Envejecen policías de México; un tercio, mayor de 45 años
Estudios advierten que una edad avanzada genera pérdida de capacidades sicomotrices y los elementos se ven más expuestos a una situación de riesgo.
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| Hacia el futuro. Sólo el 5 % de los agentes tiene menos de 24 años, por lo que el panorama de los cuerpos policiales apunta a un envejecimiento constante. |
MARCOS MUEDANO
CIUDAD DE MÉXICO.
Uno de cada tres elementos de las corporaciones estatales y municipales de Seguridad Pública en México tiene más de 45 años, indican los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
De acuerdo con los datos estadísticos, hasta agosto pasado, había 379 mil 551 policías municipales y estatales en el país, de ellos, 125 mil 45 tienen 45 años o más y realizan vigilancia, patrullaje, inhibición y atención de eventos delictivos.
Al paso de los años, los elementos podrían ver disminuidas sus capacidades sicomotrices y de reacción ante una eventualidad o situación de riesgo contra su integridad, señala el SESNSP.
Los registros de la Segob señalan que los agentes también carecen de profesionalización, pese a que hace 20 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000”, en el que se establecía un nuevo modelo de Seguridad Pública y, con ello, la capacitación de los elementos.
Uno de cada 3 policías tiene más de 45 años
Informe de la Segob señala que hay 125 mil 45 agentes veteranos; pueden tener limitaciones sicomotrices.
Los policías de seguridad pública municipal y estatal envejecen. Registros de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que el 33 % de los elementos de seguridad pública, tanto administrativos como operativos en las 32 entidades federativas, tiene entre 45 y más de 75 años.
El promedio de edad del personal que labora en algunas de las 32 secretarías de Seguridad Pública de los estados o en los más de dos mil 400 municipios indica que, en menos de una década, será de más de 50 años.
En contraste, sólo el 5 % del personal policial en el país tiene entre 18 y 24 años.
Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que hasta agosto pasado se tenía un registro de 379 mil 551 elementos municipales y estatales.
De ellos, 125 mil 45 tienen más de 45 años. De acuerdo con los datos que entregan los gobiernos estatales a la Secretaría de Gobernación, 44 mil 903 laboran en municipios, mientras que 80 mil 142 trabajan en dependencias estatales.
Aunque el promedio nacional es de 33 %, en algunos estados como Tabasco, el 58 % de los policías tiene 45 años o más.
En Tamaulipas, esa proporción alcanza el 53 %; en Tlaxcala, 41 %; Durango, 39 %; Nuevo León, 36 %, Sonora, 35 %; mientras que Estado de México y Sinaloa el 34 % de los elementos, respectivamente, se encuentra en esta condición.
Por rango de edad, los datos revelan que 77 mil 325 elementos tienen entre 45 y 49 años; 48 mil 739, entre 50 a 54; 26 mil 974 tienen entre 55 y 60 años; 13 mil 791, de 60 a 64; cinco mil 526 tienen entre 65 y 70; mientras que ocho mil 238 tienen más de 70 años.
Los registros de las autoridades indican que los 125 mil 45 uniformados que tienen 45 años o más, y que realizan vigilancia, patrullaje, inhibición y atención de eventos delictivos, están más expuestos a ser víctimas de una situación riesgo por el crimen organizado debido a sus limitaciones.
Estudios de especialistas muestran que al paso de los años los elementos pierden capacidades psicomotrices así como de reacción ante una eventualidad o riesgo que se presente contra su integridad, o durante acciones en apoyo a la ciudadanía.
Los últimos años, algunos gobiernos estatales han buscado la mejoría de los cuerpos de seguridad a través de academias.
Sin embargo, los proyectos no han funcionado, por lo que investigadores y especialistas en políticas de seguridad pública han pedido que se profesionalice a las instituciones y a sus elementos, para evitar riesgos en el corto y largo plazo a la seguridad nacional del país.
Las propuestas que han hechos los especialistas indican que es necesario crear instituciones policiales que permitan a los agentes tener un proyecto y calidad de vida a través de mejores prestaciones, salarios y horarios de trabajo dignos.
Por otra parte, también hay escasez de policías profesionales, a pesar de que hace más de 20 años, el 18 de julio de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000”, en el que se establecía un nuevo modelo de seguridad pública y, con ello, la profesionalización de los elementos. Además, ciudadanos con buena preparación no se sienten atraídos por hacer una carrera policial.
Los riesgos
La edad de los agentes es un factor que influye en el desempeño diario de sus funciones.
Los policías veteranos continúan realizando labores de vigilancia, que incluyen patrullajes e intervención en casos de eventos delictivos.
Debido a las limitaciones físicas propias de la edad, esos agentes están más expuestos a ser víctimas del crimen.
Con la edad, los agentes pierden capacidades sicomotrices y de reacción.
Las fallas pueden ocurrir en un ataque contra ellos o durante una intervención a favor de la ciudadanía, que también podría quedar en riesgo.
Economía digital, para combatir la corrupción: Meade
Afirma el secretario de Hacienda que mientras más difícil se haga utilizar efectivo, se reducirán espacios de acción de la delincuencia y la inseguridad.
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| El funcionario federal participó en una reunión con la Escuela Nacional de Mujeres Priistas. (Javier García) |
México
La construcción de una economía digital es hoy la base para que se logre combatir la corrupción y para abatir la delincuencia y la inseguridad, aseguró el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.
Durante su participación en la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, el funcionario aseguró que la corrupción tiene que ver con espacios de construcción que hacen posible su proliferación, por lo que mientras más difícil se haga utilizar efectivo, se reducirán los espacios de acción de los corruptos.
"Esta transformación hacia una economía digital nos va ayudar mucho hacia un cambio de México en donde la corrupción no tenga lugar, donde el efectivo no se utilice y la opacidad no impida que veamos cuáles están siendo el origen y el destino de todo el recurso público", agregó.
Ante cientos de mujeres priistas, Meade aseguró que sumar la transparencia a este mundo digital, hacia el cual ya camina el país, permitirá dar seguimiento a cada peso de recurso público que se utilice y, sobre todo, evitar que haya actividades ilícitas.
Por lo que en esta nueva era digital no habrá cabida para quienes quieran vender facturas o documentar operaciones como si su patrimonio fuera legítimo y no desviado; "es una economía en la que quienes son corruptos no tendrán dónde esconderse".
El titular de Hacienda agregó que esta estrategia también habrá de ayudar en los temas de delincuencia e inseguridad, a los que a través de esta economía digital se les irá quitando la posibilidad de acceder a los recursos.
Para ello, dijo, es necesario no solo combatir al que roba, sino también al que ayuda a convertir lo robado en dinero en efectivo.
El encargado de las finanzas del país señaló que al igual que estas áreas, el combate a la pobreza debe ser un elemento que se aplique de forma eficaz y urgente, lo que se podrá lograr al garantizar que se ejerzan los derechos a la salud, la educación y la alimentación.
"El combate a la delincuencia también implica que se ejerza un derecho todavía más fundamental: el derecho a una vida libre de violencia económica, política y física, y ello parte de un reconocimiento central del respeto que se le debe a las mujeres, y ese se inculca en la familia y tiene que regir en escuelas, universidades y en el trabajo", añadió.
Posteriormente, el titular de Hacienda aseguró que se buscarán los recursos necesarios para garantizar la reconstrucción en todo el país tras las afectaciones que se sufrieron por los temblores de 7 y 19 de septiembre pasados.
"Estamos diseñando juntos mecanismos que nos permitan atender la contingencia, igual que el jefe de gobierno consideramos que los recursos deben ser ampliados y al amparo de eso buscaremos apoyo en la Cámara de Diputados para que los acentos y modificaciones que se hagan abonen en favor de un mejor esfuerzo en la reconstrucción", puntualizó.
Inmuebles de familia de Anaya, en 693 mdp
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| (ARCHIVO, EL UNIVERSAL) |
Horacio Jiménez
La familia política del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, posee a la fecha por lo menos 28 inmuebles y tan sólo cuatro de ellos tienen un valor actual de casi 700 millones de pesos.
De acuerdo con el fallo del juez por el juicio de derecho de réplica que inició Anaya Cortés contra EL UNIVERSAL, se documenta que al año 2002, la familia política de Anaya Cortés ya tenía, por lo menos, 21 inmuebles.
En el documento de la sentencia, el juez detalló que al 9 de mayo de 2002, fecha anterior a que Anaya Cortés fuera funcionario del gobierno de Querétaro, el valor de por lo menos tres inmuebles, de esos 21, ascendía a 257 millones 484 mil 330 pesos.
Pero el 16 de octubre se hizo una prueba pericial para actualizar el valor de estos inmuebles y subió a 480 millones 330 mil pesos.
El corredor público número 35 de la Ciudad de México, Adrián Ortega Navarrete, concluyó que el valor catastral al 9 de mayo de 2002 de los inmuebles identificados con los folios 1114849, 9448798 y 111004, era de 108 millones 461 mil 316 pesos y 73 centavos el primero; el segundo de 34 millones 935 mil 334 pesos con 64 centavos y el tercero de 114 millones 87 mil 678 pesos con 85 centavos.
Flamintec Sociedad Anónima y de Capital Variable. Además, el dirigente panista presentó una prueba documental con valor probatorio en la que advierte que, al año 2003, su suegro, Donino Ángel Martínez, era propietario de por lo menos tres inmuebles en Querétaro y socio de la empresa Flamintec Sociedad Anónima y de Capital Variable, misma que adquirió una propiedad con un valor catastral de 148 millones 982 mil 535 mil pesos con 50 centavos.
Pero al 16 de octubre, dicho inmueble tuvo una actualización emitida por el corredor público 35 de la Ciudad de México, y subió a 212 millones 831 mil pesos.
En suma, los integrantes de la familia política de Ricardo Anaya Cortés poseen, por lo menos, cuatro inmuebles que tienen un valor actual de 693 millones 161 mil pesos.
El documento del juez, que emitió el pasado 24 de octubre de 2017, explica que a 2002, la familia política de Anaya Cortés tenía 21 inmuebles y su suegro adquirió otras siete propiedades entre 2003 y 2017, lo que en suma da como resultado 28 bienes a la fecha.
El juez informó que al suegro de Ricardo Anaya, Donino Ángel Martínez, además se le adjudicaron otros inmuebles con motivo de la sucesión testamentaria a bienes “del de cujus (aquel de cuya sucesión se trata) Matías Martínez Martínez, padre del suegro de Anaya Cortés de alrededor de 10 fracciones de inmuebles”.
“El incremento manejado por el medio de comunicación demandado de los bienes inmuebles de la familia política del actor en 1304%, no se justifica, ya que sólo ascendería a un incremento aproximado de 57%, sin contar los bienes hereditarios del padre del suegro del actor de 10 fracciones de inmuebles”, describe el documento en la foja 168.
En la resolución, el juez sólo plasmó el valor de cuatro propiedades de la familia política de Anaya Cortés hasta 2003 y los demás inmuebles no se identifican ni se presentan los precios, pese a que se menciona que hubo la adquisición de otros siete predios a la fecha.
Antecedentes. EL UNIVERSAL publicó el pasado 23 de agosto, que en los últimos 14 años la familia política de Anaya Cortés pasó de tener cuatro empresas a un total de 17, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de Querétaro.
Además, en ese lapso (2003-2017) se incrementó su patrimonio de tener seis inmuebles, que tenían un valor aproximado de 21.9 millones de pesos, a poseer 33, valuados en 308 millones de pesos aproximadamente, de acuerdo con la información que pudo documentar este diario.
La anterior investigación de EL UNIVERSAL se refería a las propiedades que habían adquirido el propio Anaya Cortés y su familia política en los últimos 14 años; sin embargo, en la foja 112 de la sentencia, el juez detalló que, tan sólo su suegro, Donino Ángel Martínez, en el periodo 2003- 2017, adquirió siete, y no hace referencia a los inmuebles comprados por los demás integrantes de su familia.
Los suegros de Anaya son: Donino Ángel Martínez y Maribel Natalia Franco. Su esposa Carolina Martínez Franco, sus cuñados, José Ángel y Natalia, entre otros.
En su momento se solicitó a Anaya Cortés su postura para la publicación del reportaje del 23 de agosto, pero no hubo contestación y sólo emitió —después de la petición— una conferencia de prensa en donde señaló que había recibido amenazas de que le ventilarían públicamente asuntos relacionados con su familia.
Fallo. La sentencia de un juez de Distrito en Materia Civil que dictó el pasado martes sobre el derecho de réplica que presentó el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, contra EL UNIVERSAL, no está firme y no refiere que la información que publicó este diario sea falsa.
Por lo anterior, EL UNIVERSAL recurrió ante un Tribunal Unitario y presentó una apelación, porque en la sentencia del juez federal Decimocuarto de Distrito en la Ciudad de México, refiere que la información sobre el patrimonio de Anaya y su familia es “inexacta”, pero no es falsa.
Además, en la sentencia, el juez habla de 28 inmuebles, pero no son identificados ni de muchos de ellos se cuenta con sus valores.
Otros textos. El pasado 28 de agosto, este diario informó que en la administración del entonces gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón (2003-2009), en la que Anaya fungió como su secretario particular y coordinador de Desarrollo Humano, se enajenó en 2007 un terreno y la empresa Tyson S.A. de C.V., lo adquirió y lo fragmentó en 110 lotes.
En mayo de 2014, la empresa Juniserra, propiedad de Anaya Cortés y su familia política, adquirió uno de esos predios en 10.7 millones de pesos y lo vendió en 53.7 millones de pesos, en agosto de 2016, con una nave industrial construida.
El 18 de septiembre, este diario documentó que el domicilio fiscal de la empresa que compró esta nave industrial, Manhattan Master Plan Development, inicialmente estaba radicada en un terreno baldío, en Querétaro.
El acta constitutiva de Manhattan Master tiene como socios principales a Luis Alberto López y María Amada Ramírez, sin perfil empresarial para adquirir una propiedad de 53 millones de pesos.
El 5 de julio de 2016 se crea la empresa Manhattan Master con los socios Luis Alberto López y María Amada Ramírez. El 11 de julio ambos ceden 99% de sus acciones, en una “resolución fuera de asamblea”, al arquitecto Juan Carlos Reyes García y Anaya vende la nave el 25 de agosto.
El arquitecto todavía no era el propietario de la compañía mencionada, puesto que el notario dio fe de la cesión de las acciones el 12 de septiembre.
3de3. Hace unos meses, Anaya Cortés publicó en la página de internet ricardoanaya.com.mx/una aclaración de los ingresos de él y su esposa, Carolina Martínez Franco, en 2016 y que ascendían al mes a 457 mil pesos.
En esa página, Anaya Cortés reportó obtener 48 mil pesos; su esposa 57 mil y 107 mil pesos por la renta mensual de locales (propiedad de su esposa: De Paul Estética Varón, Camas La Cruz y Boutique Marcella).
Además, recibieron 245 mil pesos mensuales por la renta de locales de la empresa Cintla S. de R.L. de C.V., a Autopartes Napa, Abarrotes Scorpion y Church’s Chicken.
A finales de 2016, EL UNIVERSAL publicó que Anaya Cortés envió a sus hijos y esposa a vivir a Atlanta, Estados Unidos, con el objetivo de mejorar su educación. Dijo que por vuelos a Atlanta gastó mensualmente 100 mil pesos aproximadamente; por la renta de la casa en el vecino país del norte, 70 mil pesos al mes; por la renta de un departamento en la Ciudad de México, 14 mil pesos al mes y por las colegiaturas de sus hijos pagaron 80 mil pesos mensuales. Por gasto corriente de servicios y alimentos, entre otros 40 mil pesos al mes.
“Estos rubros representan el grueso de nuestros gastos mensuales, y arrojan un total de 304 mil pesos. Adicionalmente, tenemos un crédito hipotecario [mismo que solicitamos para una inversión inmobiliaria] por el cual estamos pagando 90 mil pesos mensuales”, describió el líder nacional de Acción Nacional.
La familia política del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, posee a la fecha por lo menos 28 inmuebles y tan sólo cuatro de ellos tienen un valor actual de casi 700 millones de pesos.
De acuerdo con el fallo del juez por el juicio de derecho de réplica que inició Anaya Cortés contra EL UNIVERSAL, se documenta que al año 2002, la familia política de Anaya Cortés ya tenía, por lo menos, 21 inmuebles.
En el documento de la sentencia, el juez detalló que al 9 de mayo de 2002, fecha anterior a que Anaya Cortés fuera funcionario del gobierno de Querétaro, el valor de por lo menos tres inmuebles, de esos 21, ascendía a 257 millones 484 mil 330 pesos.
Pero el 16 de octubre se hizo una prueba pericial para actualizar el valor de estos inmuebles y subió a 480 millones 330 mil pesos.
El corredor público número 35 de la Ciudad de México, Adrián Ortega Navarrete, concluyó que el valor catastral al 9 de mayo de 2002 de los inmuebles identificados con los folios 1114849, 9448798 y 111004, era de 108 millones 461 mil 316 pesos y 73 centavos el primero; el segundo de 34 millones 935 mil 334 pesos con 64 centavos y el tercero de 114 millones 87 mil 678 pesos con 85 centavos.
Flamintec Sociedad Anónima y de Capital Variable. Además, el dirigente panista presentó una prueba documental con valor probatorio en la que advierte que, al año 2003, su suegro, Donino Ángel Martínez, era propietario de por lo menos tres inmuebles en Querétaro y socio de la empresa Flamintec Sociedad Anónima y de Capital Variable, misma que adquirió una propiedad con un valor catastral de 148 millones 982 mil 535 mil pesos con 50 centavos.
Pero al 16 de octubre, dicho inmueble tuvo una actualización emitida por el corredor público 35 de la Ciudad de México, y subió a 212 millones 831 mil pesos.
En suma, los integrantes de la familia política de Ricardo Anaya Cortés poseen, por lo menos, cuatro inmuebles que tienen un valor actual de 693 millones 161 mil pesos.
El documento del juez, que emitió el pasado 24 de octubre de 2017, explica que a 2002, la familia política de Anaya Cortés tenía 21 inmuebles y su suegro adquirió otras siete propiedades entre 2003 y 2017, lo que en suma da como resultado 28 bienes a la fecha.
El juez informó que al suegro de Ricardo Anaya, Donino Ángel Martínez, además se le adjudicaron otros inmuebles con motivo de la sucesión testamentaria a bienes “del de cujus (aquel de cuya sucesión se trata) Matías Martínez Martínez, padre del suegro de Anaya Cortés de alrededor de 10 fracciones de inmuebles”.
“El incremento manejado por el medio de comunicación demandado de los bienes inmuebles de la familia política del actor en 1304%, no se justifica, ya que sólo ascendería a un incremento aproximado de 57%, sin contar los bienes hereditarios del padre del suegro del actor de 10 fracciones de inmuebles”, describe el documento en la foja 168.
En la resolución, el juez sólo plasmó el valor de cuatro propiedades de la familia política de Anaya Cortés hasta 2003 y los demás inmuebles no se identifican ni se presentan los precios, pese a que se menciona que hubo la adquisición de otros siete predios a la fecha.
Antecedentes. EL UNIVERSAL publicó el pasado 23 de agosto, que en los últimos 14 años la familia política de Anaya Cortés pasó de tener cuatro empresas a un total de 17, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de Querétaro.
Además, en ese lapso (2003-2017) se incrementó su patrimonio de tener seis inmuebles, que tenían un valor aproximado de 21.9 millones de pesos, a poseer 33, valuados en 308 millones de pesos aproximadamente, de acuerdo con la información que pudo documentar este diario.
La anterior investigación de EL UNIVERSAL se refería a las propiedades que habían adquirido el propio Anaya Cortés y su familia política en los últimos 14 años; sin embargo, en la foja 112 de la sentencia, el juez detalló que, tan sólo su suegro, Donino Ángel Martínez, en el periodo 2003- 2017, adquirió siete, y no hace referencia a los inmuebles comprados por los demás integrantes de su familia.
Los suegros de Anaya son: Donino Ángel Martínez y Maribel Natalia Franco. Su esposa Carolina Martínez Franco, sus cuñados, José Ángel y Natalia, entre otros.
En su momento se solicitó a Anaya Cortés su postura para la publicación del reportaje del 23 de agosto, pero no hubo contestación y sólo emitió —después de la petición— una conferencia de prensa en donde señaló que había recibido amenazas de que le ventilarían públicamente asuntos relacionados con su familia.
Fallo. La sentencia de un juez de Distrito en Materia Civil que dictó el pasado martes sobre el derecho de réplica que presentó el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, contra EL UNIVERSAL, no está firme y no refiere que la información que publicó este diario sea falsa.
Por lo anterior, EL UNIVERSAL recurrió ante un Tribunal Unitario y presentó una apelación, porque en la sentencia del juez federal Decimocuarto de Distrito en la Ciudad de México, refiere que la información sobre el patrimonio de Anaya y su familia es “inexacta”, pero no es falsa.
Además, en la sentencia, el juez habla de 28 inmuebles, pero no son identificados ni de muchos de ellos se cuenta con sus valores.
Otros textos. El pasado 28 de agosto, este diario informó que en la administración del entonces gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón (2003-2009), en la que Anaya fungió como su secretario particular y coordinador de Desarrollo Humano, se enajenó en 2007 un terreno y la empresa Tyson S.A. de C.V., lo adquirió y lo fragmentó en 110 lotes.
En mayo de 2014, la empresa Juniserra, propiedad de Anaya Cortés y su familia política, adquirió uno de esos predios en 10.7 millones de pesos y lo vendió en 53.7 millones de pesos, en agosto de 2016, con una nave industrial construida.
El 18 de septiembre, este diario documentó que el domicilio fiscal de la empresa que compró esta nave industrial, Manhattan Master Plan Development, inicialmente estaba radicada en un terreno baldío, en Querétaro.
El acta constitutiva de Manhattan Master tiene como socios principales a Luis Alberto López y María Amada Ramírez, sin perfil empresarial para adquirir una propiedad de 53 millones de pesos.
El 5 de julio de 2016 se crea la empresa Manhattan Master con los socios Luis Alberto López y María Amada Ramírez. El 11 de julio ambos ceden 99% de sus acciones, en una “resolución fuera de asamblea”, al arquitecto Juan Carlos Reyes García y Anaya vende la nave el 25 de agosto.
El arquitecto todavía no era el propietario de la compañía mencionada, puesto que el notario dio fe de la cesión de las acciones el 12 de septiembre.
3de3. Hace unos meses, Anaya Cortés publicó en la página de internet ricardoanaya.com.mx/una aclaración de los ingresos de él y su esposa, Carolina Martínez Franco, en 2016 y que ascendían al mes a 457 mil pesos.
En esa página, Anaya Cortés reportó obtener 48 mil pesos; su esposa 57 mil y 107 mil pesos por la renta mensual de locales (propiedad de su esposa: De Paul Estética Varón, Camas La Cruz y Boutique Marcella).
Además, recibieron 245 mil pesos mensuales por la renta de locales de la empresa Cintla S. de R.L. de C.V., a Autopartes Napa, Abarrotes Scorpion y Church’s Chicken.
A finales de 2016, EL UNIVERSAL publicó que Anaya Cortés envió a sus hijos y esposa a vivir a Atlanta, Estados Unidos, con el objetivo de mejorar su educación. Dijo que por vuelos a Atlanta gastó mensualmente 100 mil pesos aproximadamente; por la renta de la casa en el vecino país del norte, 70 mil pesos al mes; por la renta de un departamento en la Ciudad de México, 14 mil pesos al mes y por las colegiaturas de sus hijos pagaron 80 mil pesos mensuales. Por gasto corriente de servicios y alimentos, entre otros 40 mil pesos al mes.
“Estos rubros representan el grueso de nuestros gastos mensuales, y arrojan un total de 304 mil pesos. Adicionalmente, tenemos un crédito hipotecario [mismo que solicitamos para una inversión inmobiliaria] por el cual estamos pagando 90 mil pesos mensuales”, describió el líder nacional de Acción Nacional.
Afectan sabotajes importación de gas
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Norma Zúñiga
Los sabotajes a un gasoducto de la empresa IEnova causaron una caída en las importaciones de gas natural de Arizona hacia Sonora y Sinaloa.
Los responsables del boicot al ducto Guaymas-El Oro son pobladores de la comunidad yaqui de Loma de Bácum, según con varios reportes.
Las afectaciones en el suministro son para al menos 40 empresas de los dos estados, pero principalmente de Ciudad Obregón, y para la CFE, que debería recibir el gas para su planta reconvertida en Topolobampo, Sinaloa.
"Personal de IEnova encontró en el KM 94+100 tubería expuesta y una fuga de gas natural, en ese momento fueron privados ilegalmente de su libertad por miembros de la comunidad de Loma de Bácum", dice un reporte oficial en poder de Grupo REFORMA sobre lo ocurrido el 22 de agosto.
El 10 de octubre, al realizar una inspección oficial se observó que el ducto fue desenterrado y recortado siete metros justo en el lugar donde había sido saboteado en agosto.
Desde entonces, la comunidad de Loma de Bácum, el pueblo yaqui que ha rechazado el proyecto, ha impedido el acceso a personal de IEnova para hacer la reparación.
Los habitantes de ese pueblo se han opuesto a la obra porque dicen estar en riesgo de una explosión de metano y porque alegan que no hubo una consulta previa.
En agosto de 2014, la Secretaría de Energía realizó el proceso de consulta con la comunidad yaqui, el cual concluyó en septiembre de 2015: 7 de 8 pueblos aceptaron el proyecto. La negativa fue de Loma de Bácum.
Además, legalmente la compañía está limitada a intervenir porque existe una suspensión del Juez Séptimo de Distrito en Sonora.
Según datos de CFE Internacional, antes de que se registrara este incidente, las importaciones por este ducto eran de 200 mil 845 millones de BTU en agosto; en septiembre, 135 mil millones, y en octubre, 97 mil millones.
La parte norte de la infraestructura sí está operando, por lo que se importa gas, aunque de manera reducida.
IEnova emitió una alerta en su página de internet, en la que explica que se disminuyó a cero el flujo hacia el poblado El Oro, Sinaloa, donde concluye el ducto.
En tanto, la CFE, al no recibir gas en su planta de Topolobampo, deberá regresar al uso de combustóleo o diesel, lo cual le cuesta a la empresa 300 mil dólares diarios.
Nelly Molina Peralta, directora de Finanzas de IEnova, reconoció en conferencia con inversionistas, el jueves pasado, que "terceros" habían dañado el ducto Guaymas-El Oro.
Financiamiento público, factor para la transición democrática
Ha permitido acotar el poder del dinero privado; se favorece mayor transparencia y fiscalización
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| Las elecciones ha ganado en competitividad, aunque persisten quejas por corrupciónFoto Carlos Ramos Mamahua /Archivo |
Alonso Urrutia
Aunque crecientemente cuestionado por las dimensiones alcanzadas, el financiamiento público ha sido factor fundamental en la transición democrática y en el logro de mayor equidad en las elecciones –si bien la polémica desatada por la pretensión del PRI de cancelar este esquema financiero– desde la reforma de 1996, ha permitido acotar el poder del dinero privado y con todos sus problemas y críticas favorecer mayor transparencia y fiscalización de los gastos partidistas.
A más de 20 años de la reforma que consolidó el esquema de financiamiento público con un sustancial incremento a los partidos a cambio de tener control de su origen, el saldo es evidente: dos de las tres elecciones presidenciales ganadas por la oposición; conformación de un Congreso plural y, en ese periodo, la oposición ha ganado 47 elecciones de gobernador. En la actualidad, sólo cinco entidades han sido siempre gobernadas por el tricolor: Colima, Campeche, Coahuila, Hidalgo y estado de México.
La sombra corporativa
Ese es al saldo en términos del sistema político electoral, sin embargo, el esquema legal vigente, que garantiza un doble financiamiento a los partidos, federal y estatal, arroja que en este año –donde sólo hubo elecciones en cuatro entidades– los partidos tenían asignados 4 mil 59 millones de pesos para gastos ordinarios a nivel nacional; 3 mil 900 millones de gastos ordinarios a escala estatal, y 578 millones para las campañas en las cuatro entidades, que suman 7 mil 657 millones de pesos, cifra superior a la del más reciente reporte de Hacienda para la reconstrucción por los sismos, de 6 mil 844 millones al 20 de octubre. En 2018 habrá 30 elecciones locales y las federales.
Integrante del primer Instituto Federal Electoral (IFE) autónomo, el ex consejero Jesús Cantú advierte de los enormes riesgos que implicaría eliminar las prerrogativas a los partidos: ‘‘Suprimirlas pondría en riesgo la equidad alcanzada en el sistema electoral’’ y revitalizaría riesgos de financiamiento privado ilícito, por ahora en buena medida acotado.
No sólo implicaría la posibilidad de mayor riesgo de injerencia de las corporaciones en las políticas públicas –los casos Odebrecht y OHL lo ejemplifican–, sino incluso de financiamiento del narcotráfico y desvío de recursos de programas sociales. Actualmente, los recursos públicos aseguran que gran parte de las operaciones partidistas sean bancarizadas, lo que favorece la fiscalización, a pesar de lo cual el uso de dinero en efectivo aún es utilizado para incorporar recursos ilícitos, lo que se potenciaría si se cancelan las prerrogativas partidistas, advierte Cantú.
El financiamiento público de los partidos en México comienza formalmente con la reforma electoral de 1977, pero con esquemas que no garantizaban equidad en los recursos, lo cual preservó el esquema de partido hegemónico. Es sólo después de la elección de 1994 cuando se estima que el PRI gastó ocho de cada 10 pesos que se ejercieron en las campañas que, ante las denuncias de inequidad y falta de legitimidad, se accedió a una reforma de gran calado que entre otros aspectos confirió plena autonomía al IFE.
Consensuada en prácticamente todos sus aspectos, el punto de quiebre de la reforma fue paradójicamente el financiamiento. Aunque se introdujo la fórmula de 30 por ciento de distribución y 70 por ciento en función de la votación obtenida, el PRI condicionó la reforma a un sustancial incremento de las prerrogativas partidistas, postura que fue rechazada por PAN y PRD, que calificaron de desmesurado el aumento, pero su determinación de devolver gran parte de los recursos fue meramente coyuntural, pues al paso del tiempo encontrarían en este dinero un factor para acceder al poder.
Polémico de origen, el creciente financiamiento de los partidos políticos se ha convertido en uno de los principales cuestionamientos al sistema electoral, pues la creciente necesidad de recursos para las campañas lo ha desvirtuado.
Incluso, los propios partidos políticos han alentado absurdos jurídicos: en virtud de la fórmula que regía en 2003, las prerrogativas –que incluía como uno de los factores el número de partidos con registro, que entonces eran 11– en los comicios intermedios de ese año, el PRI recibió partidas para gastos de campaña superiores a las que podían ejercer. No devolvió el dinero, eran los tiempos en que enfrentaban el pago de la multa de mil millones de pesos por el Pemexgate.
Inmersos en la secuela de los sismos de septiembre, los cuestionamientos de diversos sectores ante los recursos que se asignan a los partidos se reciclaron. Reticentes a modificaciones en el renglón de recursos a partidos políticos en las recientes reformas, el PRI y otros partidos visulumbraron en la coyuntura una oportunidad de rentabilidad electoral, siendo el tricolor el que llevó la pretensión de reducir las partidas al punto de eliminarlas.
‘‘El PRI plantea esta ruta porque tiene con qué compensar la cancelación de los recursos públicos’’, subraya Cantú. ‘‘Si cancelan todo el financiamiento público oficial se van a beneficiar de todos los recursos que fluyen ilícitamente mediante la manipulación de los programas sociales, como sucedió en el estado de México y en Coahuila.’’
En medio del debate abierto en torno a las prerrogativas de los partidos políticos, tras la iniciativa priísta de regresar las correspondientes al último trimestre y proponer cancelar el financiamiento público, Cantú señala que existen otras rutas para aminorar el monto de recursos asignados, sin renunciar a los beneficios del financiamiento público de los partidos.
Desilusiona en México la democracia
En la encuesta Latinobarómetro 2017, entre 18 países de la región, 56% de adultos mexicanos consideró que la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero puede tener problemas, una caída de 15 puntos respecto del año pasado. Frente a otros países, México está en el último sitio.
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El apoyo de los mexicanos a la democracia cayó a su nivel más bajo en las mediciones del estudio Latinobarómetro, encuesta que se realiza con regularidad en 18 países de la región.
En su edición 2017, Latinobarómetro registra que el 56% de los adultos en nuestro país está de acuerdo con la frase “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”. En 2016, el mismo estudio registró 71 por ciento de acuerdo, lo cual significa una caída de 15 puntos porcentuales en el último año.
El dato de 2017 indica que el apoyo popular a la democracia en México disminuyó a su nivel más bajo desde que la pregunta se incluyó en la encuesta, en 2002. En ese año, el apoyo a la democracia era de 73%, subió a 81% en 2004.
Hasta ahora el nivel más bajo de apoyo se había observado en 2011, con 59%, lo cual sitúa a 2017 como el año en que la democracia cuenta con su menor nivel de popularidad.
Comparado con los otros países incluidos en el estudio, el apoyo a la democracia en México es el más bajo de toda América Latina.
Otro de los indicadores de estudio Latinobarómetro es el de cuánta gente prefiere a la democracia sobre el autoritarismo. De acuerdo con la edición 2017 de la encuesta, la preferencia por la democracia bajó de 50 a 42 por ciento en el último año. Esto no significa que las preferencia por un gobierno autoritario hayan aumentado, por el contrario, bajaron de 19 a 15 por ciento. Lo que subió fue la indiferencia hacia el tipo de régimen: según el estudio, la proporción de mexicanos que dijo que le da lo mismo tener un régimen democrático que uno no democrático aumentó de 31 a 43 por ciento. Este es el nivel más alto de indiferencia política que se registra en el país desde 1995, cuando inició el estudio Latinobarómetro.
Esta creciente indiferencia denota que una buena parte de la sociedad no percibe las ventajas de la democracia sobre el autoritarismo. Acaso eso se debe, en buena medida, al mal desempeño que se percibe del funcionamiento democrático.
Comparado con los otros países incluidos en el estudio, el apoyo a la democracia en México es el más bajo de toda América Latina.
Otro de los indicadores de estudio Latinobarómetro es el de cuánta gente prefiere a la democracia sobre el autoritarismo. De acuerdo con la edición 2017 de la encuesta, la preferencia por la democracia bajó de 50 a 42 por ciento en el último año. Esto no significa que las preferencia por un gobierno autoritario hayan aumentado, por el contrario, bajaron de 19 a 15 por ciento. Lo que subió fue la indiferencia hacia el tipo de régimen: según el estudio, la proporción de mexicanos que dijo que le da lo mismo tener un régimen democrático que uno no democrático aumentó de 31 a 43 por ciento. Este es el nivel más alto de indiferencia política que se registra en el país desde 1995, cuando inició el estudio Latinobarómetro.
Esta creciente indiferencia denota que una buena parte de la sociedad no percibe las ventajas de la democracia sobre el autoritarismo. Acaso eso se debe, en buena medida, al mal desempeño que se percibe del funcionamiento democrático.
Según el Latinobarómetro 2017, el porcentaje de mexicanos que está muy o algo satisfecho con la forma en que la democracia funciona en el país, es 18 por ciento. Este es el segundo nivel más bajo que se registra desde que inició el estudio en 1995. Ya en 1996, bajo el contexto de la crisis económica, el 12 por ciento de mexicanos dijo estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia. La satisfacción con la democracia en México registró sus niveles más altos en 1997 y 2006, años electorales, por arriba del 40 por ciento. El promedio de mexicanos que se dicen satisfechos es de 26 por ciento para todo el periodo observado, de 1995 a 2017.
Al preguntar cómo describirían al país en términos democráticos, el 2 por ciento señaló que México es una democracia plena, 16 por ciento dijo que es una democracia con pequeños problemas, 50 por ciento apuntó que se trata de democracia con grandes problemas y el 16 por ciento afirmó que México no es una democracia.
El Latinobarómetro 2017 revela que la confianza en los partidos políticos también cayó a su nivel más bajo desde 1995: según la reciente medición, sólo el 9 por ciento confía en los partidos. Esta es la primera vez en 22 años que el nivel de confianza de los mexicanos en los partidos políticos es de un solo dígito. Si alguien hablaba de crisis de los partidos anteriormente, tendrá que revalorar su apreciación con este último dato. De acuerdo con Latinobarómetro, la confianza en los partidos cayó de 21 a 9 por ciento en el último año, mientras que la confianza en el Congreso pasó de 32 a 22 por ciento, y la confianza en las Fuerzas Armadas disminuyó de 61 a 52 por ciento. Estos datos revelan una sociedad crecientemente desconfiada hacia las instituciones rumbo a las elecciones de 2018.
El Senado, sin candidato para Fepade; privan recelos
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| El escenario que se perfila es de tensión, con posturas encontradas. |
Santiago Nieto Castillo desistió de su intención de objetar y ser restituido al frente de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) pero el conflicto y polarización en el Senado se mantiene ahora por el nombre del próximo fiscal electoral que sancionará las irregularidades en los comicios del 2018, pues quien sea electo requiere de mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes.
El problema es que la desconfianza prevalece entre las fracciones parlamentarias y no hay acuerdos entre los dos bloques que se han decantado, PAN, PRD y PT, por un lado y por el otro el PRI-PVEM. La renuncia final de Nieto dejó a los partidos en este ambiente de desconfianza y sin haber consensuado nombres para el puesto.
Ahora se perfila otro encontronazo por el nombre e incluso por el método para elegir al nuevo fiscal pues el PRI-PVEM sostiene que el reglamento en su artículo 153 establece que la elección de un funcionario será por cédula, es decir por voto secreto, pero PAN, PRD y PT, se mantiene en que sea elección abierta en tablero.
“Ni nos vamos a desviar, ni violaremos la ley, ni el reglamento del Senado”, advirtió el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa.
“Prontamente debe haber un fiscal electoral, y su nombramiento requiere de dos terceras partes, y vemos un escenario complejo para lograr acuerdos”, advirtió el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez.
Ahora el reto —agregó— es nombrar a un nuevo fiscal, pero tenemos una situación inédita en el país: no hay procurador, no hay fiscal general, no hay fiscal anticorrupción y no hay fiscal electoral.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ana Lilia Herrera convocó a reunión este lunes para trazar la ruta legal que procede luego de que Nieto Castillo desistió de proseguir la objeción para ser restituido al frente de la Fepade.
PAN y PRD advirtieron el riesgo de que el PRI busque mantener un encargado del despacho en la Fepade, en un intento por obtener ventaja en los comicios del próximo año aunque advirtieron que no permitirán esta figura pero tampoco que se proponga un Fiscal “a modo”.
“Mantendremos nuestra exigencia de que el fiscal electoral sea una persona proba, que goce de independencia y autonomía, y que sea ajena a cualquier interés partidista. No es deseable que la institución quede en manos de un encargado de despacho”, advirtió el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera.
El líder del blanquiazul consideró que hay una obcecación gubernamental por cooptar las instituciones de procuración de justicia con fiscales a modo, propensos a dejar en la impunidad actos ilícitos.
“La tentación de que pongan ahí a un encargado de despacho que se quede hasta después de 2018 puede ser grande para el gobierno federal y el PRI”, secundó el perredista Luis Sánchez.
NUEVA CONVOCATORIA PARA FISCAL. El presidente del Senado, Ernesto Cordero explicó que al margen de lo que se decida en la ruta legal que prosigue tras el desestimiento de Nieto Castillo, se tendrá que abrir una nueva convocatoria para elegir a otro fiscal electoral para el 2018, pero reconoció que ello puede replicar un escenario de tensión en el Senado pues ahora se requiere mayoría calificada.
“El nuevo Fiscal será nombrado por dos terceras partes del Senado de la República; pues de nuevo habrá que buscar a un perfil que le dé tranquilidad a dos terceras partes del Senado, que pueda construir esa mayoría y por eso hay que empezar a trabajar desde muy pronto en esto, para poder hacer un trabajo serio y profesional en esto”, indicó.
El nuevo titular de la Fepade que se elija solo tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre del 2018, es decir, solo cumplirá el periodo que dejó pendiente Castillo Nieto.
De entrada, el PT a través de su vicecoordinador político en el Senado, Miguel Barbosa, consideró que la Cámara Alta debe desahogar el proceso de objeción para conocer las razones que motivaron remoción de Santiago Nieto.
“Hay un procedimiento constitucional que tiene que agotarse completamente. Tenemos que conocer las razones que tuvo la subprocuraduría para acordar la remoción; tenemos que conocer las razones, la fundamentación, si se agotó el debido proceso también para poder haber ordenado la restitución, si el subprocurador tiene o no atribuciones, todo eso que ha estado a debate”, aseveró.
Esposa de Anaya pidió depósito a su cuenta
Diana Martínez
A pesar de que los centros de Desarrollo Infantil que coordinaba tenían sus propias cuentas bancarias, María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del líder del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, pidió a las autoridades de Nuevo León que 100 millones de pesos fueran depositados en su cuenta personal, de acuerdo con información de la PGR .
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Días después, la lideresa retiró la mayor parte de los recursos para enviarlos a un fondo de inversión. En cuatro años presuntamente realizó 269 operaciones, varias de éstas desde la sucursal bancaria del Senado de la República.
Así comenzó el desvío de recursos mediante depósitos, por lo menos, a tres cuentas bancarias, entre éstas la de Héctor Quiroz García, dirigente del PT en Aguascalientes, y quien este sábado fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la audiencia, el impartidor de justicia señaló que el imputado tenía seis domicilios, cuatro de éstos en la Ciudad de México, uno en Aguascalientes y uno más en Monterrey.
Esto, entre otras pruebas, lo su cuenta hacen tener el perfil de testaferro de esta red delictiva liderada por Rodríguez Martínez. La PGR tiene seis meses para realizar una investigación complementaria del caso y, según el fiscal, ésta se ampliará a autoridades de Nuevo León. Quiroz García ya había declarado ante autoridades ministeriales en septiembre pasado, y reconoció que abrió una cuenta bancaria en la que le depositaron parte de los recursos desviados.
La cuenta fue abierta desde hace 10 años, señaló el líder de este instituto político en Aguascalientes, y lo hizo por órdenes de la Asamblea del Frente Popular “Tierra y Libertad”.
El juez de control, Gerardo Moreno, dio tres días más a Quiroz García para que pague la garantía de 600 mil pesos y llevar su proceso en libertad.
Rodríguez Martínez, quien tiene una orden de aprehensión en su contra, solicitó el 21 de septiembre un amparo contra el congelamiento de sus cuentas.
La demanda de amparo fue promovida ante el Juzgado Tercero en Materia Penal, en Nuevo León, donde quedó registrado con el expediente 541/2017, pero se le negó la suspensión definitiva.
PT embarra al Bronco en desvío: que lo indaguen, él dio el dinero
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| (Foto: Cuartoscuro) |
El líder del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, implicó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, en la acusación que tienen de manejar dinero de procedencia ilícita; además, pidió al mandatario estatal coadyuvar en las investigaciones que hay en contra del partido político.
“Indudablemente, si el gobierno (del estado) de manera ilícita nos transfirió los recursos que estaban bajo su responsabilidad, pues sí tiene que formar parte de la averiguación. En todo caso nosotros no somos los responsables, en todo caso el gobierno estatal tiene que acusarse de desviar recursos para financiar actividades de terrorismo”, dijo el petista.
Lo anterior lo mencionó al hablar del señalamiento que tiene de presuntamente fomentar acciones a favor del terrorismo, a lo que dijo que esa acusación “es grotesca, burda e infantil”.
El dato
El dirigente del PT en Aguascalientes enfrenta un proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En conferencia, sostuvo que el gobierno nuevoleonés es responsable de explicar la procedencia de los 100 millones de pesos que otorgó a la organización Frente Popular Tierra y Libertad, encabezada por el PT, para costear los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
“Ellos son los responsables sobre qué base lo repartieron (el presupuesto). Al final de cuentas son recursos que, como mostramos en un convenio, vienen bajo su responsabilidad. Somos corresponsables de aclarar esto. Somos corresponsables, porque el Centro Desarrollo forma parte de la Secretaría de Educación del gobierno”, dijo.
Por lo anterior, solicitó al gobernador Rodríguez Calderón ayudar a las autoridades a esclarecer la procedencia del dinero ejercido en dichos centros educativos, pues explicó que los recursos que envía la Cámara de Diputados son entregados a la Secretaría de Educación del estado para que después ésta se los entregue a la organización Frente Popular Tierra y Libertad, dirigida por el PT,
“Hacemos un llamado respetuoso a la administración del gobierno que encabeza Jaime Rodríguez Calderón para que coadyuve en estas aclaraciones sobre los recursos. A él le vienen asignados, él los recibe y tiene que coadyuvar para la aclaración del ejercicio de estos presupuestos”, expuso el petista.
Asimismo, acusó a Rodríguez Calderón, así como a los anteriores gobernadores del estado, Rodrigo Medina y de Natividad González Parás, de no entregar a los Cendis 800 millones de pesos, por lo que exigió que sean investigados y si tienen responsabilidad, sean sancionados.
Para esclarecer el caso, pidió investigar a toda la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) por el supuesto desvío de recursos asignados a los Cendis.
“Llamamos y retamos a que se investigue a toda la división nacional (del PT), donde van ustedes a comprobar que los únicos recursos que ellos tienen fue a su ejercicio de representación o en la Cámara de Diputados, regidores o algunas alcaldías. Recursos que fueron pagos que se les dieron en función de su actividad legislativa o actividad de algún cabildo o presidencia municipal”, dijo el líder petista.
Por dichos señalamientos, informó que acudirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues dijo que están siendo violatorios los convenios internacionales, sobre el derecho a la organización y asociación, así como el libre derecho a manifestar, en el marco a la legalidad, a las inclinaciones políticas de cada partido.
Convocan a marchar hoy en la Macroplaza
Ante los señalamientos de desvío de recursos públicos por parte de sus dirigentes, el Partido del Trabajo (PT) convocó a una marcha este 30 de octubre en Monterrey, Nuevo León.
“Este lunes 30 de octubre todos a la macroplaza. La campaña de lodo del Gobierno Federal debe detenerse”, se lee en un volante publicado en la página de Facebook del partido.
En esta publicación se explica que desde hace 27 años, el órgano político, por medio de la organización Frente Popular Tierra y Libertad, impulsa los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
“El Gobierno federal, lejos de impulsar y apoyar a los Cendi, ahora ponen piedras en el camino y acusan a la maestra Lupita (Rodríguez) de cosas absurdas, carentes de pruebas, que ellos repitan hasta el cansancio”, se menciona en la publicación.
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