Durante los últimos tres o cuatro meses, la Fiscalía General del Estado ha detenido a "más de tres" personas que durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo se dedicaron a vender plazas de burócratas, sostuvo el secretario de Administración, Javier Villacaña Jiménez.
El expresidente municipal de Oaxaca de Juárez no precisó, sin embargo, el nombre de los inculpados ni si existe algún vínculo entre ellos y el exsecretario de Administración, Alberto Vargas Varela, acusado de incurrir en múltiples actos irregulares durante el sexenio pasado.
Villacaña reconoció en entrevista que el recibir dinero a cambio de puestos de trabajo en la administración pública, es un delito que se traduce en penas de prisión y la cancelación del espacio laboral.
Pese a ello, dijo que la dependencia a su cargo no había entablado ninguna denuncia penal en contra de los funcionarios o exfuncionarios involucrados en esa irregularidad, bajo el argumento de que los responsables de comenzar tales procedimientos son los directamente agraviados: es decir, las personas que pagaron por los puestos.
Lo anterior, establece que las personas que, a decir del funcionario, han sido detenidas por la venta de plazas ha sido a petición de particulares y no del gobierno del estado.
"Sobre el tema de plazas que se han vendido, no tenemos la personalidad jurídica (para proceder). Tiene que ser el interesado, pero sí ha habido detenciones, más de tres en los últimos tres o cuatro, de personas que en su momento estuvieron ofertando o vendiendo plazas y que en su momento recibieron dinero", comentó.
--¿Hay vínculos entre estas personas y Alberto Vargas?.
--No, sería de mi parte aventurado decirlo.
En marzo pasado, el actual Secretario anunció que 303 plazas de las más de 800 que fueron otorgadas durante el último año del gobierno pasado habían sido revocadas por incumplir con la normativa y no contar "con techo presupuestal".
A ocho meses de comenzado el gobierno de Alejandro Murat, apuntó que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental aún no ha finalizado la auditoría que comenzó para establecer si las alrededor de 493 plazas restantes entregadas por la anterior administración cumplen a cabalidad con los requisitos, aunque adelantó que han surgido nuevas inconsistencias.
"Se han estado analizando otras más y de repente hemos detectado otras que se entregaron sin cumplir los seis meses que marca la ley del servicio civil. Creo que una vez que concluya la auditoría podemos dar con certeza datos, dijo.
No pudo precisar cuándo terminará la revisión y cuáles serán las medidas a tomar.
"Nunca me ha gustado aventurar cifras porque puede variar y, entonces, al rato, pensar que nosotros falseamos alguna información", argumentó.
El expresidente municipal de Oaxaca de Juárez no precisó, sin embargo, el nombre de los inculpados ni si existe algún vínculo entre ellos y el exsecretario de Administración, Alberto Vargas Varela, acusado de incurrir en múltiples actos irregulares durante el sexenio pasado.
Villacaña reconoció en entrevista que el recibir dinero a cambio de puestos de trabajo en la administración pública, es un delito que se traduce en penas de prisión y la cancelación del espacio laboral.
Pese a ello, dijo que la dependencia a su cargo no había entablado ninguna denuncia penal en contra de los funcionarios o exfuncionarios involucrados en esa irregularidad, bajo el argumento de que los responsables de comenzar tales procedimientos son los directamente agraviados: es decir, las personas que pagaron por los puestos.
Lo anterior, establece que las personas que, a decir del funcionario, han sido detenidas por la venta de plazas ha sido a petición de particulares y no del gobierno del estado.
"Sobre el tema de plazas que se han vendido, no tenemos la personalidad jurídica (para proceder). Tiene que ser el interesado, pero sí ha habido detenciones, más de tres en los últimos tres o cuatro, de personas que en su momento estuvieron ofertando o vendiendo plazas y que en su momento recibieron dinero", comentó.
--¿Hay vínculos entre estas personas y Alberto Vargas?.
--No, sería de mi parte aventurado decirlo.
En marzo pasado, el actual Secretario anunció que 303 plazas de las más de 800 que fueron otorgadas durante el último año del gobierno pasado habían sido revocadas por incumplir con la normativa y no contar "con techo presupuestal".
A ocho meses de comenzado el gobierno de Alejandro Murat, apuntó que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental aún no ha finalizado la auditoría que comenzó para establecer si las alrededor de 493 plazas restantes entregadas por la anterior administración cumplen a cabalidad con los requisitos, aunque adelantó que han surgido nuevas inconsistencias.
"Se han estado analizando otras más y de repente hemos detectado otras que se entregaron sin cumplir los seis meses que marca la ley del servicio civil. Creo que una vez que concluya la auditoría podemos dar con certeza datos, dijo.
No pudo precisar cuándo terminará la revisión y cuáles serán las medidas a tomar.
"Nunca me ha gustado aventurar cifras porque puede variar y, entonces, al rato, pensar que nosotros falseamos alguna información", argumentó.
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