Un tribunal federal dejó sin efecto el congelamiento de las cuentas bancarias de Salomón Juan Marcos Villarreal, empresario coahuilense relacionado con Humberto Moreira, y cuatro de sus presuntos cómplices en un caso de lavado por 441 millones de pesos.
El Séptimo Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad resolvió que si la PGR pretende asegurarlas de nueva cuenta, deberá contar con autorización judicial, porque dichas cuentas son parte de una causa penal distinta a la indagatoria por la que fueron inmovilizadas.
Además de Juan Marcos, el tribunal también otorgó el amparo a Jaime Alberto Ramírez, Rogelio Veyán Humphrey, Roberto Enrique Gómez Jáuregui y Francisco Javier Villarreal Gómez, quien fuera subsecretario de Desarrollo Social de Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira.
Todos están prófugos de la justicia desde el 17 de junio de 2015, cuando el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco ordenó sus aprehensiones por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Se les imputa haber obtenido devoluciones millonarias del Servicio de Administración Tributaria, mediante información fiscal falsa, y blanquear esos recursos en transferencias internacionales.
Por este caso también está prófugo Antonio Juan Marcos Villarreal, empresario textilero e inmobiliario que fue diputado del PRI y director de Desarrollo Regional de La Laguna con el primero de los Moreira en el Gobierno de Coahuila.
Dicha causa penal fue producto de una averiguación previa UEIORPIFAM/AP/287/2011, consignada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, sin embargo, las cuentas no fueron puestas a disposición del juez.
De hecho, el 2 de octubre de 2015 la Unidad Especializada en Análisis Financiero inició su propia averiguación, la PGR/UEAF/027/2015, y fue hasta el 27 de julio de 2016 cuando congeló las cuentas de los prófugos.
El tribunal colegiado confirmó el fallo que dictó en primera instancia el juez federal Augusto Mejía Ojeda, quien otorgó el amparo a los acusados para cancelar el aseguramiento y dictar un nuevo acuerdo en donde nuevamente se pronuncie al respecto.
Abel Barajas/REFORMA
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