PRI le cuelga a Ulises Ruiz ejecuciones, caravana de la muerte, tortura...
Karla Guerrero
La Comisión Nacional de Justicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició el proceso de expulsión contra Ulises Ruiz atribuyéndole usos de grupos paramilitares para atentar contra ciudadanos y militantes, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y enriquecimiento inexplicable.
La dirigencia nacional priista, encabezada por Alejandro Moreno, dio el paso para sacar de sus filas al ex gobernador de Oaxaca, luego de que en nueve años, el mismo números de presidentes lo mantuvieron intocable.
El expediente, al que tuvo acceso MILENIO, basa su acusación en las conclusiones hechas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca en 2016 y en violaciones al artículo 148 del Código de Justicia Partidaria, en la que se detalla en sus 957 páginas como una protesta de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que llevaba 23 días en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, derivó en un violento desalojo que desató un conflicto social y político que se extendió hasta 2007.
En los casi seis meses de movilizaciones se reportaron 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 381 lesionados, 248 casos de tortura y la desaparición forzada de dos personas.
El proceso de expulsión de Ulises Ruiz se aceleró luego del plantón y enfrentamiento del 29 de junio, entre militantes del PRI y afines al ex gobernador de Oaxaca que detonaron armas de fuego hiriendo a un simpatizante priista en la espalda.
El expediente contra Ruiz, que también incluye a Nayelly Gutiérrez, destaca este hecho, en el que se acredita el uso de violencia por parte de grupos de choque contra militantes y privación ilegal de la libertad de los trabajadores que estuvieron retenidos en las instalaciones del partido durante varias horas.
De ser expulsado, Ruiz acudirá a Tribunal Electoral
En entrevista con Azucena Uresti para Telediario, el ex gobernador de Oaxaca se dio por enterado del proceso en su contra y anunció que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para “defender nuestros derechos”, lo que continua, explicó, es seguir trabajando en beneficio de la permanencia del partido.
Indicó que junto con Gutiérrez fueron notificados de la solicitud de expulsión del PRI por orden del actual dirigente del partido, Alejandro Moreno.
Ruiz aseguró que a las 10:00 horas personal del PRI tocaron a su puerta para cumplir con la “amenaza” de expulsión del partido, lo que incumple su palabra de dialogo que se habría acordado cuando levantaron el plantón del Comité Ejecutivo Nacional desde el 6 de julio.
“Vinieron aquí a mi casa con cámaras, todo un show y notario para notificarme lo que ya sabíamos que iba a pasar (…) Cumple esa amenaza que nos habían hecho desde que estábamos plantados pacíficamente en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional, y vamos a esperar la resolución final, que seguramente será la expulsión”. “(Con) los órganos del partido no vamos a lograr nada porque es una indicación de Alejandro Moreno ante la pequeñez, en lugar de responder con dialogo como hemos manifestado que estamos dispuestos”, explicó.
Los argumentos para expulsar a Ulises Ruiz
El expediente que es analizado en la Comisión de Justicia Partidaria, encabezada por Fernando Elías Calles, documentó ocho puntos, hasta el momento, para proceder contra Ruiz.
Detalla que entre los "actos de intolerancia, soberbia, autoritarismo, la represión y el saqueo a Oaxaca", se encuentra: Represión de magisterio durante su sexenio.
En este punto, se explica el uso de "caravanas de la muerte" y el abuso de la policía estatal contra integrantes de la sección 22 de la CNTE, que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos.
En los casos de tortura se abunda que tras los 23 días en plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, se desató un conflicto social y político lo cual dejó 248 casos de tortura documentada. El PRI retomó 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias y 381 lesionados.
En el cuarto argumento contra Ruiz Ortiz se encuentra su culpabilidad por presunta desaparición forzada de dos personas que se habrían realizado en el período donde se suscitaron enfrentamientos entre el magisterio, organizaciones sociales y población en general con la Policía Preventiva del Estado y la Policía Federal.
En 2008, Emeterio Marino Cruz, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), presentó una denuncia penal en la entonces Procuraduría General de la República contra Ulises Ruiz Ortiz y ex funcionarios estatales por su responsabilidad de los delitos de tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura física, moral, psicológica, trato cruel inhumano y degradante.
Sobre el enriquecimiento ilícito, se retomó una denuncia, así como de peculado, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que habría causado un daño patrimonial de más de siete mil millones de pesos en prejuicio del pueblo oaxaqueño.
Entre las denuncias de lesa humanidad que fueron presentadas ante La Haya en 2016 que también incluyen a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, también se incluyen desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extraoficiales presuntamente cometidas entre 2006 y 2007.
El PRI incluyó también el enfrentamiento entres los grupos de choque de Ruiz y Gutiérrez contra militantes que del PRI que acudían a un evento en la sede nacional el cual dejó como saldo un herido de bala por las detonaciones que accionaron los afines al ex gobernador de Oaxaca.
El Código de Justicia Partidaria detalla en su artículo 148 estipula como causal de expulsión, y que son usados contra Ruiz y Gutiérrez, "difundir ideas o realizar actos con la pretensión de provocar divisiones en el partido; proceder con indisciplina grave, en relación con las determinaciones de las asambleas y demás órganos del partido y cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan encomendadas".
Se detalla que "las o los militantes que hayan sido expulsados del Partido, mediante resolución dictada por la Comisión Nacional, en ningún caso podrán solicitar su reafiliación". - JLMR
Enfocarán acciones en 50 municipios violentos; federación y gobernadores de Morena
CIUDAD DE MÉXICO.
El gobierno federal y los mandatarios de Morena acordaron trabajar juntos para disminuir los homicidios dolosos en el país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con gobernadores electos y en funciones emanados de su partido. Tras el encuentro, Alfonso Durazo, próximo gobernador de Sonora, detalló que las acciones se enfocarán en los 50 municipios que concentran la incidencia en asesinatos.
Aclaró que no habrá cambios en la estrategia contra la delincuencia, es decir, mitigar las desigualdades sociales que derivan en inseguridad, aunque no se descarta incrementar la presencia de la Guardia Nacional en lugares identificados como focos rojos, por la operación de grupos criminales.
Layda Sansores, gobernadora electa de Campeche, señaló que el Presidente les pidió estar presentes en las reuniones del gabinete de seguridad en sus respectivos estados, para dar seguimiento a las acciones anticrimen.
“Nos presentaron un esquema nacional de seguridad para abatir el delito del homicidio doloso y todos los procedimientos de articulación y estados para el combate a la delincuencia. No hay ningún plan de trabajo específico más que el de la seguridad pública”, dijo por su parte Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
Pondrán lupa en 50 municipios violentos
El presidente López Obrador demanda a 16 gobernadores electos y en funciones trabajo conjunto para bajar el índice de homicidios.
En una reunión de más de dos horas en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los gobernadores emanados de Morena, electos y en funciones, trabajar coordinadamente con la Federación para disminuir el índice de homicidios dolosos en el país.
De acuerdo con el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, los esfuerzos de sus colegas se enfocarán principalmente en 50 municipios que hoy concentran el más elevado índice de inseguridad por ese delito.
“Se abordaron diversos temas, particularmente la necesidad de fortalecer algunas acciones para mejorar el combate a la inseguridad. Se habló de concentrar esfuerzos en 50 municipios que hoy representan la estadística más grave, particularmente en el ámbito del homicidio doloso, y acordamos todos sumar esfuerzos, entre otras acciones que debemos trabajar de manera coordinada para dar los mejores resultados posibles”, declaró a los representantes de los medios de comunicación al concluir la reunión poco antes de la una de la tarde.
El futuro gobernador de Sonora aclaró que no habrá cambios en la manera de atacar la criminalidad, sólo que no descartan incrementar la presencia de elementos de la Guardia Nacional en los lugares identificados como focos rojos por la operación de las bandas delictivas.
“La política es la misma en el sentido que se da prioridad a combatir las causas que generan la inseguridad, pero mientras ese proceso da sus frutos, tiene que actuarse en otros ámbitos que es el estado de fuerza, el de la Guardia Nacional, el combate a la corrupción, el de capacitación. No se llegó a ese nivel de detalle, pero obviamente el refuerzo de todas las acciones podría implicar un mayor estado de fuerza, dependerá del proceso de reclutamiento en el que está conduciendo la Guardia Nacional”. puntualizó Durazo.
Por su parte, la gobernadora electa de Campeche, Layda Sansores, reconoció que el Presidente los convocó a que estén presentes en las reuniones del gabinete de seguridad en sus estados para que haya mejores resultados en el ejercicio de gobierno.
“Sí, nos alentó a que asistamos personalmente porque no es lo mismo cuando va un representante del gobernador; acudir a las reuniones nos permite dar seguimiento a los casos”, expuso Layda Sansores antes de abandonar Palacio Nacional.
En tanto, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, proporcionó más detalles del encuentro relativos a optimizar la estrategia anticrimen.
“Nos presentaron un esquema nacional de seguridad para poder abatir el delito del homicidio doloso y todos los procedimientos de articulación y estados para el combate a la delincuencia. No hay ningún plan de trabajo específico más que el de la seguridad pública”, indicó.
En el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador electo de Sinaloa, dijo que la inseguridad es un tema que a todos mortifica, pero aseguró que no hay ingobernabilidad.
“Se habla de municipios en general, en cada uno de los estados tenemos algún foco rojo”.
—¿Ponen en riesgo la gobernabilidad?, se le preguntó al futuro gobernador.
—No, porque en realidad la tendencia se ha revertido con este gobierno, en el tema fundamental que es el tema de homicidios, ya no digamos en otros delitos, y en delitos federales en realidad se ha reducido un 30%.
En la reunión también estuvieron las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez, y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así como el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
También acudieron el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno Silva; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.
Según la organización Semáforo Delictivo, que dirige Santiago Roel, Tecate (Baja California), Xochiltepec (Morelos) y Tulum (Quintana Roo), encabezan la lista de los municipios más violentos.
Seguridad, tema de los invitados de Palacio
Los gobernadores madrugaron para su cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Llegaron después de las 9:30 horas por la calle de Corregidora y Moneda a Palacio Nacional, a bordo de sus camionetas. La reunión es parte de los acercamientos con gobernadores electos y en funciones que el mandatario anunció luego de las elecciones de junio.
La reunión inició a las diez de la mañana y concluyó diez minutos antes de la una de la tarde. Al concluir el encuentro con el Presidente de México, los visitantes abandonaron el recinto por los mismos accesos por los que ingresaron, provocando la atención de transeúntes que observaban el agitado movimiento vehicular, como por la mañana.
Ni la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se mostraron dispuestas a proporcionar detalles de los temas abordados en el encuentro privado.
Antes de entrar a Palacio, Lorena Cuéllar, gobernadora electa de Tlaxcala, publicó en su cuenta de Twitter el motivo de su presencia ahí:
“Buen día. Hoy me encuentro en #PalacioNacional en reunión con mi presidente @lopezobrador_. Veremos temas que benefician a los mexicanos y a #Tlaxcala. #FelizMiercoles@GobiernoMX”.
Luego, en un video frente a la puerta de ingreso de Corregidora 8, vigilada por militares, expresó: “Buen día, amigos, hoy me tocó venir a una reunión importante con el Presidente de la República; estamos por entrar; seguramente será de mucho provecho para Tlaxcala. Muchos saludos”.
También Layda Sansores, gobernadora electa de Campeche, publicó en su cuenta de Twitter una foto con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.
En tanto, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, presumió en redes sociales, con un video más elaborado y profesional, su visita a Palacio Nacional.
De entrada aparece su arribo en un Jeep Grand Cherokee, presuntamente blindado, saluda con la mano levantada a los ahí presentes tras las vallas. A un costado se ve una batería de vehículos estacionados.
“Asistimos a la ‘Reunión de Trabajo con el Presidente de México’ Andrés Manuel López Obrador, auténtico líder y patriota. Se abarcaron diferentes temas, todos enfocados a seguir materializando esta cuarta transformación de la vida pública”, escribió en Twitter.
Finalmente, Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, escribió en Twitter sobre la “extraordinaria reunión con nuestro Presidente@lopezobrador_, quien nos convocó para dar seguimiento al proyecto solar histórico que se realizará en #Sonora. 1/2”. Durazo fue quién más abundó sobre los temas abordados.
Surge mercado negro de certificados de vacunación anti-Covid
EL UNIVERSAL constató la venta de ambos documentos apócrifos durante un recorrido por esa zona del Centro Histórico, con un costo que oscila entre 500 y 600 pesos, a una semana de que la Secretaría de Salud (Ssa) puso a disposición el certificado en un sitio web.
Apostados desde la calle República de Brasil, los vendedores ofrecen a los interesados tanto el expediente de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 como el certificado de vacunación contra el coronavirus. Este último acredita que se completó el esquema de dos dosis.
Como es conocido, los llamados coyotes se acercan a las personas en las calles aledañas y en la Plaza de Santo Domingo para ofrecer facturas, sellos, así como pruebas de laboratorio positivas o negativas del nuevo coronavirus.
En un edificio de Palma Norte y una vecindad de la calle Luis González Obregó n operan los fa lsificadores de estos documentos
En un primer punto, sobre la calle República de Brasil se preguntó a uno de los vendedores si contaba con el expediente o certificado de vacunación, a lo que de inmediato respondió que sí.
Pidió seguirlo hasta una oficina en el interior de un edificio de la calle de Palma Norte, donde operan, y ya había personas esperando documentos falsos como actas de nacimiento y facturas.
“Aquí pura calidad porque entre lo chueco, lo más derecho”, dijo al solicitar el nombre, dirección, la Clave Única de Registro de Población (CURP), la marca de la vacuna y las fechas de la vacunación para el llenado del documento.
Coyotes ofrecen sus productos ilegales en la calle República de Brasil ante la vista de las autoridades
En menos de una hora, el sujeto y sus compañeros completaron e imprimieron el expediente apócrifo a nombre de Manuel González Félix y con el folio A40-31801272, por un costo inicial de 600 pesos que después bajaron a 500.
Con una credencial falsa en mano para demostrar la calidad de su trabajo, el coyote entregó el documento, cobró su comisión y regresó a la calle de República de Brasil para seguir con su actividad ilegal.
En otro punto de Santo Domingo, uno de los vendedores ofreció el certificado de vacunación contra la Covid-19 con código QR y membretado con el logotipo del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud.
Para ello solicitó el traslado a una vecindad de la calle Luis González Obregón, donde expidieron el certificado falsificado después de dos horas, pues apenas están siendo solicitados esos documentos en la zona.
Los expedientes y los certificados falsos de vacunación llegan a venderse hasta en 600 pesos.
El documento falso contiene el tipo de vacuna recibida, la fecha de inmunización, un código QR y el nombre completo del vacunado, tal como el certificado original.
La semana pasada, la Secretaría de Salud (Ssa) puso a disposición de la población que ya ha sido vacunada contra el Covid-19 con el esquema completo la página cv.covid.salud.gob.mx, para obtener el certificado de vacunación contra la Covid-19, el cual puede servir para viajar a países con restricciones de entrada debido a la pandemia.
“Si usted quiere tener un comprobante oficial de que ya ha sido vacunado, con qué biológico y en qué fechas, aquí está el certificado”, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
El funcionario explicó que este documento es útil especialmente para quienes tienen la necesidad u oportunidad de viajar a otros países, dado que algunas naciones mantienen restricciones para las personas no vacunadas.
En marzo pasado, EL UNIVERSAL publicó que en la Plaza de Santo Domingo se venden certificados pirata de pruebas Covid-19 de diversos laboratorios, práctica que aún continúa en la zona, con un costo de más de 500 pesos, según se pudo constatar.
AMLO: tendrá CFE control de 54% de energía; IP, el resto
Ciudad de México. La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, cuyo contenido se prevé será enviado en breve al Congreso, otorgará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la capacidad de producir y distribuir 54 por ciento de la demanda nacional de energía, y el resto (46 por ciento) al sector privado, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En Palacio Nacional respondió a una pregunta específica del caso España, donde hay un sector de empresarios que estarían dispuestos de invertir en México. “Lo que se tiene que entender es que ya no se permite robar”, replicó seco.
Sobre el conflicto legal entre su gobierno y una empresa de energía estadunidense, beneficiada con un contrato fuera de lo normal, denunció el entramado diseñado en las anteriores administraciones del PRI y del PAN, en beneficio de la iniciativa privada nacional y extranjera.
“Parte de mi tiempo… lo tengo que dedicar a enderezar entuertos, porque el gobierno permitió el saqueo de la hacienda pública y estamos encontrando todavía contratos leoninos, en donde se benefició a empresas a costa de perjudicar la hacienda pública de México.
“Estos contratos, muchos ya convertidos en litigios en tribunales; acabamos de perder en tribunales internacionales uno acerca de una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoasén. Tenemos que pagar una cantidad por eso. El dilema siempre ha sido para nosotros acudir a los tribunales –es interesante esto–, donde siempre perdemos, porque todo el aparato judicial, el andamiaje judicial, está construido para favorecer a las empresas. Es muy difícil que gane el gobierno, ni en México ni en el extranjero.”
Con dureza reiteró que entonces se apostó, “y esto molesta mucho, a quebrar la Comisión Federal de Electricidad, a arruinarla, lo mismo que a Pemex, destruir las dos empresas públicas, con problemas graves para el abasto de la energía eléctrica”.
Al plantearle si la iniciativa constitucional referida contempla desaparecer CFE internacional y PMI Comercio, el mandatario repuso: “sí, vamos a plantear que el Estado pueda hacerse cargo de 54 por ciento del mercado nacional. Ahora la Comisión Federal puede aportar 35 por ciento y tiene capacidad para mucho más, pero sus plantas están paradas o subutilizadas porque no les permiten el despacho. Los órganos que crearon con la reforma energética están por encima de la autoridad de las empresas públicas, por encima de Pemex y por encima de la CFE.
“Entonces vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la CFE y 46 por ciento para la iniciativa privada. No es desplazar al sector privado, es poner orden, porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad.
“Es darle un trato especial a la Comisión Federal de Electricidad porque, si no, es sancionada y se le considera monopolio por el instituto de la competencia, que defiende a las empresas particulares.”
En siete estados ya superan picos de primeras dos olas; en tres más, a punto
Al alza, contagios en tercer repunte
En cuatro semanas de esta etapa, BCS, Sinaloa, Tabasco, Campeche, Yucatán y Q. Roo tienen sus cifras más altas; Veracruz, arriba de segundo ciclo; Tamaulipas, lo roza; Nayarit y Guerrero, cerca de pasar sus 2 anteriores, según Conacyt
A cuatro semanas de que se inició la tercera ola de contagios de Covid-19, las curvas de contagio de siete estados de la República ya rebasaron el pico presentado durante la primera y segunda olas, y otros tres se encuentran cerca de alcanzarlos.
Se trata de Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, cuyos contagios de las últimas semanas ya rebasaron los picos presentados en el resto de la pandemia.
En el caso de los estados de Tamaulipas, Nayarit y Guerrero, si bien no superan aún la cantidad de contagios de las dos primeras olas del virus, los casos que suman cada 24 horas están cerca de alcanzar por lo menos la cantidad de contagios de una, de acuerdo con los datos del tablero Covid del Conacyt.
El pasado 28 de junio, Baja California Sur sumó 547 contagios en sólo 24 horas, la cifra más alta registrada en la entidad desde que inició la pandemia, precedida por dos picos: uno el 21 de enero pasado —cuando el país se encontraba en la segunda ola—, con 220 nuevos enfermos, y otro más el 27 de julio del año pasado, cuando sumaron 175 casos en un día.
En Sinaloa, la cifra más alta de nuevos contagios registrada en un solo día fue el pasado 6 de julio, cuando registró 450 casos de coronavirus. En las dos olas previas, las cifras más altas de contagios fueron 304 el 12 de junio de 2020 —en la primera ola— y 221 el 18 de enero de este año, correspondiente al segundo pico.
Quintana Roo es uno de los estados más afectados por la pandemia, con un gradual pero notable incremento de casos diarios desde abril pasado. El 8 de julio de este año, el estado vivió el día con mayor cantidad de casos registrados desde que brotó la pandemia, al sumar 388 en 24 horas. Un día antes, el 7 de julio, la entidad sumó 383 casos en 24 horas. Estas cifras son superiores a los picos más altos que se registraron durante las primeras olas de la pandemia. El 12 de enero, cuando en México ya se alertaba por la segunda ola de contagios, a unos días de haber iniciado la jornada de vacunación para adultos mayores, la entidad reportó 173 casos, la cifra más alta hasta entonces. Antes de eso, durante la primera ola, los días con mayor cantidad de contagios fueron el 6 y el 13 de julio del 2020, cuando la entidad reportó 194 casos para cada fecha en 24 horas.
Para Yucatán, el día con más contagios fue el 28 de junio de este año, al sumar 407. La cifra supera a la del 30 de julio del año pasado, cuando en el estado se reportaron 374 contagios. Para cuando México se encontraba en la segunda ola, la cifra más alta que se reportó en el estado fue de 183 casos, el 5 de enero.
Campeche, estado que se caracterizó por ser el primero del país en pasar a verde en el semáforo epidemiológico federal, para la tercera ola de la pandemia ya ha sumado más contagios que en sus dos primeros picos. El 28 de junio, el estado agregó 129 casos, la cifra más alta de toda la pandemia, seguida por el pico del 13 de julio del año pasado, cuando el estado reportó 123 casos nuevos en un día. El 29 de enero se reportó el pico más alto de contagios de la que sería la segunda ola, con 48 contagios en un día.
En el caso de Veracruz, el 7 de julio de este año el estado presentó 408 nuevos casos, con lo que superó la segunda ola de contagios de la entidad, pues el 14 de enero de este año hubo 355 contagios, no así con el primer pico, registrado el 15 de julio del 2020, con 542 casos.
Mientras que Tabasco reportó 474 casos el pasado 28 de junio, más del doble de lo que reportó en su pico más alto del año pasado, que fue el 26 de julio, con 200 nuevos contagios. Posteriormente, el 11 de enero, la entidad presentó un segundo pico de 456 nuevos contagios.
En el caso de Nayarit, la entidad se encuentra muy cerca de los límites. El pasado 8 de julio se reportaron 109 contagios en 24 horas. Antes de ese pico, la curva de contagios registró un aumento similar el 20 de enero, cuando hubo 111 contagios, apenas dos más, y previamente, el 24 de agosto del año pasado, se registraron 84.
- El dato: Las otras 21 entidades, aunque han tenido más contagios en las últimas semanas, no han sido tantos como en los meses previos de pandemia.
Herrera se va, se va… ¡se fue! Cierra ciclo de 24 meses en Hacienda
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“Después entraremos a una reflexión distinta, que se está dando, de hacia dónde queremos que vaya el mundo con temas tan centrales como el cambio climático, etcétera, que van a requerir un tipo de financiamiento y de políticas públicas distintas”, abundó el funcionario durante la inauguración del coloquio de Historia Económica, como parte de la conmemoración por los 200 años de la Secretaría de Hacienda.
Agregó que hay temas que han sido recurrentes en las preocupaciones de los últimos años, pero que están siendo retomados con un nuevo énfasis, como la tributación correcta a nivel global. “Justo el acuerdo al que llegamos hace unos días en Venecia es un acuerdo de tributación global y ya veremos qué tan novedosa resulta esta discusión”, expresó.
Es momento de reflexión
En este momento en el que el mundo va a tener recalibrarse, y parece que las finanzas públicas y el sector financiero se tendrán que recalibrar, viene como anillo al dedo tener una reflexión de largo plazo, señaló el funcionario.
Arturo Herrera afirmó que se siente muy afortunado no sólo por poder conmemorar los 200 años de la creación de la Secretaría de Hacienda, sino porque ayer fue su penúltimo día de trabajo al frente de esta institución.
“Los secretarios y los ministros en el mundo no siempre tenemos el privilegio de escoger ni la forma en que nos vamos ni a través de qué evento, y con esta crónica de un anuncio anticipado, debido a mi salida al Banco de México, pensé que un acto como este tenía mucha relevancia por varias razones”, agregó.
Señaló que el 200 aniversario de Hacienda es un momento de conmemoración, “pero debería de ser también un momento de reflexión y eso es un poco lo que estamos tratando de provocar”.
Dijo que al nacer un país y crear sus instituciones, se busca por medio de ellas plasmar algunas de las aspiraciones de esa nueva nación y prácticamente cualquier posicionamiento que se haga de cualquier política pública de esa nueva nación, pasa por el presupuesto.
Es decir, que las ideas de las acciones del gobierno requieren ser filtradas a través de la política fiscal y requieren resolver un dilema entre lo que se quiere y entre lo que se está dispuesto a colocar.
Herrera expresó que “debemos buscar mayores puntos de contacto entre la academia, entre la ciencia en general y las políticas públicas”.
Expuso que los funcionarios públicos de alto nivel no tienen que ser académicos, no tienen que estar buscando una producción científica, pero sí tienen que leer lo que producen los académicos.
Consideró que el salir de la pandemia y de una de las crisis más serias, sanitaria y económica de los últimos 100 años, debería de ser un motivo para pensar en qué es lo que queremos hacer y cómo nos debemos cuidar, cómo vamos a enfrentar estos riesgos.
Pero también, dijo, en virtud de que se está empezando a construir una agenda global, que incluye una serie de preocupaciones que requieren un análisis mucho más cuidadoso, donde se discute seriamente el comercio, la globalización, el cambio climático, la equidad tributaria y de género, el futuro de los mercados laborales y otros temas como si debe haber o no un ingreso universal mínimo, “todo eso requiere tratar de ponerlo en el marco de las políticas públicas que se pueden realizar”.
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