Pese a pronunciamientos inéditos de la ONU, el rechazo de académicos y la presión social de activistas en México, el Senado aprobó en lo general y en lo particular modificaciones a la Ley de Seguridad Interior, por lo que fue regresada a la Cámara de Diputados.
Tras una discusión maratónica de la ley, que inició hacia las 14:30 horas de ayer, las modificaciones fueron aprobadas cerca de las 6:00 horas de este viernes, ya en el último día del periodo ordinario de sesiones, con 71 votos a favor del PRI, del Partido Verde y del PAN.
La votación se llevó a cabo luego de desahogar las reservas que 23 legisladores presentaron a 34 artículos, así como a 5 transitorios y hasta su título.
Según lo trazado por el PRI, ahora los diputados buscarán aprobar el dictamen lo antes posible para mandarlo al Presidente Enrique Peña Nieto y que éste promulgue la ley.
En contra se registraron 34 votos del PRD y Morena, y también hubo tres abstenciones.
Las modificaciones que se le realizaron al proyecto, las cuales enviaron originalmente los diputados, fueron a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26, cambios que organizaciones sociales y especialistas tacharon de cosméticos.
En el artículo 7, por ejemplo, se agregó que los derechos humanos deberán ser respetados de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en tratados internacionales, y se eliminan las referencias a perturbaciones graves de la paz pública.
Con respecto a las protestas sociales, en el artículo 8 sólo se eliminó el señalamiento de que "deben ser pacíficas" para no ser consideradas amenazas a la seguridad interior, pero sigue abierta la posibilidad de ser señaladas como un riesgo.
También se agregó "de acuerdo a sus facultades", en el artículo 16, al referirse a la atribución del Presidente de ordenar operaciones inmediatas a las Fuerzas Armadas, cuando estén en grave peligro instituciones fundamentales del Gobierno.
Durante la discusión en lo particular de los artículos reservados, los legisladores de Oposición acusaron que la ley es inconstitucional, así como ambigua y contraria a los derechos humanos.
"Lo anterior refleja una gran premura por emitir una ley evidentemente inconstitucional", acusó el senador Rabindranath Salazar.
"El cuerpo normativo propuesto no es armónico en sus artículos 4 y 29 con otras disposiciones, tal como la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
En el debate en lo general, los discursos, tanto a favor como en contra de la ley, estuvieron marcados por el reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, los opositores advirtieron que mantener la participación de soldados en labores de seguridad pública generará más desgaste en su imagen, mientras que, quienes apoyaron la iniciativa observaron desinformación y mala fe en los primeros.
César Martínez/REFORMA
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