GRAFICO OAXACA
Las “peores fechorías” cometidas por los gobernadores mexicanos del siglo 21 tuvieron la validación de los congresos estatales, acusó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Pensar que la corrupción se va a terminar con la detención de los exmandatarios Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo) o Roberto Sandoval (Nayarit) es ser más ingenuo y optimista “que un comprador de Melate”, subrayó el presidente de aquella organización, Juan Pardinas.
“Mientras tengamos congresos locales podridos por los privilegios y la falta de transparencia, México tendrá gobernadores corruptos”, sentenció el activista, a través de un artículo de opinión publicado por el diario Reforma.
La labor de los mil 124 diputados locales que existen en todo el país, abundó, es, en teoría, fungir como contrapeso frente a las “facultades feudales de los señores gobernantes”.
Sin embargo, apuntó, de acuerdo con los resultados de su análisis Informe Legislativo, presentado la semana pasada, los legisladores no cumplen con ese cometido.
Precisó que sólo 13 de 32 congresos estatales pudieron entregar su respectivo proyecto de presupuesto de egresos para 2017 y 15 de 32 pudieron documentar la distribución del gasto en 2016.
“Apenas hace unas semanas se destapó una red de extorsión dentro del Congreso de San Luis Potosí. El diputado panista Enrique Flores apareció en un video donde ofrecía limpiar las cuentas públicas de un municipio a cambio del 10 por ciento de los montos observados…
“¿Qué contexto de impunidad pudo transformar a miembros del Poder Legislativo de San Luis Potosí en una versión autóctona de Los Sopranos? ¿En cuántos congresos estatales se repite este modus operandi?”, cuestionó Pardinas.
En el caso de Oaxaca, la pasada 62 Legislatura del Congreso del Estado ha sido acusada de incurrir en actos de malversación de recursos y no transparentar el uso de los al menos mil 800 millones de pesos que recibió durante sus tres años de ejercicio.
Sus integrantes fueron señalados de aceptar sobornos a cambio de apoyar las solicitudes de financiamiento presentadas por el entonces gobernador, Gabino Cué Monteagudo.
Al final de su mandato, el equipo de político reconoció obligaciones financieras superiores a los 16 mil millones de pesos.
Este monto es 65 veces mayor a los compromisos financieros de Oaxaca en el año 2000.
De acuerdo con el seguimiento a las Transferencias Federales a los Gobiernos Locales y su Deuda Pública, cuyos resultados forman parte de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 15-0-06100-02-0069, en el año 2000 la deuda reconocida de Oaxaca era de 247 millones 100 mil pesos; sin embargo, entre 2000 y 2006, ésta se incrementó a mil 506 millones 200 mil pesos; es decir, mil 259 millones de pesos más de lo que se tenía registrado seis años atrás.
De 2006 a 2012, las autoridades solicitaron préstamos por 4 mil 154 millones 200 mil pesos que colocaron los compromisos financieros del estado en 5 mil 660 millones 400 mil pesos.
Finalmente, entre 2012 a 2015, el gobierno aliancista de Gabino Cué solicitó créditos por 7 mil 515 millones 100 mil pesos, lo que hizo un monto acumulado de 13 mil 175 millones 500 mil pesos. Lo anterior, sin contar adeudos a proveedores y pasivos a corto plazo.
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