Datos completos, solo de 3 edificios con afectaciones
La PGJ de CdMx investiga 150 inmuebles; en las delegaciones y oficinas del gobierno capitalino no existe documentación sobre su construcción o está fragmentada, por lo que no pueden determinar delitos.
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| Labores de rescate de la Marina en el colegio Enrique Rébsamen. (Jesús Quintanar) |
REDACCIÓN DE ESPECIALES
México
Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México para determinar si hubo algún tipo de delito en la caída de los 38 inmuebles que se colapsaron, y en otros 112 más que resultaron severamente dañados por el sismo del pasado 19 de septiembre, se han complicado y por el momento no pueden avanzar y concluir, ya que en las delegaciones y oficinas del gobierno no existe documentación de estas edificaciones, o la existente está incompleta.
De 150 inmuebles cuyas historias de construcción se indagan, solo en tres casos (incluidos el del colegio Enrique Rébsamen y el del Tec de Monterrey) existen documentos suficientes para determinar si hay delito que perseguir. En el resto los biblioratos de los edificios no existen o son insuficientes, de acuerdo a la investigación de MILENIO.
Para allegarse de la documentación que requiere, y que no ha sido aportada por las delegaciones, a excepción de las administraciones de Tlalpan y Cuauhtémoc, la procuraduría capitalina busca información en el Registro Público de la Propiedad, al Archivo Notarial y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. También con particulares, como empresas constructoras y dueños de edificios, departamentos y oficinas de inmuebles dañados.
Los agentes del ministerio público pretenden cruzar información obtenida en esos lugares para conseguir los planos estructurales y que, de esa manera, los peritos forenses puedan dictaminar si se violaron reglamentos y hubo actos constitutivos de diversos delitos que impliquen la responsabilidad penal de personas físicas o morales.
La PGJ tiene 174 carpetas abiertas que indagan presuntos delitos de homicidio culposo, fraude, negligencia criminal y hasta robo. Son 147 expedientes abiertos de oficio y 27 por denuncia.
En los distintos terrenos donde hubo derrumbes, peritos levantaron muestras de los escombros, que fueron llevados a laboratorios para determinar, con ayuda de ingenieros estructuristas, si se utilizaron los materiales de construcción adecuados y si se edificó adecuadamente.
Hasta el momento se han detectado varios casos en los que la calidad de las estructuras no era la adecuada, el material de construcción no era el necesario, ni la técnica era la indicada, de acuerdo con lo que se señala en el Reglamento de Construcciones.
También hay casos en que aparentemente había pisos de más. En éstos se prevé que sí haya consignaciones por presuntas responsabilidades penales, pero debido a la secrecía de las investigaciones, MILENIO no revelará de qué lugares se trata.
En dos casos es inminente que la procuraduría determine si ejerce o no acción penal. En uno de estos no se procederá penalmente.
En su edición de ayer, MILENIO publicó que el sismo magnitud 7.1, que ocurrió el 19 de septiembre, no solo colapsó 38 edificios, causó la muerte de 228 personas, dejó centenares de heridos, dañó severamente 500 inmuebles y afectó miles de casas, sino que también cimbró la historia de los edificios dañados.
El fenómeno natural dejó al descubierto que las autoridades delegacionales y del gobierno capitalino carecen de toda la información, o de los datos completos, sobre cada uno de esos inmuebles.
Cada edificación es un enigma: no es posible saber quién lo construyó, cómo lo construyó, con qué material (¿cemento o arcilla, varillas de acero o de material endeble?), si cumplió con los sucesivos reglamentos, si alguien verificó su correcta construcción. Si requirió modificaciones y éstas se hicieron adecuadamente. En muchos casos no hay ni planos arquitectónicos ni planos estructurales. Nada.
Los biblioratos de los edificios derrumbados, es decir, toda la historia y registros de las construcciones, que deberían tener las delegaciones y copia el gobierno capitalino a través de diferentes oficinas, no existen, de acuerdo con lo que indagó MILENIO. Se perdieron, nunca existieron o, en el mejor de los casos, están incompletos.
Además, MILENIO informó que, luego del terremoto, entre los escombros también quedó el acceso a la información: están sepultadas las bases de datos de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de Obras, de Protección Civil y de las delegaciones. Estas últimas son fundamentales, puesto que son las que otorgan los permisos de edificación y vigilan el cumplimiento del reglamento de construcciones.
De las 124 instancias del gobierno de la ciudad con oficinas de transparencia, 24, entre éstas las secretarías de Gobierno, de Salud, de Desarrollo Urbano, de Trabajo, incluso el C5 y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, suspendieron temporalmente su obligación de entrega de información pública.
Como reacción a ese texto, Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtió que en el proceso de reconstrucción tras los sismos de 7 y 19 de septiembre se corre el riesgo de que la información se burocratice y se generen “grumos de opacidad”, como los que ocurren en la Ciudad de México.
Explicó que debe ser el órgano local en materia de transparencia, el InfoDF, el que garantice que todos los documentos públicos y actos de autoridad se divulguen para evitar opacidad.
El comisionado señaló que todos los permisos, licencias y demás expedientes de cada uno de los edificios derrumbados es información pública y, sobre todo, de interés público, de la que no debería obstaculizarse su acceso.
“Uno de los peligros que pueden venir es la burocratización de la emergencia y que devenga en la burocratización de la reconstrucción; si la reconstrucción se vuelve burocrática y se pasma en papeleos, sobre todo en lo que pareciera un colapso informativo o grumos de silencio o de opacidad, se vuelve doblemente lesivo”, afirmó.
Acuña advirtió que ocultar información u obstaculizarla daña a la sociedad doblemente, porque además de que los ciudadanos sufren pérdidas, también tienen que enfrentarse a la opacidad.
En tanto, senadores de distintos partidos afirmaron que es evidente la corrupción que hay detrás de edificios derrumbados, por lo que exigieron al gobierno de Ciudad de México y a las delegaciones transparentar la información.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que las autoridades responsables deben ir a fondo de cada uno de los casos para que, en caso de ser necesario, sancione a los responsables.
“Es obvio que hay corrupción detrás de muchos de estos inmuebles que colapsaron, tanto nuevos como aquellos viejos que fueron solamente pintados, prácticamente remozados, y no fueron fortalecidos en su estructura, que sabemos que colapsaron. Ahí por supuesto que hay corrupción y se tiene que ir a fondo para determinar quién permitió que se construyeran”, expresó.
La senadora del PAN Mariana Gómez del Campo comentó que la ciudad merece que las autoridades rindan cuentas y se conozcan los detalles de los inmuebles colapsados, a fin de saber si hubo negligencia en su construcción.
Confió en que las autoridades entregarán la información correspondiente “y no será tapadera de nadie con respecto a la corrupción que sabemos hay en las diferentes delegaciones de la ciudad”.
“Necesitamos conocer toda la información. Las licencias de construcción que se dieron, los usos de suelo, si se violentaron o no, si tenían los pisos permitidos, necesitamos saber con pelos y señales qué fue lo que pasó. La ciudad merece esta transparencia, rendición de cuentas”, dijo.
CLAVES
PÉRDIDA TOTAL
El Infonavit calculó que, a escala nacional, entre 2 mil y 2 mil 500 derechohabientes perdieron totalmente su vivienda tras los sismos de septiembre.
David Penchyna, director general del organismo, informó que hasta el momento se estima un universo de 13 mil viviendas afectadas.
Recordó que se puso en marcha un decálogo de acciones para apoyar a los derechohabientes, independiente al pago de seguros otorgados.
Con información de: Liliana Padilla, Vanessa Job, Melissa del Pozo, Silvia Arellano, Carolina Rivera, Leticia Fernández, Cinthya Stettin, Jannet López, Israel Navarro, Rubén Mosso, José Antonio Belmont, Rafael López, Rafael Montes, Ilich Valdez y Angélica Mercado.
México
Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México para determinar si hubo algún tipo de delito en la caída de los 38 inmuebles que se colapsaron, y en otros 112 más que resultaron severamente dañados por el sismo del pasado 19 de septiembre, se han complicado y por el momento no pueden avanzar y concluir, ya que en las delegaciones y oficinas del gobierno no existe documentación de estas edificaciones, o la existente está incompleta.
De 150 inmuebles cuyas historias de construcción se indagan, solo en tres casos (incluidos el del colegio Enrique Rébsamen y el del Tec de Monterrey) existen documentos suficientes para determinar si hay delito que perseguir. En el resto los biblioratos de los edificios no existen o son insuficientes, de acuerdo a la investigación de MILENIO.
Para allegarse de la documentación que requiere, y que no ha sido aportada por las delegaciones, a excepción de las administraciones de Tlalpan y Cuauhtémoc, la procuraduría capitalina busca información en el Registro Público de la Propiedad, al Archivo Notarial y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. También con particulares, como empresas constructoras y dueños de edificios, departamentos y oficinas de inmuebles dañados.
Los agentes del ministerio público pretenden cruzar información obtenida en esos lugares para conseguir los planos estructurales y que, de esa manera, los peritos forenses puedan dictaminar si se violaron reglamentos y hubo actos constitutivos de diversos delitos que impliquen la responsabilidad penal de personas físicas o morales.
La PGJ tiene 174 carpetas abiertas que indagan presuntos delitos de homicidio culposo, fraude, negligencia criminal y hasta robo. Son 147 expedientes abiertos de oficio y 27 por denuncia.
En los distintos terrenos donde hubo derrumbes, peritos levantaron muestras de los escombros, que fueron llevados a laboratorios para determinar, con ayuda de ingenieros estructuristas, si se utilizaron los materiales de construcción adecuados y si se edificó adecuadamente.
Hasta el momento se han detectado varios casos en los que la calidad de las estructuras no era la adecuada, el material de construcción no era el necesario, ni la técnica era la indicada, de acuerdo con lo que se señala en el Reglamento de Construcciones.
También hay casos en que aparentemente había pisos de más. En éstos se prevé que sí haya consignaciones por presuntas responsabilidades penales, pero debido a la secrecía de las investigaciones, MILENIO no revelará de qué lugares se trata.
En dos casos es inminente que la procuraduría determine si ejerce o no acción penal. En uno de estos no se procederá penalmente.
En su edición de ayer, MILENIO publicó que el sismo magnitud 7.1, que ocurrió el 19 de septiembre, no solo colapsó 38 edificios, causó la muerte de 228 personas, dejó centenares de heridos, dañó severamente 500 inmuebles y afectó miles de casas, sino que también cimbró la historia de los edificios dañados.
El fenómeno natural dejó al descubierto que las autoridades delegacionales y del gobierno capitalino carecen de toda la información, o de los datos completos, sobre cada uno de esos inmuebles.
Cada edificación es un enigma: no es posible saber quién lo construyó, cómo lo construyó, con qué material (¿cemento o arcilla, varillas de acero o de material endeble?), si cumplió con los sucesivos reglamentos, si alguien verificó su correcta construcción. Si requirió modificaciones y éstas se hicieron adecuadamente. En muchos casos no hay ni planos arquitectónicos ni planos estructurales. Nada.
Los biblioratos de los edificios derrumbados, es decir, toda la historia y registros de las construcciones, que deberían tener las delegaciones y copia el gobierno capitalino a través de diferentes oficinas, no existen, de acuerdo con lo que indagó MILENIO. Se perdieron, nunca existieron o, en el mejor de los casos, están incompletos.
Además, MILENIO informó que, luego del terremoto, entre los escombros también quedó el acceso a la información: están sepultadas las bases de datos de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de Obras, de Protección Civil y de las delegaciones. Estas últimas son fundamentales, puesto que son las que otorgan los permisos de edificación y vigilan el cumplimiento del reglamento de construcciones.
De las 124 instancias del gobierno de la ciudad con oficinas de transparencia, 24, entre éstas las secretarías de Gobierno, de Salud, de Desarrollo Urbano, de Trabajo, incluso el C5 y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, suspendieron temporalmente su obligación de entrega de información pública.
Como reacción a ese texto, Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtió que en el proceso de reconstrucción tras los sismos de 7 y 19 de septiembre se corre el riesgo de que la información se burocratice y se generen “grumos de opacidad”, como los que ocurren en la Ciudad de México.
Explicó que debe ser el órgano local en materia de transparencia, el InfoDF, el que garantice que todos los documentos públicos y actos de autoridad se divulguen para evitar opacidad.
El comisionado señaló que todos los permisos, licencias y demás expedientes de cada uno de los edificios derrumbados es información pública y, sobre todo, de interés público, de la que no debería obstaculizarse su acceso.
“Uno de los peligros que pueden venir es la burocratización de la emergencia y que devenga en la burocratización de la reconstrucción; si la reconstrucción se vuelve burocrática y se pasma en papeleos, sobre todo en lo que pareciera un colapso informativo o grumos de silencio o de opacidad, se vuelve doblemente lesivo”, afirmó.
Acuña advirtió que ocultar información u obstaculizarla daña a la sociedad doblemente, porque además de que los ciudadanos sufren pérdidas, también tienen que enfrentarse a la opacidad.
En tanto, senadores de distintos partidos afirmaron que es evidente la corrupción que hay detrás de edificios derrumbados, por lo que exigieron al gobierno de Ciudad de México y a las delegaciones transparentar la información.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que las autoridades responsables deben ir a fondo de cada uno de los casos para que, en caso de ser necesario, sancione a los responsables.
“Es obvio que hay corrupción detrás de muchos de estos inmuebles que colapsaron, tanto nuevos como aquellos viejos que fueron solamente pintados, prácticamente remozados, y no fueron fortalecidos en su estructura, que sabemos que colapsaron. Ahí por supuesto que hay corrupción y se tiene que ir a fondo para determinar quién permitió que se construyeran”, expresó.
La senadora del PAN Mariana Gómez del Campo comentó que la ciudad merece que las autoridades rindan cuentas y se conozcan los detalles de los inmuebles colapsados, a fin de saber si hubo negligencia en su construcción.
Confió en que las autoridades entregarán la información correspondiente “y no será tapadera de nadie con respecto a la corrupción que sabemos hay en las diferentes delegaciones de la ciudad”.
“Necesitamos conocer toda la información. Las licencias de construcción que se dieron, los usos de suelo, si se violentaron o no, si tenían los pisos permitidos, necesitamos saber con pelos y señales qué fue lo que pasó. La ciudad merece esta transparencia, rendición de cuentas”, dijo.
CLAVES
PÉRDIDA TOTAL
El Infonavit calculó que, a escala nacional, entre 2 mil y 2 mil 500 derechohabientes perdieron totalmente su vivienda tras los sismos de septiembre.
David Penchyna, director general del organismo, informó que hasta el momento se estima un universo de 13 mil viviendas afectadas.
Recordó que se puso en marcha un decálogo de acciones para apoyar a los derechohabientes, independiente al pago de seguros otorgados.
Con información de: Liliana Padilla, Vanessa Job, Melissa del Pozo, Silvia Arellano, Carolina Rivera, Leticia Fernández, Cinthya Stettin, Jannet López, Israel Navarro, Rubén Mosso, José Antonio Belmont, Rafael López, Rafael Montes, Ilich Valdez y Angélica Mercado.
Buscan 48 ser independientes a la Presidencia; plazo hasta el 12 de febrero
Entre todos deben convencer a 41.5 millones de ciudadanos para que les den sus firmas; cada uno necesita 866 mil 593 apoyos.
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| El Bronco pide respaldo desde redes. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, lanzó en Twitter un videomensaje solicitando a los ciudadanos firmas de apoyo para respaldar su aspiración a una candidatura independiente para la Presidencia de la República. “Ayúdeme a hacerlo. México necesita de los valientes, de los atrevidos y, ¿por qué no? De los que tenemos un poquito de locura. ¿Entonces qué? ¿Eres bronco o mansito?”, expresa en el video el mandatario estatal. |
CIUDAD DE MÉXICO.
El INE validó el registro de 48 personas, de 86 que se inscribieron, que buscan ser candidatos independientes a la Presidencia de la República.
Los aspirantes tienen hasta el 12 de febrero para recabar 866 mil 593 firmas cada uno, lo que significa que entre todos deben convencer a 41.5 millones de mexicanos para que les den su apoyo.
Los ciudadanos sólo pueden dar su firma a un solo aspirante y por lo tanto permitir que su credencial para votar sea registrada en una aplicación telefónica del INE.
En tres días, los 48 han recabado, en conjunto, ocho mil 200 registros, al corte de la noche del 18 de octubre.
Sobre las quejas de Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y María de Jesús Patricio en cuanto a las dificultades con la aplicación para registrar las firmas, el consejero electoral Benito Nacif consideró que ello es normal pues están en la “curva de aprendizaje”.
Entre 48 deben cazar 41.5 millones de firmas
Cada uno de los aspirantes a una candidatura independiente para Los Pinos debe obtener el apoyo de 866 mil 593 ciudadanos.
Oficialmente 48 aspirantes a una candidatura independiente a la Presidencia de la República ya iniciaron su procedimiento para recabar 866 mil 593 firmas, lo que significaría que entre todos necesitan convencer a 41.5 millones de mexicanos para que los apoyen dejando fotografiar su credencial de elector.
Es decir, poco menos de 50% del padrón electoral (padrón de 86.6 millones de ciudadanos) tendría que apoyarlos.
Los ciudadanos sólo pueden apoyar a un aspirante, porque si otorgan su credencial a un segundo o más aspirantes, la firma sólo será válida para el primero.
En tres días, los 48 aspirantes a una candidatura independiente presidencial han logrado, en conjunto, ocho mil 200 registros de apoyo (hasta la noche del 18 de octubre), lo que queda muy por debajo de los 21 mil 666 que necesitarían cada uno en esos tres días, para mantener el promedio diario de siete mil 222 ciudadanos, con el fin de lograr las 866 mil 593 firmas en 120 días.
En total, 365 ciudadanos están ya en el procedimiento para lograr una candidatura independiente para algún cargo de elección popular a nivel federal. Sólo en el caso de senadurías quedan pendientes 10 aspirantes por recibir o no su constancia.
De ese total, 183 buscan una diputación (dos aspirantes ya desistieron), 77 una senaduría y 48 la Presidencia de la República.
Sobre las quejas de Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y María de Jesús Patricio, Marichuy, en cuanto a las dificultades con la aplicación telefónica, el consejero Benito Nacif, y los directores de Prerrogativas y de Registro Federal de Electores, consideraron que los aspirantes se están enfrentando a la “curva de aprendizaje” natural y normal en el uso de la aplicación, que —confío Nacif Hernández— mejorará en los próximos días, tras lograr la destreza y familiaridad con la app.
Luego de revelar que existen ya 32 mil registros de credencial para votar, el consejero Benito Nacif apuntó que “lo que vemos es que la tendencia es a un número creciente de firmas o manifestaciones de apoyo reportadas en el sistema y que los indicadores nos muestran que el aplicativo está funcionando y está cumpliendo su propósito”.
René Miranda, director del Registro Federal de Electores, explicó que las problemáticas que han detectado son, en su mayoría, “dudas de procedimientos y normativo, y, ya de la aplicación, algunas solicitudes de ayuda con la toma de la foto (de la credencial)”.
Agregó que los auxiliares que están apoyando a los aspirantes “tienen que familiarizarse con el uso de la aplicación... veremos, en los próximos días, que habrá un comportamiento más estable”.
Benito Nacif comentó que, una vez que los auxiliares se familiaricen con la app, las cifras de apoyo a los aspirantes a independientes se actualizarán de una forma más rápida.
AJUSTES PERFILAN TRIUNFO DE RIQUELME
Según el dictamen que discutirá este viernes el Consejo General del INE, y en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral, el rebase de topes de gasto de campaña el gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme, quedaría en 1.61%, pero aún faltan quejas por resolver.
Ya con los ajustes ordenados por los magistrados, y luego que el INE había calculado un rebase del priista por dos millones 23 mil pesos, es decir, 10.52% más del tope, el rebase quedaría en 310 mil 621 pesos.
Sin embargo, falta que el TEPJF resuelva sobre los procedimientos oficiosos realizados a los gastos no comprobados en representantes de casilla y algunas otras quejas de fiscalización en contra de la alianza priista en la entidad.
Por lo tanto, ésta no es aún la cifra final del rebase, pero, de quedar por debajo de 5%, no se cumpliría con la causa de nulidad prevista en la Constitución.
Entre otras cuestiones, el INE tuvo que recalcular el prorrateo de diversas facturas compartidas entre el entonces candidato a gobernador y los candidatos a diputaciones locales.
También el costo de producción de 16 cortinillas para ocho videos que el INE detectó; no se habían contabilizado el prorrateo del costo de cinco spots de televisión y de diversos espectaculares, entre otros asuntos pendientes.
En tanto, falta por resolver la queja 141 interpuesta por el PAN, misma que fue devuelta a la Unidad de Fiscalización por parte de los consejeros electorales, para agregar algunas consideraciones, y se refiere a gasto por inserciones pagadas en periódicos y gastos en transporte.
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Van por 4 empresas de edificios colapsados
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La falta de expedientes de cada uno de los inmuebles que colapsaron a consecuencia del sismo del 19 de septiembre, y que deberían estar en poder de las delegaciones, ha retrasado los trabajos de investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el procurador capitalino, Edmundo Garrido, también informó que están próximos a fincar responsabilidades en cuatro inmuebles que se construyeron hace cuatro o cinco años y que se vinieron abajo.
Entre los edificios que se desplomaron en el sismo magnitud 7.1 están los ubicados en Zapata 56, colonia Portales, que edificó la empresa Canada Building, y Bretaña 90, en Zacahuitzco, los dos en la delegación Benito Juárez.
Garrido Osorio aseguró que “no va a pasar un año ni van a pasar meses, los resultados tienen que ser de inmediato”. Precisó que en todos los casos se tienen tres niveles de investigación: desarrolladores inmobiliarios, directores responsables de obra y funcionarios públicos.
“En un mes se ha progresado y estoy dando cuenta de los avances. Llevamos 171 carpetas abiertas, 639 dictámenes periciales, 875 diligencias realizadas, la institución está trabajando, es un tema técnico, es un tema que nosotros vamos a sacar adelante. No te puedo dar tiempos, el único que hay es la prescripción y eso no va a pasar (…). Hay garantía de que habrá responsables, de eso ten la certeza”, sentenció.
Al hablar de la documentación que se requiere para el avance de las investigaciones, explicó que de manera particular lo que se requiere son los planos estructurales de cada uno de los 156 inmuebles, sobre los cuales se mantiene abierta una carpeta de investigación. Dichos planos contienen detalles como las dimensiones del edificio, materiales que debieron utilizarse para su construcción y boleta de uso predial.
“Todo eso debe constar en el expediente que normalmente lo tienen las delegaciones, porque son las que dan facilidades para la construcción, es lo que le va a determinar al perito si el plano estructural, en la cuestión técnica, es coincidente con el material que rescataron en el lugar del inmueble derrumbado.
“¿Qué es lo que nos ha ocasionado problemas para la celeridad de la integración? Que hemos estado pidiendo expedientes y, por ejemplo, los que nos han dado delegaciones no están completos; lo importante es el plano estructural, eso es la base para que se pueda dictaminar y lo que nos han acercado no ha venido completo. Hay otras dependencias donde también lo hemos requerido, pero tuvieron daños en sus inmuebles y no han podido rescatar la documentación solicitada”, afirmó.
Garrido explicó que por el momento las investigaciones se concentran en los 40 inmuebles donde fueron rescatados cuerpos sin vida, en los cuales ya fueron recuperadas muestras de materiales de construcción para ser analizadas y obtener un dictamen en ingeniería forense. Para estas labores la procuraduría contrató a la firma Nava Díaz y Asociados, encargada de los peritajes, y al laboratorio Resistencias San Marino.
Además de los resultados de laboratorio, el peritaje considerará el año en que fue construido el inmueble y si se respetó la normatividad vigente: “Eso al Ministerio Público le da la posibilidad de determinar el grado de responsabilidad o si se trata de un hecho de la naturaleza que el edificio se haya derrumbado, porque era un edificio antiguo, si cumplió con la normatividad del periodo antes de 1985, entonces hasta ahí es un tema de resistencia de los materiales y el desgaste de los mismos”.
Precisó que sólo un par de delegaciones entregaron los documentos, por lo que han recurrido a la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y al Archivo General de Notarías: “La clave son los planos estructurales, lo demás lo puedes recabar en otras instancias”.
Rebelión empresarial en EU vs Trump por TLCAN
Cúpulas empresariales de Estados Unidos se han agrupado para cabildear en Washington contra la postura de la Casa Blanca y buscar mantener el acuerdo comercial.
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La administración Trump se está quedando sin aliados dentro de su propio país para impulsar su visión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues cada día son más las organizaciones empresariales en ese país que externan su preocupación a las propuestas de la Casa Blanca.
Dichos planteamientos tienen preocupados a los empresarios del vecino del norte, indicó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien dijo a El Financiero que el sector empresarial de ambos países mantienen muchas coincidencias.
“Están muy preocupados por lo que está haciendo su gobierno, porque efectivamente creen que sus propuestas son proteccionistas, por retrógradas o incluso fuera de lugar”, dijo Kalach.
8% de caída
Registrarían las exportaciones a EU en los dos primeros años sin TLCAN.
Esta inquietud incluso hizo que organismos empresariales de gran peso en ese país formaran una coalición informal para cabildear en Washington a favor del acuerdo.
El grupo incluye a la Cámara de Comercio de EU (USCC, por sus siglas en inglés), la Coalición de Industrias de Servicios (CSI), el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NTFC), la Federación de Oficinas Agrícolas de EU (AFBF) y el Consejo Internacional de Negocios de EU (USCIB), según el sitio especializado Inside Trade.
21.9 pesos
Sería el precio del dólar si fracasa el acuerdo, estiman analistas de JPMorgan.
Los líderes acudieron la semana pasada al Congreso para externar su preocupación por las propuestas que ha presentado su gobierno, que perfilan un fracaso del TLCAN.
En tanto, la Asociación de Líderes de la Industria Minorista, que agrupa a más de 200 menudistas, fabricantes y proveedores de Estados Unidos alertó esta semana que el colapso del TLCAN sería una “catástrofe económica”, pues provocaría irrupciones “masivas” en agricultura y manufactura, así como mayores costos para los consumidores de ese país.
Crece nerviosismo
Otro grupo que ha mostrado nerviosismo son los productores de granos del US Grains Council, que tienen en México su mercado más importante de maíz amarillo, con casi 14 millones de toneladas, de acuerdo con Genaro Bernal, director del Consejo Nacional de Fabricantes y de Alimentos Balanceados y Nutrición Animal (Conafab).
“Nuestro principal aliado (a favor del TLCAN) en el tema del maíz son los productores americanos. Ellos están conscientes de que México es su principal cliente. Ellos han ido con su presidente a decirle ‘¿cómo golpeas a mi principal cliente?’”, comentó Bernal.
Los productores de cerdo del vecino del norte, que tienen en México su mayor mercado, con 730 mil toneladas, también han hecho saber a su gobierno que quieren el TLCAN, ya que sería un cataclismo perder el mercado mexicano.
Candidatos pueden hablar del TLCAN
No hay problema si la renegociación del TLCAN se cruza con las elecciones presidenciales, pues eso enriquecería el conocimiento sobre la visión de nación de los candidatos, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.
“No debemos tener miedo a que los candidatos presidenciales tengan el valor de definir su visión de nación y cómo llevar la relación con Estados Unidos, todos nos enriqueceríamos si tuviéramos una visión más profunda sobre la relación con América del Norte”, declaró durante el foro Nacional de la Industria Química 2017.
Dijo que México analizará todas las propuestas realizadas por Estados Unidos, pero pidió no confundir las palabras intransigencia y sensatez
*Con información de Áxel Sánchez
Piden asilo esposa y secuaz de Duarte
Abel Barajas
Cd. de México (20 octubre 2017).- Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, y Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del ex Gobernador veracruzano, solicitaron asilo en el extranjero porque se dicen perseguidos políticos.
Macías es investigada por la PGR por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado, mientras que Mansur es prófugo, pues tiene orden de aprehensión de la Procuraduría por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La ex Primera Dama de Veracruz tiene abierta la solicitud de asilo desde hace varios meses e incluye a sus tres hijos. Ella está en Londres.
El argumento de la esposa del ex Mandatario de Veracruz es que es víctima de una persecución política en la que se ha utilizado al aparato de justicia para tratar de fincarle imputaciones penales que, asegura, son infundadas.
Sus cuentas bancarias se encuentran congeladas.
La Fiscalía de Veracruz, a su vez, ha informado que se le investigan operaciones inmobiliarias y actividades como persona física en el DIF, incluidas las labores administrativas y las compras.
La ex Primera Dama de Veracruz llegó a Londres el 15 de abril y desde entonces no ha cambiado de residencia.
Mansur Cysneiros, quien desde hace un año y medio vive en Vancouver, Canadá, también inició el trámite de asilo político ante las autoridades de ese país.
A diferencia de Macías, Mansur sí es buscado por la justicia mexicana porque, desde octubre de 2016, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Sin embargo, hasta ahora las autoridades canadienses no han dado trámite a ninguna solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra a pedido del Gobierno de México pese a que el hombre se encuentra en el mismo lugar.
Adicionalmente, la Procuraduría Fiscal de la Federación también presentó una querella contra Mansur ante la PGR por un presunto fraude al fisco por 12 millones 456 mil 918 pesos en el ejercicio 2014.
Macías y Mansur siguen el mismo camino que en años recientes han tomado algunos de los prófugos más relevantes que han huido del País, como Gastón Azcárraga, ex dueño de Mexicana de Aviación, y el ex Gobernador de Chihuahua César Duarte, ambos con sus trámites de asilo en Estados Unidos.
Desaparición del TLCAN afectaría más a México, advierte Moody’s
Tendría retrocesos en 2018, pero el efecto se concentraría en 2019, señala la calificadora
Considera analista que EU busca que sus socios abandonen la negociación para facilitarle su salida
Nueva York.
En caso de que desapareciera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la economía de México tendría retrocesos mayores a partir de 2018, mientras que las economías de Estados Unidos y Canadá serían las menos afectadas, advirtió Moody’s Analytics.
En un análisis difundido esta semana, la unidad de investigación de la calificadora destacó que la economía de México sería la mayormente afectada por una posible terminación del TLCAN, aunque aclaró que este impacto se concentraría en 2019, cuando el producto interno bruto (PIB) podría retroceder hasta dos puntos porcentuales.
En 2018, de acuerdo con Moody’s, el PIB retrocedería en 1.2 puntos porcentuales, en tanto que para 2020 provocaría un retroceso de 0.3 puntos porcentuales en el crecimiento económico.
Pese a que las negociaciones aún continúan, analistas de Moody’s alertaron que las posibilidades de que este acuerdo sea eliminado han aumentado en las semanas recientes, debido a las propuestas presentadas por Estados Unidos que han sido rechazadas por Canadá y México.
Entre estas propuestas destacan la inclusión de un porcentaje de contenido nacional en productos fabricados en la región; la cláusula de expiración para revisar cada cinco años el acuerdo, y la eliminación de los paneles de arbitraje, entre otras.
Esta acción podría ofrecer una idea sobre las intenciones de Estados Unidos: provocar que Canadá y México abandonen las negociaciones para que el equipo estadunidense tenga éxito en terminar el acuerdo trilateral, destacó el analista Alfredo Coutiño.
Esta estrategia permitiría a Estados Unidos avanzar potencialmente hacia la negociación de acuerdos bilaterales con Canadá y México. La probabilidad de una desintegración del TLCAN continúa aumentando, señaló Coutiño.
Bajo ese escenario, un análisis difundido esta semana por la firma ImpactEcon estimó que México sería el país más afectado en términos de empleos si se elimina el TLCAN.
El país perdería 951 mil puestos de trabajo, en tanto que Estados Unidos eliminaría poco más de 250 mil empleos y Canadá poco más de 125 mil posiciones.
Por sectores, aquellos más afectados en México serían los textiles, los artículos de vestir, la maquinaria pesada y la industria automotriz, de acuerdo con ImpactEcon.
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| Según un reciente análisis, el país perdería 951 mil puestos de trabajo, en tanto que Estados Unidos eliminaría poco más de 250 mil empleos y Canadá arriba de 125 mil puestos. La imagen, durante la pasada conferencia anual de la calificadora en la Ciudad de México Foto Yazmín Ortega Cortés |
En caso de que desapareciera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la economía de México tendría retrocesos mayores a partir de 2018, mientras que las economías de Estados Unidos y Canadá serían las menos afectadas, advirtió Moody’s Analytics.
En un análisis difundido esta semana, la unidad de investigación de la calificadora destacó que la economía de México sería la mayormente afectada por una posible terminación del TLCAN, aunque aclaró que este impacto se concentraría en 2019, cuando el producto interno bruto (PIB) podría retroceder hasta dos puntos porcentuales.
En 2018, de acuerdo con Moody’s, el PIB retrocedería en 1.2 puntos porcentuales, en tanto que para 2020 provocaría un retroceso de 0.3 puntos porcentuales en el crecimiento económico.
Pese a que las negociaciones aún continúan, analistas de Moody’s alertaron que las posibilidades de que este acuerdo sea eliminado han aumentado en las semanas recientes, debido a las propuestas presentadas por Estados Unidos que han sido rechazadas por Canadá y México.
Entre estas propuestas destacan la inclusión de un porcentaje de contenido nacional en productos fabricados en la región; la cláusula de expiración para revisar cada cinco años el acuerdo, y la eliminación de los paneles de arbitraje, entre otras.
Esta acción podría ofrecer una idea sobre las intenciones de Estados Unidos: provocar que Canadá y México abandonen las negociaciones para que el equipo estadunidense tenga éxito en terminar el acuerdo trilateral, destacó el analista Alfredo Coutiño.
Esta estrategia permitiría a Estados Unidos avanzar potencialmente hacia la negociación de acuerdos bilaterales con Canadá y México. La probabilidad de una desintegración del TLCAN continúa aumentando, señaló Coutiño.
Bajo ese escenario, un análisis difundido esta semana por la firma ImpactEcon estimó que México sería el país más afectado en términos de empleos si se elimina el TLCAN.
El país perdería 951 mil puestos de trabajo, en tanto que Estados Unidos eliminaría poco más de 250 mil empleos y Canadá poco más de 125 mil posiciones.
Por sectores, aquellos más afectados en México serían los textiles, los artículos de vestir, la maquinaria pesada y la industria automotriz, de acuerdo con ImpactEcon.
Avalan diputados Ley de Ingresos 2018 con $43,291 millones extra
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Por la madrugada, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ya tenía un proyecto que, con traspiés, definió lo que más tarde se aprobaría en el pleno: la Ley de Ingresos 2018 establecería recursos adicionales por 43 mil 291 millones de pesos, derivados principalmente de la modificación en la previsión del tipo de cambio dólar-peso y de un incremento en la estimación del costo del barril de crudo nacional.
Un tema surgido en la primera hora del día fue el de la eliminación de los métodos actuales con los que se establece el precio de la gasolina y el diésel (el popularmente llamado gasolinazo), pero la mayoría del PRI y aliados en la Comisión de Hacienda permitió que este tema no fuese alterado en el proyecto del Ejecutivo.
Finalmente, y un día antes de que venza el plazo para entregar la Ley, el proyecto fue aprobado en lo general, con 399 votos a favor, 44 en contra y 1 abstención. La principal oposición, como era previsible, fue morenista.
El dictamen tiene una bolsa de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos. Todo quedó resuelto a las 15:10 horas se decretó un receso para ordenar todas las reservas que serán discutidas en lo particular.
Para lograr esta cifra, los diputados subieron de 46 a 48.5 pesos la expectativa del precio del petróleo mexiacano y se elevó igualmente de 18.10 pesos a 18.40 pesos por dólar el promedio cambiario estimado para el próximo año.
Sumaron un total de 40 diputados lo que harán uso de la palabra hasta por tres minutos para exponer y defender sus reservas. Los temas fueron por demás variados, desde una defensa al “hombre-camión” referida a los transportistas y traileros, hasta meras declaratorias en el sentido de que se defendería el interés nacional.
La Ley de Ingresos tendrá finalmente un monto total de 5.27 billones de pesos, de los cuales, 3.5 billones son ingresos del Gobierno Federal, 1.1 billones son ingresos de organismos y empresas del Estado y 502 millones son derivados de financiamientos.
Los diputados decidieron también que la recaudación de impuestos será más eficiente pues estimaron que alcanzará 2.9 billones de pesos; una mayor recaudación por los ingresos tributarios y no tributarios, lo que es posible, argumentaron los legisladores, por el desempeño observado en agosto y septiembre.
La Ley del Impuesto sobre la Renta incluye una actualización previamente acordada: al llegarse a una inflación mayor a 10 por ciento a lo largo de varios años, las tarifas deberán actualizarse, lo que supondrá ingreso extras.
Por crimen en Q. Roo góber renta blindadas VIP del erario
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| Foto: Cuartoscuro Archico |
Erika Montejo
En plena disputa de grupos delictivos, el gobierno de Quintana Roo contrató el servicio de siete camionetas blindadas con un costo de 6 millones 778 mil 625 pesos para el resguardo de funcionarios de primer nivel.
De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad ha acumulado de enero a agosto más de 16 mil 124 delitos como robos a casa habitación y negocios, asaltos en carreteras, homicidios, extorsiones y violaciones.
En este escenario se contrató a la empresa Lumo Financiera del Centro SA. de CV. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Entidad No Regulada (ENR) para que brinde el servicio desde mayo y hasta diciembre de este año.
“La celebración del presente contrato se aprobó en la sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del gobierno del estado de fecha 10 de mayo del 2017, bajo el procedimiento de adjudicación directa”, menciona el contrato.
La inversión se realizó durante los meses en que el gobierno del estado argumentó a las organizaciones civiles y empresarios que integran la Mesa de Seguridad la falta de recursos para el equipamiento de la policía estatal.
La autoridad realizará dos pagos parciales por el servicio: el primero por un millón 338 mil 601.13 pesos, y siete más por concepto de renta mensual sucesivos de 777 mil 146.39 pesos, la cual incluye el seguro vehicular de cada uno de los bienes arrendados, según la versión pública del contrato.
Además, el gobierno estatal será responsable de cubrir los costos de las reparaciones correctivas que sean necesarias a efecto de que el bien arrendado esté en correcto funcionamiento, en caso de que se hagan mal uso de estos.
Cancún, principal destino turístico el estado, mantiene una alerta de viaje por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos por las continuas actividades de organizaciones criminales, hecho que ha impactado en la ocupación hotelera desde agosto.
Ante esta alerta, la Asociación de Hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, que encabeza Carlos Gosselin Maurel, informó que la alerta ha reducido el número de turistas en la entidad con lo que la ocupación ha caído 10 por ciento.
Los empresarios anunciaron que invertirán 10 millones de pesos de su bolsa para pagar una campaña de promoción en EU para contrarrestar la caída del turismo.
“Invertiremos alrededor de 10 millones de pesos para esta campaña, que iniciaría el 15 de noviembre y concluiría el 30 de ese mismo mes, y será en ese país, ya que es donde más se ha tenido afectación. Sabemos que el gobernador y otros funcionarios tuvieron una gira por Estados Unidos, pero no sabemos los resultados”, mencionó el líder empresarial en conferencia de prensa en días pasados.
De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad ha acumulado de enero a agosto más de 16 mil 124 delitos como robos a casa habitación y negocios, asaltos en carreteras, homicidios, extorsiones y violaciones.
En este escenario se contrató a la empresa Lumo Financiera del Centro SA. de CV. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Entidad No Regulada (ENR) para que brinde el servicio desde mayo y hasta diciembre de este año.
“La celebración del presente contrato se aprobó en la sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del gobierno del estado de fecha 10 de mayo del 2017, bajo el procedimiento de adjudicación directa”, menciona el contrato.
La inversión se realizó durante los meses en que el gobierno del estado argumentó a las organizaciones civiles y empresarios que integran la Mesa de Seguridad la falta de recursos para el equipamiento de la policía estatal.
La autoridad realizará dos pagos parciales por el servicio: el primero por un millón 338 mil 601.13 pesos, y siete más por concepto de renta mensual sucesivos de 777 mil 146.39 pesos, la cual incluye el seguro vehicular de cada uno de los bienes arrendados, según la versión pública del contrato.
Además, el gobierno estatal será responsable de cubrir los costos de las reparaciones correctivas que sean necesarias a efecto de que el bien arrendado esté en correcto funcionamiento, en caso de que se hagan mal uso de estos.
Cancún, principal destino turístico el estado, mantiene una alerta de viaje por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos por las continuas actividades de organizaciones criminales, hecho que ha impactado en la ocupación hotelera desde agosto.
Ante esta alerta, la Asociación de Hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, que encabeza Carlos Gosselin Maurel, informó que la alerta ha reducido el número de turistas en la entidad con lo que la ocupación ha caído 10 por ciento.
Los empresarios anunciaron que invertirán 10 millones de pesos de su bolsa para pagar una campaña de promoción en EU para contrarrestar la caída del turismo.
“Invertiremos alrededor de 10 millones de pesos para esta campaña, que iniciaría el 15 de noviembre y concluiría el 30 de ese mismo mes, y será en ese país, ya que es donde más se ha tenido afectación. Sabemos que el gobernador y otros funcionarios tuvieron una gira por Estados Unidos, pero no sabemos los resultados”, mencionó el líder empresarial en conferencia de prensa en días pasados.
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