Fuego amigo en el tricolor

Alfredo González

En la guerra de baja intensidad que hay en los partidos políticos, de cara al 2018, el PRI vivió su episodio más reciente la semana pasada cuando la Comisión de Prerrogativas del INE dio marcha atrás a la llamada ley anti chapulín.

Pero para fortuna de muchos priistas, el Consejo General corrigió la plana, modificó la decisión y el punto lo dejó tal y como lo aprobó su XXII Asamblea Nacional.

Públicamente, el promotor de la eliminación del cambio estatutario en cuestión fue el consejero electoral Marco Antonio Baños, en su calidad de presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Por esa razón, en el propio Instituto causó extrañeza que el consejero más “priista”hubiera planteado esos cambios, mientras que entre miembros del tricolor generó desconcierto y mucha molestia.

El jueves por la mañana, un día después de que Baños avaló la primera modificación, comenzaron a sonar todos los teléfonos del CEN del PRI, pero ni el propio Enrique Ochoa sabía qué lo había motivado.

Los integrantes de la llamada Corriente Crítica (Ivonne Ortega, José Encarnación Alfaro y Ulises Ruiz) y otros destacados integrantes de la cúpula pegaron el grito en el cielo.

“Hay que revisar la argumentación, porque en todo caso la última palabra la tendría el Tribunal Electoral”, me dijo uno de ellos.

Otro más comentó: “El CEN debe impugnar porque se trata de un acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional”.

Para ese mismo día por la tarde, el tema ya había escalado en el INE y en el PRI.

Hubo cruce de llamadas entre Insurgentes Norte y Viaducto Tlalpan, con amagos de que los priistas irían al Tribunal para tirar algo que, a todas luces, era una ilegalidad.

En el INE recibieron con seriedad la “advertencia” y tomaron la decisión de llevar el tema a la sesión extraordinaria del día siguiente, porque de lo contrario podrían abrir un nuevo frente de batalla con el Revolucionario Institucional.

Y así fue: el viernes por la mañana echaron para atrás el dictamen promovido por Marco Baños. La línea discursiva era que el INE no podía entrometerse en la vida interna de los partidos.

Esa fue la argumentación que, de una u otra forma, usaron los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Pamela San Martín, Roberto Ruiz y Jaime Rivera, para votar en contra del proyecto.

Dejaron solos a los consejeros Marco Baños, Adriana Favela y Enrique Andrade.

Hasta el momento ningún priista se atreve a decir con todas sus letras de quién es la mano que movió o mueve al consejero Baños.

“Sólo hay que ver a quién hubiera beneficiado la medida para darse cuenta por dónde están los intereses de Marco Antonio. Esto es el más claro ejemplo de cómo se politiza la justicia electoral”, me escribió uno de los promotores de la ley anti chapulín.

Para otros priistas prevaleció la prudencia y la razón en el Consejo General del INE, porque un nuevo golpe del Tribunal al INE hubiese impactado de manera negativa en su credibilidad.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El que piensa que soy un títere se equivoca. Nadie puede hacer política solo”.