Activistas mexicanos acudieron hoy al Parlamento Europeo (PE) para reclamar que la renovación del tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y México esté supeditada a la inclusión de cláusulas vinculantes para evitar la vulneración de derechos humanos.
"No se debería firmar el acuerdo mientras no se manifieste por parte del Gobierno mexicano la voluntad de cumplir con los derechos humanos", denunció Olga Guzmán, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en una rueda de prensa.
La activista mexicana visitó el PE para participar en la conferencia "Acuerdo Global UE-México: ¿derechos humanos o intereses comerciales?" organizada por los eurodiputados españoles Josep-María Terricabras (ERC) y Estefanía Torres (Podemos).
El parlamentario de ERC solicitó un informe al PE que presentó hoy mismo, en el que se acusa a la UE de no aplicar las cláusulas de suspensión del tratado en materia de derechos humanos que ya existen en el presente acuerdo, lo que se define como "una decisión política".
"En el Parlamento Europeo se han denunciado en diversas ocasiones violaciones de los derechos humanos en México, desde incrementos alarmantes de beneficios hasta una escalada de violencia en 2016", denuncia el informe, que señala que esos casos "son suficientes para aplicar las cláusulas".
El texto, además, apunta directamente contra empresas españolas que "se están aprovechando de los privilegios que el tratado confiere a las transnacionales europeas", como Aigües de Barcelona por vulnerar el derecho al acceso a agua potable o a Gas Natural Fenosa por expulsar a indígenas que vivían donde instalan sus parques eólicos.
El eurodiputado ponente de este informe, el propio Terricabras, denunció que se está desatendiendo la cuestión de los derechos humanos en la negociación del tratado con la excusa de apresurarse ante la "nefasta influencia" del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
REFORMA
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