La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) arrancó la audiencia pública por el caso de 11 mujeres víctimas de violencia sexual en San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó por qué el organismo decidió llevar el caso ante la CoIDH.
El Estado mexicano, señaló, no cumplió debidamente con las recomendaciones planteadas en un informe de diciembre de 2015, específicamente porque ningún policía ha sido sentenciado por estos hechos.
"La impunidad es un factor esencial que perpetúa la violencia y la discriminación basada en género", subrayó.
La comisionada expuso que elementos de distintas corporaciones policiacas cometieron actos de tortura física, psicológica y sexual a estas mujeres, que incluyeron violación e introducción de dedos y otros objetos en ano y vagina de las víctimas.
"Estas acciones ejemplifican la crueldad con que los policías trataron a estas víctimas por el hecho de ser mujeres", expresó.
Dijo que la Comisión pudo acreditar que la participación de los agentes en estos actos fue directa y deliberada, con el propósito claro de degradar, humillar y castigar a las víctimas.
Tras la presentación de la CIDH, Norma Jiménez fue la primera declarante en pasar al estrado, donde luego de las preguntas de sus representantes, del Estado y de los jueces, relató los abusos de los que fue víctima el 4 de mayo en San Salvador Atenco y la falta de investigación de estos hechos.
Expuso que ella se encontraba en Atenco, porque fue a documentar lo ocurrido un día anterior, luego que fueron retirados los floricultores de Texcoco, cuando fue arbitrariamente detenida y fue víctima de abusos por varios uniformados.
"Me llevan al último asiento del autobús y varios policías, no sé cuántos, pero eran más de tres, me atacan todos al mismo tiempo. Me arrancan el pantalón, comienzan a tocarme, me muerden, me levantan el suéter para que sólo me cubra los ojos, me muerden los labios, me penetran con sus dedos en la vagina, tomaban turnos para hacerlo", relató.
Ante las preguntas del Estado, formuladas por el abogado Uriel Salas, el Presidente de la Corte Interamericana, Roberto Caldas, tuvo que intervenir, pues las preguntas estaban yendo en una dirección procesal.
"Ella no está obligada a responder", indicó el juez.
Salas preguntó a la víctimas si tenía conocimiento de informes que había presentado el Estado reconociendo los hechos y proponiendo reparación integral.
Jiménez respondió que sí tenía conocimiento, pero que de fondo eso no resolvía nada, pues no había justicia.
La jueza Elizabeth Odio Benito le preguntó si tras lo ocurrido pudo terminar su carrera en Artes Plásticas, a lo que respondió que no, porque sus dedos resultaron lastimados por los golpes que recibió y porque le tomó mucho tiempo retomar su vida.
También dijo que su padre no aprobaba que ella estuviera en esos momentos ante la Corte Interamericana.
"Norma, las mujeres nunca nos equivocamos cuando luchamos por nuestros derechos", expuso la jueza.
REFORMA
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