Virgilio Sánchez
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El ex Auditor Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo se inconformó por la negativa del Juez Décimoprimero de Distrito de otorgarle un amparo contra las reformas legales que crean el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; que sustituye a la Auditoría Superior del Estado, que él encabezaba.
El 20 de octubre, esta autoridad federal determinó no otorgar la suspensión definitiva de estas modificaciones legales realizadas el 30 de agosto por el el Congreso de Oaxaca; y por las cuales, el quejo perdió su empleo.
Cinco días después, Altamirano Toledo presentó un recurso de revisión ante el Poder Judicial de la Federación de esta sentencia.
El Juez de este caso enviará la próxima semana este expediente, identificado con el número 1143/2017, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimotercer Circuito, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios.
“Para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra la interlocutoria dictada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, en la que se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada”, agregó.
Ampliación
El Poder Judicial de la Federal dio oportunidad al ex auditor de ampliar su demanda contra el proceso de selección de su sustituto. El viernes, 27 de octubre, el Juzgado Décimoprimero de Distrito previno a Altamirano, para que le informe su decisión.
El 9 de octubre, el ex Auditor de Oaxaca inició un juicio de amparo contra las facultades del Congreso del Estado para remover el titular de la Auditoria Superior del Estado y de intervenir en acciones de fiscalización, que están previstas específicamente en los artículos 59, fracciones XXII, XXIII y XXXVI; y 65 BIS de la Constitución Politíca del Estado de Oaxaca.
Al día siguiente el Juez Décimoprimero de Distrito admitió este juicio de amparo, y 24 horas más tarde, concedió una suspensión provisional en favor de Carlos Altamirano.
En este juicio, el Gobernador del Estado, el Oficial Mayor del Congreso del Estado, el Director General del Archivo del Estado, y el director jurídico de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno; negaron la existencia de los actos reclamados por el ex funcionario estatal.
Otras de las autoridades demandas eran: el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, el jefe de la unidad del Periódico Oficial del Estado, el jefe de la unidad de talleres gráficos del Periódico Oficial del Estado; y el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
En la sentencia del juez federal por la cual le niega el amparo, argumentó que privilegió el bien general por encima del interés particular de Carlos Altamirano Toledo.
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