El flujo de armas ilegales en la frontera está disparando la violencia en Tijuana, que tiene una de las tasas de homicidio más altas del País.
De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y octubre de este año, en la ciudad, con alrededor de un millón 700 mil habitantes, se registraron mil 412 homicidios, una tasa de 83 casos por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 14.
Datos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California indican que de los mil 412 asesinatos, al menos 979, casi un 70 por ciento, se han llevado a cabo con armas de fuego.
Según fuentes judiciales consultadas, en Tijuana se puede conseguir con facilidad desde una pistola calibre 22. hasta los famosos "cuernos de chivo" y otras armas largas.
Los precios oscilan entre los 500 y mil 500 dólares, es decir, entre 9 mil 200 y 27 mil 600 pesos, indicaron abogados en el Poder Judicial de la Federación.
Hasta octubre de este año la Policía de Tijuana decomisó 653 armas de fuego, 543 cortas y 110 largas, lo que representa un 37.2 por ciento más que el año pasado.
En tanto, la Policía Estatal Preventiva (PEP) informó del decomiso en la ciudad de otras 315 armas en el mismo periodo.
Ante el crecimiento del mercado negro, ninguna autoridad ha hecho nada al respecto, cuestionó el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla.
"Seguimos viendo que las armas aparecen flagrantemente a lo largo y ancho de la República, entendemos que muchas de las transacciones de droga se pagan con armas, y de alguna manera el Gobierno norteamericano es cómplice de ese flujo de armas y el mexicano también porque las autoridades las están dejando pasar", señaló.
Además de la facilidad con que se consigue un fusil en Tijuana, el incremento de armamento en esta frontera es atribuido a los beneficios que otorga el nuevo sistema de justicia penal.
De acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, más de 400 personas han sido detenidas armadas en Tijuana, pero quedan libres.
"Son muchísimas armas. Antes, en el sistema tradicional, portar un arma de fuego, sobre todo del uso exclusivo del Ejército, era un delito muy grave, ibas a la cárcel, no había derecho a fianza. Ahora la problemática que tenemos es que desafortunadamente estas personas duran 48 horas y salen en libertad, a pesar de lo que traigan, a pesar de que sea un arma de grueso calibre", reprochó.
"¿Qué sucede con estas personas que salen en libertad? Algunos tienen antecedentes penales por delitos dolosos, no sirve de mucho quitarles el arma porque salen y consiguen un arma, es muy fácil conseguir un arma aquí, y con esas armas cometen los homicidios".
Con el nuevo sistema de justicia penal, si una persona es detenida por primera vez en flagrancia con un arma, es multado con 7 mil 400 pesos y cumple una sentencia de dos años, pero en libertad condicional.
Cuando esto ocurre, los acusados sólo tienen que dar su dirección y prometer que no se mudarán.
Apenas el pasado 31 de octubre, un primodelincuente (persona que por primera vez comete un delito y va a prisión) fue sentenciado por la portación de un arma corta en la Segunda Sala del Poder Judicial de la Federación en Tijuana.
Al acusado se le pidieron sólo mil pesos como garantía de que cumplirá con su sanción.
Al respecto, Sotomayor planteó que el diseño del Código Federal de Procedimientos Penales debería contemplar prisión preventiva oficiosa para quienes portan armas.
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