Conflicto estancado en la Sierra Norte de Oaxaca

Nadia Altamirano 

Los funcionarios están custodiados desde el pasado martesARCHIVO

Emitir una medida cautelar es la única intervención que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha tenido en la retención de cuatro servidores públicos por pobladores de la agencia de Santa Catarina Yetzelalag, en el municipio de San Ildelfonso Villa Alta, en la Sierra Norte.

Su visitador general, Juan Rodríguez Ramos, incluso afirmó que fueron liberados desde el viernes, luego de que se firmó una minuta con la Secretaría General de Gobierno (Segego), pero hasta el cierre de la edición pobladores y autoridades insistían en obligarlos a permanecer en la población.

Quieren ver acción

La única manera de permitirles que abandonaran la comunidad es que el Gobierno del Estado iniciara con los trabajos de reubicación de 150 casas dañadas por los agrietamientos ocurridos desde el año 2010 y que se agravó con los sismos de septiembre, así como con las lluvias que no cesan desde ese mes.

“Nosotros desde el día jueves dictamos una medida cautelar a efecto de que pudiera obtenerse la libertad de las personas”, aseguró en entrevista el visitador Juan Rodríguez, quien no hizo referencia a que la DHHPO fuera a enviar personal a constatar las condiciones físicas de los servidores o que estos fueron liberados.

Si bien en la víspera, las autoriades de Yetzelalag acudieron a la ciudad de Oaxaca y firmaron una nueva minuta de acuerdo en la Secretaría General de Gobierno, las autoridades estatales no han cumplido su ofrecimiento de enviar maquinaria pesada para iniciar con los trabajos de reubicación.

“En el tema de asuntos indígenas somos muy cuidadosos sobre todo porque también está en juego sistemas normativos internos”, dijo a la vez que señaló que la medida cautelar no daría pie a una recomendación si se llega a un acuerdo o los funcionarios presentan una queja.

El problema de fondo de la retención que emana de una inconformidad de pobladores de una agencia serrana que durante siete años ha esperado la reubicación que les evite vivir entre riesgos, no sería atendido por la DDHPO:

“Se reclamó unicamente la privación de libertad, podría derivar en una propuesta de conciliación o recomendación o incluso concluir el expediente”, explicó a la vez que consideró que la privación de la libertad es grave cuando sobrepasa las 36 horas, como ocurrió con los servidores públicos.