viernes, 28 de agosto de 2020

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

La CNDH se fractura por caso Iguala; alistan nuevo informe sobre Ayotzinapa

Portada de Excelsior (México)



CIUDAD DE MÉXICO.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa causó una pugna interna en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

José Martínez Cruz renunció ayer como director general de la Primera Visitaduría, en funciones del Visitador General de la CNDH.

Excélsior pudo conocer que la dimisión se debe a que Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo del órgano autónomo, pero que en los hechos actúa como presidente de la CNDH, le instruyó pedir la renuncia a todos los que formaron parte de la Oficina Especial para el Caso Iguala, a lo que se negó.
También puedes leer: Exigen justicia a casi 6 años de la desaparición de los 43

De acuerdo con fuentes de la institución, tras conocerse la renuncia, Estrada Correa se reunió con los cuatro visitadores adjuntos que estuvieron en dicho caso, a quienes ordenó seguir con la elaboración del nuevo informe sobre la desaparición y tirar a la basura reportes que la Oficina Especial tardó años en realizar, y que han sido guía para investigadores y periodistas.

Empleados de la CNDH aseguran que estos cuatro adjuntos no están capacitados para redactar la recomendación y han hecho creer a las autoridades que conocen el caso a detalle. Además, dicen, se perfila que el documento se acomode a la “verdad verdadera” de esta administración.

CNDH ARMA INFORME …

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se está dislocando debido a la pugna interna por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace casi seis años: ayer presentó su renuncia el director general de la Primera Visitaduría en funciones del Visitador General de la CNDH, José Martínez Cruz.

De acuerdo con información de funcionarios de la CNDH, el motivo de la renuncia se debió a que el Secretario Ejecutivo de ese órgano autónomo, Francisco Estrada Correa —que en los hechos actúa como presidente de la CNDH—, le dio instrucciones para que les pidiera la renuncia a todos los que formaron parte de la Oficina Especial Para el Caso Iguala, y Martínez Cruz no quiso hacerlo.

En las oficinas de la Primera Visitaduría corrió la información de la renuncia y esperan ya nuevo personal. “Si tienen algo que concluir todavía mañana se firma”, enviaron mensajes para apurar cualquier trámite pendiente. En la misma oficina aseguraron que Martínez Cruz ya tiene sustituto pero no han informado quién es.

José Martínez Cruz fue nombrado en el cargo al que renunció a partir del 31 de agosto, el 17 de diciembre pasado a raíz de la renuncia de los titulares de las seis Visitadurías de la CNDH, que también causó un cisma en la institución.

Dentro de la CNDH se sabe que la relación de Martínez Cruz con Estrada Correa había sido de constantes desencuentros.

Que Rosario Piedra Ibarra, titular del organismo autónomo, nunca contradice lo que determina Francisco Estrada, sea lo que sea.

Ayer mismo, cuando se conoció la renuncia de Martínez Cruz, Estrada Correa se reunió con los cuatro visitadores adjuntos que estuvieron en el Caso Iguala.

Estrada les ordenó que siguieran con la elaboración del nuevo informe sobre el caso Iguala; que tiraran a la basura todo lo realizado por la Oficina Especial, incluyendo los informes, Estado de la investigación del Caso Iguala; Reporte de la CNDH en torno a indicios de la participación de la policía municipal de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal en los hechos de la desaparición de normalistas en el Puente del Chipote de Iguala; Reporte de la CNDH en torno a los hechos y circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa fue privado de la vida; Identidad de La Rana o El Güereque, presunto partícipe en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la Recomendación 15VG/2018 por Violaciones Graves a Derechos Humanos en el Caso Iguala, que para muchos investigadores y periodistas ha sido una guía para poder seguir sus respectivos trabajos.

La elaboración de un nuevo informe sobre la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, ya había sido anunciado por Piedra Ibarra. Lo hizo a principios de julio pasado, en distintas entrevistas periodísticas. Una en El Sol de México, donde Rosario Piedra dijo que a su llegada a la CNDH se retomaron las investigaciones del Caso Iguala; aludió que había temas confidenciales en los que no podía abundar, “pero vamos a emitir un reporte o si es necesaria una recomendación”.

Otra declaración similar, aunque más esclarecedora, la hizo Piedra en una entrevista para el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Ahí la titular de la CNDH dijo que había un equipo especial trabajando y que “se está por emitir un informe o recomendación que está solicitando la Fiscalía”.

ANTIRRECOMENDACIÓN

A este informe o recomendación que se prepara dentro de la CNDH ya se le conoce como la antirrecomendación.

La elaboración de ese nuevo informe, como lo ha ordenado Estrada Correa, será una tarea de gran complejidad; la investigación realizada por años por parte de la Oficina Especial de la CNDH fue extensísima; el material de los expedientes es voluminoso y esa fue una de las razones por las que Martínez Cruz no quiso despedir al personal, que sería indispensable para redactar un nuevo informe, ya que no hay personal que conozca el Caso Igual como ellos.

Ahora estos cuatro Visitadores Adjuntos encargados de la nueva recomendación, en realidad, dicen quienes trabajaron en el Caso Iguala, son burócratas del organismo autónomo conocidos como CNDHacheros, que tienen muchos años en la institución y su único mérito en el caso es que algunos de ellos viajaron el 27 de septiembre de 2014 al lugar donde se registraron los hechos de la noche de Iguala.

Los visitadores adjuntos que elaborarán el nuevo informe de Caso Iguala, en el pasado simplemente eran maquiladores: les encargaban buscar un documento o diligencia en el voluminoso expediente; salir a llevar oficios a dependencias, notificar, nada de capital importancia para los trabajos tan acabados que presentó en distintas fechas la CNDH. Desconocen la esencia de la recomendación.

Los cuatro visitadores que están redactando el informe o recomendación anunciado por Piedra Ibarra, según empleados de la CNDH, han engañado a los funcionarios del gobierno federal, haciéndoles creer que conocen el caso; que uno de ellos, incluso, escribió la recomendación de 2018, de más de dos mil fojas.

El eje sobre el que desarrollan el texto, según se conoció, versa sobre la tesis de que la Recomendación de la CNDH avala la verdad histórica del gobierno del presidente Enrique Peña y que ha sido el centro de las críticas.

En la redacción de este texto, según se perfila, están buscan en la recomendación de la CNDH lo que sirva y se acomode a la “verdad verdadera”; que podrían ser muchos elementos, salvo lo relacionado con el basurero de Cocula, que implica el análisis genético propuesto de 114 restos óseos localizados ahí, y aún no encuentran cómo sacarlos del escenario de este tema. Y también está el tema del móvil de los hechos, que implica, en todo caso, el involucramiento de los líderes estudiantiles de la normal de Ayotzinapa con el cartel de Los Rojos.

Aunque, dicen dentro de la CNDH, que tanto Piedra Ibarra como Estrada Correa están decididos a no dejar rastro alguno de la Oficina Especial y así poder adecuar y ajustar la postura institucional en el Caso Igual, de acuerdo al requerimiento de la “verdad verdadera” solicitado por la Fiscalía General de la República, y que se está construyendo a partir de encontrarle responsabilidad al Ejército en los hechos de la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente de 2014.CIUDAD DE MÉXICO.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa causó una pugna interna en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

José Martínez Cruz renunció ayer como director general de la Primera Visitaduría, en funciones del Visitador General de la CNDH.

Excélsior pudo conocer que la dimisión se debe a que Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo del órgano autónomo, pero que en los hechos actúa como presidente de la CNDH, le instruyó pedir la renuncia a todos los que formaron parte de la Oficina Especial para el Caso Iguala, a lo que se negó.
También puedes leer: Exigen justicia a casi 6 años de la desaparición de los 43

De acuerdo con fuentes de la institución, tras conocerse la renuncia, Estrada Correa se reunió con los cuatro visitadores adjuntos que estuvieron en dicho caso, a quienes ordenó seguir con la elaboración del nuevo informe sobre la desaparición y tirar a la basura reportes que la Oficina Especial tardó años en realizar, y que han sido guía para investigadores y periodistas.

Empleados de la CNDH aseguran que estos cuatro adjuntos no están capacitados para redactar la recomendación y han hecho creer a las autoridades que conocen el caso a detalle. Además, dicen, se perfila que el documento se acomode a la “verdad verdadera” de esta administración.

CNDH ARMA INFORME …

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se está dislocando debido a la pugna interna por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace casi seis años: ayer presentó su renuncia el director general de la Primera Visitaduría en funciones del Visitador General de la CNDH, José Martínez Cruz.

De acuerdo con información de funcionarios de la CNDH, el motivo de la renuncia se debió a que el Secretario Ejecutivo de ese órgano autónomo, Francisco Estrada Correa —que en los hechos actúa como presidente de la CNDH—, le dio instrucciones para que les pidiera la renuncia a todos los que formaron parte de la Oficina Especial Para el Caso Iguala, y Martínez Cruz no quiso hacerlo.

En las oficinas de la Primera Visitaduría corrió la información de la renuncia y esperan ya nuevo personal. “Si tienen algo que concluir todavía mañana se firma”, enviaron mensajes para apurar cualquier trámite pendiente. En la misma oficina aseguraron que Martínez Cruz ya tiene sustituto pero no han informado quién es.

José Martínez Cruz fue nombrado en el cargo al que renunció a partir del 31 de agosto, el 17 de diciembre pasado a raíz de la renuncia de los titulares de las seis Visitadurías de la CNDH, que también causó un cisma en la institución.

Dentro de la CNDH se sabe que la relación de Martínez Cruz con Estrada Correa había sido de constantes desencuentros.

Que Rosario Piedra Ibarra, titular del organismo autónomo, nunca contradice lo que determina Francisco Estrada, sea lo que sea.

Ayer mismo, cuando se conoció la renuncia de Martínez Cruz, Estrada Correa se reunió con los cuatro visitadores adjuntos que estuvieron en el Caso Iguala.

Estrada les ordenó que siguieran con la elaboración del nuevo informe sobre el caso Iguala; que tiraran a la basura todo lo realizado por la Oficina Especial, incluyendo los informes, Estado de la investigación del Caso Iguala; Reporte de la CNDH en torno a indicios de la participación de la policía municipal de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal en los hechos de la desaparición de normalistas en el Puente del Chipote de Iguala; Reporte de la CNDH en torno a los hechos y circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa fue privado de la vida; Identidad de La Rana o El Güereque, presunto partícipe en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la Recomendación 15VG/2018 por Violaciones Graves a Derechos Humanos en el Caso Iguala, que para muchos investigadores y periodistas ha sido una guía para poder seguir sus respectivos trabajos.

La elaboración de un nuevo informe sobre la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, ya había sido anunciado por Piedra Ibarra. Lo hizo a principios de julio pasado, en distintas entrevistas periodísticas. Una en El Sol de México, donde Rosario Piedra dijo que a su llegada a la CNDH se retomaron las investigaciones del Caso Iguala; aludió que había temas confidenciales en los que no podía abundar, “pero vamos a emitir un reporte o si es necesaria una recomendación”.

Otra declaración similar, aunque más esclarecedora, la hizo Piedra en una entrevista para el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Ahí la titular de la CNDH dijo que había un equipo especial trabajando y que “se está por emitir un informe o recomendación que está solicitando la Fiscalía”.

ANTIRRECOMENDACIÓN

A este informe o recomendación que se prepara dentro de la CNDH ya se le conoce como la antirrecomendación.

La elaboración de ese nuevo informe, como lo ha ordenado Estrada Correa, será una tarea de gran complejidad; la investigación realizada por años por parte de la Oficina Especial de la CNDH fue extensísima; el material de los expedientes es voluminoso y esa fue una de las razones por las que Martínez Cruz no quiso despedir al personal, que sería indispensable para redactar un nuevo informe, ya que no hay personal que conozca el Caso Igual como ellos.

Ahora estos cuatro Visitadores Adjuntos encargados de la nueva recomendación, en realidad, dicen quienes trabajaron en el Caso Iguala, son burócratas del organismo autónomo conocidos como CNDHacheros, que tienen muchos años en la institución y su único mérito en el caso es que algunos de ellos viajaron el 27 de septiembre de 2014 al lugar donde se registraron los hechos de la noche de Iguala.

Los visitadores adjuntos que elaborarán el nuevo informe de Caso Iguala, en el pasado simplemente eran maquiladores: les encargaban buscar un documento o diligencia en el voluminoso expediente; salir a llevar oficios a dependencias, notificar, nada de capital importancia para los trabajos tan acabados que presentó en distintas fechas la CNDH. Desconocen la esencia de la recomendación.

Los cuatro visitadores que están redactando el informe o recomendación anunciado por Piedra Ibarra, según empleados de la CNDH, han engañado a los funcionarios del gobierno federal, haciéndoles creer que conocen el caso; que uno de ellos, incluso, escribió la recomendación de 2018, de más de dos mil fojas.

El eje sobre el que desarrollan el texto, según se conoció, versa sobre la tesis de que la Recomendación de la CNDH avala la verdad histórica del gobierno del presidente Enrique Peña y que ha sido el centro de las críticas.

En la redacción de este texto, según se perfila, están buscan en la recomendación de la CNDH lo que sirva y se acomode a la “verdad verdadera”; que podrían ser muchos elementos, salvo lo relacionado con el basurero de Cocula, que implica el análisis genético propuesto de 114 restos óseos localizados ahí, y aún no encuentran cómo sacarlos del escenario de este tema. Y también está el tema del móvil de los hechos, que implica, en todo caso, el involucramiento de los líderes estudiantiles de la normal de Ayotzinapa con el cartel de Los Rojos.

Aunque, dicen dentro de la CNDH, que tanto Piedra Ibarra como Estrada Correa están decididos a no dejar rastro alguno de la Oficina Especial y así poder adecuar y ajustar la postura institucional en el Caso Igual, de acuerdo al requerimiento de la “verdad verdadera” solicitado por la Fiscalía General de la República, y que se está construyendo a partir de encontrarle responsabilidad al Ejército en los hechos de la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente de 2014.

AMLO: habrá juicio y castigo si AHMSA no repara el daño

Portada de La Jornada (México)


Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no hay rembolso en el caso de la compra-venta de la planta de Agronitrogenados –que es una de las causas por las que se investiga al ex director de Pemex, Emilio Lozoya y 70 implicados más–, entonces no hay reparación del daño, y tienen que ser enjuiciados, castigados, esto al recordar que Altos Hornos de México (AHMSA) negó la propuesta de devolver el sobreprecio que obtuvo con la operación.

Además, llamó a que la consulta para determinar si se actúa legalmente contra los ex presidentes implicados en investigaciones ju-diciales, sea convocada por la población para que asumamos la responsabilidad entre todos, y no se piense que es por consigna. A la vez, confió que su gobierno dejará como legado el respeto al voto para que no haya fraudes, ya que parte de la transformación que busca en el país representa dejar mejoras en el ámbito democrático.

“Imagínense que podamos decir: ‘ya no hay fraudes electorales en México, desapareció la corrupción, ya no hay tortura, ya no se perpetran masacres, ya no se violan los derechos humanos, ya no hay desi-gualdad social y el pueblo es feliz’”, indicó ayer durante su conferencia de prensa diaria realizada en esta ocasión en Apodaca, Nuevo León.

Al preguntárle su opinión sobre los procesos judiciales en los que se involucran a ex mandatarios, reiteró que su posición es que se conozca toda la verdad y que se recupere lo robado, esto al referir que la indagatoria se originó de la venta de la planta, considerada en condiciones de chatarra, por parte Alonso Ancira, ex director de AHMSA, la cual fue adquirida por Pemex en la administración anterior con un sobreprecio de 200 millones de dólares.

Me habían informado que un nuevo dueño de AHMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares. Ayer dijeron que no, que no lo van a pagar; pues no hay reparación de daño entonces. Entonces, tienen que ser enjuiciados, castigados, expuso el jefe del Ejecutivo.

En tanto que, para el caso de los ex mandatarios vinculados con este caso y con la detención del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, llamó a esperar para conocer el transcurso de las indagatorias, pero reiteró que no descarta presentar la solicitud para realizar una consulta ciudadana. Estoy a favor de la consulta, para que asumamos la responsabilidad entre todos, porque yo soy partidario de mandar obedeciendo, porque esa es la democracia, apuntó.

De manera paralela, aludió, también se tiene que analizar si el fuero presidencial aplica sólo durante el mandato, a la vez que exhortó a que en septiembre quede avalada la propuesta para eliminar por completo el fuero presidencial.

Afirmó que mientras en el pasado hubo comunicadores que fueron censurados, ahora no hay represalias de su gobierno ni se persigue a nadie.

Si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos, está mintiendo; es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo, remató el tabasqueño.

Gobierno federal desaparece subsecretarías como medida de austeridad ante covid-19

Portada de Milenio (México)

El gobierno federal eliminó siete subsecretarías de Estado como parte de las medidas de austeridad y ahorros provocadas por la pandemia de covid-19 y prepara suprimir casi una decena más. Te recomendamos: Murió Manuel 'El Loco' Valdés tras una larga lucha contra el cáncer De acuerdo con funcionarios de las diferentes dependencias reajustadas, desde el pasado 16 de agosto la Oficial Mayor de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, Thalia Lagunas, se ha reunido con los titulares de las dependencias federales para notificarles de los recortes dentro de sus estructuras orgánicas. PUBLICIDAD Los funcionarios consultados indicaron que se esperan ajustes en Hacienda, Relaciones Exteriores, Gobernación, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente. 

Por el momento los secretarios serán los responsables de conducir los programas que estaban a cargo de sus subalternos, además de rendir cuentas de ellos. Entre las subsecretarías eliminadas están: de Planeación y Política Turística, de Sectur; de Empleo y Productividad Laboral, de STPS; de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, de SCT; de Gestión para la Protección Ambiental, de Semarnat; América del Norte, en Relaciones Exteriores; Ingresos de Hacienda, y de Gobierno de la Segob. Los funcionarios consultados por MILENIO indicaron que la absorción de tareas por parte de los secretarios de Estado y la eliminación de la estructura laboral tendrá que quedar lista el próximo 31 de agosto. Se espera que al menos una subsecretaría sea eliminada de cada una de las 18 secretarías de Estado. 

El pasado 24 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno se ajustaría a la nueva realidad provocada por el covid-19 y junto con los titulares de su gabinete definirían las subsecretarías a eliminar. Te recomendamos: Sedatu se compacta de tres a dos subsecretarías: MeyerSagarpa cambia de nombre y reduce subsecretarías Lo anterior, forma parte de su plan para hacer frente a la crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus y a la caída en los precios del petróleo. “Se van a ir dando a conocer poco a poco porque quiero hablar con los secretarios, porque ellos me van a hacer las propuestas, y a partir de la observación que me hagan, voy a decidir por esas 10 subsecretarias”. “Ahora lo más importante es atender a la gente, el pueblo manda, todo el gobierno tiene que estar dedicado a conseguir la felicidad del pueblo”, dijo. El plan de austeridad incluía el recorte de hasta 25 por ciento en los salarios y el recorte del 75 por ciento de los gastos de operación del gobierno federal. 

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Argains Díaz Leal, dio a conocer la desaparición de la subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, cuyas funciones, dijo, serán repartidas. La dependencia estuvo encabezada por Salma Jalife desde el inicio de la presente administración, tenía entre sus funciones el impulso de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para brindar una mayor cobertura de servicios como acceso a internet en todo el país. En el caso de Relaciones Exteriores, la subsecretaría para América del Norte desaparecerá y su titular, Jesús Seade, dejará de ocupar el cargo para asumir de manera plena y como única obligación su candidatura a la Organización Mundial de Comercio. Mientras que en la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Ingresos nunca fue ocupada formalmente y sólo ha operado a nivel de jefatura de unidad. 

En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desapareció la subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, cuyo último titular fue Sergio Sánchez, quien dejó el cargo tras la renuncia de Josefa González Blanco; por lo que se mantienen operando dos subsecretarías en la dependencia: Fomento y normatividad ambiental, así como Planeación y política ambiental. Al presentar el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Promarnat), el secretario Víctor Manuel Toledo adelantó el pasado 15 de julio que una de sus subsecretarías ya había desaparecido, aunque no se ha informado de manera oficial y de acuerdo con la vocería de la dependencia, “hasta el momento no se reporta ningún cambio en su estructura”. “En el tema de la estructura, no solo porque se tuvo que hacer el ajuste de pasar de tres subsecretarías a dos subsecretarías, sino porque efectivamente implicó no solo un ejercicio de análisis, sino una discusión intensa para poder ir delimitando las estructuras de las dos subsecretarias que quedan vigentes, más otros compartimentos que tuvieron que ser repensados en la estructura de esta nueva propuesta”, dijo el funcionario. Mientras que el subsecretario de Fomento y normatividad ambiental, Julio Trujillo dijo en aquella ocasión que al reducir de tres a dos subsecretarías se pasa de una visión sectorial a una nueva visión transversal, “donde las dos subsecretarías van a trabajar mano con mano y van a tener instrumentos de las políticas publicas ambientales en su conjunto”.

 En la secretaría de Gobernación se eliminó la subscretaría de Gobierno, encabezada por Ricardo Peralta. Sus funciones serán tomadas por la titular, Olga Sánchez Cordero. Entre las tareas del subsecretario estaban la coordinación de la política interna del país con municipios, estados, grupos sociales y empresariales; así como garantizar la gobernabilidad en diferentes puntos de conflicto en el país. El pasado 20 de agosto, la ex vicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Cristina Alcayaga Núñez, confirmó que por instrucciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desaparecerá la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal. Alcayaga Núñez confirmó que el propio Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, les informó sobre esta instrucción del presidente de México en la más reciente junta del CNET. 

“La verdad no nos cayó de sorpresa, el propio presidente ya había anunciado que desaparecerían varias subsecretarías”, expuso la también empresaria hotelera, quien agregó que Torruco Marqués les aseguró que pese a la desaparición de la subsecretaría asumían el compromiso de mantener el mismo nivel y ritmo de trabajo con las subsecretarías restantes (Innovación y Desarrollo Turístico y de Calidad y Regulación) en la Sectur. En el análisis administrativo económico del Presupuesto de Egresos de la Federación puede comprobarse que las subsecretarías tienen diverso peso en el gasto, así la de América del Norte en la cancillería cuenta con un presupuesto de mil 598 millones de pesos, la de Relaciones Exteriores mil 517 y la de América Latina y El Caribe 681 millones de pesos. 

Mientras la subsecretaría de Gobierno en Gobernación se le asignaron este año 61.7 millones de pesos y en la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tiene 112 millones y la de Planeación y Política Turística en Turismo, 33 millones de pesos. Entre las subsecretarías que tienen mayor gasto se encuentran las responsables de distribuir los subsidios de los programas sociales como la de Empleo y Productividad Laboral en la Secretaría del Trabajo que tiene asignados este año 24 mil 982 millones de pesos correspondientes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya eliminación no implica la desaparición de toda la partida presupuestal que corresponde a las entregas de recursos a los beneficiarios.

Pese a gasto en rehabilitación, refinerías no despegan

Portada de El Economista (México)



Aunado a que en julio llegó a su peor nivel de producción de crudo desde 1979, Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo en sus seis refinerías un proceso de 520,300 barriles diarios de petróleo, el tercero más bajo en la historia de la empresa desde la instalación de la infraestructura con la que cuenta. Con una utilización de 32.5% de la capacidad de refinación, Pemex volvió al nivel de proceso de crudo que registraba en 1976.

A pesar de que este año se destinan casi 23,000 millones de pesos para la rehabilitación de las refinerías, y que el Plan de Negocios de la empresa es llegar a 788,000 barriles diarios, con una capacidad de utilización de 48% de la infraestructura, en el promedio de los primeros siete meses del año el proceso de crudo fue de 576,836 barriles diarios, con un uso de 36% de la capacidad instalada.

Todas las plantas de tratamiento con las que cuentan las seis refinerías permitirían procesar 1.601 millones de barriles diarios desde la última reconfiguración de Minatitlán en 2007 (aunque apenas 100,000 barriles por encima de lo que se podía procesar en 1991, cuando había dos refinerías más, Poza Rica y Azcapotzalco en funciones). Así, el 2020 ha sido hasta el momento el año con menor proceso de crudo en los últimos 19 años.

En lo que respecta a julio, resultó el segundo peor mes del 2020 después de febrero en que se bajó hasta 464,018 barriles diarios el proceso. Previamente, en enero de 2019, ya se había llegado a un nivel de apenas 507,078 barriles por día.

En el séptimo mes del año, el proceso de 520,300 barriles diarios fue 11% inferior al del mes anterior pero además cayó en 21% en un año, según la Base de Datos Institucional de la petrolera del Estado.

Cuando inició su gestión, la titular de Energía, Rocío Nahle, dijo que sólo mediante modernizaciones y sin reconfigurar plantas para aumentar el volumen de proceso se llegaría a 90% de uso de la capacidad instalada, o sea 1.474 millones de barriles diarios este año. Incluso el plan de Pemex, mucho más moderado, era llegar a 1.021 millones de barriles diarios o 62% de uso de la capacidad de transformación.

Y para ello, el gobierno federal comenzó en septiembre de 2019 el programa de rehabilitación de las seis refinerías en el que se llevan a cabo mantenimientos en un total de 40 plantas y 34 tanques de almacenamiento, según Rocío Nahle.

En la conferencia presidencial, la secretaria de Energía detalló a finales del año pasado que las plantas que tendrán reparaciones se ubican: ocho en Cadereyta, cuatro en Madero, dos en Minatitlán, cinco en Salamanca, 12 en Salina Cruz y nueve en Tula. Por lo pronto, se lleva a cabo la ejecución de trabajos en 23 plantas y hasta el último informe se habían concluido los trabajos en cinco de ellas. Para el 2020 se difirieron los trabajos en 17 plantas más, con lo que en marzo se terminarían estas obras para incrementar el proceso de crudo de Pemex, según los planes.

En lo que respecta a tanques de almacenamiento, que son indispensables para la operación de las refinerías, se reparará un total de 34 equipos de los cuales 10 se ubican en Cadereyta, seis en Minatitlán, seis en Salamanca, siete en Salina Cruz y cinco en Tula. A partir de septiembre se ejecutan 10 trabajos y 24 más fueron diferidos para los primeros cuatro meses del 2020.

El bajo proceso de aceite se dio a pesar de que el crudo que ha quedado disponible para las refinerías de Pemex después de las exportaciones se incrementó en 22% de enero a la fecha, con lo que de un envío de 28% de la producción de crudo en el primer mes del año, es decir, 488,400 barriles diarios calculados luego de restar las exportaciones a la producción, al llegar a julio el petróleo crudo que se quedó para el sistema nacional de refinación se incrementó a un nivel de 596,350 barriles diarios, que constituyeron el 36% de la producción de crudo.
Avance de inversiones

Ayer, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la refinería de Cadereyta, Nuevo León, que hasta el momento se han gastado 7,841 millones de pesos en los trabajos de rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, monto que corresponde a poco menos de la mitad de los 16,124 millones de pesos que ya están comprometidos en contratos para estos fines, con lo que el gasto al mes de agosto es del 70% de lo presupuestado para el año, que son 22,905 millones de pesos, cuatro veces más de lo que se gastará este año en la operación de las seis refinerías.

El directivo explicó además que como parte de estos trabajos se han concluido 108 reparaciones mayores de las 134 programadas, lo que representa un avance del 81% de los trabajos contemplados para el 2020.

Investiga CNDH presuntas violaciones a Derechos Humanos por Tren Maya

Portada de El Sol de México (México)



Manrique gandaria | El Sol de México


Derivado de una denuncia presentada por el Comité Pro Defensa del Tren Maya, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación para identificar posibles violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas de la región de Calakmul, Campeche, relativas a un juicio de amparo presentado y otorgado por el Juzgado Primero de Distrito de esa entidad federativa, en contra del proyecto de infraestructura.

El organismo nacional refiere que durante la construcción del proyecto del Tren Maya, vigilará el cumplimiento de la normatividad federal vigente en materia ambiental y arqueológica para proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades locales y pueblos indígenas que habitan las entidades federativas de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

Asimismo, agrega que de encontrar algunas anomalías, hará las recomendaciones necesarias, al tiempo que ratifica su compromiso con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las comunidades indígenas en todo el país.

Dan contratos para el Tren Maya por 39 mil mdp

En lo que va del año Fonatur pactó ya contratos por 39 mil 510.4 millones de pesos para el Tren Maya, equivalentes a 28 por ciento del costo total del proyecto en el sur-sureste del país.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo a cargo de la obra ha entregado 16 contratos a constructoras, empresas de consultoría encargadas de supervisar el diseño y ejecución de las obras, testigos sociales que respalden las licitaciones, una empresas de vales de despensa y la difusión de los avances de uno de los proyectos de mayor relevancia para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ahora el contrato más jugoso, por 15 mil 994 millones de pesos (sin IVA) es el otorgado a un consorcio integrado por Operadora Cicsa, de Carlos Slim, y a la española FCC Construcción.

La cuarto tramo se adjudicó a ICA, que posee la concesión de la carretera Kantunil-Cancún. El contrato no se ha firmado pero se calculó en 26 mil millones de pesos / Foto: Cortesía @GPHILLIPS71

Durante 28 meses, ambas empresas estarán a cargo de la construcción de 246 kilómetros entre Escárcega, Campeche y Calkiní, en Yucatán, el segundo de los siete tramos que conforman el proyecto turístico que una vez concluido conectará a cinco estados de esa región.

Cal y Mayor y Asociados se encargará de supervisar el diseño y ejecución de este tramo a cargo de Cicsa y FCC Construcción, un trabajo por el que cobrará 295.1 millones de pesos. La empresa de consultoría ganó el año pasado la licitación para actualizar los Estudios de Preinversión para la ampliación de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tramo La Paz-Chalco, y antes se adjudicó la licitación para los Servicios de Supervisión Técnica y Administrativa del edificio terminal del fallido aeropuerto Texcoco.

El segundo contrato con mayor valor fue para un consorcio integrado por MotaEngil, China Communications Construction Company, Gavil Ingeniería, Eyasa y Grupo Cosh. Las empresas presentaron una propuesta más atractiva que la de Cicsa y se hicieron de un contrato por un poco más de 13 mil 394 millones de pesos para construir desde abril pasado el tramo que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, en Campeche.

Para supervisar este tramo de 227 kilómetros Fonatur licitó un contrato que ganó un consorcio de empresas integrado, entre otras, por Ayesa México, Geosol, al ofrecer un costo de 258 millones de pesos.
Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El tramo tres de Calkiní, en Campeche, a Izamal, en Yucatán, será construido por un consorcio conformado por Construcciones Urales, Gami Ingeniería e Instalaciones y Azvi. Con un costo de mil 787 millones de pesos, la vía de 172 kilómetros es hasta ahora el tramo más económico.

La vigilancia de estas obras la llevará un grupo de empresas encabezadas por Consultoría Integral en Ingeniería, que cobrará 189.7 millones de pesos.

Con información de Xóchitl Bárcenas

jueves, 27 de agosto de 2020

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

La consulta no se juntaría con elección; constitucionalistas opinan sobre polémica

Portada de Excelsior (México)


CIUDAD DE MÉXICO.

La eventual consulta popular para enjuiciar a los expresidentes debe aplicarse el día que marca la Constitución: el primer domingo de agosto.

Constitucionalistas explicaron a Excélsior que, ante la omisión del Legislativo para ajustar la Ley Federal de Consulta Popular y adecuar las fechas del proceso con lo fijado en la reforma de 2019, prevalece la Carta Magna.

El martes, el presidente López Obrador pidió a la Corte definir la fecha para la consulta popular prevista en 2021, pues, según la legislación en la materia, debe ser el día de la elección federal.

Para Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fijar la fecha de una consulta está en manos de la autoridad que emita la convocatoria, es decir, el Congreso de la Unión.

Si procede, consulta debe ser en agosto

Especialistas subrayan que, ante la discrepancia en fechas, domina lo establecido en la Constitución.

De aprobarse una consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes por casos como el Odebrecht, la fecha para realizarla sería la que marca la Constitución, esto es, el primer domingo de agosto.

Al haber omisión del Legislativo para modificar la Ley Federal de Consulta Popular y adecuar las fechas del proceso con las establecidas por la reforma constitucional de 2019, prevalece lo que dicta la Constitución, al ser la norma suprema del país, aseguraron a Excélsior constitucionalistas consultados sobre el tema.

El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la definición de la eventual fecha de una consulta popular a realizarse el próximo año, ya que la Carta Magna marca el primer domingo de agosto, mientras que la legislación en la materia determina que se realice el mismo día de la jornada electoral federal.

Sin embargo, los especialistas explican que no es papel de la Corte decidir la fecha de la consulta, sino la validez del tema, mientras que el día de la realización está definido en la Constitución y las diversas autoridades involucradas en el proceso deben acatar lo establecido en ésta.

Para Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la determinación de la fecha de una consulta popular está en manos de la autoridad que emitiría la convocatoria para ésta, es decir, el Congreso de la Unión.

“No necesariamente la Corte lo va a resolver, es la autoridad, emitiendo la convocatoria, y lo tendrá que hacer ateniéndose a lo que marca la propia Constitución”, aseguró el especialista en derecho constitucional, electoral y justicia.

Por su parte, Arturo Espinosa, abogado y consultor en temas electorales y constitucionales, señala que es el Instituto Nacional Electoral (INE) el que decidiría la fecha final de la consulta, basado en lo que establece la Constitución, pues es el ente facultado para organizar el proceso.


Primero, la pregunta

Ambos expertos afirman que la fecha de la realización de una consulta popular sobre el enjuiciamiento a expresidentes pasa a segundo plano, ya que, en primera instancia, la Suprema Corte de Justicia deberá definir si es legal el tema de la pregunta a la ciudadanía.

Hugo Concha considera que una consulta sobre llevar a juicio a los expresidentes es inviable. “Es imposible que pase una consulta sobre este tema, la Corte lo tendría que frenar, porque no se puede someter la acción de la justicia a una consulta pública”, subraya.

En tanto, Arturo Espinosa recuerda que la SCJN deberá pronunciarse sobre si el tema que se llevará a consulta está permitido por la Constitución.

La Carta Magna establece que la pregunta no puede referirse a la restricción de los derechos humanos reconocidos en la misma; el tipo de régimen en el que México se constituye (principios incluidos en el artículo 40 constitucional); asuntos en materia electoral; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional ni la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

El también director de Strategia Electoral manifestó su preocupación por el uso mediático de la figura de democracia participativa.

Alertó sobre la posibilidad de que, al ser rechazada por la SCJN, el jefe del Ejecutivo busque llevar a cabo una consulta paralela como las que ha realizado hasta el momento.

Lo que se está haciendo con todo esto es “enrarecer el ambiente” con un propósito de posicionamiento electoral, concluyó.

Los datos

Tras la promulgación de la reforma, el 20 de diciembre de 2019, el Congreso debió adecuar la legislación vigente para homologar la fecha de las consultas populares con la Constitución, lo que hasta el momento no ha hecho.

Además, en los transitorios del decreto de la reforma solamente se menciona la obligación de los legisladores de expedir la ley reglamentaria de la revocación de mandato, lo que tampoco se ha concretado, pese a que la fecha límite era el pasado 17 de junio.

ONU podrá investigar la desaparición forzada en el país: AMLO

Portada de La Jornada (México)

Jueves 27 de agosto de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Comisión Permanente, para su ratificación, la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias por ese delito en casos cometidos a partir de diciembre de 2010.

La decisión estuvo postergada por una década, ya que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mantuvieron en la congeladora la posibilidad de aceptar la intervención del citado comité, organismo que forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en diciembre de 2006.

Dicha convención es el primer instrumento internacional que contempla de manera integral la atención a las víctimas, ya que incluye el derecho a la reparación del daño en diversas modalidades.

Establece la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición, así como la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas. Asimismo, el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la queja, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la víctima y sus defensores contra cualquier maltrato o intimidación derivado de ello.

En el texto que envió a la Comisión Permanente, y al cual ayer se le dio entrada y se turnó a comisiones del Senado, el Presidente de la República resalta que hasta el 31 de diciembre de 2019 el número de desaparecidos en nuestro país ascendía a 61 mil 637 personas, víctimas de una de las más graves violaciones a los derechos humanos.

Ante la magnitud de esta crisis, el gobierno mexicano ha impuesto como prioridad la búsqueda de personas, incluyendo todas aquellas cuyo paradero se desconoce y se presume están desaparecidas como consecuencia de cualquier delito.

El Ejecutivo federal recalca que entre los esfuerzos del Estado mexicano para abatir este flagelo se encuentra la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada el 20 de diciembre de 2006, y vigente para México desde el 23 de diciembre de 2010, y a ello se suma ahora reconocer la competencia del órgano de la ONU responsable en esa materia.

Se destaca en el oficio que envió el Ejecutivo a la Comisión Permanente que la declaración de reconocimiento contribuiría al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en el apartado Política y Gobierno señala como estrategia específica para asuntos prioritarios y urgentes la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre ellos la desaparición forzada.

De igual forma, la declaración de reconocimiento coadyuvaría a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente los relativos al pleno respeto y promoción de los derechos humanos.

A Braskem Idesa no se le 'perdonó' ningún crédito de Nafin

Portada de Milenio (México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a hacer públicos los contratos del crédito otorgado por Nacional Financiera (NAFIN) y Bancomext a Braskem-Idesa para construir la planta Etileno XXI, mientras el consorcio confirmó que el crédito fue liquidado anticipadamente. La empresa aseguró que “es totalmente incierta y falsa toda afirmación o insinuación sobre condonación, regalo o 'perdón' de créditos en favor de Braskem Idesa”. 

Luego de que MILENIO publicó este miércoles que Nafin clasificó como confidencial la información sobre el financiamiento otorgado al consorcio integrado por la filial petroquímica de Odebrecht y la empresa mexicana, el mandatario federal dijo que se van a conocer los términos del contrato de la planta de Etileno XXI que Nafin protegió con argumento del secreto bancario. "No somos tapadera de nadie", expresó respecto a la reserva de las condiciones del contrato. "Toda la información se va a poner a disposición, ¿Saben qué hizo la comisión (Instituto) de transparencia? Recrearon organismos para aparentar que se combatía la corrupción; una de sus resoluciones fue mantener en reserva el caso de Odebrecht, totalmente contradictorio", agregó. 

El presidente López Obrador recordó que "un hijo del presidente De la Madrid era el de Nacional Financiera y el actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León también, estaba en Hacienda y luego fue director del Banco de Comercio Exterior cuando se dieron estos créditos" a Braskem-Idesa. Añadió que la Planta Etileno XXI, representa un quebranto de 15 mil millones de pesos, por subsidios, el transporte del gas y las multas que han dejado de pagarse en esta administración. En tanto, en una carta enviada a MILENIO, el consorcio precisó que por ser créditos de la banca pública, tenían las tasas de interés más altas y por ello “éstos fueron totalmente pagados de forma anticipada (principal e intereses), tal como hicimos público tras la emisión de un bono privado por 900 millones de dólares”. La empresa refirió que el proyecto Etileno XXI en Veracruz, contó con financiamientos otorgados por 17 instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales. 

Todos juntos por un monto de 3.2 mil millones de dólares. En esos financiamientos, según Braskem Idesa, participaron agencias globales de exportación y bancos de desarrollo, como IFC Corporación Financiera Internacional, ligada al Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo; BNDES-Brasil; SACE-Italia; EDC-Canadá y 10 bancos privados, además de BANCOMEXT y NAFIN en México. Braskem-Idesa señaló que la banca de desarrollo mexicana formó parte “del crédito sindicado con otros bancos e instituciones financieras” y confirmó que “los bancos mexicanos representaron 400 millones de dólares del total del financiamiento”. Cantidad que significó el 12. 5 por ciento del total financiado y no más del 7. 7 por ciento de la inversión total, según documentos de la empresa. “Con dicho capital sumado al proyecto de Braskem Idesa, se hicieron compras de equipos y se contrataron servicios en México por más de 3 mil millones de dólares”.

 Lo que significó, según Braskem Idesa más del 60 por ciento de la inversión total. El Presidente comentó además sobre la Planta de chatarra, Agronitrogenados, que involucra a AHMSA y por la que "un accionista" ofreció regresar el sobreprecio de 200 millones de dólares. El mandatario alertó asimismo que la compra de la Planta Fertinal, durante la administración de Enrique Peña Nieto y de Emilio Lozoya en Pemex, por la que se heredó una deuda de 9 mil millones de pesos, no está en la denuncia de Lozoya, pero el gobierno federal sí la presentó.

 "Lo de la otra planta, él era director de Pemex y eso no está en la denuncia, pero ya nosotros ya presentamos denuncia por eso la Fiscalía tiene que integrar todo y hay cosas ahí de las que señala que tiene que probar, desde luego es muy buena la cooperación, lo que está haciendo y es muy bueno el método del testigo protegido", expresó. En su conferencia, López Obrador aseguró que la FGR no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagar al ex canciller Luis Videgaray. "No tengo yo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejos de dinero, no existe, o sea, creo que no es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo, esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita". 

Afirmó que "seguramente los implicados, que son como 70 personas, van a ser llamados a declarar. Se tiene que probar lo que se denuncia, no puede culparse a nadie sin pruebas y en su momento la Fiscalía va a informar y va a enviar este proceso al Poder Judicial como corresponde y son los jueces los que van a determinar y a llevar a cabo lo que corresponda. Entonces, está iniciando todavía el proceso, esto es lo que yo considero, va a continuar".

México registra nuevo récord en superávit comercial

Portada de El Economista (México)



México registró en julio un nuevo récord en el superávit de su balanza del comercio internacional de productos, de 5,799 millones de dólares, como resultado de una recuperación en el descenso de sus exportaciones y una caída mayor a la de junio en sus importaciones, a tasas interanuales.

El Inegi reportó este jueves que las exportaciones mexicanas presentaron una disminución de 8.9% en julio, lo que implicó una mejora respecto a las caídas de los meses previos: abril (-40.9%), mayo (-56.7%) y junio (-12.8 por ciento).

De manera diferente, la tendencia es de altibajos en las importaciones, afectada en su último resultado sobre todo por las compras externas de bienes de consumo, en un año en el que el país registrará la peor contracción de su economía durante las últimas décadas.

Las importaciones totales presentaron un retroceso de 26.1% en julio, a tasa anual, acumulando este indicador 14 caídas seguidas, también a doble dígito en los tres meses previos: abril (-30.5%), mayo (-47.1%) y junio (-22.2 por ciento).

Con la relatividad que conlleva la pandemia de Covid-19, las exportaciones mexicanas mantienen ventajas comparativas como la eliminación de aranceles entre la región de América del Norte mientras continúa la guerra comercial China-Estados Unidos, y cierta depreciación del peso frente al dólar que impulsa sobre todo las ventas de agrícolas y mineras.

Pero la baja de las importaciones de bienes de consumo en julio (-39.3%) refleja la alicaída economía mexicana, un comportamiento más negativo frente a las importaciones de bienes intermedios (-25%) y las de bienes de capital (-15.9%), relacionados principalmente con la producción industrial y las perspectivas futuras de la economía, respectivamente.

Apenas el mes previo, en junio, el saldo positivo de la balanza comercial había llegado a un máximo histórico, considerando estadísticas en línea desde 1993, por un total de 5,547 millones de dólares. Con ello, en los primeros siete meses del año en curso, el superávit acumula 8,458 millones.

El saldo de julio es resultado de exportaciones por 35,662.4 millones de dólares e importaciones por 29,863.7 millones de dólares.

En forma desglosada, las exportaciones petroleras fueron 36.5% menores (1,403.9 millones) y las no petroleras fueron 7.2% más bajas (34,258.5 millones) frente al mismo mes del año pasado.

Dentro de las no petroleras, las agropecuarias cayeron 13% (1,077.5 millones), las extractivas subieron 3.7% (567.5 millones) y las manufactureras se redujeron 7.2% (32,613.5 millones).

La tasa negativa de las manufactureras fue la misma tanto para las ventas automotrices (11,571.9 millones) como para las no automotrices (21,041.6 millones).

Con series ajustadas por estacionalidad, en julio del año actual las exportaciones totales de mercancías reportaron un crecimiento mensual de 9.81%, el cual fue resultado de alzas de 10.18% en las exportaciones no petroleras y de 1.46% en las petroleras.

Las importaciones totales mostraron un aumento mensual de 3.19% con datos desestacionalizados, el cual se originó de incrementos de 1.60% en las importaciones no petroleras y de 26.33% en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron avances mensuales de 12.97% en las importaciones de bienes de consumo, de 2.02% en las de bienes de uso intermedio y de 2.67% en las de bienes de capital.

Bajo observación | México, con su semana menos mortal en cuatro meses

Portada de El Sol de México (México)


México reportó eeste lunes 320 nuevos decesos relacionados con la epidemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 60,800 en el país, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron además 3,541 casos confirmados de la nueva cepa del virus, elevando el conteo a un total de 563,705 contagios.

México sumó la semana pasada el total más bajo de muertes en más de dos meses, dando peso a las afirmaciones del gobierno de que está combatiendo la pandemia. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró el martes pasado que el coronavirus estaba en un declive sostenido en el país.

Las bajas tasas de pruebas han alimentado la preocupación de que los datos publicados puedan subestimar el verdadero alcance de la pandemia. Con información de Reuters