Alta traición de PRI-PVEM en Senado

Salvador García Soto.

Por increíble que parezca, el presidente Enrique Peña Nieto con el apoyo del PRI y de sus esbirros del PVEM intenta consumar en el Senado algo que de concretarse sería una alta traición para el país, los mexicanos y la ausencia de justicia que padecemos en esta nación, donde la impunidad es la norma. Revivir el intento de imponer como primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR) al actual procurador Raúl Cervantes Andrade, significa matar no sólo a una institución autónoma antes de nacer, sino aniquilar toda esperanza de que algún día, la dolorosa situación de injusticia, corrupción e impunidad realmente pueda cambiar en este país.

Justo un año después de que intentaron, sin éxito, apropiarse de la nueva FGR, como parte de una estrategia para “blindar” a Peña Nieto y a su grupo gobernante de investigaciones futuras de corrupción u otros delitos al terminar el sexenio, hoy se reactiva la intentona de aplicar el cuestionado “pase automático” para nombrar al procurador como primer Fiscal General, si se aprueba, por mayoría simple de los senadores, la ley que rige a la nueva fiscalía.

Hace un año, organizaciones civiles denunciaron el intento de apropiación del grupo peñista de la institución que busca cambiar la ineficaz y politizada procuración de justicia que hay en México, y a través del hashtag en redes sociales #FISCALCARNAL, generaron todo un rechazo a la imposición de Raúl Cervantes y obligaron al PAN y PRD a rechazar las presiones del PRI para aprobar la Ley de la Fiscalía General, y a que Peña Nieto mandara una propuesta al Senado para cancelar el “pase automático”.

Pero pasaron los meses y el tema se mandó a la congeladora, sin modificar la ley ni eliminar dicho nombramiento automático, hasta que hoy los senadores priístas, apoyados por el servil presidente del Partido Verde, Pablo Escudero, están a punto de consumar la imposición del #FISCALCARNAL.

Los cuestionamientos a Raúl Cervantes Andrade no tienen que ver con su experiencia como jurista; lo que se cuestiona, y a juicio de muchos lo descalifica, es la excesiva cercanía política que tiene con el presidente Peña, de quien fue su abogado en la campaña presidencial, además de ser primo del influyente ex consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos Cervantes ¿Realmente tendría independencia y autonomía para servir al país y no a un grupo político un fiscal tan comprometido con el PRI y con la actual clase gobernante mexiquense?

Ayer el PAN y el PT en el Senado denunciaron en voz de sus coordinadores Fernando Herrera y Miguel Barbosa, que el PRI y sus lacayos del PVEM buscan sólo 3 votos —que intentarían coptar de otras fracciones— para completar la mayoría simple que requieren para aprobar la Ley de la Fiscalía, pues las dos bancadas oficialistas suman 62 (55 priístas y 7 verdes).

¿Serán capaces Peña Nieto, los priístas y sus achichincles verdes de traicionar y aniquilar la esperanza de todo un país para tener una Fiscalía que sirva a los ciudadanos y no sólo a los intereses políticos, y que acabe con la impunidad que genera tanto dolor, inequidad e injusticia entre los mexicanos? Si los dejamos, lo harán porque a ellos no les importa el país sino garantizar su propia impunidad ante la corrupción y el saqueo cometido por el actual gobierno.

NOTAS INDISCRETAS... La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó ayer, en un fallo histórico, la Ley Kumamoto en Jalisco que modifica la fórmula de asignación de recursos públicos a los partidos en ese estado y les otorga sólo el dinero proporcional al porcentaje de votos efectivos durante la elección inmediata. Conocida como “Sin voto no hay dinero”, esta ley, que ya se aplica en la entidad jalisciense, es una de las vías surgidas desde la sociedad civil para poner un alto al brutal derroche de miles de millones de pesos (más de 12 mil millones en 2018 entre asignaciones federales y estatales) que se destinan a los partidos políticos. Los ministros decidieron por mayoría, después de un intenso debate y contra la propuesta del ministro Pardo Rebolledo, que es constitucional que los partidos aprueben sus propias fórmulas de asignación de recursos a los partidos, con lo que se abre la puerta a que otras entidades imiten el modelo de Jalisco para disminuir su gasto público en partidos. Y de eso a que a nivel federal se empujen iniciativas similares, para acabar con el millonario dispendio actual de la partidocracia, hay un paso. Apenas el INE informó que su presupuesto de 2018 será de 25 mil millones de pesos, “el más alto de la historia”, lo que hace a nuestra democracia una de las más caras del mundo, pero también de las más ineficientes para garantizar satisfactores básicos y seguridad a los electores. Se acabaron pretextos para el INE y el Congreso. Sí se puede y se deben modificar las fórmulas constitucionales para detener el saqueo brutal de recursos públicos. La Corte ha dicho… Los dados mandan Escalera doble. Subimos.