Banxico sale al rescate del peso; la moneda mexicana ganó 13 centavos
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| Foto: Archivo |
CIUDAD DE MÉXICO.
El Banco de México elevó a cinco mil millones de dólares la subasta de coberturas cambiarias en el mercado con el fin de evitar una abrupta depreciación del peso frente al dólar que pudiera poner en riesgo el combate a la inflación.
Se tomó la medida debido a que “en los próximos meses no se pueden descartar nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros nacionales dado el complejo entorno que nuestro país está enfrentando”, justificó.
El banco central reconoció que el mercado cambiario ha registrado episodios de mayor volatilidad, que se ha reflejado en una depreciación del peso.
Estos fenómenos han estado asociados primordialmente a la incertidumbre relacionada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio y al proceso de normalización de la política monetaria estadunidense”, precisó la institución.
Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, descartó que con el aumento del monto de venta de coberturas cambiarias el instituto central busque perseguir algún nivel específico de tipo de cambio.
Tras el anuncio, el peso se fortaleció y ganó 13 centavos en el mercado interbancario al cerrar en 19.06 por dólar.
ELEVAN LA SUBASTA DE LAS COBERTURAS
El Banco de México anunció que elevó a cinco mil millones de dólares la subasta de coberturas cambiarias, desde mil millones que venía colocando en el mercado, con lo que busca evitar una abrupta depreciación del peso frente al dólar que pudiera poner en riesgo el combate inflacionario.
El instituto central tomó la medida debido a que “en los próximos meses no se pueden descartar nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros nacionales dado el complejo entorno que nuestro país está enfrentando”.
Banxico reconoció que recientemente, el mercado cambiario en nuestro país ha registrado episodios de mayor volatilidad, lo cual se ha reflejado en una depreciación de la moneda nacional.
Estos fenómenos han estado asociados primordialmente a la incertidumbre relacionada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al proceso de normalización de la política monetaria estadunidense”, precisó.
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, descartó que con el aumento del monto de venta de coberturas cambiarias el instituto central busque perseguir algún nivel especifico de tipo de cambio y mucho menos manipular la moneda del país y aseguró que con dicha acción tampoco se cancela la posibilidad de recurrir a un aumento de tasas en caso necesario.
Una pregunta importante es si ya con esta medida se cancela o se inhibe la posibilidad de que la Junta de Gobierno tome medidas sobre tasas de interés o de que otro tipo de operación o de intervención cambiaria se descarte mediante esta medida, la respuesta es que no”, enfatizó Carstens.
Luego del anuncio, la moneda mexicana se fortaleció frente al dólar y al cierre de la jornada el peso logró ganar 13 centavos a la divisa norteamericana, al negociarse el tipo de cambio en 19.06 en el mercado de mayoreo.
El 21 de febrero pasado, la Comisión de Cambios anunció un programa de venta de coberturas cambiarias de 20 mil millones de dólares, con el objetivo de propiciar un funcionamiento más ordenado del mercado cambiario de nuestro país. A la fecha había colocado mil millones. Y ahora lo ampliará con otros 4 mil millones. Las ventas de estas nuevas coberturas se llevarán a cabo en parcialidades semanales.
DÓLARES, NO TASAS
Marcelo Carvalho, economista para AL de BNP Paribas, afirmó que con esta decisión la autoridad monetaria está enviando la señal de que prefiere la venta de dólares en lugar de aumentar más su tasa de interés, aunque es posible que haya un costo fiscal, porque si hay una depreciación del tipo de cambio se generarían pérdidas cambiarias para el banco central.
Con la medida del Banxico se podría ver un mejor funcionamiento del mercado en los próximos días, en el cual se había visto en días pasados una depreciación del peso y falta de liquidez, auguró.
Carvalho detalló que con la medida se anticipa que Banxico mantendrá sin cambio su tasa de interés en lo que resta del año, en siete por ciento, y podría permitirle bajar su tasa hasta cinco por ciento en 2018 a pesar del ambiente electoral. Ello será posible gracias a que la inflación se ubicaría por debajo de 4.0 por ciento.
Estimó que el tipo de cambio cerrará el presente año en 18 pesos por dólar, y que la economía del país crecerá 2 por ciento, y que en 2018 se desacelerará hasta 1.5 por ciento, por impacto de las mayores tasas de interés.
SIN MANIPULACIÓN
Carstens aceptó que es innegable reconocer que hay factores de incertidumbre en la economía mexicana que se han reflejado en el mercado cambiario, y no es de sorprender que las autoridades hagan uso de las coberturas cambiarias.
Luego de la presentación del Reporte sobre el sistema financiero 2017, dejó en claro que “México no es un país que con intervenciones reiteradas esté persiguiendo un tipo de cambio”, pero que sí se subirían las tasas si se debe.
A México no se le puede señalar como un país manipulador del tipo de cambio”.
¿CÓMO FUNCIONAN LAS COBERTURAS?
El Banco de México elevó a cinco mil millones de dólares la subasta de coberturas cambiarias en el mercado con el fin de evitar una abrupta depreciación del peso frente al dólar que pudiera poner en riesgo el combate a la inflación.
Se tomó la medida debido a que “en los próximos meses no se pueden descartar nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros nacionales dado el complejo entorno que nuestro país está enfrentando”, justificó.
El banco central reconoció que el mercado cambiario ha registrado episodios de mayor volatilidad, que se ha reflejado en una depreciación del peso.
Estos fenómenos han estado asociados primordialmente a la incertidumbre relacionada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio y al proceso de normalización de la política monetaria estadunidense”, precisó la institución.
Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, descartó que con el aumento del monto de venta de coberturas cambiarias el instituto central busque perseguir algún nivel específico de tipo de cambio.
Tras el anuncio, el peso se fortaleció y ganó 13 centavos en el mercado interbancario al cerrar en 19.06 por dólar.
ELEVAN LA SUBASTA DE LAS COBERTURAS
El Banco de México anunció que elevó a cinco mil millones de dólares la subasta de coberturas cambiarias, desde mil millones que venía colocando en el mercado, con lo que busca evitar una abrupta depreciación del peso frente al dólar que pudiera poner en riesgo el combate inflacionario.
El instituto central tomó la medida debido a que “en los próximos meses no se pueden descartar nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros nacionales dado el complejo entorno que nuestro país está enfrentando”.
Banxico reconoció que recientemente, el mercado cambiario en nuestro país ha registrado episodios de mayor volatilidad, lo cual se ha reflejado en una depreciación de la moneda nacional.
Estos fenómenos han estado asociados primordialmente a la incertidumbre relacionada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al proceso de normalización de la política monetaria estadunidense”, precisó.
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, descartó que con el aumento del monto de venta de coberturas cambiarias el instituto central busque perseguir algún nivel especifico de tipo de cambio y mucho menos manipular la moneda del país y aseguró que con dicha acción tampoco se cancela la posibilidad de recurrir a un aumento de tasas en caso necesario.
Una pregunta importante es si ya con esta medida se cancela o se inhibe la posibilidad de que la Junta de Gobierno tome medidas sobre tasas de interés o de que otro tipo de operación o de intervención cambiaria se descarte mediante esta medida, la respuesta es que no”, enfatizó Carstens.
Luego del anuncio, la moneda mexicana se fortaleció frente al dólar y al cierre de la jornada el peso logró ganar 13 centavos a la divisa norteamericana, al negociarse el tipo de cambio en 19.06 en el mercado de mayoreo.
El 21 de febrero pasado, la Comisión de Cambios anunció un programa de venta de coberturas cambiarias de 20 mil millones de dólares, con el objetivo de propiciar un funcionamiento más ordenado del mercado cambiario de nuestro país. A la fecha había colocado mil millones. Y ahora lo ampliará con otros 4 mil millones. Las ventas de estas nuevas coberturas se llevarán a cabo en parcialidades semanales.
DÓLARES, NO TASAS
Marcelo Carvalho, economista para AL de BNP Paribas, afirmó que con esta decisión la autoridad monetaria está enviando la señal de que prefiere la venta de dólares en lugar de aumentar más su tasa de interés, aunque es posible que haya un costo fiscal, porque si hay una depreciación del tipo de cambio se generarían pérdidas cambiarias para el banco central.
Con la medida del Banxico se podría ver un mejor funcionamiento del mercado en los próximos días, en el cual se había visto en días pasados una depreciación del peso y falta de liquidez, auguró.
Carvalho detalló que con la medida se anticipa que Banxico mantendrá sin cambio su tasa de interés en lo que resta del año, en siete por ciento, y podría permitirle bajar su tasa hasta cinco por ciento en 2018 a pesar del ambiente electoral. Ello será posible gracias a que la inflación se ubicaría por debajo de 4.0 por ciento.
Estimó que el tipo de cambio cerrará el presente año en 18 pesos por dólar, y que la economía del país crecerá 2 por ciento, y que en 2018 se desacelerará hasta 1.5 por ciento, por impacto de las mayores tasas de interés.
SIN MANIPULACIÓN
Carstens aceptó que es innegable reconocer que hay factores de incertidumbre en la economía mexicana que se han reflejado en el mercado cambiario, y no es de sorprender que las autoridades hagan uso de las coberturas cambiarias.
Luego de la presentación del Reporte sobre el sistema financiero 2017, dejó en claro que “México no es un país que con intervenciones reiteradas esté persiguiendo un tipo de cambio”, pero que sí se subirían las tasas si se debe.
A México no se le puede señalar como un país manipulador del tipo de cambio”.
¿CÓMO FUNCIONAN LAS COBERTURAS?
El programa de coberturas cambiarias liquidables al vencimiento, por diferenciales en moneda nacional del Banco de México, consiste en la negociación de contratos a futuro, también llamados forwards, en los cuales el comprador pacta con el vendedor un tipo de cambio a un precio convenido en una fecha determinada.
Bajo esta modalidad ocurre un pago de un diferencial en el precio por parte de Banxico. Por ejemplo, si entre el banco privado o el cliente final, pactaron con el Banco Central un contrato futuro a un tipo de cambio más depreciado, y si la moneda al final no se depreció tanto como se había estimado, el cliente tendrá que pagarle esa diferencia al banco central, y si es por arriba Banxico le pagará el diferencial.
Una ventaja del programa estriba en que brinda liquidez al mercado y busca mitigar la volatilidad.
La medida no es nueva en nuestro país ni en otros territorios, puesto que ya ha sido utilizada por otros bancos centrales en el mundo, incluso se usaba por bancos privados en México, por lo cual ya hay experiencias positivas y han funcionado.
Cancelan por falta de quórum la sesión senatorial sobre la Fepade
Se busca hacer tiempo y que venza el plazo legal para objetar el cese de Nieto Castillo: opositores
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El desolado salón de plenos del Senado de la República, ayer Foto Marco Peláez |
La confrontación entre el PRI y partidos opositores impidió, por segundo día consecutivo, que en el Senado se definiera el método para desahogar la posible restitución en el cargo del ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.
Entre acusaciones cruzadas, la sesión de ayer se canceló por falta de quórum, pese a que la gran mayoría de los 128 legisladores estaban presentes en el recinto. Se citó a una nueva sesión para este jueves bajo el mismo panorama.
El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, advirtió que no se dejará ‘‘presionar ni chantajear’’ por la oposición de derecha e izquierda, ‘‘que quiere un fiscal electoral carnal’’, y dejó claro que le perdieron la confianza a Nieto Castillo e insistirán en que se mantenga el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que la votación en que se defina si permanece o no en el cargo sea secreta.
En tanto, los coordinadores de PAN, PT-Morena y PRD, Fernando Herrera, Manuel Bartlett y Luis Sánchez, respectivamente, en conferencia conjunta y acompañados por sus legisladores, acusaron a priístas y verdes de pretender hacer tiempo con el fin de que venza el plazo legal que tiene el Senado para objetar la remoción del ex titular de la Fepade y que ésta se concrete.
Bartlett recalcó que el PRI y sus aliados avalan el cese de Nieto Castillo para nombrar otro fiscal a modo, que sea ‘‘tapadera’’ de la gran corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente del caso Odebrecht.
El coordinador del PAN, Fernando Herrera, resaltó que las tres fracciones pugnarán porque se defina en la sesión de este jueves un procedimiento transparente. ‘‘No aceptamos una votación secreta a un agravio de carácter público’’.
Igualmente, el coordinador perredista, Luis Sánchez, expuso que insistirán en que el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, se presente ante la Comisión de Justicia, porque está imposibilitado para hacerlo ante el pleno, ya que ello sólo es facultad del titular de la dependencia.
Argumentó, asimismo, que Elías Beltrán ni siquiera reúne los requisitos legales para estar a cargo de la PGR, porque, entre otras cosas, no tiene una experiencia de 10 años como abogado. Agregó que además violó el reglamento interno de esa dependencia al cesar a Nieto.
Tanto Herrera como Bartlett y Sánchez señalaron que PRI y PVEM fueron los responsables de que no hubiera quórum, ya que sólo una parte de sus legisladores pasó lista y antes de la una de la tarde el presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN), canceló la sesión.
Al respecto, en conferencia posterior, rodeado de la mayoría de los integrantes de su bancada y la del PVEM, Gamboa Patrón reconoció que aunque 54 priístas estaban presentes, sólo 36 fueron al salón de plenos debido que se enteró, ‘‘de muy buena fuente’’, que Acción Nacional dio instrucciones claras a sus senadores de no presentarse a pasar lista, el PRD en igual sentido y el PT- Morena de tomar la tribuna.
‘‘¿Para qué otra vez hacer el mismo escándalo?’’, preguntó. El coordinador priísta pasó apuros para defender la insistencia en que se vote por cédula la restitución de Nieto Castillo a la Fepade. Primero comentó que así lo establece el reglamento, por tratarse de un nombramiento, y luego insistió en que es para proteger de posibles represalias a los legisladores que avalen su remoción.
Sin embargo, cuando se le hizo notar que el Senado eligió a Santiago Nieto como fiscal electoral por voto nominal y no secreto, en febrero de 2015, respondió que entonces le tenían confianza. ‘‘Porque creíamos en él, tomamos la decisión de que el voto fuera en la pantalla electrónica, pero no ahora en que la oposición de derecha e izquierda lo que quiere es que todos nosotros quedemos evidenciados y no lo vamos a permitir’’.
Gamboa Patrón rechazó asimismo que pretenda convencer a varios senadores de oposición de votar con el PRI, pero en reunión privada presumió que cuenta ya con el voto de cinco de ellos.
Sin embargo, el panista Fernando Herrera dijo que el Revolucionario Institucional ‘‘no ha modificado su intención de tener en la clandestinidad los votos que de manera pública no puede conseguir’’. La atención está en los senadores calderonistas, los llamados ‘‘rebeldes’’, que podrían dar la victoria a Gamboa.
Tanto Ernesto Cordero como Roberto Gil dijeron que darán a conocer su voto, si es por cédula. El coordinador del PVEM, Carlos Alberto Puente, dijo por su parte que ayer varios senadores panistas ‘‘se rebelaron’’ contra su coordinador.
Anoche, el PRI convocó a una reunión de la Junta de Coordinación Política para hoy a las 10 de la mañana, pero los coordinadores Herrera, Bartlett y Sánchez respondieron que no acudirán, porque la intención es sólo hacer cambios cosméticos al formato.
En tanto, debido al diferendo en el Senado se canceló la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, programada originalmente para ayer por la tarde, y se difirió una semana la del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del primero al 7 de noviembre, cuando el conflicto de la Fepade ya habrá terminado.
Ven “grave crisis” de seguridad y justicia
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| Foto (CUARTOSCURO) |
La impunidad, la corrupción, las deficiencias operativas en las procuradurías, la ausencia de imparcialidad y las violaciones a los derechos humanos sumieron a los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia del país en una “grave crisis”.
Son los resultados de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia realizada por la UNAM, Inacipe, CIDE y Conacyt ante la propuesta del ex procurador General de la República Raúl Cervantes el 15 de febrero de este año ante el Senado de la República y la Cámara de Diputados. En ese momento se propuso hacer un ejercicio académico y se convocó a foros y mesas de debate con expertos, universidades, instituciones académicas, tribunales, procuradurías, fiscalías, comisiones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil con base en diagnósticos y estudios previos sobre el modelo de procuración de justicia.
En las conclusiones se asegura que “los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis”. Se exhiben además problemas en la transición hacia el nuevo modelo de justicia penal acusatorio, la falta de una política criminal, la carencia de una visión sistémica de la seguridad pública, saturación de penales y, en el caso de la delincuencia organizada, identifica una “utilización extensiva de las Fuerzas Armadas como alternativa para enfrentar el fenómeno”.
Estos factores, resalta el documento entregado en Palacio Nacional al consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, en ausencia de representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores, han alimentado la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia de todos de los niveles de gobierno, la cual actualmente es “bajísima”.
El informe presenta siete recomendaciones y casi 50 planteamientos para realizar modificaciones en el ámbito constitucional, federal y local, para construir o ampliar el sistema de justicia. Algunos de esos puntos son acciones que se pueden emprender de forma inmediata sin tener que esperar los proce sos legislativos, además de que propone alternativas sobre la participación ciudadana.
Soluciones a largo plazo. El documento, que consta de 90 páginas, señala que los problemas “no se pueden corregir a corto plazo. Tampoco bastan los cambios en aspectos muy puntuales para corregir el rumbo. Resulta ingenuo e irresponsable ofrecer resultados positivos en lo inmediato”, sentencia.
Alerta que “debe considerarse que la crisis de seguridad pública que vivimos desde hace casi dos décadas tampoco ha de ceder en el corto plazo”.
El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, advirtió que todos los estudios y diagnósticos coinciden en que las procuradurías del país tienen problemas estructurales y que sus deficiencias son de décadas, por falta de inversión en capital humano y políticas de Estado.
Estuvieron el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán; del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales; del consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza; del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar. También el titular del Inacipe, Gerardo Laveaga; del presidente de la CNDH, Luis Raúl González; del titular del INE, Lorenzo Córdova; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y de la académica María Amparo Casar.
López Ayllón dijo que, aunque todos reconocen que existe una estrecha vinculación entre prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos, “lo cierto es que no hay un espacio institucional que permita identificar los roles, competencias, marcos de actuación y objetivos de las diferentes instituciones y órdenes de gobierno involucrados”.
Urgió a crear un nuevo modelo de investigación acorde con el sistema acusatorio y una política criminal que recaiga en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. “En el entorno del sistema acusatorio, las fiscalías del país deben cumplir con cuatro funciones centrales: diseñar un plan de persecución penal, investigar y perseguir los delitos con base en ese plan, tener un modelo robusto de gobernanza y conducción institucional, y contribuir a institucionalizar y gestionar los conflictos”.
Sostuvo que México enfrenta un panorama complejo en materia de seguridad y procuración de justicia, y exigió a las autoridades a revertir esta tendencia. “Si queremos diseñar y construir un nuevo modelo de procuración de justicia tenemos que reconocer que enfrentamos un panorama sumamente complejo; son muchas las deficiencias normativas, estructurales y aun culturales. Además, debemos hacernos cargo de que un modelo integral de procuración de justicia no sólo incluye a la Fiscalía General, sino a todas las fiscalías de la entidades federativas”, así como a las instancias de seguridad pública y sistemas penitenciarios.
Mario Amparo Casar, investigadora del CIDE, dijo que “no hay reforma estructural más importante que la que hoy se presenta. Para un gobierno que se precia de ser reformista, sería la mejor manera cerrar el sexenio”.
El académico del IIJ-UNAM Pedro Salazar Ugarte enfatizó que los estudios y diagnósticos elaborados por la propia PGR o por instituciones académicas y sociales son contundentes: “Nuestro diseño institucional para procurar justicia no funciona. No ha funcionado desde hace tiempo y mucho menos lo hace ahora que se encuentra en proceso de implementación de la ambiciosa, importante y prometedora reforma en materia de justicia penal de 2008”.
Se debe seguir implementando la reforma sin retrocesos y, en paralelo, dijo, emprender una transformación de la procuración de justicia que implique la reforma de cuatro artículos constitucionales: 21, 102, 116 y 173; un rediseño profundo de las instituciones de procuración a nivel nacional y un Código Penal único.
“La sociedad está hastiada por la corrupción, temerosa ante el crimen, mira impávida el cinismo delincuencial y desconfía con buenas razones de las instituciones responsables de prevenir, perseguir y castigar a la delincuencia”.
La sociedad mexicana, afirmó Ugarte Salazar, exige justicia ahora y por eso “queremos y promovemos fiscalías políticamente autónomas, técnicamente sólidas, transparentes, con controles que sancionen los abusos y castiguen las corruptelas internas y externas con funcionarios —policías, ministeriales, periciales, administrativos— profesionales y de carrera y, sobre todo, capaces de ganarse la confianza y el respeto de la ciudadanía”.
El director del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR, Gerardo Laveaga, señaló que los resultados de la consulta deben servir a las autoridades como un horizonte, pero “también como alerta y acicate”, y pidió a los encargados de procuración y administración de justicia no “desdeñar” los pendientes administrativos.
“Representa una oportunidad inmejorable para unir fuerzas legisladores, jueces, servidores públicos, académicos, litigantes y, sobre todo, sociedad civil, para apuntalar el Estado de derecho en México”, enfatizó.
Impunidad. El ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez afirmó que la falta de investigación y persecución de los delitos por la autoridad ministerial deja en la impunidad los ataques contra policías, lo que podría violar los derechos humanos de esas personas al negarles su derecho de acceso a la impartición de justicia.
Enfatizó que “pretender encontrar en la defensa y protección de los derechos humanos la causa última de la inseguridad y de la impunidad en el país es un falso debate, ya que son posibles y compatibles la observancia del Estado de derecho y la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos fundamentales”.
Se pronunció por mejorar las condiciones laborales de policías civiles y con desempeño basado en un sistema de carrera profesional y mecanismos de control internos y externos.
Los expertos que participaron en la consulta coinciden en la necesidad de un “acuerdo nacional por la seguridad pública y la justicia penal que involucre a todos los operadores del sistema en todos los ámbitos y niveles de gobierno”, con la participación de la sociedad.
Son los resultados de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia realizada por la UNAM, Inacipe, CIDE y Conacyt ante la propuesta del ex procurador General de la República Raúl Cervantes el 15 de febrero de este año ante el Senado de la República y la Cámara de Diputados. En ese momento se propuso hacer un ejercicio académico y se convocó a foros y mesas de debate con expertos, universidades, instituciones académicas, tribunales, procuradurías, fiscalías, comisiones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil con base en diagnósticos y estudios previos sobre el modelo de procuración de justicia.
En las conclusiones se asegura que “los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis”. Se exhiben además problemas en la transición hacia el nuevo modelo de justicia penal acusatorio, la falta de una política criminal, la carencia de una visión sistémica de la seguridad pública, saturación de penales y, en el caso de la delincuencia organizada, identifica una “utilización extensiva de las Fuerzas Armadas como alternativa para enfrentar el fenómeno”.
Estos factores, resalta el documento entregado en Palacio Nacional al consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, en ausencia de representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores, han alimentado la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia de todos de los niveles de gobierno, la cual actualmente es “bajísima”.
El informe presenta siete recomendaciones y casi 50 planteamientos para realizar modificaciones en el ámbito constitucional, federal y local, para construir o ampliar el sistema de justicia. Algunos de esos puntos son acciones que se pueden emprender de forma inmediata sin tener que esperar los proce sos legislativos, además de que propone alternativas sobre la participación ciudadana.
Soluciones a largo plazo. El documento, que consta de 90 páginas, señala que los problemas “no se pueden corregir a corto plazo. Tampoco bastan los cambios en aspectos muy puntuales para corregir el rumbo. Resulta ingenuo e irresponsable ofrecer resultados positivos en lo inmediato”, sentencia.
Alerta que “debe considerarse que la crisis de seguridad pública que vivimos desde hace casi dos décadas tampoco ha de ceder en el corto plazo”.
El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, advirtió que todos los estudios y diagnósticos coinciden en que las procuradurías del país tienen problemas estructurales y que sus deficiencias son de décadas, por falta de inversión en capital humano y políticas de Estado.
Estuvieron el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán; del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales; del consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza; del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar. También el titular del Inacipe, Gerardo Laveaga; del presidente de la CNDH, Luis Raúl González; del titular del INE, Lorenzo Córdova; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y de la académica María Amparo Casar.
López Ayllón dijo que, aunque todos reconocen que existe una estrecha vinculación entre prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos, “lo cierto es que no hay un espacio institucional que permita identificar los roles, competencias, marcos de actuación y objetivos de las diferentes instituciones y órdenes de gobierno involucrados”.
Urgió a crear un nuevo modelo de investigación acorde con el sistema acusatorio y una política criminal que recaiga en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. “En el entorno del sistema acusatorio, las fiscalías del país deben cumplir con cuatro funciones centrales: diseñar un plan de persecución penal, investigar y perseguir los delitos con base en ese plan, tener un modelo robusto de gobernanza y conducción institucional, y contribuir a institucionalizar y gestionar los conflictos”.
Sostuvo que México enfrenta un panorama complejo en materia de seguridad y procuración de justicia, y exigió a las autoridades a revertir esta tendencia. “Si queremos diseñar y construir un nuevo modelo de procuración de justicia tenemos que reconocer que enfrentamos un panorama sumamente complejo; son muchas las deficiencias normativas, estructurales y aun culturales. Además, debemos hacernos cargo de que un modelo integral de procuración de justicia no sólo incluye a la Fiscalía General, sino a todas las fiscalías de la entidades federativas”, así como a las instancias de seguridad pública y sistemas penitenciarios.
Mario Amparo Casar, investigadora del CIDE, dijo que “no hay reforma estructural más importante que la que hoy se presenta. Para un gobierno que se precia de ser reformista, sería la mejor manera cerrar el sexenio”.
El académico del IIJ-UNAM Pedro Salazar Ugarte enfatizó que los estudios y diagnósticos elaborados por la propia PGR o por instituciones académicas y sociales son contundentes: “Nuestro diseño institucional para procurar justicia no funciona. No ha funcionado desde hace tiempo y mucho menos lo hace ahora que se encuentra en proceso de implementación de la ambiciosa, importante y prometedora reforma en materia de justicia penal de 2008”.
Se debe seguir implementando la reforma sin retrocesos y, en paralelo, dijo, emprender una transformación de la procuración de justicia que implique la reforma de cuatro artículos constitucionales: 21, 102, 116 y 173; un rediseño profundo de las instituciones de procuración a nivel nacional y un Código Penal único.
“La sociedad está hastiada por la corrupción, temerosa ante el crimen, mira impávida el cinismo delincuencial y desconfía con buenas razones de las instituciones responsables de prevenir, perseguir y castigar a la delincuencia”.
La sociedad mexicana, afirmó Ugarte Salazar, exige justicia ahora y por eso “queremos y promovemos fiscalías políticamente autónomas, técnicamente sólidas, transparentes, con controles que sancionen los abusos y castiguen las corruptelas internas y externas con funcionarios —policías, ministeriales, periciales, administrativos— profesionales y de carrera y, sobre todo, capaces de ganarse la confianza y el respeto de la ciudadanía”.
El director del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR, Gerardo Laveaga, señaló que los resultados de la consulta deben servir a las autoridades como un horizonte, pero “también como alerta y acicate”, y pidió a los encargados de procuración y administración de justicia no “desdeñar” los pendientes administrativos.
“Representa una oportunidad inmejorable para unir fuerzas legisladores, jueces, servidores públicos, académicos, litigantes y, sobre todo, sociedad civil, para apuntalar el Estado de derecho en México”, enfatizó.
Impunidad. El ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez afirmó que la falta de investigación y persecución de los delitos por la autoridad ministerial deja en la impunidad los ataques contra policías, lo que podría violar los derechos humanos de esas personas al negarles su derecho de acceso a la impartición de justicia.
Enfatizó que “pretender encontrar en la defensa y protección de los derechos humanos la causa última de la inseguridad y de la impunidad en el país es un falso debate, ya que son posibles y compatibles la observancia del Estado de derecho y la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos fundamentales”.
Se pronunció por mejorar las condiciones laborales de policías civiles y con desempeño basado en un sistema de carrera profesional y mecanismos de control internos y externos.
Los expertos que participaron en la consulta coinciden en la necesidad de un “acuerdo nacional por la seguridad pública y la justicia penal que involucre a todos los operadores del sistema en todos los ámbitos y niveles de gobierno”, con la participación de la sociedad.
Nieto niega haber dicho que Lozoya lo presionó
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| Confía en que el Senado determine a la brevedad su destino. (Javier Ríos) |
Santiago Nieto, destituido como titular de la Fepade, negó haber dicho que recibió presiones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para que lo absolviera del caso Odebrecht.
En entrevista con Carlos Loret de Mola en su noticiario, Despierta, aclaró que nunca hubo ningún tipo de presión y tampoco reveló información sobre dicha investigación.
Aseguró que pese a que fue un ejercicio de “libertad de expresión”, las declaraciones que se imprimieron en un medio nacional “no corresponden a una revelación de información que yo haya desarrollado bajo ninguna circunstancia”.
Abundo que lo anterior es muy importante, toda vez que “si no hay revelación de información, por tanto no hay delito, no hay violación al código de conducta y no podría haber remoción”.
Nieto dio a conocer en un audio de siete minutos de duración, donde un reportero le preguntó directamente si existía presión de parte de Lozoya sobre Odebrecht, a lo que respondió:
“Atendiendo una frase del magistrado Leonel Castillo, que fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace unos años, que no hay presión si no te dejas presionar... y nuevamente se señaló (el reportero) que si me estaba sintiendo presionado en una segunda pregunta y mi respuesta fue la Fepade tiene la fortaleza institucional para enfrentar ese o cualquier tipo de casos en virtud de que es importante señalar que se tiene un diseño institucional que pueda hacer frente al proceso electoral del año 2018”.
—¿Lo presionaron?
—No hay presión si no te dejas presionar.
—¿Recibió usted presiones por el caso Odebrecht?
—La presión que puede generar algún tipo de caso, siempre hay algún tipo de condiciones meteorológicas que pueden ser complicadas; sin embargo, lo importante es tener los diseños institucionales que permitan enfrentar cualquier tipo de cosas, yo diría lo siguiente: Una carta como la que presentó el señor Lozoya —es lo que yo estaba planteando— no presiona a ninguna persona inclusive yo se la contesté en sentido negativo rechazando los tres planteamientos que él me hacía.
Comentó que tuvo una reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, quien le notificó su cese de la Fepade, aunque detalló que no le presentó “argumentaciones jurídicas ni las presuntas violaciones al artículo 218 del Código Nacional de Eventos Penales ni al Código de Conducta, como salió en el comunicado”.
Rechazó que su destitución haya sido por orden presidencial, o bien por ser incómodo para algún partido político, al tiempo que confió en que el Senado resuelva a la brevedad su destino.
“Creo que el cese lo ordenó el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, él me lo notificó a mí. Considero que no se cuenta con las condiciones y el contexto necesario para ejercer esa atribución; sin embargo, precisamente es lo que estoy llevando a discusión en el Senado, creo que el tema importante es que la Constitución establece un procedimiento y tenemos que acatarlo”, dijo.
Nieto afirmó que la fiscalía que encabezaba “no persigue partidos políticos, persigue personas físicas relacionadas con la comisión de hechos delictivos de todos los partidos políticos, personas vinculadas de todos los partidos políticos y a todos los niveles de gobierno.
CLAVES
“ES TEMA DEL SENADO”
Al término del mensaje a medios ofrecido en Belice, al finalizar la cuarta Cumbre de la Comunidad del Caribe, el presidente Enrique Peña habló de la remoción de Nieto.
“Está en el ámbito del Senado y ahí deberán tomarse las definiciones. Hoy trabajamos en este encuentro, que es lo que hoy nos ocupa”.
“Es un tema que el Senado tendrá que discutir, esa es la cancha en la que se está debatiendo el tema”, señaló.
Banorte, número 2 con fusión de Interacciones
Banorte será el segundo banco más grande del país en el valor de activos, cartera de crédito y depósitos, esto sucederá cuando se concrete la fusión con Interacciones, en una transacción de 26 mil 557 mdp.
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Grupo Financiero Banorte se convertirá en el segundo más grande de México, en el valor de activos, cartera de crédito y depósitos, una vez que se concrete la fusión con el Grupo Financiero Interacciones, en una transacción que está estimada en 26 mil 557 millones de pesos con datos del cierre de mercado del 24 de octubre.
Ambas instituciones anunciaron ayer la firma de un convenio definitivo de fusión donde los accionistas de Interacciones recibirían el 50 por ciento del pago en efectivo, por 13 mil 713 millones de pesos, inmediatamente antes de que surta efectos la fusión. El otro 50 por ciento será mediante la entrega de 109.7 millones de acciones de Banorte.
Para concretar la operación, Banorte emitirá acciones por alrededor del cuatro por ciento adicionales al monto de títulos actualmente en circulación.
Ante el anuncio, el precio de los títulos de GF Banorte terminó la jornada del miércoles con un retroceso de 9.29 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores, para cerrar en 106.18 pesos.
HR Ratings colocó en revisión especial las calificaciones de ambas instituciones y sus subsidiarias ante la noticia de la fusión.
La transacción está aún sujeta a la aprobación de los accionistas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la opinión del Banco de México, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pero una vez autorizada el nuevo grupo financiero superaría a Citibanamex y sólo se ubicaría debajo de BBVA Bancomer.
La operación es una de las más importantes en el sector financiero mexicano en las últimas dos décadas, ya que desde las adquisiciones de bancos extranjeros, como el español BBVA, que compró Bancomer, o del banco estadounidense Citi, que adquirió a Banamex, a principios del 2000, no se había registrado una transacción con un valor por arriba de los 20 mil millones de pesos.
EL NEGOCIO QUEDA EN FAMILIA
El actual presidente de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González, es hijo del presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Interacciones, Carlos Hank Rhon.
Hank González fue director general de Interacciones desde el 2000 hasta 2014, cuando renunció para asumir el puesto en Banorte.
Interacciones es la institución que más préstamos ha otorgado a gobiernos locales, pues concentra el 38 por ciento de los créditos otorgados a estas instancias durante 2017, con un total de 15 mil 912 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Interacciones fue fundado en 1987 como Casa de Bolsa, y 5 años más tarde se convirtió en Grupo Financiero.
En tanto que Banorte fue fundado en 1899 en la ciudad de Monterrey, donde comenzó como un banco regional.
Con la fusión se conformaría el mayor grupo de crédito en infraestructura del país. “Con esta adquisición, Banorte se posiciona como líder en el financiamiento de las enormes necesidades de infraestructura de nuestro país, lo que representa una oportunidad única para impulsar la competitividad, atraer la inversión y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas”, comentó en un reporte Marcos Ramírez, director general del grupo.
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Autorizan edificios directores 'patito'
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Israel Ortega
En 5 de las 16 delegaciones, el cargo de Director de Obras y Desarrollo Urbano es ocupado por personas que sólo tienen el bachillerato.
Al respecto, la Sociedad Mexicana de Ingenieros (SMI) alerta en un diagnóstico que el 50 por ciento de los 16 funcionarios no tiene un perfil que acredite su conocimiento en desarrollo urbano y obras públicas, pues cinco apenas tienen el nivel medio superior, dos son abogados y uno economista.
El estudio de la SMI agrega que el 82 por ciento de los 38 edificios dañados tras del 19 de septiembre estaba en demarcaciones donde estos funcionarios operan sin credenciales de construcción.
"Es más peligroso vivir en una delegación donde los funcionarios públicos, los Directores Responsables de Obra (DRO) son incapaces o negligentes, que vivir cerca de las fallas geológicas.
"Si tú vives en una delegación donde el DRO no cuenta con estudios, el riesgo es mayor, dos veces y media mayor. Ahí fue donde se cayeron la gran mayoría de los edificios", señaló en entrevista con REFORMA Marcos César Theurel Cotero, ingeniero y presidente de la SMI.
Esta agrupación de expertos considera que hay corrupción y mal desempeño de la Administración pública sobre desarrollo urbano y construcciones, por lo que pide endurecer los requisitos.
La SMI propone elevar a rango constitucional la obligación de que todos los DRO cuenten con un perfil académico acreditado para el cargo, ya sean ingenieros o arquitectos, petición que fue entregada el martes a la Jefatura de Gobierno y a la ALDF.
Además, pide reformar la Constitución capitalina para que los cargos de Obras y Desarrollo Urbano sean ocupados por ingenieros o arquitectos.
Según el Registro Nacional de Profesionistas, las delegaciones en las que los directores de obra tienen sólo la preparatoria terminada o carecen de cédula profesional son Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Contreras.
En Cuajimalpa y Xochimilco, por ejemplo, son abogados, y en Benito Juárez es un economista.
En el resto de las delegaciones sí hay ingenieros y arquitectos.
La Dirección General de Obras y Desarrollo tiene como funciones prioritarias revisar los documentos del registro de las manifestaciones de construcción, verificar y expedir licencias de construcción especial, autorizaciones de anuncios, de fusión de predios y constancias de alineamiento, entre otras.
Segundo día de crispación en el Senado de la República
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ALEJANDRO PÁEZ
Por segundo día consecutivo el bloque opositor en el Senado reventó el quórum en el Senado, con lo cual mantienen entrampada la resolución sobre si debe restituirse o mantenerse la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fepade .
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, canceló la sesión de este miércoles luego de que sólo 45 senadores, (39 del PRI y Partido Verde, 2 del PAN, 2 del PT y 2 independientes) se habían registrado en el tablero de votación para la sesión programada a las 12:00 horas, con lo cual no se alcanzó la cifra de 65 legisladores como mínimo para alcanzar el quórum requerido.
Las bancadas del PAN y PRD se mantuvieron a la expectativa y reconocieron que al ver que no se cubría el quórum, decidieron no pasar lista y abandonar el salón de plenos, ante lo cual el presidente del Senado, Ernesto Cordero, tuvo que cancelar la sesión y convocar a otra para este jueves a las 11:00 horas.
Cordero lamentó que un bloque pretenda secuestrar el futuro del país, al poner en riesgo la Ley de Ingresos y el Paquete Económico del 2018, que incluyen los recursos urgentes para la reconstrucción tras los sismos y huracanes de septiembre pasado, pero también advirtió que esa postura solo facilita que se agote el tiempo para objetar la remoción de Nieto Castillo.
“ Tendrán que reflexionar quienes tienen la postura de reventar las sesiones en el Senado de la República, pues que, si siguen reventando la sesión, pues van hacer más fácil que no se objete la destitución del señor Nieto y también están orillando al país para no tener ley de ingresos.”, alertó.
Reprochó la actitud de los senadores de oposición y los llamó a la prudencia para poder desahogar los asuntos pendientes, toda vez que la Ley de Ingresos está en riesgo.
“Que asuman con patriotismo la responsabilidad que juraron cumplir en este pleno del senado, que respeten el estado de derecho porque tampoco pueden tomar como rehén al país, no pueden estar condicionando la aprobación de algo tan importante como es la Ley de Ingresos a que se les dé gusto en alguna otra materia”, fustigó.
No obstante, más tarde y luego de una serie de consultas entre sus respectivos coordinadores del PAN, PRD y PT, la oposición determinó acudir a la sesión de la comisión de Hacienda citada para las 17 horas , con lo cual activaron este mecanismo para proseguir con el proceso legislativo, discutir y en su caso aprobar la ley de ingresos que envió la Cámara de Diputados para su revisión a la Cámara alta.
A la sesión de este miércoles en el Senado asistieron 39 senadores del PRI—PVEM así como dos del PAN: Ernesto Cordero y Javier Lozano; dos del PT: Ana Gabriela Guevara y David Monreal así como dos independientes: Alejandro Encinas y Manuel Cárdenas.
En este contexto de posturas irreductibles se citó a sesión este jueves a las 11:00 de la mañana, en espera de que haya un acuerdo que logre destrabar la situación y se pueda citar por separado a Nieto Castillo así como al subprocurador de Asuntos Internacionales en funciones de encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán ante el pleno según se definió en la Jucopo, por voto ponderado.
"Un fiscal no hace amigos"
Nayeli Cortés
Santiago Nieto, quien fue cesado de la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), asegura que fue un fiscal incómodo. En medio del debate en el Senado entre los bloques que conforman PRI-PVEM y PRD-PAN-MC-PT-Morena para determinar si se ratifica o no la decisión de la PGR de destituir a Nieto, el hoy ex fiscal asegura que su gestión fue incómoda para “quienes violentaron la ley”.
En entrevista con El Heraldo de México consideró que la vida institucional del país vive un momento complicado, pues con su cese, se descabezó una instancia del sistema de procuración de justicia, cuando no hay fiscal general ni fiscal anti- corrupción.
El viernes, Alberto Elías Beltrán, procurador encargado del despacho, se reunió con Nieto Castillo para informarle su decisión de removerlo del cargo. Ambos quedaron que pelearían por sostener sus puntos de vista en materia legal.
“Fui convocado por el señor encargado de despacho. Tuve un intercambio verbal con él respecto a argumentos jurídicos y me notificó su decisión, y acordamos que ambos acudiríamos a presentar nuestros respectivos escritos ante el Senado”, recuerda el ex fiscal.
Desde entonces, el ex fiscal no ha tenido contacto con ningún servidor público de la PGR y no ha sido citado, luego de que la defensa de Emilio Lozoya presentara una queja argumentando que Nieto había revelado datos de la carpeta de investigación abierta por presunta recepción de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en 2012.
-¿Fue un fiscal incómodo?
-Solamente soy incómodo con aquellas personas que violentan la ley. El ejercicio de la Fiscalía implica perseguir delitos y eso no genera simpatías. Un fiscal no viene a hacer amigos, viene a generar las mejores condiciones posibles en términos de equidad e imparcialidad en la contienda electoral.
Por ello, creo que es importante recordar los números que se alcanzan durante mi administración y mandar un mensaje muy claro de que no se trata de iniciar persecuciones en contra de algún grupo político o de alguna persona, sino de personas que realizan conductas delictivas y que deben ser procesados por las autoridades de procuración de justicia.
-¿Qué opina de que Alejandro Porte Petit González haya quedado al frente de la Fepade?
-Es el director jurídico y es a quien corresponde ser el encargado de despacho. Mi punto es que no creo que sea conveniente que en un Estado democrático se opere en un modelo de transición la procuración de justicia, que no exista un fiscal anticorrupción y que sólo haya encargados de despachos en la titularidad de la PGR y en la Fepade.
-En el Senado aseguran que la Fepade se había rezagado en la investigación sobre Odebrecht.
-Es falso, no puedo revelar da- tos por el deber del sigilo de la investigación, pero te diría que Fepade inició la carpeta de investigación seis meses después de que lo hiciera la PGR.
-¿Se mantendrá en el servicio público?
-Es algo que tendré que definir después. Lo que buscaría es volver a la academia y, a partir de ahí, definir mis siguientes acciones, pero, por supuesto, a mí me gusta servir a mí país desde el espacio público.
Por eso quiero regresar a la Fepade.
Santiago Nieto, quien fue cesado de la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), asegura que fue un fiscal incómodo. En medio del debate en el Senado entre los bloques que conforman PRI-PVEM y PRD-PAN-MC-PT-Morena para determinar si se ratifica o no la decisión de la PGR de destituir a Nieto, el hoy ex fiscal asegura que su gestión fue incómoda para “quienes violentaron la ley”.
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En entrevista con El Heraldo de México consideró que la vida institucional del país vive un momento complicado, pues con su cese, se descabezó una instancia del sistema de procuración de justicia, cuando no hay fiscal general ni fiscal anti- corrupción.
El viernes, Alberto Elías Beltrán, procurador encargado del despacho, se reunió con Nieto Castillo para informarle su decisión de removerlo del cargo. Ambos quedaron que pelearían por sostener sus puntos de vista en materia legal.
“Fui convocado por el señor encargado de despacho. Tuve un intercambio verbal con él respecto a argumentos jurídicos y me notificó su decisión, y acordamos que ambos acudiríamos a presentar nuestros respectivos escritos ante el Senado”, recuerda el ex fiscal.
Desde entonces, el ex fiscal no ha tenido contacto con ningún servidor público de la PGR y no ha sido citado, luego de que la defensa de Emilio Lozoya presentara una queja argumentando que Nieto había revelado datos de la carpeta de investigación abierta por presunta recepción de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en 2012.
-¿Fue un fiscal incómodo?
-Solamente soy incómodo con aquellas personas que violentan la ley. El ejercicio de la Fiscalía implica perseguir delitos y eso no genera simpatías. Un fiscal no viene a hacer amigos, viene a generar las mejores condiciones posibles en términos de equidad e imparcialidad en la contienda electoral.
Por ello, creo que es importante recordar los números que se alcanzan durante mi administración y mandar un mensaje muy claro de que no se trata de iniciar persecuciones en contra de algún grupo político o de alguna persona, sino de personas que realizan conductas delictivas y que deben ser procesados por las autoridades de procuración de justicia.
-¿Qué opina de que Alejandro Porte Petit González haya quedado al frente de la Fepade?
-Es el director jurídico y es a quien corresponde ser el encargado de despacho. Mi punto es que no creo que sea conveniente que en un Estado democrático se opere en un modelo de transición la procuración de justicia, que no exista un fiscal anticorrupción y que sólo haya encargados de despachos en la titularidad de la PGR y en la Fepade.
-En el Senado aseguran que la Fepade se había rezagado en la investigación sobre Odebrecht.
-Es falso, no puedo revelar da- tos por el deber del sigilo de la investigación, pero te diría que Fepade inició la carpeta de investigación seis meses después de que lo hiciera la PGR.
-¿Se mantendrá en el servicio público?
-Es algo que tendré que definir después. Lo que buscaría es volver a la academia y, a partir de ahí, definir mis siguientes acciones, pero, por supuesto, a mí me gusta servir a mí país desde el espacio público.
Por eso quiero regresar a la Fepade.
dos veces balconeó carta de expediente
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| El extitular de la FEPADE, ayer, en entrevista con Carlos Loret. Foto: Especial |
Pese a que en dos ocasiones Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), reveló a medios de comunicación la existencia de una carta que le envió Emilio Lozoya presuntamente para presionarlo para que diera un pronunciamiento de su inocencia, ayer consideró que “no hay presión si no te dejas presionar”, y aseguró que con haber revelado dicho documento, que obra en el expediente del caso Odebrecht, no cometía un delito.
Sin embargo, de acuerdo con abogados consultados por La Razón, al haber hecho público el tema de la carta, el ahora exfiscal incurrió en ejercicio ilegal del servicio público, el cual cometen quienes “utilicen indebidamente información que tengan bajo su custodia”.
Explicaron que lo que hizo Nieto Castillo al revelar detalles del caso fue violentar el sigilo necesario de la investigación de la que era custodio o titular.
La primera vez que aludió a la carta fue al término de un foro en la UNAM y en entrevista con un medio de información el pasado 10 de octubre, en los que reveló que la misiva le fue enviada el 16 de agosto y en ella una de las personas involucradas en el caso Odebrecht (sin mencionar a Lozoya), le dice que “quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia”.
Días después, en otra entrevista con el mismo medio, se vuelve a referir al asunto en los mismos términos.
Posteriormente, el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, lo removió del cargo por haber transgredido el código de conducta de la dependencia, que instruye a los funcionarios a preservar el contenido de expedientes.
El Dato: Emilio Lozoya promovió un nuevo amparo para poder acceder al expediente que la PGR inició en su contra por el caso Odebrecht.
Ayer, entrevistado por Carlos Loret de Mola en el programa Despierta, Nieto se enredó al contestar si dicha carta en realidad representó una presión.
“¿Lo presionaron?”, preguntó Loret. “No hay presión si no te dejas presionar. Una carta como la que presentó Lozoya no presiona, y yo mismo le contesté: ‘qué tipo de fiscal sería si me dejo presionar por cualquier tipo de carta’. Si alguien tenía intención de presionarme eso no lo sé”, respondió.
Luego justificó que la afirmación de estar presionado por el exdirector de Pemex fueron puestas por el diario, no por sus declaraciones.
“A pregunta expresa de si había yo recibido presión, mi respuesta fue atendiendo una frase del magistrado Leonel Castillo, que fue presidente del TEPJF hace unos años, que no hay presión si no te dejas presionar”, indicó.
Asimismo, justificó que no reveló información sobre la investigación del caso Odebrecht, aunque en la entrevista con el medio admite que dicha carta forma parte de los expedientes de investigación.
“Te puedo comentar lo que se encuentra en ámbito de juicio de amparo, en donde la FEPADE es autoridad responsable y nosotros seguiremos impulsando la investigación para afecto de determinar lo que conforme al derecho corresponde al escrito que presentó el señor Lozoya”.
El 21 de octubre, el mismo extitular de Pemex reveló la carta de seis cuartillas que entregó a Nieto Castillo, en la cual le pide que le informe si existe alguna imputación en su contra e incluso que sea citado a declarar por el caso.
El exfiscal aseguró ayer con Loret que hasta el momento la PGR no ha le ha notificado cuáles fueron las razones por las cuales tomó la decisión de removerlo, pero intuyó que fueron motivados por la entrevista con el medio de circulación nacional.
“No he sido informado de las razones de esta decisión, porque el señor Alberto Elías no señala cuál es la motivación; intuyo que tiene que ver con una entrevista, hubo una conversación donde me notificó su decisión; tuvimos un intercambio de argumentos jurídicos, pero en los mismos términos que se ha planteado en su escrito y en entrevistas, han sido argumento vagos de que vulneré el debido proceso”.
con información de Carlos Jimenez
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