Iván Alejandro Vergara Ayala, titular del área de Vinculación y Seguimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y su padre son socios de una gasolinera en la capital de Guanajuato que fue clausurada por Pemex y la PGR por venta ilegal de combustible.
Vergara es responsable de administrar los fondos federales destinados a reforzar a las Policías en los estados y municipios a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el Subsidio para la Policía Acreditable.
El funcionario posee 40 de las 200 acciones de la empresa Servicio Versantis, que opera la estación 9496, sobre la carretera libre Guanajuato-Silao, en Marfil, según el acta constitutiva 4697 del Registro Público de Guanajuato.
Está asociado con su padre, Marco Vergara Larios, integrante del fideicomiso que administra el Parque Guanajuato Bicentenario.
Vergara Larios fue Rector de la Universidad de Guanajuato en los 80, después fue Secretario de Finanzas del Estado. También fue administrador local de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y oficial mayor de la Policía Federal Preventiva en el sexenio de Fox.
Iván Alejandro Vergara es el secretario del consejo de administración de la empresa y su padre es el presidente, según establece el acta registrada el 11 de febrero de 2006.
El pasado 22 de noviembre, el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, se reunió con el entonces director de Pemex, José Antonio González, para definir una estrategia integral de combate al robo de gasolina.
Después del encuentro, 11 gasolineras fueron clausuradas "por comercializar ilegalmente hidrocarburo" y otras 21 están en revisión.
Desde hace una semana, se solicitó la opinión de Marco Vergara Larios, pero, hasta el cierre de esta edición, no había respondido.
¿Y dónde está Miranda?
El caso del cuñado huachicolero del Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, sigue en el aire.
El 11 de septiembre, Ricardo Víctor Mercado Galán y María del Carmen Miranda Nava, cuñado y hermana del funcionario, son dueños de una gasolinera en el Edomex que vendía combustible ordeñado.
Consultada ayer, la PGR dijo que el caso fue turnado por su delegación del Estado de México a la SEIDO para que continúe la indagatoria.
REFORMA
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