Liberan a 275 indígenas de prisión en Oaxaca

Jaqueline Robles

Revisan casos de recluidos en penales oaxaqueños

En los últimos 4 años la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha aplicado en Oaxaca, 7 millones 748 mil 887 pesos, para garantizar el pago de reparaciones del daño y libertades caucionales de 275 indígenas, según un informe de esa dependencia.

El documento, señala que, tan solo en el 2017, se gestionó la libertad de 7 indígenas -todos varones- de los cuales 2 son mixtecos, 2 zoques, 2 mazatecos y uno cuicateco, para quienes se invirtió 369 mil 949 pesos; mientras que de 2013 a 2016 fueron 268 las liberaciones a 14 mujeres y 254 varones.

No importando que éstos hayan cometido incluso homicidios calificados con dolo, alevosía y ventaja, la CDI brinda, de acuerdo a algunas condicionantes, una nueva oportunidad para los inculpados, siempre y cuando sean de origen indígena.

Según señala el informe, los apoyos que se otorgan a los beneficiados, no sirven únicamente para darles una segunda oportunidad en libertad, sino fundamentalmente, para servir y cuidar las garantías individuales de las personas de escasos recursos en situación de cárcel.

En ese sentido, la CDI indica que la estrategia busca fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, por eso en el marco del “Programa de Derechos Indígenas 2017”, en su componente “Excarcelación de Indígenas”, se otorgan ayudas económicas a través de la aplicación de medidas cautelares.

Tales medidas son: garantía económica, reparación del daño, sanción pecuniaria, o salidas alternas como los mecanismos alternativos de solución de controversias, estos apoyos son de hasta 90 mil pesos, mismos que dependiendo del caso pueden incrementarse hasta en un 30 por ciento.

Sin embargo, los beneficiarios deben cumplir con ciertas características para garantizar la no reincidencia y entre ellas se encuentra ser oriundo de una comunidad indígena, de escasos recursos, que san primodelincuentes y exista una opinión favorable de la autoridad de la comunidad en la que resida el posible beneficiario, cuando resulte necesario.