Los cárteles del narcotráfico concentran sus operaciones de trasiego de droga en seis puertos del país, cinco del Pacífico y uno del golfo de México, a donde llegan embarcaciones procedentes de Centro y Sudamérica, con carga oculta de diferentes formas.
Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Mazatlán, Sinaloa; Ensenada, Baja California; La Paz, Baja California Sur, y Ciudad del Carmen, Campeche, registran la mayor presencia de grupos de la delincuencia organizada, principalmente de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, según un reporte de inteligencia naval.
De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, a los mencionados puertos arriban embarcaciones provenientes de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá con banderas de otras naciones, las cuales transportan drogas ocultas a través de diferentes métodos desarrollados por los criminales.
Ocultan la droga atando sumergibles pequeños a modo de torpedos cargados o incluso llegan a pegar al casco de las embarcaciones contenedores para transportar la mercancía ilícita.
En los primeros 15 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Marina, en coordinación con otras autoridades, decomisó 144 toneladas de drogas diversas en 22 de los 102 puertos de ambos litorales del país. Alrededor de 80% del total del aseguramiento de drogas se realizó en el puerto de Mazatlán, uno de los más importantes.
Según el reporte de Inteligencia Naval, la operación de los grupos criminales en los puertos es constante, lo que puede dar pie a actos de corrupción con funcionarios y autoridades que podrían ser cooptados por los cárteles para extraer o cargar las drogas.
Destaca los altos índices de violencia en estados costeros como Colima, Michoacán y Baja California, entre otros, por la lucha de los cárteles, que buscan controlar rutas de logística criminal, al ser estas entidades puntos estratégicos para el tráfico de cocaína y precursores químicos, como el fentanilo, para la elaboración de drogas sintéticas.
Ante esta situación, se prevé que la Cámara de Diputados otorgue facultades a la Secretaría de Marina (Semar) para la administración y seguridad de los 102 puertos del país, además del control sobre la navegación comercial, que actualmente corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De aprobarse la iniciativa para reconocer como autoridad marítima única a la Semar, la dependencia al mando del almirante José Rafael Ojeda Durán asumiría la supervisión de la marina mercante, la emisión de permisos y licencias correspondientes, la administración del Registro Público Marítimo Nacional, la certificación de embarcaciones y el nombramiento o remoción de capitanes de puerto, entre otras funciones.
Combate al tráfico por mar
Desde el Centro de Mando y Control de la Armada de México se coordinan y se da seguimiento a las operaciones de vigilancia marítima y portuaria para frenar el tráfico de drogas en ambos litorales del país, así como a las de apoyo a la población civil y de búsqueda y rescate.
De enero de 2019 a lo que va de septiembre de 2020 la Semar ha incautado 7.5 toneladas de cocaína, 1.4 toneladas de marihuana, 165.25 kilogramos de metanfetaminas, 559 kilogramos de precursores químicos y 126 mil litros de combustible en puertos, terminales marítimas y aduanas del país, que representan una afectación de más de 20 millones de pesos para las organizaciones criminales.
En lo que respecta al trasiego en embarcaciones menores, personal de la Armada de la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, logró el 3 de agosto incautar 2 mil 240 kilogramos de cocaína, considerado el más grande cargamento reportado en la presente administración.
El jefe de Análisis y Operaciones del Centro de Mando, ubicado en la Ciudad de México, capitán Miguel Ángel Monroy Rodríguez, afirmó a EL UNIVERSAL que tanto por aire como por mar se detectan las embarcaciones rápidas con carga ilícita, principalmente en el océano Pacífico, provenientes de Sudamérica.
Destacó que la vigilancia a través del trinomio patrulla oceánica-helicóptero-patrulla interceptora ha permitido a la Armada de México mayor capacidad de detección de embarcaciones ilegales de todo tipo y actuar de manera más rápida.
“El uso de estos elementos nos da la virtud de tener una mejor proyección mar adentro, con mayor capacidad de detección y de actuar de una manera más rápida. Además, nuestras unidades aéreas de vigilancia y reconocimiento marítimo, como los aviones King Air, nos proporcionan información en tiempo real para el seguimiento”, indicó.
El capitán de fragata recordó que las rutas marítimas para el trasiego inician desde el sur del continente y en algunos casos, los grupos criminales utilizan las costas mexicanas y en otros siguen directamente a Estados Unidos con la carga.
“Las rutas marítimas son desde el sur y puede ser a costas mexicanas o inclusive irse hasta Estados Unidos. No hay un patrón específico en el que todo llegue a México porque es en general una incertidumbre y es el análisis o la vigilancia constante lo que nos mantiene a la expectativa para reaccionar cuando tenemos una detección y poder actuar”, comentó Monroy Rodríguez.
Explicó que el Centro de Mando y Control de la Armada está organizado en seis módulos: Control de Unidades Operativas, Comunicaciones, Planes de Emergencia, Reconocimiento del Entorno Marítimo, Apoyo y Dirección, con personal capacitado que labora en un esquema de 24/7 en cuatro turnos de guardia de ocho horas laborales.
En la sede del Centro de Mando, el mando naval detalló que desde el módulo de Reconocimiento del Entorno Marítimo se monitorean los buques mercantes, embarcaciones de recreo y pesqueras en las aguas marinas nacionales, para así tener un control sobre quién navega en el mar territorial mexicano.
7.1 millones recuperan su empleo; 57% del total perdido por la pandemia
CIUDAD DE MÉXICO.
Siete millones de personas, 57.2% de las 12.4 millones que perdieron su empleo a causa de la pandemia, se reincorporaron al mercado laboral con la reactivación de las actividades económicas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, faltan por recobrar 5.3 millones de puestos de trabajo: 2.1 millones formales y 3.2 millones informales.
Pese al avance en el tema en el último mes, especialistas auguran que este año no se logrará recuperar el empleo perdido a causa de la emergencia sanitaria por el covid-19.
Aunque confían en que la tendencia se mantenga, anticipan contrataciones moderadas, lo que se suma a la pérdida cíclica de empleos durante diciembre, debido, en gran parte, a la conclusión de contratos temporales.
FALTA RECUPERAR 5.3 MILLONES DE EMPLEOS
Con la reactivación de actividades económicas, durante agosto se incorporaron 653 mil personas a la población ocupada, así de los 12.4 millones de personas que salieron del mercado laboral en abril por la pandemia, se han recuperado 7.1 millones de empleos, 57.2% del total, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
34.5 por ciento de la fuerza laboral fue la brecha laboral durante agosto de este año
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que falta recobrar 5.3 millones de puestos de trabajo, de los que 2.1 millones son formales, en tanto que 3.2 millones son informales.
Sin embargo, de acuerdo con los especialistas, aunque las contrataciones se han reactivado con el reinicio de actividades económicas no esenciales, este año no será suficiente para recuperar todo el empleo perdido durante la pandemia.
Se ve una recuperación de empleos en el último mes y esperamos que siga esa tendencia, pero las contrataciones serán moderadas, además de que cíclicamente se pierden empleos durante diciembre debido a que concluyen contratos temporales, el sector manufacturero termina su ciclo de producción y las escuelas de todos los niveles tienen un periodo vacacional”, indicó Mónica Flores, presidenta de la consultoría especializada en capital humano ManpowerGroup Latinoamérica.
La Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup correspondiente al cuarto trimestre del año anticipa que 77% de los empleadores en el país mantendrá sin cambios su fuerza laboral, 10% la aumentará, 10% prevé disminuirla, en tanto que 3% no sabe qué hará.
La recuperación de puestos de trabajo no significó mayor calidad de empleo durante agosto ya que la población ocupada informal, que comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, en agosto fue de 27.8 millones, 467 mil más que en julio.
Dicho comportamiento se debió principalmente al crecimiento de los ocupados fuera del sector informal que pasó de 13.6 millones (49.6%) en julio a 14.2 millones (51%) en agosto de 2020; es decir, ocupados en unidades económicas formales pero que laboran bajo condiciones de informalidad ya que carecen de contrato, seguridad social y otras prestaciones obligatorias.
Los expertos coinciden en que la falta de oportunidades laborales formales orilla a las personas a laborar en condiciones de vulnerabilidad.
Frente a los altos índices de desempleo, la gente prefiere carecer de prestaciones que de una fuente de ingresos”, asegura Elizabeth Ponce, trabajadora social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
POBLACIÓN SIN EMPLEO
La población que se encuentra sin trabajar y que estuvo buscando trabajo en el último mes fue de 2.8 millones de personas, igual que en el mes previo.
En agosto de 2020, la proporción de los desocupados se concentró en las personas que tienen hasta un mes buscando trabajo con 37.3%, 5 puntos porcentuales menor al mes previo.
La proporción de los desocupados con búsqueda de trabajo de más de tres meses fue de 21.4%.
Los mexicanos que no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 10.7 millones de personas en el octavo mes de 2020.
LA BRECHA LABORAL
El país requiere generar 22.1 millones de nuevos empleos tras la crisis provocada por el covid-19.
Esta cifra se compone por 2.8 millones de personas que buscan activamente trabajo, pero no lo encuentran; 10.7 millones que no buscan uno, pero están dispuestas a trabajar si les presenta la oportunidad, y 8.6 millones que pese a tener empleo reportan la necesidad de laborar más horas.
Este conjunto de personas conforma lo que se conoce como brecha laboral, indicador que has sido avalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para medir las verdaderas necesidades de empleo de un país.
Sheinbaum: Beyruti, de GINgroup, cobija desmanes feministas
Esta empresa está denunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por evasión de impuestos y su relación con las factureras que cometieron fraudes de miles de millones de pesos en el país durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, refirió la mandataria.
Acotó que todas las mujeres empresarias, o no, tienen el derecho de defender las causas que les parezcan justas, pero “lo que veo es a un grupo que se beneficiaba de actos de corrupción financiando a un movimiento. Lo que hay que preguntarse es ¿por qué? Lo ponemos a consideración de la opinión pública, de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Es una casualidad o por qué hay un vínculo directo de apoyo a esta toma de la CNDH”, cuestionó.
De la sede de este organismo, en (República de) Cuba 60, salió el grupo que se manifestó el domingo pasado con bombas molotov y martillos, con mayor agresión hacia las mujeres policías y sin disposición a dialogar, expresó.
Sheinbaum explicó que a partir de una denuncia en sus audiencias virtuales fue informada de este apoyo, por lo que se hizo una investigación pública en la que se encontró que el 12 de septiembre Gasca Acevedo entregó víveres desde un auto de lujo en Cuba 60, e inclusive está ayudando a poner los cuadros intervenidos en subasta, y el 14 de septiembre fue una de las oradoras principales en lo que se llamó el antigrita.
Detalló que esta mujer es considerada el brazo derecho del empresario Raúl Beyruti Sánchez, quien estuvo ligado al poder político del país en la pasada administración y tiene por lo menos cinco empresas involucradas en la evasión de impuestos, en las que tiene contratados a ex funcionarios como Javier Treviño Cantú, ex oficial mayor de Hacienda, y Rolando Zubirán Robert, ex director general de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.
Apuntó que no se trata de desacreditar el movimiento que enarbola causas justas, que como gobierno se deben atender, pero en el caso de la CNDH, buena parte de las víctimas “ya ni están en la toma”.
Postura de la firma
Más tarde, GINgroup rechazó ser patrocinadora de un grupo de personas que se han manifestado de manera violenta, e indicó que Gasca Acevedo participa a título personal en las diversas expresiones de reivindicaciones políticas y sociales, de manera que no cuenta con ninguna representación institucional.
Por esta razón (...) será separada de su cargo, en tanto la empresa procederá a investigar los acontecimientos y a determinar si en efecto ha apoyado de alguna manera cualquier manifestación violenta o contraria a la legalidad, para fijar una postura corporativa.
A su vez, Gasca Acevedo informó en sus redes sociales que dejaba momentáneamente su cargo en GINgroup y deslindó a la empresa de todo señalamiento. Mi trabajo y mi desempeño profesional y mis logros profesionales no tienen nada que ver con mis convicciones como mujer, con mi lucha feminista y empatía a las madres de los desaparecidos.
Dijo que sí es verdad que ha apoyado con víveres al movimiento que ocupa las instalaciones de la CNDH, pero a través de la Red Feminista Nacional.
Ven ‘mano negra’ Olga Sánchez y Sheinbaum
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la jefa de Gobierno de CdMx, Claudia Sheinbaum, coincidieron en que personas ajenas al movimiento feminista buscan influir en él, ya sea financiando la toma de instalaciones de la CNDH o promoviendo protestas que lucran con el dolor de las víctimas. “Lo que no se vale es que algunas de ellas manejen el dolor de estas verdaderas víctimas y que promuevan estas protestas cuando en realidad lo único que están haciendo es manejar a estas mujeres que efectivamente fueron víctimas de violencia”, señaló Sánchez Cordero. En tanto, Sheinbaum acusó a María Beatriz Gasca Acevedo, quien hasta ayer fue vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de la empresa GIN Group, de financiar a las manifestantes que mantienen tomada la sede de la CNDH en el Centro Histórico.
“El 12 de septiembre se le vio entregando víveres desde un auto de lujo y el 14 de septiembre fue oradora en la antigrita; ella es quien ayuda a poner los cuadros intervenidos en subasta. “En Google encontramos que desde mayo de 2018 se desempeña como vicepresidenta de GINgroup, una de las principales empresas factureras que ha sido denunciada por la fiscalía (FGR) y es considerada brazo derecho del presidente Raúl Beyruti. “¿Por qué hacemos esto público? La causa es justa: la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero lo ponemos a consideración de la opinión pública y de los medios. ¿Será casualidad o por qué hay un vínculo directo de apoyo a la toma de la CNDH?”. En respuesta, Gasca Acevedo aceptó que llevó víveres a las personas que tienen tomada la CNDH, pero deslindó a GIN Group de su activismo y anunció su separación de la empresa.
“Es verdad que he ido a ver a mis hermanas que están dentro de la ex CNDH, es verdad que las he apoyado con víveres y es verdad que desde la Red Feminista Nacional que represento en CdMx me he pronunciado a favor de los derechos de las mujeres y de la justicia. Me acuso de haberles llevado un desayuno, de escucharlas, de llorar sus penas y de cantar sus himnos feministas”. También invitó a Sheinbaum a “trabajar entre mujeres” para solucionar los problemas que enfrentan ellas. Érika Martínez, integrante del Bloque Negro, uno de los colectivos que tiene tomada la CNDH, confirmó que Gasca Acevedo llevó comida el pasado 15 de septiembre, pero rechazó que estén patrocinadas por partidos. La jefa de Gobierno dice que Gasca ayudó a subastar cuadros. (Especial)Repudio de colectivos Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de Segob, denunció que algunos colectivos que se manifiestan como grupos feministas cobran hasta 3 mil pesos para gestionar ante esa dependencia quejas de violencia contra las mujeres. Para Wendy Figueroa, directora de Red Nacional de Refugios, es una acusación que busca desviar la responsabilidad de las autoridades para garantizar la vida y seguridad de las mujeres.
“Por más que traten de intimidar y perseguir a las feministas, estos movimientos seguiremos presentes, alzando la voz, persistiendo, resistiendo, insistiendo aun con todos los obstáculos machistas y patriarcales que tengamos”. Patricia Olamendi, integrante del Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidad para la Mujer, rechazó las “acusaciones” y aseguró que existe una campaña contra el movimiento feminista impulsada por el gobierno. “No es casualidad que en la mañana la jefa de Gobierno nos diga que en realidad se dedica a buscar personas en Google y que de esos descubrimientos encontró quién patrocina un movimiento por el solo hecho de llevar unas despensas”, comentó. La diputada Martha Tagle dijo que el gobierno se equivoca al creer que las feministas son manipuladas y calificó de grave que Sheinbaum acuse al movimiento de estar financiado por una empresa facturera por el simple hecho de googlear a una mujer: “En la 4T se equivocan si creen que a las feministas las manipula alguien”.
Diputadas de Morena, PRI, MC y PRD impulsarán durante el actual periodo de sesiones una iniciativa de reformas para despenalizar el aborto en el país. Con 146 firmas, la propuesta prevé incluir la interrupción del embarazo entre los servicios básicos de las instituciones públicas de salud. La activista es reconocida por su apoyo a grupos vulnerables. (Especial) GIN Group. Beyruti, el “rey del outsourcing” GINgroup es una compañía especializada en capital humano, administración de nómina, productos editoriales y facility services, que nació en 1984. La historia de la empresa inicia en 1981, cuando Raúl Beyruti Sánchez creó el concepto de Administración Integral de Capital Humano, con el que sentó las bases para la firma que hoy preside. Beyruti es conocido como “el rey del outsourcing”, por ser el mayor empleador de trabajadores bajo este esquema y por el cual la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigó a inicios de 2020.
“Queremos comentar que el empresario estuvo ligado con el poder político de la administración pasada, prueba de ello es la recuperación de altos funcionarios priistas para incorporarlos a sus empresas”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina. María Beatriz Gasca. (Especial)El perfil María Beatriz Gasca Vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de GIN Group 2005-2007: Egresó de la Universidad de Celaya 2014-2017: Estudió Humanidades en el Tec de Monterrey 2015-2018: Doctorado en Innovación y Responsabilidad Social por Universidad Anáhuac 2017: Forbes la incluye en las 100 mujeres más influyentes y fue reconocida por Mundo Ejecutivo como una de las 30 personas que están transformando el capital humano .................... Con información de: Fernando Damián, Sandra Rojas y Kenia Hernández
Informalidad domina en lenta reactivación laboral
La recuperación del empleo se hizo más lenta en agosto, advirtió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el octavo mes del año, 653,000 personas regresaron a sus ocupaciones, menos de la mitad de lo observado en julio y un poco más de una décima parte de lo reportado en junio.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de quienes recuperaron su empleo en agosto, 71% lo hizo en espacios informales, es decir, sin acceso a prestaciones y seguridad social, y el 29% restante en la formalidad.
De esta manera, de los 12.5 millones de personas que dejaron sus trabajos entre marzo y abril a causa del confinamiento y la paralización de actividades no esenciales por la pandemia de Covid-19, el 57% ha regresado a una ocupación, es decir 7.1 millones de personas.
La reincorporación al empleo ha sido más rápida en el sector informal, pues de los 10.4 millones de plazas laborales perdidas en este sector se han recuperado 7.2 millones, lo que implica un porcentaje de 68.8%; en tanto, en la formalidad se perdieron 3.7 millones de empleos durante abril y mayo y de esa cantidad se han repuesto apenas 1.6 millones, es decir 43.5 por ciento.
En tanto, otras 700,000 personas se han reincorporado a la fuerza laboral, pero en la búsqueda activa de un empleo, para sumar un total de 2.8 millones en esta condición y una tasa de desocupación de 5.2%, indicador 0.2 puntos por debajo de lo observado en julio, aunque 1.9 puntos por encima de lo observado en marzo.
Por el tipo de ocupación, y con las variaciones observadas entre abril y agosto, mientras el empleo formal se mantiene en el mismo nivel observado en el primer mes de confinamiento, en 22.6 millones de personas, el informal pasó de 20.7 a 27.8 millones de personas en dicho periodo, es decir, un aumento de 7.1 millones de personas. Con este dato, la tasa de informalidad laboral llegó a un nivel de 55 por ciento.
La tasa de subocupación, por su parte, que abarca a quienes tienen necesidad de laborar más horas para cubrir sus necesidades, fue de 17% en agosto, cifra 1.4 puntos porcentuales menor a la reportada un mes antes, lo que implica la salida de 596,000 personas de esta condición. En marzo, este indicador se ubicó en un nivel de 9.1 por ciento y tocó fondo en mayo al alcanzar una tasa de 30% de la población ocupada.
Si bien la reapertura gradual de actividades laborales después de la Jornada Nacional de Sana Distancia inició en junio, hasta ahora, la reactivación de las fuentes de trabajo se ha dado principalmente en los sectores agropecuario e industrial, mayoritariamente en la industria de la construcción en este último caso, los cuales crecieron en 2.3 y 1.4 puntos respecto a julio. El sector comercio, por su parte, sigue en terreno negativo, con la salida de 1.4 millones de trabajadores en agosto, un retroceso mensual de 3.9 puntos.
Los resultados mensuales de la ENOE, detalló el Inegi “confirman la recuperación de la ocupación y el empleo iniciada en junio, aunque más lenta que en el mes previo, impulsada principalmente por la reapertura gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales”.
“Sigue mejorando el mercado laboral, aunque a paso lento”, expresó Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, en su cuenta de Twitter. “Los datos laborales recientes han sido decepcionantes”, detalló David Kaplan, especialista Senior de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con el reporte de Banco Base, que encabeza Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de la institución, la reactivación del trabajo presenta una recuperación mayor en la informalidad, además está latente la posibilidad de una segunda ola de pérdida de empleo. “Se recupera a paso lento y muestra riesgos importantes”, expresó.
Sueldos a la baja
Por su parte, Juan Carlos Alderete, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Banorte resaltó que la recuperación de empleo en agosto reportada por el Inegi tuvo mayor presencia en el sector informal. La tasa de informalidad laboral incrementó, aunque se mantiene por debajo del promedio de 57% de los últimos cinco años.
La informalidad y la subocupación, que a pesar de su reducción se posiciona muy por encima de los niveles previos a la pandemia, no son las únicas señales de alerta. La recuperación ha tenido una marca más fuerte en los empleos con los salarios más bajos.
De los empleos nuevos, la gran mayoría se concentró en el renglón de hasta un salario mínimo, seguido por quienes ganan entre dos y tres salarios mínimos. En contraste, se eliminaron empleos en la categoría de entre tres y hasta cincos salarios mínimos.
“Ciertas métricas clave continúan sugiriendo que estas siguen estando deterioradas, lo cual, en conjunto con un menor nivel de empleo, representa un reto importante para un repunte en el consumo privado. En específico, parece que los empleos recuperados han sido con menores remuneraciones, lo que podría explicarse por las necesidades de las empresas para controlar costos”, destaca el analista de Banorte.
Desde la óptica de Carlos González Martínez, Subdirector de Estudios Económicos de Scotiabank, el incremento de la tasa de informalidad laboral de 54.9 a 55.1% se visualiza como una tendencia en la que este renglón se acerca rápidamente a los niveles previos a la pandemia.
Las cifras en la ENOE de agosto, detalló el especialista están en línea con la “gradual normalización de la actividad económica en el quinto mes de contingencia sanitaria” en México a causa del Covid-19 y con el reporte positivo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la creación de empleo formal en el octavo mes del año.
“En agosto el IMSS presentó su primer aumento mensual en seis meses, de 92,390 plazas, aunque siguió reportando sus caídas absolutas más acentuadas tanto para un enero-agosto, de -833,100 puestos, como para los últimos doce meses a agosto, de -833,668 plazas, sus peores resultados para lapsos similares al menos en 23 años”, puntualizó.
De esta manera, concluyó, los datos reportados para el mercado laboral todavía proyectan “una débil expectativa para la generación de empleo en lo que resta del presente año”.
Penal Puente Grande ya estaba subutilizado
Víctor Manuel Chávez | El Sol de México
El Gobierno federal cerrará el Centro de Readaptación Social número 2 de Occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco. Según lo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el penal se desincorporará del Sistema Penitenciario Federal.
El reclusorio federal de Puente Grande nació en 1993 como parte de un proyecto de cárceles de máxima seguridad para contener a reos considerados como de alta peligrosidad. Era el segundo a nivel nacional, después solo del penal federal del Altiplano. Trascendió más por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, en 2001, y por los personajes que llegó a hospedar, que convirtieron ese sitio en una bomba de tiempo que el 1 de julio de este año tuvo que ser desactivada con el traslado urgente de 380 reos.
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Ya estaba subutilizado. Desde hace dos meses los dormitorios 1 al 4 estaban vacíos, sólo se ocupaban los dormitorios 5 al 8. A la fecha había 376 internos, según los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional.
José Refugio Rodríguez, abogado de El Chapo, señala a El Sol de México que desde principios de julio y parte de agosto, el gobierno federal comenzó con el traslado de presos al penal de Buenavista, en Michoacán, por lo que ya se tenía el plan de cerrarlo.
Desde mayo pasado el Cefereso vivió momentos difíciles. Todo comenzó el 8 de mayo, cuando murió presuntamente por Covid-19 el interno Moisés Escamilla May, El Gordo May, líder de una de las células de Los Zetas que operaba en Quintana Roo.
Cuatro días más tarde se presentó un amparo que fue desechado por no tener los nombres de los internos que reclamaban acciones para frenar los contagios, y entonces intervino la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), para tramitar nuevo juicio de garantías a favor de 379 personas, por “omisión de realizar acciones efectivas para la prevención del contagio del virus denominado Covid-19”.
El 29 de mayo, la Secretaría de Salud federal aplicó 500 pruebas y tres días después se dieron protestas por ese motivo. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de la administración de las cárceles federales, designó a Luis Fernando Mendoza Castellanos como nuevo director del penal. Quedó fuera Salvador del Monte Solís.
En junio 30, un total de 80 servidores públicos del Cefereso fueron enviados asignados al Cefereso 17 de Michoacán y al día siguiente 380 reos de los dormitorios 1 al 4 fueron sacados de Jalisco y enviados a ese mismo reclusorio de la población de Buenavista. Entre ellos iba Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40” e integrantes de su organización.
Quedaron sólo 376 internos en los dormitorios del 5 al 8 y los problemas continuaron. El 18 de agosto personal de custodia entró al dormitorio 7 para revisión y encontraron un teléfono celular, lo que generó un pleito. Internos adujeron que los custodios se mostraron agresivos con ellos e incluso sostuvieron que fue un ataque directo ordenado desde los altos mandos del reclusorio porque ellos mantenían una huelga de hambre. El saldo: seis custodios heridos, dos de ellos graves.
Cinco días más tarde se dio una nueva riña entre internos sin personas lesionadas. Así acabaron los últimos días de un reclusorio de corta vida, apenas 27 años, y que además de El Chapo albergó a personajes como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Miguel Ángel Treviño Morales, Mauro Adrián Villegas El Blacky, Jesús Alfredo Beltrán Guzmán El Mochomito, Israel Vallarta Cisneros y Rodrigo Villegas Bon, jefe de pistoleros de los hermanos Arellano Félix.
COSTOS PROVOCARON CIERRE: EXPERTO
De acuerdo con Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada, el cierre del penal de Puente Grande obedece a lo costoso que le significaba al Gobierno federal mantenerlo en funcionamiento y a la caída en las estadísticas de la población penitenciaria a la luz de los programas de no abuso de la pena de prisión. Sostiene que, comparado con lo que cuesta un penal público-privado, “Puente Grande sí era muy costoso”.
“El hecho que se cierre Puente Grande, tiene que ver con una relación de costo-beneficio y entre el gobierno y lo privado. Los penales que quedan sin la iniciativa privada son más costosos de manejar y han determinado que el modelo publico privado funciona mejor”, dice el especialista en temas de seguridad.
Por su parte José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, considera que el cierre del Cefereso “en nada ayuda a la despresurización de los penales, al contrario, esta decisión precipitada, hace más critica la situación de los penales ya que se está metiendo a más gente que no tenían contemplada”.
Ortega opina que el anuncio del cierre de Puente Grande fue muy raro, ya que no hay una explicación amplia de lo que pasará con los internos y el personal que atendía el centro de readaptación social. “Me perece que en estas circunstancias, es difícil poder cerrarlo sin que tenga consecuencias para los internos y los que los cuidan”.
De acuerdo con el decreto publicado en el DOF, y signado por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, “las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social”.
En cuanto a los derechos de los trabajadores, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine el mismo Comisionado, de acuerdo a las necesidades del servicio de la Institución, indica el documento
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa Puente Grande y la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones conducentes para el destino final de los bienes muebles.
