Carlos Alberto Hernández
 |
Integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas (API) bloquearon ayer calles del centro de la ciudad para exigir solución a sus demandas sociales y proyectos productivos en beneficio de comunidades indígenas.
Hugo García Osorio, integrante de la comisión política, indicó que tanto el secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas, como el coordinador del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (Coplade), Ángel Meixueiro González, incumplen con la gente.
Acusó a ambos funcionarios de no cumplir con la entrega de recursos para la construcción de más de 4 mil estufas.
Dijo que desde abril la API firmó un acuerdo con los dos funcionarios estatales para el pago de las obras inexistentes en Oaxaca.
Lamentó que el secretario de Finanzas les haya informado que ya no tienen dinero porque es el cierre de año; “nos están negando el apoyo, nosotros no exigimos el dinero, lo que exigimos es que cumplan”.
Añadió que los proyectos ya están validados y tienen folio de la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi)).
García Osorio externó que también piden el pago de la infraestructura de energía eléctrica, agua potable y de material industrial para más de mil comunidades en donde tiene presencia la API, en 325 municipios.
Acusan a edil y diputado
Más tarde, autoridades auxiliares de las comunidades de Santa María Tejipana, La Ciénega, Río Candelaria y Miramar pertenecientes a Candelaria Loxicha, denunciaron la omisión de la Secretaría General de Gobierno para atender sus diversas problemáticas.
Entre ellas, destacaron la falta de recursos de los Ramos 28 Fondos 3 y 4, así como del Ramo 33 para obras de infraestructura social.
Rodolfo Pedro Valencia, agente de Santa María Tejipana, señaló que durante 2017 las autoridades no recibieron participaciones por parte del edil de Candelaria Loxicha, Fermín Ambrosio Pérez, quien se ha favorecido de las arcas municipales.
“Es increíble que un presidente municipal tenga seis guardaespaldas a su servicio y las comunidades se encuentren en total abandono, sin que la Secretaría General de Gobierno intervenga para solucionar la problemática”, enfatizó.
“Hay una evidente omisión y protección de las autoridades del Gobierno Estatal con el presidente municipal”, denunció.
Detalló que son alrededor de 37 millones de pesos los que no han sido entregados a las comunidades del Ramo 28 Fondos 3 y 4, por lo que están prestando un servicio comunitario sin percibir una dieta.
Asimismo Rodolfo Pedro Valencia, señaló que protegido por el diputado federal del PRI, Óscar Valencia, el munícipe ha abusado del cargo que ostenta para autorizar permisos a un nuevo sitio de taxis en la población.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario