinión, la ciudadanía apreciaría más que se destinen recursos a áreas sustanciales, como la reconstrucción, en lugar de crear burocracia que va a vigilar la aplicación del gasto.
El secretario admitió que en ningún año la negociación sobre materia presupuestal entre gobierno y asamblea es fácil; sin embargo, ahora se sumó lo electoral, la presión de la ciudadanía para atender los temas de reconstrucción que está muy viva y se siente en todos los ámbitos de la vida política, por lo que, recomendó, se requiere ir más allá del interés personal de cada actor y atender la demanda de la población.
Tras aclarar que en este momento se puede dar un porcentaje preciso de cuánto se destinará a la reconstrucción, Amador Zamora indica que cuando menos hay 2 mil 100 millones etiquetados expresamente a esto, que tienen que ser distribuidos por los diputados entre el Instituto de Vivienda, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras, la Agencia de Gestión Urbana y delegaciones. Pero también en los presupuestos de desarrollo social y protección civil se considera esto.
En suma, el presupuesto que entregó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, está enfocado a la reconstrucción.
–¿Hay presiones para destinar más dinero a algunas áreas?
–Es el preámbulo de un año político electoral, entendemos las presiones, cada quien juega sus cartas como lo considera necesario. Nuestra obligación es mantener la calma, la serenidad y vigilar que el presupuesto de los ciudadanos salga lo más estable posible; seguramente vendrán más, no serán ni las primeras ni las últimas presiones. Nuestro trabajo es tratar de ver más allá del corto plazo de las pasiones políticas y construir unas finanzas públicas que atiendan tanto las necesidades de la reconstrucción como las de la ciudad.
Comentó que aquí, a diferencia de otras partes, los partidos no han dicho que aportan algo de sus prerrogativas para la reconstrucción. Me gustaría que las presiones vinieran en ese sentido y no en otro, reviró.
–¿Presiones de quién, algún nombre?
–Lo que se ve no se pregunta. En nuestro caso no ponemos atención en alguna persona en particular, tratamos de tener una visión de conjunto, las negociaciones y su intensidad son típicas de este momento. Este año en particular podrán haber sido intensas, pero a lo largo de los seis años hemos tenido capítulos similares”, argumentó.
Pese a todo, Amador Zamora confía en que el 20 de diciembre la Ciudad de México tendrá un presupuesto aceptable que sirva en un año tan complicado como el próximo.
Polémica electoral en CDMX por uso de las fotomultas
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ANA ESPINOSA ROSETE
Las fotomultas se convirtieron en el primer tema de debate de las precampañas con miras hacia el 2018. La razón: Morena quiere eliminar el método de sanción, ya que asegura que es un negocio privado del Gobierno de la Ciudad de México.
El viernes, durante el comienzo de sus actos proselitistas, Claudia Sheinbaum prometió a la ciudadanía terminar con los dispositivos que fueron colocados en 2005 por su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador.
“Vamos a acabar con la concesión de las fotomultas que solamente es un negocio privado que no ayuda en ningún momento a la mejora de la movilidad de la ciudad”, aseguró la exsecretaria de Medio Ambiente.
Sin embargo, cuando el tabasqueño fue titular del ejecutivo local —del 2000 al 2005— compró a la empresa Autotraffic los primeros 12 radares de velocidad para infraccionar en la capital.
Lo anterior sin lanzar una licitación ni permitir a otras empresas concursar para ver cuál se quedaba con el contrato millonario.
Tras las declaraciones de Sheinbaum, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Macera, le recordó a la precandidata de Morena que fue AMLO quien inició con este esquema de sanciones hace 12 años.
“Los radares y las fotomultas yo no las inicie, ya saben quien las inició. A la candidata que lo planteó ayer (Claudia Sheinbaum), necesitan explicarle que quien inició las fotomultas fue precisamente quien la acompañó en su arranque de campaña (Andrés Manuel López Obrador)”, aclaró el mandatario capitalino.
En enero del año pasado, el tabasqueño criticó el hecho de que Mancera otorgó un contrató a Autotraffic (empresa con la cual había trabajado 11 años atrás), para aplicar las fotomultas en el nuevo Reglamento de Tránsito, el cual entro en vigor en diciembre del 2015.
La compañía fue contratada en el 2005 por el entonces mandatario capitalino por ser una empresa mexicana especializada en cinemómetros, (aparatos que miden la velocidad de los vehículos y los fotografían). Posteriormente la empresa fue contratada por los gobiernos de Hidalgo y Jalisco.
DECISIÓN. Autraffic regresó a trabajar con el gobierno capitalino en 2015, con un contrato de dos años, en el cual se establecía una cuota mensual de 150 mil fotomultas registradas; esto quiere decir que al día la empresa debería aplicar cinco mil.
En este año se implementó en nuevo Reglamento de Tránsito. En el documento de prestación de servicios se estipuló, además, que la Secretaría de Seguridad Pública capitalina de la Ciudad de México debía pagar a la empresa más de 149 millones de pesos, así como el 16 por ciento de IVA.
“La Secretaría (de Seguridad Pública del DF) pagará a ‘El prestador del Servicio’ (Autotraffic Sa de CV) por concepto del servicio de ‘subrogación de servicios para imponer multas a través del sistema integral de fotomultas’, objeto del presente contrato la cantidad máxima a ejercer de $149’876129.92 (ciento cuarenta y nueve millones ochocientos setenta y seis mil veintinueve pesos92/100 M.N.), más el 16% de IVA $23’980,180.79 (veintitrés millones novecientos ochenta mil ciento ochenta pesos 79/100 M.N.)…”.
El total que la administración capitalina debe pagar por sus servicios a Autotraffic es de 173 millones 856 mil 310 pesos con 71 centavos; no obstante, la empresa también recibe el 46 por ciento de cada multa pagada por los automovilistas.
JUSTIFICACIÓN. El mandatario capitalino refirió que las fotomultas han reducido la mortalidad por accidentes viales.
“Hay que ir con cuidado, porque hoy tenemos las cifras que hablan de 20 por ciento de reducción en muertes, tenemos el reconocimiento de Naciones Unidas por el programa de Visión Cero. ¿Quieren romper todo esto? Que lo rompan. Yo no voy a cargar con eso”, comentó.
PROBLEMA. Crónica evidenció los problemas en torno a la aplicación de fotomultas; primero se evidenció que autos foráneos estaban exentos de este tipo de sanciones, en virtud de que autoridades capitalinas carecen de una base de datos para enviar la papeleta.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que habría un acuerdo con autoridades mexiquenses para el intercambio de datos, pacto que no se ha concretado.
En julio de este año esta casa editorial publicó que las multas sí se aplicaron a automóviles registrados en otros estados y la información fue integrada a la base de datos de la Secretaría de Finanzas, para que, en caso de ser llevados a uno de los corralones de la CDMX, estuvieran obligados a pagarla para poder liberar su auto.
En los últimos meses los folios de las infracciones por no respetar los límites de velocidad, dar vueltas prohibidas y pasarse altos— faltas que son detectadas por las cámaras de las empresas Autotraffic e Infotraffic— son “subidos” a la página web de la Secretaría de Finanzas, en la que todo ciudadano puede consultar las infracciones cometidas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.
El viernes, durante el comienzo de sus actos proselitistas, Claudia Sheinbaum prometió a la ciudadanía terminar con los dispositivos que fueron colocados en 2005 por su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador.
“Vamos a acabar con la concesión de las fotomultas que solamente es un negocio privado que no ayuda en ningún momento a la mejora de la movilidad de la ciudad”, aseguró la exsecretaria de Medio Ambiente.
Sin embargo, cuando el tabasqueño fue titular del ejecutivo local —del 2000 al 2005— compró a la empresa Autotraffic los primeros 12 radares de velocidad para infraccionar en la capital.
Lo anterior sin lanzar una licitación ni permitir a otras empresas concursar para ver cuál se quedaba con el contrato millonario.
Tras las declaraciones de Sheinbaum, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Macera, le recordó a la precandidata de Morena que fue AMLO quien inició con este esquema de sanciones hace 12 años.
“Los radares y las fotomultas yo no las inicie, ya saben quien las inició. A la candidata que lo planteó ayer (Claudia Sheinbaum), necesitan explicarle que quien inició las fotomultas fue precisamente quien la acompañó en su arranque de campaña (Andrés Manuel López Obrador)”, aclaró el mandatario capitalino.
En enero del año pasado, el tabasqueño criticó el hecho de que Mancera otorgó un contrató a Autotraffic (empresa con la cual había trabajado 11 años atrás), para aplicar las fotomultas en el nuevo Reglamento de Tránsito, el cual entro en vigor en diciembre del 2015.
La compañía fue contratada en el 2005 por el entonces mandatario capitalino por ser una empresa mexicana especializada en cinemómetros, (aparatos que miden la velocidad de los vehículos y los fotografían). Posteriormente la empresa fue contratada por los gobiernos de Hidalgo y Jalisco.
DECISIÓN. Autraffic regresó a trabajar con el gobierno capitalino en 2015, con un contrato de dos años, en el cual se establecía una cuota mensual de 150 mil fotomultas registradas; esto quiere decir que al día la empresa debería aplicar cinco mil.
En este año se implementó en nuevo Reglamento de Tránsito. En el documento de prestación de servicios se estipuló, además, que la Secretaría de Seguridad Pública capitalina de la Ciudad de México debía pagar a la empresa más de 149 millones de pesos, así como el 16 por ciento de IVA.
“La Secretaría (de Seguridad Pública del DF) pagará a ‘El prestador del Servicio’ (Autotraffic Sa de CV) por concepto del servicio de ‘subrogación de servicios para imponer multas a través del sistema integral de fotomultas’, objeto del presente contrato la cantidad máxima a ejercer de $149’876129.92 (ciento cuarenta y nueve millones ochocientos setenta y seis mil veintinueve pesos92/100 M.N.), más el 16% de IVA $23’980,180.79 (veintitrés millones novecientos ochenta mil ciento ochenta pesos 79/100 M.N.)…”.
El total que la administración capitalina debe pagar por sus servicios a Autotraffic es de 173 millones 856 mil 310 pesos con 71 centavos; no obstante, la empresa también recibe el 46 por ciento de cada multa pagada por los automovilistas.
JUSTIFICACIÓN. El mandatario capitalino refirió que las fotomultas han reducido la mortalidad por accidentes viales.
“Hay que ir con cuidado, porque hoy tenemos las cifras que hablan de 20 por ciento de reducción en muertes, tenemos el reconocimiento de Naciones Unidas por el programa de Visión Cero. ¿Quieren romper todo esto? Que lo rompan. Yo no voy a cargar con eso”, comentó.
PROBLEMA. Crónica evidenció los problemas en torno a la aplicación de fotomultas; primero se evidenció que autos foráneos estaban exentos de este tipo de sanciones, en virtud de que autoridades capitalinas carecen de una base de datos para enviar la papeleta.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que habría un acuerdo con autoridades mexiquenses para el intercambio de datos, pacto que no se ha concretado.
En julio de este año esta casa editorial publicó que las multas sí se aplicaron a automóviles registrados en otros estados y la información fue integrada a la base de datos de la Secretaría de Finanzas, para que, en caso de ser llevados a uno de los corralones de la CDMX, estuvieran obligados a pagarla para poder liberar su auto.
En los últimos meses los folios de las infracciones por no respetar los límites de velocidad, dar vueltas prohibidas y pasarse altos— faltas que son detectadas por las cámaras de las empresas Autotraffic e Infotraffic— son “subidos” a la página web de la Secretaría de Finanzas, en la que todo ciudadano puede consultar las infracciones cometidas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.
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