Virgilio Sánchez
Diputados deciden a qué funcionario se denuncia
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Tres semanas antes de concluyera la anterior Legislatura, el Pleno aprobó esta nueva facultad
MARIO JIMÉNEZ LEYVA
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Los diputados que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado, usurpan las funciones del Ministerio Público.
A partir de esta Legislatura, los coordinadores de las fracciones parlamentarias de Morena, PRI, PAN, PRD y PT; Irineo Molina, María de las Nieves García, Juan Mendoza, Carol Antonio Altamirano y Juan Bautista Olivera, respectivamente; deciden qué ilícitos cometidos por presidentes municipales, diputados, funcionarios públicos en funciones, o que hayan dejado el cargo, deben ser investigados y eventualmente sancionados de manera penal.
El 17 de octubre de 2016 -tres semanas antes de concluyera la anterior Legislatura- el Pleno aprobó esta nueva facultad a través de una reforma al artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca.
“Para proceder penalmente en contra de los funcionarios de elección popular y de los previstos en el artículo 118 de la Constitución Política que se encuentren en funciones o hayan dejado de fungir como tales, por delitos cometidos con motivo de encargo, se requerirá querella del Auditor Superior del Estado, previa autorización de la Junta de Coordinación Política”, expone.
Es decir, aunque el Auditor Superior del Estado tenga pruebas suficientes de la comisión de un ilícito por parte de estos servidores y ex servidores públicos, no puede dar parte a la autoridad judicial, hasta que este grupo de 5 diputados lo autoricen.
De paso, los ex diputados locales se aseguraron impunidad, toda vez que sus compañeros de partido serían los que decidan si actuan penalmente en su contra, ante cualquier acción ilegal que se les impute.
El Ministerio Público, de acuerdo con la definición publicada por la Procuraduría General de la República (PGR), es el “órgano acusador, que como representante de la sociedad, monopoliza el ejercicio de la acción penal, en nombre del Estado, y busca se cumpla la voluntad de la Ley”.
El titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo advirtió a los legisladores, en una reunión sostenida el jueves, que esta limitación afectará al Sistema Estatal Anticorrupción, ya que la denuncia de los presuntos actos ilícitos está monopolizada por la Jucopo.
Perdió independencia
Hasta antes de esta reforma, el Auditor Superior del Estado tenía la facultad de presentar una querella ante la autoridad judicial, ante la presunción de un acto ilícito cometido por un funcionario público.
“Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos, deberán presentarse por parte de la Auditoría cuando se cuente con los elementos suficientes que establezca la Ley”, expresaba el artículo 38 de la Ley de Fiscalización.
Pero esta no es la única limitación impuesta al órgano fiscalizador de Oaxaca; si la Auditoría hallara presuntos actos de corrupción cometidos, con más de tres años de antigüedad, yo no podrá denunciarlos.
Ningunea Congreso a Auditor
El Congreso del Estado desdijo al Auditor Superior del Estado, Carlos Altamirano de sus declaraciones públicas hechas sobre el manejo opaco de los diputados locales sobre su presupuesto.
De forma atípica, a través de un comunicado, el Poder Legislativo presumió el arrepentimiento del Auditor.
“Se retracta de declaraciones contra Jucopo del Congreso del Estado”, tituló el Congreso estatal el boletín.
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