Adrián Ortiz Romero
+ Todos escuchamos con morbo las comunicaciones intervenidas contra la ley
Hoy en México hay sorpresa por las revelaciones hechas por un diario estadounidense, respecto a la posibilidad de que, a través de un software muy sofisticado, el gobierno federal mexicano habría ‘infectado’ los aparatos telefónicos de una cantidad indeterminada de personas con alguna actividad relevante en el país, para espiarlos con fines políticos. Sorprende a muchos, aunque no debería ser así a la luz de la forma tan cotidiana y normal en la que, durante décadas, los mexicanos asumido la difusión de conversaciones telefónicas, y comunicaciones privadas, obtenidas ilegalmente, en lugar de rechazar esa práctica como sí lo hacen otras sociedades, máxime cuando las escuchas provienen del propio Estado.
En efecto, el pasado lunes el periódico estadounidense The New York Times dio a conocer que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México presuntamente han sido espiados por el Gobierno Federal con un software israelí llamado Pegasus, capaz de monitorear llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, que incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.
De acuerdo con las investigaciones del diario estadounidense, las personas investigadas son los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); los periodistas Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
The New Times detalla que el gobierno mexicano ha gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de la empresa NSO Group, de origen israelí, desde 2011. “La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo”, detalla la investigación firmada en The New York Times por los periodistas Azam Ahmed y Nicole Perlroth.
Incluso, el periódico estadounidense corroboró, con ayuda de analistas forenses independientes, que Pegasus ha sido utilizado para vigilar a críticos del gobierno y a sus familiares, y que además el software denominado “Pegasus” no deja rastros del hacker que lo utilizó. informó que el software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó.
“NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas”, informó el diario.
Este caso, en particular, es relevante no sólo por la práctica de las escuchas telefónicas por parte del Estado —que es harto común en nuestro país— en contra de quienes considera como personas con actividades “sensibles” o de riesgo, aunque no precisamente para la seguridad nacional, la seguridad pública o el combate a la criminalidad, sino por su trascendencia social o política. En este caso, fue revelado que el uso del software por parte del gobierno mexicano ocurrió lo mismo con relación a delincuentes, que respecto a personas que tienen actividades periodísticas o profesionales que implican cuestionamientos al régimen gobernante.
No obstante toda la gravedad que puede revelar una práctica como ésta —llevada al más alto nivel del gobierno federal—, lo cierto es que las llamadas “escuchas telefónicas” en México son casi tan comunes, periódicas y tradicionales, como lo son los procesos electorales en los que casi siempre salen a flote grabaciones telefónicas, todas obtenidas ilegalmente.
“FILTRACIONES”
Dice el duodécimo párrafo del artículo 16 constitucional: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.”
Este precepto, igual que varios otros —aunque sin duda con menos intensidad—, es letra muerta en México. Pensemos sólo en el caso oaxaqueño: durante cada campaña electoral han surgido actividades de espionaje que básicamente se centran en las escuchas telefónicas que son utilizadas o para tomar ventaja sobre el adversario político, o bien para ser utilizadas para su difusión a través de la tristemente célebre forma de los “audioescándalos”.
Repasemos para constatar su cotidianidad, y la normalización de la práctica que hemos permitido los propios ciudadanos. Si buscamos en la red social de Youtube, fácilmente podremos encontrar una enorme colección de llamadas obtenidas ilegalmente y difundidas en medios de comunicación —ahora en redes sociales— con el fin de desprestigiar al adversario político.
Hay algunas grabaciones que tienen ya el carácter de “históricas” como la que se difundió entre Raúl Salinas de Gortari y su hermana Adriana Salinas, mientras éste se encontraba en prisión y hablaban del origen de la fortuna económica que la familia amasó durante el gobierno de su hermano, el presidente Carlos Salinas de Gortari. ¿De dónde salió esa grabación? Evidentemente, de las propias escuchas gubernamentales.
Incluso, en Oaxaca hay ejemplos abundantes de ello: ¿Se recuerda toda la colección de llamadas interceptadas en las que aparecía hablando el entonces gobernador Ulises Ruiz con sus colaboradores? ¿Las llamadas que le fueron interceptadas a Jorge Castillo “amarrado” negocios políticos con diversos personajes de diversos partidos durante el tiempo que fungió como ministro sin cartera y virrey oaxaqueño oaxaqueño? ¿Las que se han ido revelando con el paso del tiempo bajo la figura de “audioescándalos”, cada que la entidad atraviesa por un momento de determinaciones políticas álgidas? ¿La grabación en la que se revela la existencia de un “pendientito”, o en la que aflora el lenguaje pedestre y rapaz de quien gobernó Oaxaca de 2004 a 2010?
NORMALIZAR LO ILEGAL
En realidad, el problema no sólo son las escuchas, sino la normalización de la práctica por parte de la sociedad. Cuando sale un nuevo audioescándalo, la gran mayoría estamos atentos al contenido sin cuestionarnos nunca el origen ni la legalidad de las mismas. Quién sabe si de todos los casos conocidos a lo largo de los años existen investigaciones o resultados. Pero lo cierto es que el principal aliciente que tienen quienes obtienen grabaciones ilegales se encuentra justamente en la incapacidad del Estado por cumplir lo que dice la Constitución, y también en el “buen recibimiento” que le da la propia sociedad a ese tipo de prácticas, que en todos los casos deberían ser rechazadas frontalmente por la ilicitud de su origen.
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