Expertos educativos alertaron que proyectos como los Cendis son redes de corrupción porque se destinan recursos millonarios y no hay una efectiva rendición de cuentas.
Luego de revelarse presuntos desvíos por 100 millones de pesos en Cendis en Nuevo León, David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, pidió que las autoridades encargadas asuman la responsabilidad y control de estas instituciones, pues consideró que dejarlos a cargo de asociaciones con nexos políticos es un error.
Según la PGR, María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo (PT), utilizó a los Cendis para presuntamente lavar estos recursos aportados por el Gobierno de Nuevo León.
Dichos centros son controlados en la entidad por el Frente Popular Tierra y Libertad, encabezado por Anaya.
"Ante la ausencia del Estado para ofrecer servicios de educación inicial, esta asociación ha aprovechado su músculo político y muchas prácticas que frecuentemente han sido irregulares", señaló.
"¿Por qué le dieron tanto dinero a estos centros (Cendis)?, como registra el diario (REFORMA), en cinco años son cuatro mil millones de pesos. El problema es que no esté controlado por una instancia del Estado como sí están por ejemplo los Centros de Desarrollo Infantil del DIF, o del ISSSTE o del Seguro Social o de las Secretarías de Educación".
Calderón dijo que otro ejemplo es el de Tecomatlán, Puebla, donde Antorcha Campesina también tiene control total en escuelas, y toma atribuciones como elección de maestros y programas de estudio, lo que, señaló, es ilegal.
"Hay asociaciones electorales y que usan técnicas de movilización callejeras, invasiones, amenazas. Son por supuesto distorsiones del derecho a la educación y deberían de extinguirse, no los servicios, sino la dependencia de estas fuerzas políticas".
Indicó que convenios sindicales como el de la CNTE con el Gobierno sólo propiciaron el "reparto entre adultos", sin beneficios a estudiantes.
Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, advirtió que la falta de vigilancia de las autoridades ha provocado que centros educativos y escuelas sean la fachada para prácticas ilícitas.
"Si hay un sector vulnerable a las redes de corrupción es el sector educativo: por los montos de los recursos, porque se gasta desde la nómina hasta las cuestiones de infraestructura, pasando por los insumos educativos", dijo.
"Desnuda, en ese sentido, las debilidades en los sistemas locales, más bien de las instituciones locales que tienen que ser garantes para combatir la corrupción y ver que efectivamente se ejerzan los recursos ¿Dónde estuvo el Órgano Superior de las entidades?", cuestionó.
Solicitaron a la Secretaría de Educación Pública su versión sobre la operación de los Cendis, pero no ha dado respuesta.
Iris Velázquez/REFORMA
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