Nadia Altamirano
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La crisis humanitaria que actualmente vive Oaxaca por los daños del sismo, ha evidenciado la notoria ausencia de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y su consejero presidente, Arturo Peimbert Calvo.
En opinión del director de Servicios para una Educación Alternativa AC (EDUCA), Marcos Leyva Madrid, el actuar de ese órgano autónomo sólo se ve cuando la presión social “es bastante fuerte”, lo que demuestra que “no ha estado a la altura de las circunstancia”.
A una semana del movimiento telúrico de 8.2 grados en la escala de Richter la DDHPO no ha hecho pronunciamiento alguno que especifique si tendrá alguna participación para promover y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas que se vieron afectadas.
Tampoco se ha visto algún tipo de intervención que garantice que la ayuda que deben recibir las personas damnificadas no se politice ni condicione. “Hemos estado viendo una total ausencia de la DDHPO”, criticó en entrevista Leyva Madrid.
Y abundo: “Hasta el momento no hay un pronunciamiento público por la situación que se vive en el Istmo, mucho menos en términos de ayuda humanitaria para que ésta sea entregada bajo los principios internacionales que hay en este sentido”.
Si bien ese punto puede no estar especificado en la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, si existe un marco internacional y principios que indican cómo se debe distribuir cualquier ayuda humanitaria que bien se podrían aplicar a la situación actual de los 41 municipios que resultaron afectados por el sismo, de los cuales el más afectado sigue siendo Juchitán de Zaragoza.
La DDHPO en cambio “no ha hecho su papel”, lo que tendría que hacer es “vigilar la entrega de ayuda, estar atenta a que no se violente el derecho de las personas, que la entrega no sea partidaria, que los funcionarios públicos y representantes populares, no estén condicionando la entrega”.
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