Salvador García Soto
Muchas cosas se definirán en la XXII Asamblea Nacional del PRI que comienza en un mes: el futuro inmediato del viejo partido, la posibilidad de que el priísmo llegue unido o dividido al 2018 y, sobre todo, la fuerza real de Enrique Peña Nieto en el ocaso de su sexenio y si al presidente —y a su grupo más cercano— le alcanza para operar la sucesión presidencial con un candidato “de unidad” definido desde Los Pinos. Podría decirse que en las mesas de la Asamblea que arranca el 12 de agosto, y en los cambios estatutarios que se hagan o no se hagan, se define para el gobernante Grupo Atlacomulco la posibilidad de buscar la continuidad de su proyecto político y de negocios, en el que tienen comprometidas millonarias inversiones transexenales, mientras que para el resto del priísmo lo que está en juego es casi la supervivencia de su partido.
Por eso es que la temperatura al interior del viejo partido está subiendo conforme se acerca la Asamblea. A los intentos de “albazo” desde el CEN del PRI, con la circulación de documentos “adelantados” que buscan guiar los cambios estatutarios, cuando aún no están siquiera conformadas las Mesas de Trabajo estatales que debieran definir los temas y las propuestas de modificación de documentos, se suma la efervescencia de grupos, corrientes y personajes que se preparan para el debate y las definiciones en el máximo órgano de deliberación, en lo que adentro se percibe ya como el inicio de una batalla por el partido y por la sucesión, en condiciones por demás desventajosas para un PRI desgastado, debilitado como marca y arrastrado por errores y escándalos del gobierno peñista en materia de obras, corrupción y políticas públicas.
A las corrientes emergentes, que desde la cúpula partidista llamaron “políticos de café”, es fácil identificarlas: está Alianza Generacional, donde se mueven políticos experimentados como José Ramón Martell, Alberto Aguilar Iñárritu y José Encarnación Alfaro; Expresión Militante, liderada la única aspirante mujer a la candidatura presidencial del PRI, Ivonne Ortega; Corriente Crítica, de Ricardo Olivares y Manuel Ramón Gurrión, y Democracia Interna del ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz. También ha expresado posiciones críticas el ex gobernador Antonio González Curi.
Pero todos esos grupos, si bien activos en la discusión interna de la Asamblea y con posicionamientos que apuntan a temas comunes (Definición de reglas para la elección del candidato presidencial, proceso abierto y democratización; definiciones políticas e ideológicas del en combate a la corrupción, y combate a la pobreza y política económica) serán los que se muevan en torno a las cabezas de grupo y personajes en la definición del candidato presidencial del priismo en 2018.
Y ahí vienen los personajes identificables como cabezas en la guerra interna priísta: de un lado, con el control del CEN del PRI y una fuerte ascendencia en el presidente Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray y su grupo, en el que entra la actual dirigencia nacional del partido encabezada por Enrique Ochoa, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, y como externo y también jugador, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Del otro lado del gabinete, en el ala opuesta, pero también con influencia y operación en la sucesión está Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación; junto a él se mueven el secretario de Salud, José Narro, y otros miembros del gabinete que se oponen a la imposición de Videgaray. Fuera del gabinete pero también con poder y ascendencia en el presidente, está Emilio Gamboa, quien desde el Senado maneja también a una parte del PRI nacional y tiene una alianza de conveniencia con Videgaray. Por fuera, esperando las definiciones, está Manlio Fabio Beltrones y su grupo que también buscan incidir en la discusión de la Asamblea y que, llegado el momento, estaría más cerca de Osorio que de Videgaray. Los gobernadores priístas no tienen un bloque formado como tal y podrían repartirse en estos liderazgos.
En medio de todos esos grupos está el presidente Peña Nieto, quien tiene la decisión final, pero también las presiones de todos los grupos políticos y de interés. Esos grupos se mueven no sólo en la sucesión presidencial, sino también en el Estado de México, donde Peña tiene compromisos con políticos y de empresarios —sobre todo constructores y familias de poder— que han apostado a los proyectos que el presidente les ofreció en torno al nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el Nuevo Puerto de Veracruz, en donde están previstas obras e inversiones multimillonarias que trascienden incluso a este sexenio. Todo eso está en juego en la Asamblea del PRI y en el control de la sucesión desde Los Pinos.
Perder el control del partido sería el primer paso para perder el control de la sucesión, y eso sería a su vez el preámbulo de perder el poder en 2018. En el PRI las fracturas no necesariamente son expuestas y pueden ser más bien una implosión que no se ve afuera, pero adentro el daño está hecho.
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